La revolución tunecina de enero de 2011 creó un inmenso efecto sorpresa. Intelectuales, actores políticos y observadores del terreno tunecino se enfrentaron a la dificultad de entender e interpretar este acontecimiento que provocó un verdadero seísmo académico y político. Los observadores evocaron rápidamente un “efecto dominó”, con la esperanza de ver cómo se reproducían las escenas de la avenida Burguiba de Túnez y de la Plaza Tahrir del Cairo en todas las capitales árabes. El entusiasmo se fue calmando meses después, a medida que el islamismo volvió a la escena política a través de las urnas, aprovechando la apertura democrática, y también a medida que la historia demostraba los límites del efecto emulación. Cada país emprendió un camino distinto, cambiando a su propio ritmo, definido por su historia, su estructura económica, su régimen político y las limitaciones exteriores de su propio sistema. Pero las reconfiguraciones que todavía están en curso han tenido indudablemente influencias recíprocas.

De la contestación a la gran crisis política: la ruptura tunecina

En diciembre de 2011, la palabra iba dirigida en un principio contra los representantes del Estado a escala local. Pero tuvo como escenario una región del centro de Túnez, famosa por su espíritu rebelde. El movimiento que surgió en esta región desfavorecida del centro del país siguió a la inmolación por el fuego de un joven vendedor ambulante de 26 años, Mohamed Buazizi, ante la sede de gobernación de Sidi Buzid. En las semanas que seguirán a esta inmolación, el movimiento de revuelta se va hinchando y se expande a otras ciudades de la región, a Kaserin, Gafsa y Sfax.

Los manifestantes reciben entonces el apoyo de los sindicalistas locales, aunque nada indica que hayan estado dirigidos por organizaciones políticas. A los dirigentes de los partidos políticos legales e ilegales les cogió todo por sorpresa. Los “cibermilitantes” se apropian de la información que hacen circular, sobre todo en Facebook. La protesta se apodera de otras ciudades como Kairuán, Susa, Mahdia y Bizerta. Los partidos de la oposición se unen al movimiento, al igual que las organizaciones de defensa de los derechos humanos. A partir del 27 de diciembre, Al Yazira muestra los vídeos de la violencia ejercida por las fuerzas policiales. Las reacciones de Ben Ali y de su régimen parecen fuera de lugar en relación con las demandas de los manifestantes.

Como es habitual, el jefe de Estado tunecino alterna coerción y anuncios de reformas mínimas, que son claramente desproporcionadas en relación con las demandas de la calle. Sin embargo, las promesas realizadas en todos los niveles entre el 28 de diciembre y el 13 de enero no son suficientes para calmar a los manifestantes, que forman una masa compacta ante el ministerio del Interior para instar al presidente a “largarse”, de forma imperativa. En ese momento, parece que el orden de las cosas acabe por invertirse, el jefe de Estado obedece y se da a la fuga el 14 de enero al anochecer.

En cuanto abandona el país, el poder queda decapitado, pero los miles de hombres pertenecientes a la policía política, a la guardia presidencial y al partido del poder, el RCD, siguen estando presentes, algunos armados. Asisten impotentes al hundimiento del régimen. Las imágenes de esta masa decidida a conseguir que el jefe de Estado se vaya y a poner fin al régimen que califica de corrupto hacen soñar a otros países árabes.

Efecto ‘contagio’ y respuesta adecuada: el ejemplo marroquí

Mientras los levantamientos de las poblaciones árabes alcanzan un buen número de países de la región en 2011, la clase política marroquí hace gala de cierta indiferencia frente al viento de revuelta. El discurso oficial intenta poner de relieve el particularismo marroquí, que se supone que sitúa a Marruecos a cubierto de la dinámica revolucionaria que está en marcha en todo el mundo árabe. Sin embargo, la Primavera Árabeha acabado minando el bien engrasado sistema marroquí, en el que el rey sigue siendo la pieza maestra del dispositivo político a la vez que presenta una transición política y una marcha casi natural hacia una monarquía de tipo parlamentario.

