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Co-edition with Estudios de Política Exterior
Liberalización y privatización desiguales en el Magreb
España está bien situada para aprovechar las oportunidades de privatización y liberalización en el Magreb.
Carlos Echeverría Jesús, Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED
La firma por parte de España de tratados de amistad, buena vecindad y cooperación con Marruecos (1991), con Túnez (1995) y con Argelia (2002) y la intensificación de las relaciones en diversos ámbitos con Mauritania y con Libia en 2003 permiten situar a nuestro país en una posición privilegiada de cara al aprovechamiento de las oportunidades que estos cinco países ofrecen a través de procesos liberalizadores y privatizadores en sectores como las telecomunicaciones o la energía, pasando por el turismo o los transportes, que son clave en toda estrategia de profundización de una economía de libre mercado.
Los operadores españoles han manifestado su interés y, en algunos casos, participado activamente en éstos con mayor o menor intensidad, dependiendo de las normativas internas, en los cinco miembros de la Unión del Magreb Árabe (UMA). Por otro lado, las líneas de conversión de deuda en inversiones que se han firmado con algunos de estos Estados –con Marruecos ya es la tercera–, constituyen útiles instrumentos para participar en dichos procesos. Las reformas emprendidas en estos países son reflejo de la voluntad de los socios magrebíes de dinamizar sus economías en un contexto de creciente globalización que les lleva a vincularse firmemente a socios externos como la Unión Europea (UE): tres de ellos –Argelia, Marruecos y Túnez– lo hacen a través del Proceso de Barcelona, que fijó en 1995 el objetivo de la creación de una Zona de Libre Cambio (ZLC) en el año 2010.
El deseo de aprovechar el nuevo instrumento de cooperación financiera introducido por el Plan de Acción Euromediterráneo aprobado en la reunión ministerial de Valencia (22 y 23 de abril de 2002) –la Facilidad Euromediterránea para la Inversión y el Partenariado (FEMIP), creada en el seno del Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el objetivo prioritario de apoyar al sector privado en los socios mediterráneos– está también detrás de la aceleración de las reformas. En el ámbito concreto de las privatizaciones, es preciso destacar la figura de las facilidades de capital riesgo concedidas en el marco de las ayudas MEDA, y a las que se han añadido en marzo de 2003 el montante de 22 millones de euros a sumar a los 50 ya concedidos en 2001 y que se completarán con 28 millones de 2004 hasta alcanzar un montante total de 100 millones de euros.
En tiempos recientes, la petición realizada a España en mayo de 2003 por la Sociedad Financiera Internacional (SFI), una filial del Banco Mundial (BM) competente en el sector privado, para que contribuyera como ya lo hacen Suiza, Bélgica, Francia e Italia desde septiembre de 2002 a un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Argelia, Egipto y Marruecos, o la conferencia organizada el 5 de junio de 2003 por el BEI en Bruselas para analizar el desarrollo del sector privado, con especial atención al Magreb, han puesto de nuevo de manifiesto la necesidad de vincularse a los procesos de privatización emprendidos por los socios magrebíes.
Como comentario general es preciso afirmar que los procedimientos previstos para los procesos de privatización amparados por la financiación de instituciones como el BM o la UE son largos, y más aún en países que deben acometer aún importantes reformas internas incluida la reducción del papel del Estado en el sector bancario. Veamos a continuación la situación de cada país en cuanto a las privatizaciones en curso o a su introducción.
Argelia: un gran esfuerzo
por hacer Junto al dominante sector energético hay que señalar que tanto España como Francia e Italia han firmado con Argelia, a lo largo de 2002, acuerdos de conversión de deuda en inversiones que suponen instrumentos apropiados para participar en el proceso de privatizaciones iniciado con la ley de 1995 y considerado prioritario en los últimos programas de reformas aprobados para el período 1998-2002. En este marco deben destacarse tanto el reglamento de agosto de 2001 sobre la organización, gestión y privatización de empresas públicas, como la privatización de tres importantes fábricas de cemento en el segundo semestre de 2002 o las operaciones de apertura de capital en la bolsa para empresas como Saidal o el hotel El Aurassi de Argel.
Dicho proceso debe acelerarse para adaptarse a los calendarios internos establecidos –hoy ya está privatizada tanto la importación como la exportación de productos salvo los hidrocarburos–, pero también para cumplir los compromisos internacionales que pasan por el Acuerdo de Asociación con la UE, firmado solemnemente en abril de 2002, y por las negociaciones para la adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC). En mayo de 2003, un informe independiente elaborado por analistas internacionales ha constatado que el sistema bancario argelino adolece aún de falta de dinamismo, que hay que mejorar el sistema de contabilidad nacional y que el proceso de privatizaciones sufre retrasos por esta y otras causas.
