La política exterior española

El papel de España y de la Unión Europea en el conflicto del Líbano y el problema de la inmigración irregular son dos grandes asuntos de la política exterior española.

ENTREVISTA a Miguel Ángel Moratinos por Senén Florensa y Darío Valcárcel

En los últimos meses la actualidad española ha estado dominada por el conflicto en Líbano y Gaza y por la llegada incesante de inmigrantes subsaharianos a Canarias. Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación analiza en esta entrevista ambos problemas y su repercusión en las relaciones euromediterráneas.

AFKAR/IDEAS: ¿Considera que la Unión Europea (UE) ha ganado peso en el desenlace, por precario que sea, con el cese de hostilidades entre Israel y Líbano? ¿Qué papel pretende desempeñar España con su participación en la FINUL?

MIGUEL ANGEL MORATINOS: La UE y sus miembros han sido decisivos en la elaboración y aprobación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad y han asumido sus responsabilidades como principales garantes del cese de hostilidades en la región con un importante contingente militar en la ampliación de la FINUL. España ha sido uno de los países que ha contribuido con mayor número de fuerzas al despliegue de esta operación, 1.100 efectivos. Se puede decir que a partir de este momento, la UE ha superado su papel tradicional de proveedor de fondos y ha pasado a consolidarse y fortalecerse como influyente actor político y en materia de seguridad en Oriente Próximo. En cuanto a España, el principal objetivo del gobierno es contribuir a la estabilización de la región y a la consecución de la paz. La resolución 1701 y la ampliación de UNIFIL serán elementos fundamentales en un proceso que debería llevarnos a un alto el fuego definitivo, a la pacificación de la zona fronteriza, al establecimiento de medidas de confianza y a unas negociaciones entre las partes que desemboquen en acuerdos de paz. Estamos convencidos de que nuestra presencia es un fuerte estímulo a la consecución de estos objetivos.

A/I: ¿Qué espera como responsable europeo y ministro español en lo que queda de 2006?

M.A.M.: La Resolución 1701 establece una serie de objetivos, define unas responsabilidades y fija unos medios y unos mecanismos para llevarlos a cabo. El grado de eficacia se demostrará a medida que se vayan cumpliendo dichos objetivos. Soy optimista al respecto, puesto que las partes y países vecinos se han comprometido a actuar a favor de su aplicación armónica y pacífica, lo que de hecho se está manifestándo sobre el terreno, con el despliegue paulatino de la FINUL y la retirada israelí del sur del Líbano.

A/I: ¿Contribuirá esta crisis a reforzar el papel del gobierno libanés y de su ejército y a la desmilitarización progresiva de las milicias?

M.A.M.: La presencia de las fuerzas armadas libanesas en el sur del Líbano y en su perímetro fronterizo constituye, sin duda, un elemento que contribuye a reforzar la autoridad del gobierno libanés en todo el territorio. Es una de las consecuencias más positivas de la Resolución 1701. Cabe esperar que este reforzamiento tenga un impacto positivo sobre la consolidación del cese de actividades militares de las milicias e impida su rearme. Sin embargo, debo añadir que hay un amplio consenso en torno a que la solución definitiva a este problema es de naturaleza política y no militar, por lo que será conveniente que se produzcan avances en el llamado diálogo nacional interlibanés impulsado por el primer ministro, Fuad Siniora.

A/I: La crisis del Líbano ha puesto de manifiesto algunas diferencias entre España e Israel. ¿En qué estado se encuentran las relaciones bilaterales?

M.A.M.: Son buenas y están plenamente consolidadas. La prueba es que, a pesar de las diferencias puntuales que existieron durante las hostilidades en Líbano, las relaciones siguen desarrollándose sin impedimento alguno. Durante mi reciente visita a Israel donde me entrevisté con el primer ministro, Ehud Olmert, y los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, pude comprobar la estabilidad y solidez de nuestras relaciones. Esto es especialmente significativo en este año en el que conmemoramos el vigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

A/I: ¿Es posible un mayor papel de la UE en el desbloqueo de las relaciones entre el gobierno israelí y el gobierno elegido por los palestinos?

M.A.M.: Como he dicho, la UE está consolidando y ampliando su papel como actor destacado en la región. Desde hace un año contamos con una misión de observación europea en el puesto fronterizo de Rafah en Gaza y hemos facilitado contactos y gestiones entre las partes. Esperamos que el presidente Abu Mazen pueda formar un gobierno de unidad nacional con una plataforma política que refleje los principios del Cuarteto. Ello permitiría la normalización de las relaciones con la comunidad internacional y crearía unas condiciones más favorables a la reanudación de los contactos entre israelíes y palestinos que podrían desembocar en un verdadero proceso negociador. Es evidente que, con una capacidad de interlocución reforzada, tanto la UE como sus Estados miembros, entre ellos España, trabajarán con renovadas energías para avanzar en el camino de la paz.