En febrero de 2011, una ola de protestas, encabezadas por el Movimiento del 20 de Febrero evidenció los límites del consenso sobre las reformas iniciadas por la monarquía. Cuando Mohamed VI llega al poder en julio de 1999, inscribe su acción en la continuación de la apertura iniciada por su padre, pero con un estilo propio. El discurso casi oficial enfatiza el aspecto consensual entre la acción del monarca y los políticos y, especialmente, los partidos tradicionales, aunque también subraya la implicación de la sociedad civil en estos proyectos iniciados desde arriba.

Por ejemplo, en el caso de la reforma del Código de Estatuto personal (Mudawana), los derechos concedidos a la mujer se presentan como un “ofrecimiento” real, que corresponde a las demandas de los marroquíes. La Mudawana se inspira en el proyecto de las feministas, aunque en ningún momento se les consultara o asociara a la toma de decisiones. En todos los temas importantes, se trate de proyectos de desarrollo económico, cuestiones políticas o incluso sociales, el rey se sitúa claramente en el centro de la decisión política. Esta apertura particular del sistema fue legitimada por el consenso. Por ello, la expresión empleada fue “la alternancia consensual”.

Procediendo de este modo, el poder margina a los que no se adhieren al consenso. Coopta a todos aquellos que son susceptibles de tener cierta autoridad en el espacio público y en el ámbito académico, es decir, a periodistas, intelectuales, influyentes editorialistas, etcétera. Esta irregularidad que estaba ya muy presente durante el reino de Hassan II se agrava bajo el reinado de su hijo, el cual concede a la apertura las características de una transición política, y llega a ser calificado por algunos como “líder de la transición”. De este modo, el tipo de gobernanza renovada es presentado como conforme a los “cánones de la transitología”. En 2004 se pone en marcha la Instancia Equidad y Reconciliación, encargada de arrojar luz sobre la violencia cometida por el poder en relación con los opositores durante el periodo comprendido entre 1956 y 1999.

Esta historia reescrita en los años 2000 es, sin duda, la del sistema político que decide él mismo construir una causa nacional anclada en la reparación material y moral de la injusticia perpetrada. Con este sistema se trata de corregir los abusos, sin tocar las normas ni sus fundamentos, puesto que el rey, pieza central del autoritarismo de los años de plomo, encarna también la apertura de los años noventa y la IER de los años 2000. Respeto a los derechos humanos, buena gobernanza, creación de un espacio público, competencia electoral y transparencia en las elecciones, política de perdón: todos los aspectos de la transición han sido movilizados y “el ofrecimiento real” se supone consensual. De este modo, las reformas se convierten a la vez en legítimas, populares y consensuadas.

Demandas ciudadanas y ofrecimiento real

En este contexto el Movimiento 20-F contribuye a fisurar el consenso poniendo sobre el tapete sus límites. Los marroquíes que forman parte de este movimiento no surgen de los partidos políticos, de los sindicatos ni de las asociaciones, pero se beneficiarán rápidamente de la ayuda logística de ciertos partidos de izquierda como el Partido Socialista unificado (PSU) o Annahj Addimocrati (vía democrática), y de la Asociación marroquí de derechos humanos (AMDH). El movimiento recibe también el apoyo del sindicato de izquierda Confederación democrática del Trabajo (CDT) y de la asociación Al Adl Wal Ihsane (Justicia y Espiritualidad).