También se ha destacado la escasa apertura del mercado agrícola argelino, protegido aún por barreras aduaneras, y la firme oposición a las privatizaciones y a la adhesión a la OMC no sólo de la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA) sino también de organizaciones patronales que exigen el mantenimiento del sistema tarifario para proteger la producción local. Así, aunque la política de puesta al día de las empresas argelinas y el desarme arancelario que exige el acuerdo con la UE estaban ya previstas por la ley de Finanzas para 2002, y que ésta cuenta con un instrumento de apoyo a través de un fondo especial, queda un gran esfuerzo por hacer. Mientras no se avance en este terreno normativo y de costumbres los inversores extranjeros ralentizarán su desembarco en Argelia.
La destitución el 5 de mayo de 2003 del primer ministro Alí Benflis por parte del presidente Abdelaziz Buteflika debe entenderse no sólo por el contexto preelectoral –las presidenciales de abril de 2004– sino también por la pugna dentro de la clase política argelina entre reformistas liberales y defensores del sistema protegido de antaño. Ya durante el VIII Congreso del Frente de Liberación Nacional (FLN), celebrado en Argel entre el 18 y el 20 de marzo de 2003, Benflis abogó por una “economía social de mercado” frente al frenético impulso dado a las privatizaciones, constatándose su acercamiento personal a las posiciones de la UGTA reflejado en la presencia de su secretario general, Abdelmajid Sidi Saïd, en la apertura del Congreso.
La poderosa central sindical había convocado una huelga general del 25 al 26 de febrero de 2003 contra el proceso de privatizaciones liderado por dos hombres de Buteflika: el ministro de Energía y Minas y presidente del monopolio energético Sonatrach, Chakib Khelil, a quien Benflis frenó durante largo tiempo su proyecto de ley de Hidrocarburos, y el entonces ministro de Privatizaciones y Promoción de las Inversiones, Hamid Temmar, empeñado entre otras cosas en reformar un endeudado sector bancario. La sustitución el 24 de febrero de 2001 de Abdelhak Buhafs como director general de Sonatrach por Khelil, decidida por Buteflika, había marcado un hito en el proceso de reformas, pues el esfuerzo por abrir parte del capital de Sonatrach al sector privado ha constituido el mejor ejemplo de la lucha por introducir las privatizaciones en Argelia.
La figura de Khelil es clave en este proceso: tras 20 años trabajando en el BM su experiencia sobre procesos de liberalización y de privatización en Iberoamérica puede ser muy positiva para Argelia. Como sustituto de Benflis el presidente ha escogido a alguien próximo a sus posturas y que ya fue primer ministro, Ahmed Uyahia, garante de la continuidad de las reformas y que apuesta por culminar el dispositivo reglamentario del código de Inversiones de agosto de 2001 y por utilizar la Agencia Nacional de Desarrollo de las Inversiones (ANDI) para reducir las cargas que pesan sobre las empresas.
El libro aparecido recientemente del ministro de Finanzas, Abdellatif Benachenhu, Argelia hoy. Un país que gana, prologado por José María Aznar y por Buteflika, pasa revista a las reformas e incide en las oportunidades abiertas para el empresariado español. En todo caso los próximos meses se verán marcados por los efectos del escándalo financiero “Khalifa” que se añade a problemas endémicos como la burocratización del sistema bancario: la bancarrota del primer imperio privado de la Argelia post-socialista, que en su corta vida creó enormes expectativas a través de su dinamismo interno y exterior (banca, transporte aéreo, firma promotora del equipo “Olympique” de Marsella, etcétera), obliga, entre otras medidas, a reformar la ley de Moneda y Crédito.
Buteflika desea reforzar las misiones del Banco Central Argelino (BA) con la creación en su seno de un instrumento de control del mercado de cambios que evite situaciones como ésta, que no sólo va a costar al tesoro público argelino más de 1.500 millones de euros sino que podría también dañar la confianza de los operadores extranjeros. Más positivo será en cambio el estudio del proceso privatizador en otros sectores como el de las telecomunicaciones o el siderúrgico; en el primero se inició, en 2000, un proceso dirigido por el ministro de Correos y Telecomunicaciones, Mohamed Maghlaui, destinado a privatizar el sector telefónico y a abrir a la competencia internacional el atractivo mercado de la telefonía móvil, mientras que en el segundo destaca la cesión del 70% del capital del complejo siderúrgico de El Hadjar al grupo indio ISPAT.
