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n.58 Procesos de radicalización: ¿dónde y cómo?

Editorial

Parece que cada vez más líderes políticos elegidos democráticamente han dejado de considerar a la prensa como un elemento fundamental de la democracia, y han pasado a verla como un adversario al que expresan abiertamente su animadversión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otros, es un adepto del mediabashing, es decir, la denigración sistemática de la profesión. Y la ejerce sin contemplaciones, llamando a los reporteros “enemigos del pueblo”, una frase forjada por, en su momento, Joseph Stalin. La libertad de expresión se reduce de manera drástica en los países donde se potencia la imagen del líder fuerte y a la zaga en el resto del mundo. Las fake news son ya una práctica común y poco a poco se están infiltrando en todos los ámbitos de la política y la sociedad, haciendo aun más complicada la tarea de informar e informarse. Cada vez resulta más complicado encontrar información contextualizada y precisa en el torrente de datos, opiniones y análisis que alberga la red. A esto se añade la omnipresencia y la aparente fiabilidad de las redes sociales, que para muchos se han convertido en las únicas fuentes de información.

Son malos tiempos para la profesión, los retos económicos a los que se enfrentan los medios tradicionales se suman a la ingente tarea de informar en tiempos revueltos, sobre todo cuando las libertades van encogiendo al ritmo que crecen las percepciones de amenaza a la seguridad. Tras la llamada Primavera Árabe, el uso de leyes de emergencia ha sido instrumentalizado en muchos contextos para controlar la información y permitir la propagación de narrativas monopolizadas por los gobiernos, especialmente en la orilla sur. La lucha contra el terrorismo se ha convertido en la piedra angular de la restricción de libertades fundamentales de todo aquel que pueda ser visto como una amenaza al statu quo, ya sean periodistas, activistas, artistas o académicos. Resuena todavía el caso de Raif Badawi, Premio Sakharov 2015, encarcelado en 2012 por Arabia Saudí; la influencer iraquí Tara Farès, asesinada en plena calle; o el estudiante de doctorado Matthew Hedges, condenado a cadena perpetua este mes de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.

Recientemente, hemos asistido atónitos al “caso Khashoggi”, en el que ha quedado patente que Arabia Saudí destroza su credibilidad, y pone en un aprieto a las democracias occidentales. Tanto es así que el reino y su príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, se han convertido, al igual que su vecino Irán, en un actor de inestabilidad. La imagen reformista del príncipe se ha visto empañada por el silenciamiento brutal de la voz disidente de Khashoggi y todo ello parece haber tenido un impacto directo en la política exterior saudí, especialmente en relación con Yemen. También en Egipto, el presidente Abdelfatah al Sisi tiene al país en un puño de hierro. Conocidos son los casos de Mahmud Abu Zeid, “Shawkan”, fotoperiodista encarcelado por sacar fotos de las fuerzas de seguridad en una manifestación en 2013, o el del periodista Ismail Aleksandrani, colaborador de AFKAR/IDEAS, sentenciado a 10 años de cárcel en mayo de 2018. Según el informe 2018 de Reporteros Sin Fronteras, Turquía es el país de Oriente Medio con más periodistas encarcelados (un total de 28), seguido de cerca por Egipto (27), Arabia Saudí (13), Irán (9), Bahréin (9) y Siria (7) entre otros. Oriente Medio y Norte de África es, además, unas de las regiones donde es más peligroso ejercer el periodismo.

Y a pesar de ello, la libertad de expresión y la cuestión de los derechos humanos han desaparecido prácticamente de la agenda política entre Europa y la orilla sur del Mediterráneo. Salen ganando los intereses estratégicos prioritarios a corto plazo, seguridad y más seguridad, sin prever los costes de esta cierta “omisión de socorro” a los periodistas, activistas, académicos y actores sociales que se han visto silenciados. En este contexto, ¿quién levanta la voz por los periodistas detenidos y silenciados en la orilla sur? El silencio es estremecedor y solo sirve para perpetuar unas prácticas de asfixia de la disidencia que deberían ser inaceptables en este siglo. Desgraciadamente, en libertad de expresión nada está ganado y el riesgo es que su vulneración se convierta en norma aceptable.