Los islamistas contra la libertad de la mujer: la excepción tunecina

El código tunecino se define como una interpretación laica del Corán y podría abrir vías para otros países árabes.

Francisco Carrillo, miembro del consejo asesor del Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed)

Unos de los principales obstáculos, si no el más importante, para la democratización de las sociedades de culturas árabo-musulmanas es la flagrante desigualdad en la que se encuentra la mujer en relación al hombre. Esto es debido a las normas que rigen tales sociedades, sobre todo aquellas que regulan el Derecho de Familia, inspiradas del Corán y de la tradición coránica. De ahí que se pueda hablar de Derecho Islámico.

Desde su divulgación, el Corán y las tradiciones coránicas, las interpretaciones diversas, los usos y costumbres, rigieron a las comunidades y a las tribus pre-estatales y pre-nacionales musulmanas, tanto en las dimensiones de la vida pública como en aquéllas referidas a la vida privada. El Derecho Islámico choca y entra en contradicción, en situación pre-nacional y pre-estatal, con la legislación impuesta por los Estados colonizadores. El desarrollo de un nuevo estilo de actividad económica y mercantil, así como de las formas jurídicas que definieron a las colonias y a su relación con la metrópolis, incidió abiertamente en la ordenación jurídica de la vida pública, la política y la de los negocios.

Y el Derecho Islámico se encontró en la obligación de “adaptarse”, de laicizarse en cierta manera, lo que se confirma con las independencias de esas sociedades en formación, cuya “conciencia nacional” se va generando a medida que se lleva a cabo la liberación nacional. En el proceso de formación de esa “conciencia nacional” no estuvieron ausentes la fuertes corrientes islamistas existentes, irritadas por el hecho de que el poder colonial “profanase” la “Tierra del Islam” que es “sagrada” para ellos porque en ella se asienta y vive la umma, es decir, la comunidad de comunidades de musulmanes en plena simbiosis con un hábitat globalmente sacralizado.

Tras las independencias, y paralelamente a las influencias del socialismo de Estado en la Unión Soviética en algunos de esos nuevos países, las decisiones de nacionalización (incluídas las de los lugares de culto cristiano y judío) se colocaban en una lógica diferente a la del socialismo marxista de la época: la lógica “religiosa” que recupera para la umma el territorio y su contenido. Ese mismo análisis podría explicar las alternativas “nacionalitarias” y el resurgir del “nacionalismo panárabista”. Las intensidades fueron de diferente orden según el peso de las diversas corrientes islámicas, de las culturas ambientales (Asia, Oriente Próximo, Arabia, Egipto, Magreb…) y, sin duda, de los “estilos” de colonización (a este respecto, las diferencias entre el proceso de liberación nacional de Argelia y el de Túnez, lo contrasta).

El salto a la globalización representa un nuevo reto para el Derecho Islámico en su aplicación pública en el desarrollo de la economía y de la sociedad. El choque se coloca a otro nivel, más allá de las fronteras nacionales. Y la respuesta llega con mensajes planetarios del islamismo más radical que considera que la umma se encuentra en peligro y que el Corán es cercenado en su función de único regulador de la concepción y de las prácticas religiosas regidas por el Derecho islámico. La constatación de ese “peligro” surge de la modernización de los nuevos países árabo-musulmanes, llegándose a focalizar en la presencia de “enemigos” del Islam en Arabia Saudita durante la guerra del Golfo, la ulterior guerra y ocupación de Irak y en la perpetuación de injusticia contra la nación árabe de Palestina.

La radicalización de esta corriente dio como resultado una expresión terrorista, Al Qaeda, pudiéndose constatar, por otra parte, el avance del “islamismo político” que acepta las reglas del juego electoral en Palestina, Egipto, Argelia, Marruecos, por no mencionar otros países árabes o del islamismo asiático. Sin embargo, el Derecho Islámico mantuvo todo su vigor en lo referente al Derecho de Familia en todos los países del Islam, con la clara excepción de Túnez, a la que se podrían añadir las recientes reformas parciales en Marruecos en 2004. Para los islamistas es fundamental preservar, con los medios que fueran necesarios, esa parcela de poder y de influencia que atenta a las bases mismas de la teocracia: la familia según la sharia, en particular la mujer. En el Derecho Islámico no existe una separación entre lo civil y lo religioso.

Toda regulación emana del Corán (según la corriente de interpretación, que para los islamistas es radical y literal). La clave está en la subordinación de la mujer que, en Derecho occidental, podría equivaler a un menor no emancipado. La mujer según la sharia está desprovista de capacidad jurídica. Su presencia no es requerida durante la ceremonia del matrimonio, expresándose a través de la imposición de un tutor. Está sometida a la amenaza del repudio unilateral por parte del hombre, decisión que el hombre puede tomar incluso si está de viaje y lejos de ella, surtiendo el efecto de la ruptura inmediata del vínculo matrimonial.