Libia: un proceso en progreso
La riqueza petrolífera de este país está provocando un auténtico desembarco de compañías occidentales que aprovechan tanto el desbloqueo internacional –las sanciones de la ONU han sido levantadas definitivamente en el verano de 2003, y ya sólo se mantienen las bilaterales de Estados Unidos– como las ansias liberalizadoras y privatizadoras manifestadas por Muammar el Gaddafi. Con los acuerdos de resarcimiento alcanzados tanto con el Reino Unido y EE UU como con Francia y Alemania, por causa de diversas acciones terroristas producidas en los años ochenta, las perspectivas han mejorado notablemente: el país demanda prospecciones petrolíferas adicionales así como fuertes inversiones en tecnología que impidan al sector extractivo estancarse, y todo ello se enriquece con el anuncio, aunque vago, realizado en junio de 2003 por Gaddafi de un proyecto de privatización progresiva de la banca y del sector energético así como la apertura del país a la inversión extranjera.
El precedente del anuncio de Gaddafi, a principios de 2001, de su intención de crear bancos privados y de eliminar progresivamente los monopolios estatales había permitido a algunos comenzar a diseñar escenarios de desembarco inversor. El avance hacia las privatizaciones podría superar el único marco jurídico vigente hasta hoy para los inversores extranjeros: la ley 5 de 1426 (1997) de fomento de la inversión extranjera, que regula las inversiones de capital procedente tanto de fuentes libias en el exterior como no libias.
El balbuciente dinamismo libio perceptible fuera de sus fronteras puede observarse en fenómenos como el surgimiento de una segunda línea aérea en el país, la compañía Afriqiyah Airways, creada por iniciativa del propio Gaddafi en diciembre de 2001 y dirigida hoy por el capitán Saad Abdallah Sabri, que ya cubre varios destinos en África subsahariana además de la conexión con París que en el otoño de 2003 se quiere ampliar a Londres. También el turismo, tradicionalmente marginado, va a comenzar a ser considerado en el marco de lo que el propio Gaddafi califica de “nueva política de capitalismo popular”, y ya se ha expresado no sólo la voluntad de privatizarlo sino incluso de lograr el objetivo de tres millones de visitantes en 2008.
El 13 de junio de 2003 se creó el ministerio de Turismo y dos días después se inauguró la primera Feria Internacional de Turismo en Trípoli en la que participaron agencias de viajes, compañías hoteleras y touroperadores de Egipto, Italia, Malta y Túnez. El Estado ha concedido al sector una financiación de 7.000 millones de dólares para el próximo lustro y ya hay operadores extranjeros trabajando sobre el terreno: la cadena hotelera maltesa Corinthia, que lleva años en Libia, ha inaugurado en el centro de la capital un hotel de lujo, el Bab Africa Hotel; con Italia se va a construir una ciudad de vacaciones en la costa; y con el hombre de negocios saudí Al-Walid Ben Talal se ha acordado la construcción de un segundo hotel de lujo.
El nuevo primer ministro, Shukri Ghanem, antiguo ministro de Economía y Comercio, sustituyó el 12 de junio a M’barek Echamekh, quien para Gaddafi no era capaz de aplicar sus decisiones relativas a la privatización, al reforzamiento del sector privado y a la atracción de inversiones extranjeras, y se ha rodeado de ministros reformistas como Abdelkader Omar Belkheir, de Economía y Comercio, y Taher Jehaimi, de Planificación. Hoy se avanza hacia la convertibilidad de la moneda nacional con la unificación del tipo de cambio y se ha sabido que el gobierno lleva más de un año estudiando la mejor forma de adherirse a la OMC. Fuera del sector energético la progresiva apertura libia ha sido aprovechada por operadores occidentales en los últimos años.
En julio de 2002 la francesa Alcatel obtuvo un contrato en Libia para la instalación de una red de telefonía móvil en Sirte, con una capacidad inicial de 120.000 líneas, aunque ya en 1998 había firmado un contrato por un valor de 70 millones de dólares destinados a la instalación de un cable de fibra óptica para telecomunicaciones conectando Túnez y Libia. España, que ha subrayado tradicionalmente la importancia de Libia en su política de vecindad, consolida su presencia como lo atestiguan tanto la reunión empresarial hispanolibia celebrada en Trípoli, en enero de 2001, como la visita de Aznar del 17 al 18 de septiembre de 2003. Esta última ha tenido como resultado inmediato la obtención por parte de Abengoa y de ACS de sendos contratos para construir líneas y subestaciones eléctricas en Libia por un montante de 300 millones de euros.