Todas estas estructuras políticas dejaron a su liderazgo en un segundo plano en favor del Movimiento del 20 de Febrero. Por descontado, no se trataba de expulsar al rey ni de transformar en las urnas la dinámica revolucionaria nacida en la calle. El movimiento no tenía un blanco capaz de unificar a los manifestantes. Sin embargo, los manifestantes expresaron sus demandas de acceso al trabajo, la justicia social, la educación, la sanidad, la dignidad, la libertad. Por lo que esta movilización hizo resurgir también viejos debates sobre la reforma constitucional y la necesidad de establecer una monarquía de tipo parlamentario. En un primer momento, el poder respondió a las críticas y reivindicaciones agitando el fantasma del miedo, insinuando que los manifestantes estaban manipulados por los movimientos de extrema izquierda (Annahj Addimocrati) y los partidarios del jeque Yasín del movimiento Justicia y Espiritualidad. Ideológicamente muy apartados, estos dos grupos comparten la voluntad de limitar los poderes de la monarquía, una reivindicación que se expresó durante las manifestaciones organizadas por el Movimiento del 20-F. De hecho, los eslóganes y banderolas pedían la derogación del artículo 19 de la Constitución según el cual el rey es el Comendador de los Creyentes.

El poder comprende que agitar el miedo y responder con desprecio a las manifestaciones no son respuestas adecuadas en el contexto de la Primavera Árabe. A toda prisa, se crean 3.406 puestos de funcionario y se anuncian 25.000 puestos adicionales con cargo al presupuesto de 2012, que se supone que es un presupuesto de rigor. Pero no puede ir más allá en la distribución de los recursos, puesto que Marruecos no es un país rentista. El rey y su entorno comprenden que las medidas tomadas por el gobierno de atribuir los puestos de la función pública a diplomados en paro no son suficientes para calmar al movimiento.

El soberano anuncia entonces una reforma constitucional y nombra a una comisión consultiva encargada de elaborar esta reforma, que él califica de “global” y que tiene la vocación de garantizar un mejor equilibrio de poderes. Compuesta por juristas, politólogos, hombres y mujeres que representan a la sociedad civil, a esta comisión se le presume una representatividad de la sociedad, y debe intermediar entre ésta y el rey. Implícitamente, la monarquía inscribe este “ofrecimiento” de modificar la Constitución en una continuación de las reformas ya emprendidas. Se trata así de responder a las demandas más generales y más antiguas que las que expresa el Movimiento del 20-F. La reforma constitucional se inscribe, de este modo, según el mensaje que transmite el poder, en un calendario propiamente marroquí.

La principal innovación de este nuevo texto constitucional reside en la designación de un primer ministro que ya no será nombrado por el rey, sino surgido de la formación política que logre la “primera posición” en las elecciones legislativas. Otro novedad es que los marroquíes en el extranjero tendrán representación en el Parlamento. Se trata de asociarles a la vida política marroquí. Pero más allá de las instituciones, hay otras cuestiones importantes que figuran en la nueva Constitución, como los derechos humanos, la presunción de inocencia, la lucha contra las discriminaciones, la igualdad entre hombre y mujer, la libertad de opinión, el derecho y acceso a la información, el bereber como segunda lengua oficial, etcétera. El poder del rey ya no se precisa constitucionalmente en un artículo, sino que se diluye en varias disposiciones.

El soberano sigue siendo el amo del juego en los ámbitos reales de la defensa, la diplomacia y la seguridad interior. Sigue siendo el jefe de los ejércitos y quien acredita a los diplomáticos. En el ámbito religioso, a partir de ahora el Consejo de los Ulemas queda inscrito en la Constitución. En cuanto al rey, conserva su título de Comendador de los Creyentes y sigue siendo la primera autoridad religiosa del país. Su persona es inviolable, aunque la noción de sacralidad se ha reemplazado por la del respeto que se le debe. Con 10 meses de adelanto frente al calendario previsto, se organizan a finales de noviembre de 2011 las elecciones legislativas. Tres grandes formaciones entran realmente en competición. La Kutla, que reúne a los viejos partidos tradicionales (Istiqlal, USFP y PPS).

