Las incertidumbres de la transición democrática en los países árabes: el caso de Túnez

¿Dudas o certezas sobre las veleidades del proceso de democratización?

Mourad Allal pertenece a la sociedad civil euromediterránea

En dos informes sucesivos sobre el mundo árabe, el PNUD subraya la evolución negativa que conoce esta región del mundo. Este análisis realizado por unos 40 intelectuales árabes destaca sobre todo “un déficit democrático alarmante, una triste condición de la mujer y una sociedad del saber que se hunde”. En un mundo en pleno cambio, bajo el doble efecto de la globalización/regionalización, ningún país, ningún régimen y ninguna sociedad de este mundo árabe parece salvarse de esta regresión.

Sin embargo, al escuchar a los representantes de los Estados implicados y a sus aduladores, “los procesos de modernización y de democratización están en marcha y la transición democrática no tardará en hacerse realidad”. Entonces, ¿cómo se puede interpretar este grito de alarma lanzado por “árabes hacia los árabes” para que esta tendencia total hacia el aislamiento se detenga y pueda producirse un impulso? ¿Cómo negar que la sociedad árabe, sea “civil” o “del saber”, sigue siendo totalmente virtual, constreñida, encadenada o balbuciente? ¿Cómo ignorar la condición reservada a las mujeres árabes? ¿Cómo callar el verdadero amordazamiento que sufren la expresión y la producción cultural en nuestros países? ¿Cómo cerrar los ojos ante los riesgos, supuestos o reales, de la amenaza terrorista en esta región? ¿Cómo…? ¿Cómo? ¿Y cómo…? ¿Caemos en la autoflagelación o en la crítica destructiva al plantearnos estas preguntas (entre otras) y al hacer nuestras las conclusiones de este informe del PNUD? ¡Desde luego que no!

Por supuesto, no nos contentamos con esto, sino que por el contrario adoptamos la postura de enfrentarnos a los desafíos del examen lúcido sin complacencia ni exageración con el objetivo de contribuir –cada cual a su nivel y desde su lugar– a aportar elementos para responder a esta situación intolerable. El primero de estos análisis se refiere a la cuestión (no suficientemente analizada, según nuestro punto de vista) de la transición democrática en nuestros países.

A riesgo de caer en la esquematización, podemos admitir que las tendencias de más peso van en esa misma dirección; y ello, pese a que las situaciones de cada país exigen –evidentemente– que el discurso y las observaciones sean apropiados y matizados. Nos parece que cuando se habla de transición democrática, se admite de forma implícita que se hace referencia a un proceso complejo encaminado a que una sociedad no democrática evolucione hacia una democrática.

Si las palabras tienen un sentido comúnmente admitido, esto quiere decir que se acepta la referencia a un corpus de valores y fundamentos que se pueden calificar de logros democráticos entre los cuales figuran, en concreto, la existencia de instituciones democráticas que aseguran el liberalismo político y la alternancia, una justicia independiente que garantiza la igualdad de todos ante la ley, una prensa libre… De forma perfectamente unánime, los regímenes árabes se refugian detrás del rechazo a un modelo que es ajeno a nuestra historia y a la evolución de nuestras sociedades.

Este rechazo del modelo occidental está motivado por:

– en el plano interno, el peso de la colonización (todos los países árabes fueron descolonizados desde hace más de medio siglo) y por las ataduras religiosas y culturales;

– en el plano externo, por los peligros del terrorismo internacional y los grandes desafíos que imponen la globalización/ regionalización sin olvidar el agitar, de tanto en cuanto, el fantasma israelí (objeto de una determinación excesiva que enfrenta incluso a los propios palestinos).

Para acompañar este rechazo, los regímenes árabes se han apropiado del discurso (y, por lo general, sólo del discurso) democrático para… prometer “evolucionar a su ritmo” y según sus “planes” hacia ese modelo democrático concreto. De acuerdo, y, mientras tanto, ¿qué ocurre? Como dice de forma muy acertada Mohamed Harbi, por el momento resulta exagerado hablar de transición democrática en los países árabes; se asiste, como mucho, a períodos de apertura política o, más exactamente, de “menor presión autoritaria” (que, en realidad, corresponden a operaciones de supervivencia).

