Viajes a ningún lugar

A pesar de los mecanismos de protección y reconocimiento para los desplazados, solicitantes de asilo, migrantes o refugiados, los países receptores son cada vez menos solidarios.

Sonia Andolz

La historia de la humanidad es también la historia de la inmigración”. Así empiezan la mayoría de artículos, libros y materiales sobre estudios migratorios. Y recordarlo es, sin duda, positivo. El ser humano se ha caracterizado ya desde la Prehistoria por su carácter migratorio. Pero al observar una migración, hay que atender a los elementos concretos de cada época: causas, tipología según las condiciones en que se lleva a cabo y efectos o consecuencias que conllevan.

Breve evolución histórica de las migraciones

En la Antigüedad, los principales motivos para migrar eran la búsqueda de medios de subsistencia, sobre todo la facilidad de caza, el acceso a los recursos acuíferos o la idoneidad de la localización para facilitar su protección. El segundo gran motivo de desplazamiento era eludir un enemigo humano o natural (sequía, lluvias, falta de fauna, etcétera). Estas dos grandes causas migratorias (mejorar las condiciones de vida y huir de un conflicto humano o natural) se han mantenido como principales a lo largo de la Historia hasta los últimos dos siglos. A ellas, se unen entonces motivos económicos, ambientales, políticos o incluso sanitarios. Como veremos más adelante, los organismos internacionales debaten en la última década el reconocimiento de esas nuevas categorías de desplazados y el dotarles o no de reconocimiento internacional. En cuanto a las condiciones en las que se desarrolla esa migración, un elemento clave es la aparición de las fronteras. Hasta principios del siglo XVII, el mapa mundial se había regido por estructuras político-humanas de carácter tribal, étnico, por conquistas o acuerdos puntuales. Los grandes imperios desconocían con exactitud el alcance de sus territorios y no existía control alguno sobre la población o sus desplazamientos. En 1648, con la firma del tratado de paz de Westfalia, aparece lo que ahora entendemos como Estados con territorio fijado. Con el surgimiento de estos Estados-nación y sus fronteras delimitadas, los líderes tomaron conciencia de la población y el territorio que estaba bajo su control. Ya en el siglo XIX, la revolución de los transportes y las comunicaciones supuso un aumento notable en los desplazamientos humanos. Más tarde, la globalización ha tenido sin duda un impacto crucial en esos desplazamientos: la mejora de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, el surgimiento de supra-estructuras políticas regionales y el fácil acceso a recursos hasta entonces accesibles solo por algunas elites, suponen la apertura a todo un sector de la población mundial hasta entonces vetado de desplazarse. Sin embargo, esa laxitud en las vías y los recursos de movilidad del último siglo contrasta con el progresivo recelo y cautela de los lugares de acogida. A mayor facilidad de desplazamiento, mayor flujo migratorio y menor aceptación de los destinos a recibir esos flujos. Por último, toda migración tiene un efecto o consecuencia, tanto en el origen como en el destino: la significación de ese desplazamiento, las narrativas que suscita y los efectos directos en el panorama social, cultural, demográfico y político en ambos polos del viaje. Precisamente ese impacto en el lugar de destino es ahora el principal foco de interés político internacional. Los Estados que son lugar de destino de grandes flujos migratorios (tradicionalmente Estados ricos del Norte global pero, cada vez más, Estados menos pobres del Sur global) ven con distintos grados de preocupación las consecuencias de acoger dentro de sus fronteras a grandes números de población inmigrada. De esa preocupación, de la responsabilidad ideológico-política de las potencias y de las grandes crisis migratorias motivadas por acontecimientos puntuales como las dos Grandes Guerras (1914-1918 y 1939-1945), grandes epidemias o, ya recientemente, conflictos regionales o catástrofes naturales, surge el debate entre la sociedad internacional sobre cómo gestionar esos grupos de población migrante. No será hasta 1950 que los Estados se dotarán de un marco jurídico-político que regule esas dinámicas y recoja los derechos y las obligaciones de los actores implicados.

Tipología de migraciones: voluntarias o forzadas

En la actualidad, el 2,94% de la población mundial vive fuera de su lugar de nacimiento. Ello equivale a casi 200 millones de personas que, por distintos motivos, se han desplazado de su lugar de origen. Si bien existen obviamente migraciones deseadas, aquí pondremos atención en las no deseadas, tanto voluntarias como forzadas. Tradicionalmente, el sector de la academia centrado en esas migraciones deseadas se ha llamado Estudios Migratorios, mientras que los expertos que analizan las no deseadas pertenecen al ámbito de los Estudios sobre Refugiados, Migraciones Forzadas, Personas Desplazadas o Posconflictos.