El G8 que se presenta como una fuerza democrática, progresista y moderna, que incluye a una agrupación de ocho partidos entre los que están el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) y la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI). Como Fuad Ali El Himma, fundador y líder del PAM, había sido blanco del Movimiento del 20-F, el G8 prefirió poner en cabeza a Salahedin Mezuar, del RNI, entonces ministro de Finanzas. Estas dos coaliciones tenían en común la voluntad de frenar al PJD, el partido islamista que se benefició de la apertura política de los años noventa para situarse en la escena política. Partido de masas con una fuerte capacidad de movilización, el PJD se distinguió en el Parlamento por su actitud crítica y sus preguntas embarazosas al gobierno. Aunque instara a sus partidarios a no unirse al Movimiento del 20-F, su campaña recogió las reivindicaciones del movimiento, especialmente en lo que respecta a la estigmatización del entorno del rey.

En relación con la crisis moral que corroe Marruecos y de forma más amplia el mundo árabe, la calle y las urnas coincidieron en una misma voluntad de “moralizar la vida pública”, reducir las desigualdades sociales y romper con las prácticas políticas moralmente inaceptables. Por el contrario, el PJD se mostró muy resistente en su rechazo a inscribir la libertad de conciencia en el texto reformado de la Constitución. Este es el discurso de ruptura en relación con el pasado y de probidad que obtuvo el favor de la mayoría de votantes. El PJD obtuvo 107 escaños en el Parlamento de los 395 que estaban en competición. El Istiqlal, el partido más viejo de Marruecos, alcanzó la segunda posición con 60 escaños, seguido del RNI (52 escaños) y el PAM (47). A semejanza de Túnez, los más sancionados fueron los polos que reagrupaban a los partidos “modernistas”, que se unieron para frenar a los islamistas pero que no tenían realmente una oferta política a realizar. Básicamente, se esforzaron en evidenciar la incompatibilidad entre una democracia que debía nacer casi de forma natural de la Primavera Árabe y el conservadurismo de los partidos islamistas.

Pero los electores no se mostraron sensibles ante esta “demonización” de los islamistas y quizás incluso lo interpretaron como un remanente de los antiguos métodos, como cuando los regímenes autoritarios se presentaban como una “defensa frente al islamismo”. Los votantes se decantaron mayoritariamente por los partidos que les parecían encarnar mejor la protesta contra el régimen y las formas de gobernar que rechazaban. Por no haber participado nunca en los gobiernos de sus respectivos países, haber estado marginados, poco reconocidos y perseguidos en el caso de Ennahda, estos partidos islamistas que logran encabezar el gobierno en Túnez y en Marruecos se han beneficiado del hecho de haber estado alejados y de haberse opuesto al poder.

No obstante, en Marruecos es el rey quién sigue marcando la pauta. Una especie de red de seguridad que puede impedir las desviaciones y puede también poner fin a los conflictos y a las confrontaciones violentas. Así, Abdelilá Benkiran, el primer ministro marroquí, no tiene precisamente el campo libre. Está acorralado entre las fuerzas políticas de la coalición y un rey que sigue gobernando cuando le parece. El pacto que le vincula a la monarquía se duplica con el pacto con la sociedad. A todo esto se añade el hecho de que el PJD no es un bloque homogéneo, está atravesado por corrientes de pensamiento muy distintas que se han enfrentado en el pasado. Este partido también tiene una base de simpatizantes que le han votado, ante los que el PJD sigue siendo un partido de rechazo que corre el riesgo de comprometer sus ideales y su identidad.

‘Primavera Árabe’ y renta petrolera: el ejemplo argelino

La renta petrolera ha permitido que Argelia resistiera ante las protestas populares. Por ello, las reivindicaciones en forma de disturbios no han acabado transformándose en demandas políticas de cambio de régimen como en los países vecinos. El boompetrolero que vive el país ha beneficiado al régimen de modo que ha podido relanzar su maquinaria clientelar. Por otra parte, el traumatismo de la guerra civil de los años noventa sigue aun muy presente en la mente de los argelinos, cosa que hace que se muestren contenidos en su forma de reivindicación. En realidad, la Primavera Árabe llegó cuando los argelinos estaban todavía en pleno traumatismo por los años de guerra civil (1992-1998). De cara al poder argelino, la única revolución que cuenta verdaderamente es la que hicieron en 1954 los actores del régimen actual.

