La apertura a la competencia de los mercados del gas en la Unión Europea (UE) y la creciente demanda de esta fuente de energía abren nuevas oportunidades para los exportadores de gas de la orilla sur del Mediterráneo. Los intereses de los países de ambas riberas son complementarios: los del Norte tienen cada vez más necesidad de energías primarias, especialmente de gas natural, y los del Sur necesitan inversiones de capital y transferencia de tecnologías. Sobre esta base y con el objetivo de establecer una colaboración económica más intensa y duradera en el ámbito mediterráneo, se ha establecido el Foro Euro-Mediterráneo de la Energía a partir de la Declaración de Barcelona de noviembre de 1995.

Desde aquella fecha se ha producido un cambio sustancial en el marco regulador de los mercados energéticos en Europa. Las directivas para la liberalización de los mercados del gas y de la electricidad, cuyo proceso de aprobación requirió cerca de 0 años, han sido recientemente superadas por una legislación que ya impone fechas definitivas para la apertura de esos mercados y una serie de medidas para facilitar el acceso efectivo de nuevos operadores y la transparencia e imparcialidad en la gestión de las infraestructuras.

Pero el escenario ha cambiado también para los países exportadores de gas que no están afectados directamente por la nueva legislación europea. Obligados a negociar antes con un único comprador de gas en cada mercado nacional, se encuentran ahora con un amplio número de clientes potenciales, tienen acceso a los consumidores finales bien directamente o a través de empresas conjuntas y, no menos importante, encuentran un mercado como el de generación eléctrica a gas, que tiene excelentes expectativas de desarrollo a corto plazo.

El mercado español

El caso del mercado español de gas natural es un ejemplo claro de esta nueva situación. España se ha adelantado en el proceso de liberalización, ya que desde enero de 2003 todos los consumidores de gas pueden elegir suministrador y, a parte de los cerca de 30 suministradores con licencia, hay ya ocho operativos y una competencia efectiva entre ellos para captar clientes.

Por otro lado, el mercado español está cerca de las fuentes de suministro del norte de África y cuenta con varias plantas de recepción de gas natural licuado (GNL) en la costa mediterránea, con un gasoducto que atraviesa el estrecho de Gibraltar, cuya capacidad de transporte habrá aumentado sensiblemente el año que viene, y con un proyecto de gasoducto directo desde el norte de Argelia que podría estar operativo en el año 2006. A todo esto, hay que añadir el gran potencial de crecimiento del mercado español: el volumen de consumo actual podría duplicarse en una década y la demanda de gas para generación eléctrica está previsto que represente una cuarta parte del total.

Por otro lado, el legislador español no ha ahorrado medidas para hacer efectivo el derecho de los consumidores a elegir suministrador, ya sea limitando los derechos del principal operador del mercado mediante un tope legal a la cuota de mercado, o mediante la imposición de una obligación de reventa a nuevos operadores de parte del gas que ya tenía contratado, además de imponerle la desvinculación de propiedad de la empresa gestora de la infraestructura gasista. Pero, consciente de la situación de dependencia plena del suministro exterior de gas, también se ha exigido que el volumen de las importaciones de gas que provengan del mismo país no supere el 60% del total.

Este último requisito puede parecer discriminatorio para nuestro principal suministrador, Argelia.Pero en realidad, no tiene ese efecto porque, de cumplirse los pronósticos de crecimiento del consumo de gas natural en España, Argelia podría duplicar en diez años el volumen de gas que vende actualmente a nuestro país. La seguridad de suministro de gas no es sólo una preocupación de la autoridad de la energía en España, sino también en el resto de Europa, a la vista del aumento de la dependencia del exterior, que se estima que pasará del 40% actual al 60% al final de esta década. Éstas autoridades consideran que, junto a la necesidad de almacenamiento y de diversificación de suministradores, la apertura de los mercados y el refuerzo de la cooperación entre proveedores y suministradores serán las medidas más eficaces para asegurar un abastecimiento sin interrupciones y a largo plazo.

Las reglas del nuevo mercado

Los países suministradores que, paralelamente, hablan de “seguridad de demanda”, pueden tener el convencimiento que un entorno de mercado liberalizado y una fuente de energía competitiva son las condiciones más adecuadas para asegurar que haya demanda de gas ahora y en el futuro. Pero han de ser conscientes, también, que el cambio en el entorno de mercado impone una revisión del modus operandi tradicional, que se debe ajustar a las características de este nuevo mercado de demanda. Una de estas características es la aparición de un nuevo perfil de cliente, el generador eléctrico, que va a acaparar buena parte del crecimiento de la demanda de gas.

Pero para que el gas sea competitivo en generación eléctrica, quizás necesite distinto tipo de indexación de precio, más vinculado al precio de venta de la electricidad que al de los derivados del petróleo, que ha sido la práctica habitual. En este nuevo mercado de demanda, también cambian las necesidades de los compradores tradicionales. Éstos necesitan un mayor grado de flexibilidad en los compromisos de retirada gas, porque ya no operan amparados por una concesión administrativa y no tienen la misma certeza que se tenía sobre la dimensión de su mercado y sobre el ritmo de consumo.

Otra de las características del nuevo escenario de demanda es el distinto ámbito geográfico del mercado. La UE ya no es un conjunto de mercados delimitados por fronteras geográficas, sino un mercado único con libre circulación de servicios y productos. Las cláusulas de destino de los contratos tradicionales, por las que el gas objeto del contrato sólo podía venderse en un mercado determinado, no tienen sentido en el entorno actual, ni son admitidas por la autoridad europea. Por otro lado, en este nuevo entorno es más difícil la financiación de proyectos. Los contratos de compra de gas a largo plazo han sido el instrumento que ha dado garantías a las entidades financieras y ha permitido el flujo de recursos a costes competitivos para los grandes proyectos de infraestructuras que se han llevado a cabo en las últimas décadas.

Aunque esté en la mente de todos el mantenimiento de este tipo de contratos, la competitividad del mercado debilita la “seguridad de demanda” de un comprador determinado, que no del mercado en su conjunto, por lo que habrá que encontrar nuevos medios de cooperación entre las partes que permitan mantener la confianza de la comunidad financiera. Otra de las nuevas características del mercado actual es la necesidad de una cartera de contratos equilibrada. Los contratos a largo plazo deben evolucionar hacia auténticos contratos de compraventa, otorgando libertad de disposición del producto al comprador y ajustándose más a sus necesidades específicas.

La combinación de contratos de distintos orígenes con distintas fórmulas de precio y programas de entrega, permitirá al comprador operar con éxito en mercados muy competitivos. Si éstas son las principales exigencias del nuevo entorno en el mercado del gas, los suministradores que más se ajusten a ellas serán quienes mejor “aseguren su demanda”, y los exportadores mediterráneos están en buenas condiciones de hacerlo por su cercanía a los mercados de mayor potencial de crecimiento y por la flexibilidad de sus medios de suministro.

Parece que la política de la UE hacia los países del sur del Mediterráneo va a contribuir a facilitar esta evolución y a desarrollar el gran potencial de crecimiento que tiene el comercio de la energía en la cuenca del Mediterráneo. Esta política, expresada en la declaración de ministros del Foro Euro-Mediterráneo de mayo de 2003, apuesta claramente por la colaboración en el ámbito de la energía, la ejecución de proyectos de infraestructuras de interés común, el establecimiento de mecanismos que faciliten su financiación y la puesta en práctica de una política energética común. Hay razones para pensar que esta manifestación de voluntad política se verá acompañada de medidas concretas a corto plazo y la próxima reunión de este Foro en Roma, en diciembre, puede confirmar algunas de estas medidas.