Una migración es deseada cuando el individuo tiene acceso a las necesidades básicas en su lugar de origen (alimento, cobijo, educación y sanidad) y goza de seguridad (entendida como la no existencia de miedo o amenaza por su integridad física, según Mary Kaldor). La persona decide, por multitud de causas personales, desplazarse a otro lugar del mundo para vivir mejor. En cambio, una migración no deseada hace referencia a una causa negativa en origen. Aunque la decisión final sea voluntaria, el motivo es la falta de algo necesario para sobrevivir o para mejorar la calidad de vida. En esa definición hay un abanico muy amplio de posibilidades y criterios y es ahí donde reside la línea divisoria entre deseada y no deseada.

Lo que para una persona en un lugar del mundo puede ser una necesidad (agua durante todo el año), para otra es un básico con el que ya cuenta y su necesidad es un bien menos básico (un trabajo, un mejor sistema de bienestar, la posibilidad de un tratamiento médico especializado o un ecosistema más sano y saludable). Por tanto, una migración es no deseada si se hace con el objetivo de cubrir una necesidad básica no disponible en origen. Aún así, en todos estos casos, la migración es voluntaria, pues el individuo no es forzado por ningún actor humano externo a realizar ese desplazamiento.

Evolución del marco internacional de protección de las migraciones

Westfalia introdujo la noción de Estado-nación con unas fronteras, población y soberanía delimitadas. En ese tratado, se reconocía como grupos de “refugiados” a aquellas personas que habían perdido la protección de su propio Estado y se resaltaba la importancia de ofrecerles asilo de forma voluntaria. De este modo, se reconocía el derecho a acoger pero no la obligación de hacerlo. Hasta finales de la Primera Guerra mundial no se reconoció la necesidad de crear una estructura internacional que diese amparo a los refugiados y solo después de la Segunda Guerra mundial, la sociedad internacional se dotó de mecanismos de protección y regulación de los movimientos humanos.

Así, en 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados que da lugar a la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el mandato de velar, proteger y buscar asilo a los refugiados mundiales. Un año más tarde, y “tras el caos de los desplazamientos en Europa occidental consecutivos a la Segunda Guerra mundial”, se crea la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el mandato de ayudar a los países europeos a encontrar Estados de reasentamiento para los 11 millones de personas desarraigadas por la guerra. Surgen así algunas cuestiones: ¿quién es refugiado y quién es migrante? ¿Quién determina la categoría y qué implicaciones tiene?

Refugiados, solicitantes de asilo, emigrantes o desplazados. ¿Quién es quién?

Según el derecho Internacional, existen varias categorías legales para las personas desplazadas: desplazado interno, solicitante de asilo y refugiado. La primera que se reconoció fue la de refugiado. El Estatuto de 1950 dotaba a las personas del derecho a solicitar asilo en otro Estado bajo el supuesto de que el propio no proveyese de protección frente a una amenaza, por acción u omisión. El caso más claro de ese supuesto son los conflictos civiles.

El Estado está en situación de crisis y, o bien se desestructura o bien es parte implicada, por lo que no puede garantizar la protección de todos sus ciudadanos. Con el tiempo, esta categoría ha evolucionado y se han añadido más supuestos por los que una persona puede solicitar asilo en otro país. De forma general, se entiende que un refugiado es alguien que “huye de su país por ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, ideología política, por ser miembro de un grupo social determinado o por una guerra o catástrofe natural”. Si bien durante las primeras décadas de la guerra fría (1945-1989), los Estados no pedían garantías de esa condición por el interés político-ideológico que tenían en acoger a refugiados del otro lado, con la llegada de la distensión, los mecanismos para solicitar asilo se van endureciendo y los Estados incluyen cada vez más condiciones en el proceso.

Cuando una persona llega a una frontera de otro Estado y solicita ser acogido bajo uno de los supuestos mencionados, lo que está pidiendo es asilo. Si se acepta a trámite su solicitud, pasa a ser solicitante de asilo hasta que se decida en un sentido u otro. La tendencia general en los últimos años es que los Estados receptores, en la práctica, de forma indiscriminada no aceptan a trámite la mayoría de las solicitudes. Al no hacerlo, evitan tener que realizar el proceso de Determinación del Estatus del Refugiado (DSR) y dotar a ese individuo de derechos y garantías en ese Estado. Pero también violan el derecho fundamental de la persona a solicitar asilo, el Estatuto de 1951 y, por ende, el derecho Internacional Público. Mientras dura la tramitación del DSR, la persona tiene derecho a permanecer dentro del país de acogida con unas mínimas garantías básicas provistas por ese Estado.