La mujer es objeto de negociación, en su ausencia, para definirse su valor en una dote que el futuro marido se compromete a aportar. Marido por demás que se le impone sin su consentimiento y al que deberá perfecta obediencia, correspondiéndole todo poder según el modelo patriarcal radical. En la sharia está legalizada la poligamia. En caso de desobediencia o discrepancia por parte de la mujer, los islamistas invocan un precepto del Corán (que ya no está recogido en ninguna legislación árabo-musulmana) que reza así: “En cuanto aquellas de las cuales teméis su mala conducta, advertirlas y relegadlas en sus alcobas y pegadlas, pero si os obedecen no busquéis otro camino contra ellas (no las repudiéis). En verdad, Alá es excelso; Alá es grande”. (Sura IV, 38), (Fuente: El Corán, traducción de Juan B. Verruga, Madrid 1975).

La mujer no puede contraer matrimonio con un no musulmán. Esta norma está vigente en todos los países árabo-musulmanes al igual que la ausencia de matrimonio civil. A ningún árabo-musulmán, por principio y aunque se declare laico, le ampara el derecho para abandonar la fe islámica. Existe prohibición expresa incluso de renegar de la religión. Los hijos son los herederos directos de la religión del padre, no de la madre. Por ello, al musulmán se le permite casarse con una no musulmana. No hay edad legal para que una mujer pueda casarse. El Derecho Islámico no contempla el régimen matrimonial de comunidad de bienes, y lo que aporta la mujer al matrimonio no está regido por este derecho. En lo que se refiere a la herencia también se refleja desigualdad.

En la sucesión, la regla es que una parte es para la mujer y dos para el hombre. La sharia no deja espacio a la igualdad entre la mujer y el hombre. La mujer musulmana está colocada en una situación de subordinación permanente y de obediencia al hombre, quien posee un control sexual sobre ella (poder destructor) para que no lo distraiga de sus deberes. Todo lo hasta aquí expuesto es sagrado y constituye una reivindicación constante de los islamistas. La mayor parte de estas “normas” están en vigor y aplicadas en los Estados árabo-musulmanes. Son la fuente misma de la desigualdad “legalizada”.

Túnez como excepción

Una de las decisiones más significativas que tomó el presidente Habib Burguiba tras la independencia de Túnez en 1956, fue la promulgación del Código del Estatuto Personal. Esta decisión colocó a Túnez como el único país árabo-musulmán que reconoció constitucionalmente los derechos de la mujer. Antes de la independencia ya existían movimientos con agrupaciones de mujeres a favor de los derechos civiles para la mujer.

Uno de los más conocidos pioneros, en el siglo XIX, fue el general Jereddín Pacha, considerándose precursor de la nueva legislación a Tahar Haddad que, en 1930, escribió el libro La mujer tunecina frente a la ley y a la sociedad, cuya influencia en la toma de conciencia de la igualdad y contra la sharia fue muy relevante. Con la promulgación de este código, queda abolida la poligamia y todas las formas de poligamia. En caso de infracción, se aplicarán sanciones penales. Queda prohibido, igualmente, el repudio que equivalía, como se apuntó más arriba, al divorcio por decisión unilateral y privilegio del esposo.

Éste es el punto más contencioso con los islamistas. Y se instituye el divorcio judicial. Estas decisiones son, aún, únicas en el contexto de los países árabes. Los islamistas discreparon radicalmente de esta reforma sustancial. En 1980 denunciaron al Código del Estatuto Personal afirmando que había sido impuesto por la alta sociedad. Esta reivindicación no ha desaparecido en nuestros días, incluso si algunos islamistas optaron por matizar. La mujer tunecina está vigilante pues es consciente de que se encuentra en un islote, Túnez, y que la amenaza islamista contra dichos derechos es real.

El código tunecino tiene la sabiduría de ser definido como resultado de una interpretación laica del Corán, lo que podría abrir caminos para los otros países árabes (por ejemplo, la reforma moderada realizada por Marruecos). En 1993, el presidente de Túnez, Zin el Abidin Ben Ali, impulsó complementos legislativos al Código del Estatuto Personal, ampliando los derechos y la igualdad, incluso la autonomización de la mujer: ésta adquiere, conserva y transmite su nacionalidad de la misma manera que el hombre. La mujer adquiere la plena capacidad jurídica con la mayoría de edad a los 20 años. Tiene derecho a firmar contratos, a comprar o vender, a disponer de sus bienes muebles e inmuebles sin ningún control de su marido en el supuesto de que esté casada. Se reprime la violencia conyugal, considerándose al vínculo matrimonial como una circunstancia agravante (interpretación netamente contraria al precepto del Corán más arriba citado).