Inmigración

A/I: Hablemos de inmigración: la llegada de inmigrantes a Canarias no cesa. Además, el gobierno ha reconocido que los esfuerzos para aplicar los acuerdos de repatriación a cambio de ayuda económica a Senegal y otros Estados implicados en el tráfico clandestino de personas están siendo infructuosos. De los problemas de raíz, ¿cuál o cuáles destacaría?

M.A.M.: Aunque es cierto que el flujo de inmigrantes irregulares no se ha interrumpido totalmente, en las últimas semanas se está produciendo una notable ralentización de las llegadas, que nos hace mirar con mayor optimismo al futuro. No tengo ninguna duda de que esta disminución de los flujos tiene que ver con el enorme esfuerzo político, diplomático y operativo desarrollado por el gobierno español en estos meses para prevenir la salida y conseguir la readmisión de inmigrantes irregulares. En este punto me permito recordar algunos avances significativos: la mayor vigilancia de las costas de Mauritania y Marruecos, y Senegal, que ha impedido la salida de miles de inmigrantes, así como las numerosas repatriaciones en marcha a países que en los últimos años se habían resistido a aceptar vuelos especiales desde países europeos.

A/I: La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho que “España no tolerará más inmigración ilegal”. ¿Qué medidas aplicarían?

M.A.M.: Creo que la vicepresidenta ha expresado en el lenguaje más claro posible la firme voluntad del gobierno de utilizar todos los instrumentos legales y administrativos a su alcance para luchar contra la inmigración irregular y el tráfico de personas. No es éste el momento de enumerar estos instrumentos, pero sí quiero subrayar que hablamos de una política integral de gestión de la inmigración, que incluye por tanto no solo medidas de control de fronteras y de lucha contra las mafias, sino también de prevención del empleo irregular de inmigrantes en nuestro país y de la apertura paralela de vías para que la contratación legal de trabajadores extranjeros se ajuste de manera flexible a las demandas del mercado laboral español.

A/I: Por el momento gran parte del esfuerzo se dedica a aspectos securitarios. ¿No sería necesario destinar más esfuerzos a la cooperación, a promover el desarrollo en los países de origen de la inmigración? ¿Cómo puede la UE ayudar en este sentido?

M.A.M.: En el caso de las últimas avalanchas de inmigrantes subsaharianos a Canarias hubiera sido irresponsable que el gobierno no hubiera prestado una atención especial a lo que usted denomina “aspectos securitarios”, es decir, a la prevención de las salidas desde las costas africanas y a la repatriación de los inmigrantes irregulares. Ante una crisis como la actual, nuestra obligación prioritaria es evitar la pérdida de vidas humanas, garantizar una acogida humanitaria a los inmigrantes acorde con los estándares europeos y responder a la justificada alarma generada en la sociedad española, sobre todo en Canarias, una región que tiene en el turismo uno de los pilares de su economía. Ahora bien, lo que el gobierno español persigue, como he expuesto en el Parlamento, no es solo resolver la crisis actual, sino crear las condiciones para que este tipo de actuaciones no vuelva a repetirse.

Y ello exige, obviamente, atender también a los factores estructurales que alimentan la propensión a emigrar, entre otras la falta de perspectivas económicas para la joven población africana. Éste es el objetivo que inspira la estrategia de España, con un triple frente, europeo, euroafricano y bilateral. En el ámbito europeo, es de justicia reconocer que España ha sido la principal impulsora, empezando en la reunión de Hampton Court, de la toma de conciencia de la UE sobre el desafío de la inmigración africana, plasmado, entre otras cosas, en la nueva estrategia de la UE para África, en el Enfoque Global sobre las Migraciones Africanas, o en la puesta en marcha del diálogo bilateral con países subsaharianos, según el artículo 13 de Cotonou.

En el ámbito regional, España y Marruecos han promovido, en el marco de la Conferencia de Rabat, la creación por primera vez de un partenariado entre países de origen, de tránsito y de destino de los flujos migratorios subsaharianos, que permita abordar todas las dimensiones del fenómeno migratorio entre África occidental y la UE, sobre la base de la corresponsabilidad y de la promoción de las sinergias entre migración y desarrollo.

En el ámbito bilateral el gobierno ha puesto en marcha dos iniciativas de alcance estratégico: el Plan África 2006- 08, que sitúa por primera vez África occidental y central entre las prioridades de nuestra política exterior, incluyendo la política de cooperación al desarrollo y la elaboración de un nuevo modelo de Acuerdo de Cooperación Migratoria con países subsaharianos, que incluye una visión integral y cooperativa de la inmigración, desde la lucha contra la inmigración ilegal y la readmisión hasta la integración y el retorno voluntario y asistido, pasando por la migración legal y las acciones de asistencia técnica y de codesarrollo. En suma, contamos con una estrategia global para afrontar el reto de la inmigración. Y aunque es un fenómeno complejo, que no admite soluciones mágicas, estamos viendo los frutos de nuestro esfuerzo.

A/I: Un dato a tener en cuenta: la llegada de 20.000 o 30.000 inmigrantes a Canarias es espectacular. Pero las grandes cifras, ¿no dependen más de las entradas por aeropuertos?