El levantameinto de los rebeldes en Libia creó un verdadero malestar en el seno del poder argelino, que se parapetó detrás del principio de no injerencia y adoptó la posición de la Unión Africana respecto a Libia. Al no alinearse con la OTAN y con Francia consiguió federar a la población despertando el viejo reflejo anticolonial. Mucho antes del efecto contagio de la Primavera Árabe, Argel era ya el escenario de una serie de disturbios importantes. Estos movimientos de protesta que empezaron el 3 de enero fueron obra de manifestantes que se rebelaban contra la escalada de precios de determinados productos alimenticios. Durante las dos primeras semanas de enero, el poder intentó calmar la tensión, haciendo caer los precios de los productos básicos y evitando el enfrentamiento violento con los agitadores, mayoritariamente jóvenes de las barriadas de las periferias urbanas.

En el caso de los argelinos, a pesar de que el deseo de cambio ocupa los corazones de los ciudadanos que siguen con atención y envidia los acontecimientos que se desarrollan en Túnez, son muy conscientes de que las cosas son muy distintas en su país. Teniendo en cuenta este desencanto que roza la desesperanza, cabe preguntarse por qué motivo Argelia ha escapado de los efectos de la Primavera Árabe. Se imponen dos posibles respuestas. De un lado, el traumatismo de los años de guerra civil está todavía muy presente en la memoria y, de otro, el alza de los precios del petróleo en los años 2000 ha beneficiado al régimen, dándole los medios para reactivar la maquinaria clientelar.

El traumatismo de la guerra civil

A mitad de los años ochenta, el abandono del modelo socialista y la caída brutal del precio del petróleo en 1986 condujeron al traumatismo de octubre de 1988. Los decisores optaron en ese momento por otra vía, la del pluripartidismo político, con el abandono del partido único. Se establecieron así las bases de un sistema democrático. En 1989, un gobierno de reformadores aceptó establecer “cambios institucionales y económicos irreversibles”. La interrupción del proceso electoral en 1991 sumió al país en una guerra civil que castigó duramente a la población argelina. Por su parte, el ejército siguió rechazando la organización de un poder que pudiera ser autónomo o representativo.

Los ingresos por el petróleo permitieron al régimen consolidar la coalición para dirigir Argelia y que se designa frecuentemente como los “decisores”. Dicha renta petrolera permitió a Argelia realizar importantes compras de armamento que se utilizaron ampliamente durante los años de guerra civil para “erradicar a los maquis islamistas”. La victoria de los islamistas en las elecciones legislativas de 1991, y la perspectiva de la instauración de un Estado islamista que pasara página a la revolución socialista, paralizaron literalmente a los generales del ejército argelino, que emplearon todos los medios para destruir sistemáticamente los focos islamistas, una operación presentada como una “purificación del cuerpo social y político”.

Los actos de violencia vinculados a la guerra civil resultan difíciles de eludir mientras no se realiza una verdadera reconciliación nacional. Con ánimo de restaurar la autoridad del Estado y sacar a Argelia de su aislamiento, el presidente Buteflika decreta una amnistía que se asemeja más a una “amnesia” puesto que en ningún caso se trata de decir la verdad o de hacer justicia a las víctimas.