La liberalización, una prioridad para Marruecos
El Diálogo Económico UE-Marruecos, celebrado en Bruselas el 2 de octubre de 2003, ha ahondado en el proceso de liberalización puesto en marcha y que se ve hoy estimulado por un fondo de ayuda de 40 millones de euros en condiciones de interés atractivas, destinado a la puesta al día de las empresas marroquíes, que está financiado al 50% por el Estado y por la UE. Profundizar en la liberalización y en las privatizaciones es prioritario para el gobierno del tecnócrata Driss Jettú, que se apoya en ministros como Fatallah Ualalu, ministro de Hacienda y Privatización, o Rachid Talbi el-Alami, ministro de Industria, Comercio y Telecomunicaciones.
La filosofía de este último se resume en que el Estado debe desembarazarse progresivamente de los sectores productivos para pasar a jugar un papel de estimulador de la actividad económica y que los operadores privados marroquíes, acostumbrados a moverse en un entorno protegido, deben acostumbrarse a la competencia. Su ministerio prepara un “libro blanco” que definirá la nueva estrategia para la industria marroquí para la próxima década en un contexto internacional de apertura tanto a la OMC como a la UE.
Por otro lado, la designación por el consejo de Ministros celebrado el 10 de septiembre de 2003 en Tetuán de Ahmed Lahlimi –quien fuera hombre fuerte de los dos gobiernos de Abderramán Yussufi (1998-2002) como ministro de la Pequeña y Mediana Empresa–, como alto comisario del Plan, refuerza la voluntad del rey Mohamed VI de acelerar las reformas económicas. En los últimos tiempos la cesión a los operadores privados de algunas empresas públicas como Maroc Télécom o la Régie des Tabacs du Maroc (RTM)–o las perspectivas de liberalización de otras en el sector audiovisual– se ha hecho o se va a hacer con el objetivo de mejorar el rendimiento global de dichas empresas.
En tal contexto, en el otoño de 2003, Vivendi intenta hacerse con el control de Maroc Télécom incrementando su participación desde el 35% que detenta desde 2001 hasta el 51%, y la RTM ya está controlada por el grupo franco-español Altadis desde junio de 2003. En el pujante sector de la telefonía móvil, Telefónica lleva años como segundo operador a través de la compañía hispano-marroquí Meditel, en un país que entre fines de 1999 y julio de 2000 pasó de 200.000 a 1,26 millones de móviles. En parecidos términos, el 1 de octubre de 2003 el Banco Marroquí de Comercio Exterior (BMCE) anunciaba la próxima cesión del 20% de su capital al grupo francés Caisse d’Épargne, operación admitida por las autoridades monetarias marroquíes que autorizan así el deseado estrechamiento de vínculos entre ambas instituciones financieras.
Por otra parte, la firma Renault se dispone a adquirir el 38% del capital de la constructora de automóviles marroquí Somaca, hasta ahora controlada por el Estado, y tiene previsto construir 30.000 vehículos económicos por año, de los que 15.000 estarían destinados al mercado local. La participación española en esta dinámica interna marroquí, que ya es importante como tercer inversor tras Francia y EE UU pero que desea serlo aún más, será revisada en la Reunión de Alto Nivel (RAN) prevista en Rabat en los días 8 y 9 de diciembre de 2003, y que será dirigida por Aznar y Jettú.
El perfil empresarial de este último ofrece expectativas para los operadores españoles, quienes ya tuvieron ocasión de valorar en profundidad el avance de las reformas durante la visita que realizó a Marruecos una delegación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) el 24 de enero de 2003, encabezada por su presidente José María Cuevas. En el sector energético, en el que Marruecos es fuertemente deficitario, a partir de 2001 las reformas mineras y fiscales empezaron a despertar el interés de compañías como Cepsa, TotalFinaElf, Shell o Agip por la realización de prospecciones en la costa atlántica mientras que la estadounidense Conoco ha explorado, también en 2001, tanto aguas mediterráneas como, ya en tierra, zonas del Rif y la cuenca del Bechar.
Mauritania, un papel que desempeñar
El 14 de mayo de 2003 Francia reducía la deuda de Mauritania en 36 millones de euros, siguiendo las recomendaciones del Club de París que indican que los recursos obtenidos por el gobierno por la condonación de deuda deben financiar los proyectos de lucha contra la pobreza, verdadera prioridad para este miembro de la UMA y para la que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedía el 18 de julio un préstamo de 8,8 millones de dólares.
