Pugilato en la cumbre de Marruecos

El año 2012 ha sido de difícil cohabitación entre el PJD y Palacio, un tiempo de encuentros y desencuentros, no siempre bien recibidos.

Bernabé López

Sería un engaño decir que nada ha cambiado en Marruecos desde el comienzo de la Primavera Árabe. Otra cuestión es asegurar que dichos cambios son estructurales o que puedan conducir al país, en un plazo breve, a la senda de la tan traída y llevada transición democrática de la que tanto se habló tras la entronización de Mohamed VI en julio de 1999. La sorpresiva caída del dictador tunecino Zine el Abidine ben Ali y la progresiva desautorización por parte de algunos gobiernos occidentales del régimen de Hosni Mubarak en Egipto, pusieron a la monarquía marroquí, acuciada por la presión de una calle convocada a través de las redes sociales por el inorgánico Movimiento del 20 de Febrero, en la tesitura de reformar un sistema que no había sido retocado desde el reinado anterior.

El discurso real del 9 de marzo de 2011 lanzó la idea de abordar una reforma en profundidad de la Constitución de 1996, que adolecía de la provisionalidad del pacto entre el antiguo –y enfermo– soberano y una oposición a la que quería integrar en un gobierno de alternancia para asegurar una sucesión, que veía inminente, en calma. Aquel discurso, una victoria de la calle marroquí frente a los anquilosados partidos políticos, inauguró uno de los periodos más esperanzadores de la historia contemporánea de Marruecos, en el que afloraron las propuestas, las ideas renovadoras, se debatieron las necesidades sociales y se señalaron los problemas y sus responsables.

Sin embargo, el resultado de dicho periodo fue una Constitución que se quedó a medio camino de las expectativas de quienes habían creído que había llegado el momento de un verdadero cambio. El poder real salió confirmado como centro y motor de la vida política y la esperanza de que cediera prerrogativas a un jefe de gobierno reforzado en sus poderes quedó truncada, si bien en la regulación de la nueva primatura se le dio más oportunidades de negociación –o de conflicto– con el soberano en cuestiones que antes eran de la competencia exclusiva del monarca.

Si la Constitución no avanzó más, según me reconoció en febrero de 2012 en Casablanca el sociólogo Mohamed Tozy, uno de los miembros de la comisión encargada de su revisión, se debió a que los partidos políticos no ejercieron mayor presión sobre el rey. Esa era al menos su impresión tras las concentradas sesiones de reuniones de dicha comisión con partidos, sindicatos, asociaciones y hasta algún elemento del Movimiento 20-F. La presión de la calle logró mantener un pulso intenso y prolongado con el poder a lo largo de los meses que duró el proceso constituyente (de mediados de marzo a mitad de junio), convocando con una frecuencia casi semanal manifestaciones en más de 100 ciudades del país, si bien no logró reunir más que a unos pocos centenares de miles de ciudadanos (entre 300.000 y 500.000, según las estimaciones).

Los manifestantes, a su vez, estaban divididos entre una minoría defensora de las libertades individuales y un nutrido grupo de partidarios del movimiento islamista ilegal –aunque tolerado– Al Adl wal Ihsan (Justicia y Espiritualidad), liderado por el jeque sufí Abdessalam Yasín, a favor de un papel activo de la religión en la vida política. Unidos, eso sí, contra la corrupción, la arbitrariedad y el desmedido poder del monarca. Los partidos políticos, con la excepción de algún pequeño grupo de izquierda que ni siquiera quiso participar en los encuentros con la Comisión de Reforma Constitucional, adoptaron en todo el proceso un perfil bajo, que fue desde la desautorización en un primer momento del Movimiento 20-F, hasta la presentación de propuestas de reforma cortas de miras, atenazados por una prudencia excesiva nacida de sus miedos a ejercer su autonomía frente a un poder real del que siempre habían dependido y conscientes de su descrédito ante la calle.