La multiplicación de estos períodos de apertura (bajo unos efectos internos y externos) muestran –es cierto– que la relación Estado-ciudadano sólo puede ser regulada en función de los fundamentos democráticos. Pero los logros (en ocasiones a un precio exorbitante) siguen siendo frágiles y reversibles. A este respecto, Túnez es un caso ejemplar.

El caso de Túnez

Túnez, uno de los pocos países que ha salido de la colonización con una república civil (todos los demás, salvo Líbano, se dividen entre reinos con legitimidad religiosa o repúblicas bajo la protección de la institución militar), era el que más podía aspirar a “un despegue rápido” hacia la modernidad. Con la aureola dada por la legitimidad de su liderazgo en la lucha por la independencia, el presidente Habib Burguiba supo –al principio de su régimen– imponer unas reformas y realizar progresos sociales indiscutibles e indiscutidos que constituyen –en lo esencial– la base de los logros democráticos del Túnez contemporáneo (código del estatuto personal, preponderancia de la educación y de la sanidad pública, importancia de las transferencias sociales en relación al PIB…).

El aparato estatal que puso en marcha se apoyó exclusivamente en un partido tentacular y omnipotente, el Partido Socialista Desturiano (PSD). Convencido de que el destino de Túnez se confundía con el suyo, Burguiba se oponía ferozmente a toda forma de democracia política o de multipartidismo.

La regulación política se realizaba a través de sus propios arbitrajes, por un lado, y a través de una política social bien estructurada, por otro. Las orientaciones económicas pueden variar (hemos pasado sin sufrir daños de un sistema de tipo socializante a uno extrovertido de tipo liberal/ estatal, con prácticamente la misma clase política); los ingredientes siguen siendo invariables (“el combatiente supremo”, el PSD y una política social de regulación). Poco a poco, el desgaste del poder personal y errático de Burguiba hizo que se evaporara esta legitimidad histórica que el Estado-Burguiba-PSD podía invocar.

El recurso al ejército en tres ocasiones (entre enero de 1978 y enero de 1984) terminó por dar la razón a aquellos que, desde la oposición o dentro del PSD, reclamaban una apertura democrática más consecuente que los simples “gestos” que Burguiba y el PSD (completamente ausente a lo largo de las crisis) terminaron por admitir a través del reconocimiento o la legalización de algunos partidos. Es importante señalar que, a lo largo de este periodo, las elecciones de 1981 castigaron fuertemente –según confesión de quienes estuvieron al cargo– al partido en el poder. El largo final del reino de Burguiba estuvo marcado por su destitución por parte de su primer ministro de la época, Zine El Abidine Ben Ali.

Haciendo suyas la mayoría de las reivindicaciones democráticas de la oposición y de la incipiente sociedad civil, los nuevos líderes admitieron que el “tiempo en que el pueblo tunecino era considerado como menor de edad” había quedado atrás. Por lo tanto, era totalmente legítimo que este pueblo aspirase a una transición de un sistema de partido único a una forma de pluralismo político que había que inventar.

Para lograrlo, Ben Ali negoció un “pacto nacional” con todos los componentes políticos existentes y prometió elecciones libres y transparentes; combatir las desigualdades sociales y regionales; acabar con todas las formas de domesticación de que eran objeto las organizaciones sindicales (obreras y estudiantiles); y garantizar la libertad de expresión y de asociación. Hay que tener realmente mala fe para negar hoy que la aplastante mayoría de la elite y de las expresiones políticas se sumaron o apoyaron este proyecto. Hay que decir que el proceso de relegitimación así comenzado conoció un indudable éxito inicial.

Apoyándose en los logros del período de Burguiba en materia de modernización social, los nuevos dirigentes supieron aprovechar una coyuntura económica favorable para, en el plano económico, realizar los equilibrios exigidos por el plan de ajuste estructural dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en el plano social, proseguir y ampliar la política de regulación (sobre todo a favor de las regiones dejadas de lado en la era Burguiba). Pero fue en el plano político donde las expectativas quedaron rápidamente defraudadas.