Junto a este marco tradicional de subsistencia, el régimen del presidente Maauiya Sid Ahmed Uld Taya ha tratado de aplicar una modernización “a la tunecina”, consolidando una clase media que se pueda convertir en elemento moderador y de desarrollo. Por otro lado, en los últimos años, el país se dibuja progresivamente como un atractivo destino para los inversores tras el descubrimiento a fines de 2001, por la petrolera australiana Woodside, de importantes reservas de petróleo en sus aguas, y se espera que producirá su primer barril de crudo a más tardar el tercer trimestre de 2005. Sus reservas probadas alcanzan ya los 100 millones para cada uno de los dos principales campos offshore, Chinguetti y Banda, operados, respectivamente, por Woodside con otra compañía también australiana, Fusion Oil and Gas, y por la británica Dana.
En la creación más que privatización del sector pesquero mauritano España tiene un papel que jugar. La visita a Nuakchott de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, el 14 de enero de 2003, permitió estudiar áreas de cooperación que luego fueron profundizadas durante la visita de Estado del presidente Uld Taya a Madrid del 1 al 3 de julio de 2003, durante la que se decidió elevar al máximo nivel el rango de las relaciones bilaterales.
Túnez, de economía endeudada a economía de mercado
Con Túnez tanto la reunión del Diálogo Económico UE-Túnez, celebrada en Bruselas el 9 de julio de 2003, como la cuarta sesión del Consejo de Asociación UETúnez, en septiembre, han servido para pasar revista a la situación económica del país en general y al estado de las privatizaciones en particular. Este país, que fue el primero en firmar su Acuerdo de Asociación bilateral con la UE, el 17 de julio de 1995, daba a principios de 2002 buenos resultados en el terreno empresarial: el programa de reestructuración de la industria tunecina establecía que, de 1.043 entidades económicas censadas, 543 estaban ya homologadas con las exigencias exteriores.
Por otro lado, Túnez ha utilizado partidas de fondos MEDA para acometer reformas en términos de privatización, de desreglamentación del transporte marítimo o de reformas del sector financiero. Entre 1987 y fines de 2000, se habían privatizado o reestructurado por completo 136 empresas, y 27 sólo de forma parcial, quedándole aún por delante privatizaciones a realizar en sectores como las obras públicas, el turismo, el transporte, las comunicaciones o los servicios financieros. Así, a pesar de estos atractivos resultados, Túnez debe acelerar el ritmo de sus reformas –incluidas las privatizaciones y modernización de la red bancaria– para asegurar que el crecimiento no se vea condicionado por el contexto externo, siendo este uno de los objetivos prioritarios del X Plan de Desarrollo (2002-2006).
En términos globales la economía tunecina está pasando de ser una economía endeudada a una de mercado, tal y como lo establece el último informe anual del banco central de Túnez (BCT), presentado el 6 de agosto de 2003 por su gobernador, Mohamed Dauas, que también destaca la opinión del FMI sobre el mantenimiento de la confianza internacional en este país magrebí. En el sector energético, Túnez es un productor muy modesto y, por ello, muy vulnerable ante las agresivas políticas de sus vecinos argelino y libio para atraer inversiones, pero ello no le impide abrirse también a los inversores extranjeros. Junto a la italiana ENI, presente tradicionalmente en el país, compañías como la estadounidense Pioneer Natural Resources vienen expandiendo sus actividades de exploración, que representaron 86 millones de dólares en 2000 y 120 millones en 2001.
Las relaciones con España son modestas pero también prometedoras, tal y como quedó de manifiesto durante la V Reunión bilateral de Alto Nivel (RAN), presidida por el presidente Aznar y el primer ministro Mohamed Ghannuchi el 15 de enero de 2003, en la que se exploraron fórmulas para ampliar las relaciones económicas hoy sólidas en algunos sectores como lo ilustra el despliegue de nueve importantes cadenas hoteleras españolas.
Las autoridades tunecinas propician a través del Foro de Cartago, una ronda anual de negocios que se celebra desde 1999 y organiza el ministerio de Desarrollo y Cooperación y la agencia de Promoción de Inversiones Exteriores (FIPA), y con la prevista apertura antes de fines de 2003 de una oficina de promoción de inversiones en Madrid –similar a otras abiertas en Milán, París, Colonia, Londres, Bruselas y Chicago– la presencia inversora en su país que aproveche las oportunidades brindadas, entre otros, por el proceso de privatizaciones en marcha.