Aprobada la nueva Constitución el 1 de julio de 2011 en un referéndum que contó con irregularidades reconocidas incluso por el informe del oficial Consejo Consultivo de Derechos Humanos (utilización de las mezquitas en pro del voto afirmativo en contradicción con el artículo 112 del Código Electoral, instrumentalización de símbolos nacionales, campaña refrendaria fuera de plazo incluso el propio día del escrutinio…) y que tuvo todo el aspecto de un plebiscito de la acción del monarca, como había sido tradicional en época de Hassan II (en la movilización general llegó a participar la influyente cofradía religiosa Butchichía en una masiva manifestación), el país se lanzó en una carrera electoral de nuevo tipo, pues el texto estipulaba que el jefe del ejecutivo debería salir de la formación ganadora en los comicios. En Marruecos no están autorizados los sondeos, por lo que las hipótesis que se barajaban solo podían basarse en los resultados de anteriores comicios o en el apoyo que alguno de los partidos pudiese recibir desde sectores de la administración.

El pugilato efectivo se situaba entre cuatro formaciones. De las dos primeras, Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD) e Istiqlal, la primera iba en cabeza de los pronósticos en razón de sus mejores resultados en las anteriores legislativas (en 2007 encabezaba en número de votos, superando en las listas locales en 9.140 sufragios al Istiqlal –aunque con seis escaños menos– y superándolo también en 65.075 en la lista nacional femenina), a lo que se sumaba el no estar erosionado por el ejercicio del gobierno. El Partido de la Autenticidad y de la Modernidad (PAM), aunque próximo al poder por haber sido constituido en 2008 por una personalidad muy cercana al rey, y aunque triunfador en las elecciones municipales de 2009, había sufrido las iras de la calle que pidió insistentemente al monarca que alejara de su entorno a su fundador. El otro partido al que se le atribuían posibilidades de victoria era al Reagrupamiento Nacional de los Independientes (RNI), cuyo líder, Salaheddine Mezuar, ministro de Finanzas en el gobierno saliente, ya había sonado como primer ministrable en sustitución de Abbas el Fassi, meses antes de que estallara la Primavera Árabe y de que se decidiera adelantar las elecciones.

En Marruecos no hay cultura de coaliciones capaces de presentar candidatos unificados, única alternativa a la excesiva atomización de la escena política, dividida en una treintena de formaciones. La Kutla democrática, frente común de varios partidos que fue hegemónica en los gobiernos de la alternancia y hasta 2011, nunca llegó a unificar sus candidaturas. Sin embargo, para estas elecciones que finalmente se celebrarían el 25 de noviembre, ocho partidos se coaligaron en lo que se denominó popularmente el “G8”, un frente disperso integrado por cuatro grandes formaciones (RNI, PAM, Movimiento Popular y Unión Constitucional) y otras tantas menores (los partidos Trabajador, Socialista, del Renacimiento y de la Virtud y de la Izquierda Verde), de tendencias heterogéneas que iban del centro-derecha al islamismo, pasando por el laborismo y el ecologismo, concertadas para una acción común de gobierno tras una hipotética victoria. El líder de este agrupamiento no era otro que Mezuar.

Pero cada formación presentó sus propios candidatos lo que favoreció al PJD que obtuvo no solo el mejor resultado de su historia (1.080.914 votos, el doble que en 2007) sino todo un récord en la vida política marroquí, pues se hizo con el 27% de los escaños de la Cámara, un porcentaje tan solo igualado en 1984 por la UC, partido recién creado desde el poder. Pero estos datos se relativizan cuando se constata que en realidad solo obtuvo el 5% de los votos de los electores potenciales (todos los mayores de 18 años) y el 8% del censo electoral del que está ausente el 40% de la población en edad de votar nunca inscrita en las listas. Para poder conformar una mayoría parlamentaria, el PJD debió coaligarse con otras fuerzas de muy distinto signo, Istiqlal, MP y Partido del Progreso y del Socialismo, es decir, conservadores nacionalistas de referente islámico, derecha ruralista berberista y excomunistas.

El monarca confirmó el liderazgo de esta coalición en la persona de Abdelilá Benkiran, secretario del vencedor PJD, pero simultáneamente renovó los cuadros de su Consejo Real componiendo una suerte de gabinete paralelo que implicaba –al menos así lo señalaron los observadores y así lo confirmaron los he chos en los meses venideros– una permanente vigilancia sobre la actuación del Consejo de gobierno, institución presidida por el primer ministro que adquiría en la nueva Constitución más atribuciones que en el pasado, pero subordinado siempre a un Consejo de Ministros presidido por el soberano al que corresponde la última palabra.