La tutela de los hijos puede corresponder a la mujer en caso de divorcio. Se establece la corresponsabilidad de la esposa y del esposo en el seno de la familia. Se suprime la institución del tutor en la ceremonia del matrimonio, expresándose libremente ambos cónyuges. Se establece la posibilidad de casarse bajo el régimen de comunidad de bienes. El divorcio puede ser solicitado judicialmente a petición de cualquiera de los cónyuges, contemplándose la figura del mutuo consentimiento. El Estado creó un fondo para garantizar la pensión de la mujer divorciada así como la provisión de alimentos que incumbiría al marido divorciado, en el supuesto de que el marido no cumpliera con tales obligaciones, y sin perjuicio de la aplicación de la ley a este último. Túnez ha adoptado una política de planificación familiar y de ayuda prenatal muy significativa, lo que también ha hecho descender consideraaltas tasas de escolarización y de alfabetización. Por ley, se reconoció la adopción (prohibida por el Islam).

En 1998 se promulga un instrumento legislativo para amparar los derechos del niño y de la niña. En este texto se reconoce el derecho de los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio. Aunque existe un sustento legal, ya que Túnez ratificó en 1968 la Convención de Nueva York (1964), de la ONU, en la que, entre otras cosas, se abre la vía al reconocimiento legal de matrimonio entre una musulmana y un no musulmán sin la obligación para este último de la conversión al Islam (sólo dos países árabo-musulmanes la ratificaron, uno de ellos fue Túnez), todavía no se ha reglamentado el reconocimiento y registro legal de este tipo de matrimonio entre una mujer tunecina musulmana y un hombre no musulmán.

Si se tiene en cuenta todo el cuerpo legislativo sobre la mujer y el Estatuto Personal, con connotaciones únicas en relación a los otros países árabo- musulmanes, entrando abiertamente en contradicción con la interpretación islamista de la sharia, es de esperar que esta aplicación también tendrá lugar. La mujer tunecina está muy presente en el mundo del trabajo, asumiendo responsabilidades en todos los niveles de decisión y de ejecución (gobierno, diplomacia, administración pública, presidencia de sociedades, docencia universitaria, escolar, en la agricultura, la industria, los servicios, el comercio, la banca, las profesiones liberales, las bellas artes, la artesanía…).

En el mundo laboral, la tasa de actividad de las mujeres se calcula en un 25% (en Argelia o Marruecos, en un 8%, por citar a dos países del Magreb). Ello no obsta para constatar, al igual que ocurre en otros países, incluso industrialmente avanzados, que existan diferencias de salarios, en trabajo idéntico, entre hombre y mujer, y que la mujer tenga particulares dificultades para conseguir la promoción laboral en comparación con el hombre. En el momento de redactar este artículo, he tenido noticias de un proyecto de ley, elaborado por el gobierno tunecino, relativo a las mujeres funcionarias que deseen trabajar a media jornada para ocuparse de sus hijos menores de seis años, restricción no aplicable a aquéllos que tengan una seria discapacidad física. La edad de esta mujeres deberá estar comprendida entre 20 y 50 años.

Esta ventaja tendrá una duración de tres años prorrogables hasta totalizar nueve. Esta medida afectará a 60.000 mujeres de un conjunto de 150.000 empleadas de la función pública. El tejido formado por este conjunto legislativo representa un contrafuerte determinante para frenar al islamismo, alterando de forma considerable sus referencias fundamentalistas al optar por lo que se ha calificado, en el propio Túnez, de interpretación laica del Corán llevada a sus máximas consecuencias, que son poco distantes de los ordenamientos jurídicos modernos.

Los grandes beneficiados inmediatos han sido la mujer, las niñas y los niños y, en consecuencia, toda la sociedad tunecina. Sin embargo, la mujer se dice estar siempre vigilante, no solo porque tales medidas legislativas han incidido profundamente en las relaciones sociales en que el hombre, salvo excepciones, se siente “tenso y disminuido en su autoridad tradicional”, sino también, y sobre todo, por los inquietantes avances del islamismo cuyo objetivo prioritario, aunque por el momento no sea manifiesto, es restablecer la sharia como reguladora del estatuto personal y de la familia, así como de la postergación y marginación de la mujer.

Con esta sucesión de reformas legislativas en profundidad desde 1956, Túnez contribuye con hechos concretos a lograr el objetivo trazado por la Cumbre de las Naciones Unidas, reunida en septiembre de 2005: “La igualdad entre los sexos gracias a la autonomización de las mujeres como condición indispensable para un porvenir viable”. Para terminar este esbozo, una pregunta: ¿En qué situación se encontraba la mujer en la mayoría de los países europeos, latinoamericanos, asiáticos o al sur del Sahel apenas un siglo atrás? En mis años transcurridos en el mundo árabe, solía acordarme de aquellas disertaciones profesorales en la Facultad de Derecho en las que se explicaba que la mujer necesitaba autorización marital para ejercer comercio o que, en caso de matrimonio, debía sumisión y obediencia al marido, así como otras análogas. Corto túnel del tiempo porque aquellos momentos todavía están al alcance de la mano.