Al rehabilitar el partido desturiano (transformado en unión constitucional) y al aprovechar el primer pulso con los islamistas para adoptar una estrategia frontal de represión (que más tarde se extendió a otros componentes, en especial, de la izquierda radical), Ben Ali inició un proceso que, aunque condujo a una relativa estabilidad, muy en boga sobre todo tras el 11 de septiembre de 2001, ha hecho surgir progresivamente dudas sobre las veleidades de democratización mostradas tras el 7 de noviembre de 1987. ¿Se han transformado estas dudas en certezas? ¿Cuál es hoy la situación? ¡Juzguen ustedes!

  • En el plano interior

Las elites y los partidos de la oposición democrática (que, recordémoslo, habían adoptado un apoyo crítico) toman unos tras otros sus distancias respecto al poder y concretamente alegan:

– Que el régimen no tolera ninguna voz discordante y que la situación de los derechos humanos en Túnez es de las más preocupantes.

– Que frente al poder, que se apoya en un Estado-partido omnipotente, la sociedad civil es objeto de una división y control sistemático.

– Que al desarrollar una impresionante diplomacia de instrumentalización de los derechos humanos, el régimen del presidente Ben Ali y su partido, la Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), manifiestan en realidad una intolerancia y una agresividad poco comunes hacia toda iniciativa autónoma, todo movimiento contestatario o disidente, y hacia los defensores de los derechos humanos y las asociaciones independientes que éstos dirigen.

Tras la contestada reforma de la Constitución que permite al presidente presentarse a un nuevo mandato o incluso dos, los miembros de la oposición dudan si participar en estas elecciones dado que les parecen totalmente decididas de antemano. Algunos consideran incluso que el régimen “ha perdido toda legitimidad” en el sentido democrático de la palabra. Una afirmación que, desde nuestro punto de vista, requiere ser debatida. En el plano económico y social, la oposición aumenta y supera ampliamente el marco tradicional de desacuerdo sobre las políticas adoptadas para cuestionar unas tendencias supuestas o reales en materia de corrupción y nepotismo. No obstante, esta última afirmación debe matizarse ya que la intervención del Estado sigue siendo consecuente. En materia de gasto público y de transferencias sociales, Túnez se sitúa en el pelotón de cabeza de los países del Tercer Mundo.

  • En el plano exterior

Durante largo tiempo inhibida por la fascinación que ejerce “el modelo tunecino” y la estabilidad de este pequeño país encajonado entre el turbulento vecino libio y Argelia, que debe hacer frente a unos sobresaltos que no terminan nunca, la opinión pública internacional está evolucionando. Cada vez más observadores y dirigentes (incluso entre sus más firmes aliados) no dudan en ofrecer públicamente a sus amigos tunecinos consejos reiterados a favor de reformas democráticas que siguen pendientes.

Aunque atenuadas por las consecuencias de la paranoia de inseguridad, las presiones que sigue ejerciendo la Unión Europea (en virtud del acuerdo de asociación) no pueden cesar, ya que desde esta orilla del Mediterráneo se teme por la estabilidad interna (a medio plazo) de Túnez ante unas consecuencias que no dejarán de suscitar la liberalización económica impulsada y, muy especialmente, las consecuencias de la apertura de las fronteras para la situación del empleo… Esta aseveración puede parecer dura para unos y edulcorada para otros. Sin embargo, corresponde a una lectura que puede ser discutida o contestada pero que pretende ser serena y lo más objetiva posible.

Estamos convencidos de que Túnez dispone de bazas nada despreciables, empezando por sus hombres y mujeres que pueden pese, o más exactamente, gracias a sus diferencias, aportar sus contribuciones específicas para que la puesta en órbita democrática de su país sea una realidad efectiva. La responsabilidad del poder en Túnez (donde el equilibrio de poderes está lejos de estar garantizado) es ampliamente comprometida. La institucionalización de la esfera política que haga posible –si los tunecinos así lo desean– una alternancia democrática debe convertirse en una realidad.

La responsabilidad –aunque a otro nivel– de las elites también lo está. Deben desmarcarse de forma clarividente y audaz para volver a apropiarse de un futuro necesariamente democrático. La oposición democrática también tiene la suya: la de impedir que el ciudadano tunecino dé la espalda a los valores que fundamentan el Estado de Derecho y la democracia, proponiéndole una alternativa perceptible y creíble. Todos debemos asumir nuestras responsabilidades. De ello depende la legitimidad democrática de cada parte. De ello depende el futuro de nuestro amado país.