Un año de encuentros y desencuentros

Esta tensión entre los dos polos del ejecutivo, el del monarca y el del jefe del gobierno, ha marcado la vida política desde el nombramiento del nuevo gobierno en enero de 2012. La revista Tel Quel aventuraba en diciembre de 2011 una “cohabitación casi imposible”. Los encontronazos no han faltado desde un primer momento y no han sido siempre recibidos con estoicismo por el primer ministro islamista. Los nombramientos de Fuad Ali Himma como consejero real, los de embajadores claves (Estados Unidos, Alemania, Catar, Emiratos, Kuwait…) realizados en el interregno antes de ser confirmado Benkiran al frente del nuevo gobierno y sin su consulta, fueron aparentemente bien encajados por este. Pronto llegó la puja por el control sobre la televisión en el que las directrices del ministro de Información islamista fueron cuestionadas.

En el reparto de nombramientos de altos funcionarios, delimitado por la ley orgánica 2/2012, se evidenció el desequilibrio a favor del monarca (que se reservó competencia sobre los directores de 20 establecimientos públicos considerados estratégicos –ONCF, MAP, Fondo Hassan II…–, 17 empresas públicas –OCP, RAM, Banco Popular, Crédit Agricole…–, presidencia del Banco de Marruecos, walis y gobernadores, embajadores…) y en detrimento del primer ministro que, no obstante, podía nombrar a 1.181 cargos frente a las escasas decenas de antes. Un fondo de resentimiento fue instalándose en el jefe del gobierno hasta el punto de hacerle pronunciar frases altisonantes contra el entorno real en mítines internos de su partido, de algunas de las cuales habría de disculparse públicamente.

Nuevas ocasiones le serían brindadas. En mayo, los nombramientos de walis en todo el territorio nacional fueron obra del monarca sin que quedase a Benkiran otra opción que el asentimiento. La visita real a los países del Golfo en octubre, acompañado de una cohorte de consejeros reales y de ministros, ha sido aprovechada para el lucimiento de los primeros frente a los segundos, convertidos en convidados de piedra. Novedoso es que, por primera vez en la historia de Marruecos, la prensa oficiosa u oficialista como los diarios Le Matin (en otro tiempo dependiente de un personaje cercano a Palacio como fue Ahmed Alaui), Aujourd’hui le Maroc (dirigido durante años por otra figura del actual areópago real, el director de la Agencia MAP, Khalil Hachimi Idrissi) se hayan convertido en medios muy críticos con la actuación del gobierno aprovechando todas las oportunidades para desacreditarlo.

Este año de difícil cohabitación entre los dos polos del ejecutivo, en el que la crisis mundial atenaza a Marruecos, ha sido un tiempo de encuentros y desencuentros. En el primer capítulo se podría citar la mejora de las relaciones con España, algo no previsto dada la nula sintonía entre el Partido Popular español y los anteriores gobiernos de Marruecos. Contra todo pronóstico, no solo los jefes de gobierno (Mariano Rajoy y Benkiran) han hecho tabla rasa del pasado, sino que han logrado convertir a nuestro país en el primer exportador hacia Marruecos.

La veraniega crisis de los peñones pasó inadvertida gracias a un tratamiento moderado de la prensa del que se dice no fueron ajenas las indicaciones del monarca. En el capítulo de desencuentros destacan dos, particularmente desgraciados, uno en el ámbito interno y otro en el exterior. El primero, el suicidio de una joven de 16 años obligada a casarse con su violador que escapaba así a la prisión según estipula el arcaico artículo 475 del Código Penal, ante el que la única ministra femenina del gabinete Benkirán, encargada de Asuntos Sociales, reaccionó con torpeza. El segundo, la decisión conjunta de Palacio y gobierno de desautorizar a Christopher Ross, enviado especial de Naciones Unidas para el Sahara Occidental, debiendo admitirlo pocos meses más tarde sin querer reconocer el error ni dar explicación satisfactoria ante la opinión pública. El ministro de Asuntos Exteriores, Saadeddin El Othmani, trató no obstante de exculparse vertiendo la responsabilidad sobre el verdadero titular de todas las decisiones en política exterior, el rey.

El pugilato se mantiene abierto. Algunos observadores auguran que el objetivo del entorno real es hacer fracasar la gestión del dirigente islamista para desacreditarlo ante el electorado por su falta de éxitos. Solo que ello tiene como contrapartida que la visibilidad pública de la jugada empieza a generar en amplios sectores de la población un sentimiento de solidaridad con el primer ministro al que “los de siempre no le dejan” llevar a cabo su programa.