Corrupción y gobernanza

El régimen sigue sus tácticas de cooptación y de redistribución de la renta. Los salarios de los funcionarios vivieron un alza vertiginosa a partir de marzo de 2011, y con efecto retroactivo, se concedieron créditos al consumo, el mercado informal que debía estar reglamentado goza de la misma libertad que antes y al Estado no le molesta en absoluto ver que absorbe la mano de obra de los jóvenes desocupados. Paralelamente, se anuncian reformas, en relación con la ley electoral, la ley sobre la información, la representación femenina en la Asamblea nacional, etcétera.

El poder anuncia también la apertura del campo audiovisual y, finalmente, una modificación de la Constitución. Es muy probable que se haga además para fijar los añadidos realizados especialmente por Buteflika en materia de no limitación de mandatos. Estas pequeñas reformas continúan haciéndose a demanda del ejecutivo y con su acuerdo. Por otra parte, esta acción redistributiva de la renta petrolera no constituye un proyecto que se integre en el marco de una política de conjunto susceptible de romper con los métodos del pasado. A pesar de esto, Argelia no está a salvo de un gran levantamiento que podrían organizar todos aquellos que no se benefician de los recursos de la renta.

De hecho, la distribución de la renta crea desigualdades. Si las arcas del Estado no han estado jamás tan llenas ni el país había sido antes tan rico, esta renta no beneficia a todos. Se redistribuye según un sistema opaco y arbitrario. En Argelia, el verdadero cambio está condicionado a la solución de una serie de problemas que han permanecido intactos tras el boompetrolero de los años 2000 y a pesar de la esperanza suscitada por la llegada al poder de Buteflika en 1999. La economía sigue siendo completamente dependiente de los hidrocarburos (98% de las exportaciones) y no se ha diversificado. Las instituciones siguen siendo muy débiles, el paro ha disminuido pero sigue siendo importante y la corrupción es inherente al sistema. Para reformar estos sectores y solucionar estas cuestiones de fondo, Argelia necesita actores creíbles y legítimos que puedan tener carta blanca respecto a aquellos a los que les interesa mantener el sistema tal como está.

El país carece además de las herramientas políticas necesarias para realizar este cambio. Las elecciones legislativas de 2007 mostraron que los partidos políticos ya no conseguían movilizar a los electores. La tasa de participación fue del 35,51%, es decir, la más baja desde la independencia del país. A día de hoy, los partidos políticos son percibidos como meros instrumentos al servicio del sistema político.

Conclusión

La juventud tunecina que hizo la revolución no tenía otro proyecto político que liberarse de un régimen autoritario. Una vez se hubo decapitado al Estado, esta juventud sin proyecto tuvo que pasar el testigo a las elites políticas que habían sido marginadas por el régimen de Ben Ali. En todos los países árabes, jóvenes y menos jóvenes pudieron invadir las calles de las grandes ciudades para protestar contra sus elites, incapaces de generar ni desarrollo ni modernidad.

El caso tunecino tendrá una importancia capital, puesto que es el fundador del momento revolucionario árabe. En los países en los que los efectos de la Primavera Árabe no han sido visibles, se han puesto al descubierto a los regímenes políticos. Aquí y allá, los actores políticos y ciudadanos plantean y viven la acción política de un modo totalmente nuevo, en un contexto en que la palabra se ha liberado. Los discursos políticos ya no pueden ser fachadas construidas por los regímenes y enarboladas como pruebas de “buena gobernanza” para consumo de los países occidentales y de las instituciones financieras internacionales. Este cambio es válido tanto para los países que han hecho la revolución como para el resto.

Este nuevo comportamiento político que ha alcanzado el sur del Mediterráneo condiciona otro tipo de relación entre el norte y el sur del Mediterráneo y hace que los proyectos de asociación euromediterráneos, tal como se concibieron antes de 2011, resulten inoperantes. Se requiere un replanteamiento de estas relaciones y su reconstrucción debe tener en cuenta las nuevas normas dictadas por estas mismas sociedades civiles, tanto tiempo olvidadas, evitadas y despreciadas en beneficio de unas elites que ya no representaban en nada a sus sociedades.