El proceso, sus etapas y procedimientos varían enormemente en cada país y no existe una regulación al respecto. En algunos Estados, como Francia, el comité evaluador está compuesto por personal mixto de la sociedad civil, expertos, policía de inmigración y funcionarios. En otros, como España, el proceso no es de ámbito público y se lleva bajo el ámbito policial y judicial. Así surgen las diferencias entre los Estados fáciles o los difíciles en cuanto a qué Estado solicitar asilo. En el caso de que el proceso se resuelva afirmativamente, la persona pasa a ser reconocida como refugiada o exiliada en ese Estado y, por norma general, ello conlleva unas garantías mínimas de acceso a vivienda, alimentación, educación y sanidad.

También conlleva obligaciones y limitaciones de movimientos. Normalmente, los refugiados o exiliados no pueden salir de su nuevo Estado sin solicitar permisos especiales. Otro caso es el de los refugiados temporales. Es decir, aquellas poblaciones desplazadas en grandes números por una causa concreta pero con la proyección de poder volver a su lugar de origen. En la actualidad, pertenecen a este grupo todos los campos de refugiados que se crean como consecuencia de un conflicto (en los países vecinos de Siria) o de un desastre natural (los campos construidos a raíz del tsunami de 2004 que azotó Asia oriental, los campamentos en L’Aquila, en Italia, a raíz del terremoto de 2012…). Estas poblaciones desplazadas, normalmente quedan bajo el amparo de ACNUR mientras dura ese desplazamiento, pero se les desprovee de esa categoría cuando son repatriadas.

Es importante señalar que el caso de los refugiados palestinos está considerado una categoría única en sí misma, tanto a nivel legal como político internacional, por sus condiciones especiales y prolongadas. Por último, otra categoría ha ido cogiendo fuerza en los últimos años: son los llamados desplazados internos (Internally Displaced People, IDP, en inglés). Por IDPs entendemos a las personas o comunidades que se ven obligadas a desplazarse dentro de su mismo Estado. Las razones, condiciones y efectos siguen los mismos parámetros que los refugiados y solicitantes de asilo pero el hecho de que sea intra-Estado, les priva de derechos internacionales. El debate sobre los IDPs está más restringido, pues la práctica demuestra que, en la mayoría de los casos, el Estado es cómplice o corresponsable por omisión de las causas del desplazamiento.

En esa situación, los Estados no quieren reconocer ante la comunidad internacional su fracaso o problemática interna y rechazan aceptar que tienen IDPs dentro de sus fronteras. Un claro ejemplo es el caso de Colombia. Motivados por la violencia constante entre las FARC y otras guerrillas, comunidades enteras de ciudadanos se desplazan a zonas más seguras. Según el gobierno de turno en Bogotá, se les reconoce como “IDPs víctimas del conflicto armado” o, por el contrario, se les deniegan las ayudas y el reconocimiento por no engrosar los números del conflicto. Como en el caso de los refugiados, los IDPs también pueden sufrir la persecución por motivo de raza, etnia, grupo político, orientación sexual, religión o grupo social.

En muchos Estados donde existe la homofobia de forma violenta o agresiva, personas homosexuales se ven obligadas a mudarse a la capital o a una ciudad grande donde poder vivir sin amenazas. También ellos son IDPs. En Estados donde una confesión religiosa o una etnia es claramente predominante, los miembros de minorías que viven en zonas pobladas mayoritariamente por el grupo dominante, se ven obligados a huir a otras zonas con presencia de su mismo grupo social. También esto es un desplazamiento interno. Por tanto, vemos que si bien la historia de la humanidad está hecha de migraciones, viajes y marchas en busca de una vida mejor, los motivos, las formas de emprender esos viajes y el impacto que tienen en el panorama internacional se van refinando y volviendo más complejas. Por un lado, la sociedad internacional ha sabido dotarse de mecanismos de protección y reconocimiento para esas personas.

Por otro, que se implementen depende de la voluntad de los Estados receptores y la realidad es que, en un mundo donde ya no hay dos claros bloques ideológicos sino que el statu quo lo marca la economía, los Estados cada vez tienen menos razones objetivas para ser solidarios y dar asilo en su territorio. Dependerá de la presión que cada sociedad quiera poner sobre sus dirigentes para que esas dinámicas se mantengan o cambien favorablemente.