M.A.M.:En efecto, en contra de una opinión muy extendida, los inmigrantes subsaharianos representan una proporción muy modesta de la población extranjera censada en nuestro país (en torno a 130.000 frente a 3,8 millones de extranjeros). Y si descontamos el repunte de los últimos meses, que tiene un claro componente coyuntural, los datos de los últimos cinco años no indican una aceleración de las entradas irregulares de subsaharianos en relación con los inmigrantes de otras regiones del mundo. Sin embargo, la inmigración subsahariana tiene dos características que explican su extraordinario impacto mediático. En primer lugar su llegada está rodeada muchas veces de circunstancias trágicas, como fueron los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, o las llegadas de cayucos a Canarias. En segundo lugar, la entrada de los que llegan en cayucos o pateras se produce de manera irregular, vulnerando de manera flagrante las leyes españolas de extranjería. En el caso de los inmigrantes que entran por los aeropuertos o los pasos fronterizos, la irregularidad suele ser sobrevenida, se produce por la prolongación indebida de su estancia en el país. Estos factores, a los que añadiría el riesgo migratorio que representa para Europa en el futuro la persistencia de la pobreza y del subdesarrollo en el continente africano, justifican que el gobierno preste una atención especial a la inmigración africana en el marco de su política migratoria y de cooperación al desarrollo.

Relaciones con el Magreb

A/I: ¿En qué medida afecta a España el que todavía no exista un verdadero mercado regional magrebí?

M.A.M.:Por numerosas razones (situación geoestratégica, potencial económico y comercial, presencia de importantes comunidades magrebíes en países europeos, ser frontera exterior de la UE…) el Magreb es para España un socio imprescindible. España, y por tanto, Europa, están a solo 14 kilómetros de Marruecos, si no contamos la frontera terrestre con Ceuta y Melilla, pero cada uno de esos kilómetros representa un punto en el diferencial de renta (15 a 1) entre ambas orillas, el máximo entre fronteras en el mundo. El Magreb, por tanto, es inevitablemente una región prioritaria para España y su estabilidad y prosperidad son objetivos fundamentales de nuestra acción exterior.

Para alcanzar esa prosperidad y desarrollo sociopolítico es esencial avanzar en las medidas de integración regional. Hay que tener en cuenta que menos del 3% del comercio exterior de esos países es comercio intrarregional. Para España (y para Europa), el No Magreb, la ausencia de una verdadera integración magrebí, supone un coste en términos de retos insatisfechos y oportunidades desaprovechadas. Entre los primeros no hay que descartar las posibilidades de una desestabilización regional o de un empeoramiento de la situación económica, que se oponen a los beneficios que dejan de percibirse por falta de una integración regional, como el aumento del comercio y las inversiones, mayor estabilidad, desarrollo de las sociedades civiles y, en suma, la construcción de un espacio de paz, seguridad y prosperidad compartidas.

A/I: En este sentido, ¿cree que la nueva política de vecindad impulsará las relaciones euromagrebríes o supondrá un partenariado a varias velocidades? ¿Es posible ponerla en marcha mientras Argelia y Marruecos no cambien sus relaciones?

M.A.M.: Para nuestros vecinos magrebíes la UE es el principal socio económico y comercial, el primer donante de ayuda al desarrollo y el primer inversor. El Proceso de Barcelona y, en concreto, la nueva política europea de vecindad (PEV), permitirán encauzar e impulsar el tipo de relación que España y la UE tienen como objetivo compartido con los países del Magreb. Éstos tienen un gran interés por alcanzar una relación privilegiada con Europa, aunque con diferente intensidad según los países. Tres de los cinco países del llamado Gran Magreb son miembros del Proceso de Barcelona (Argelia, Marruecos y Túnez), y los dos últimos cuentan ya con un plan de acción de vecindad. Mauritania es observador con aspiración a integrarse y Libia mira a Europa a través del Mediterráneo Occidental (Diálogo 5+5).

La PEV será, sin duda, un estímulo para el proyecto de integración de los países vecinos en el marco de cooperación de la UE. Es, eso sí, un concepto flexible: los países más preparados, que progresen en la consecución de las reformas, el proceso de apertura y, en general, en los objetivos establecidos en sus planes de acción de vecindad, tendrán mayor acceso a fondos y les podrán dar un mejor uso. La puesta en marcha de esta PEV no depende de la coyuntura intermagrebí, cada uno de los países de la zona desarrollará su propia agenda, acordada con la UE.

A/I: Un último asunto: ¿en qué estado de entendimiento o desacuerdo están hoy las relaciones entre Marruecos y España respecto al Sáhara? La experiencia de la transición española ¿tiene un interés efectivo en las propuestas de Marruecos sobre el plan de autonomía para el Sáhara Occidental?

M.A.M.: El gobierno de Marruecos comprende nuestra posición histórica, de principios, sobre la cuestión saharaui. La relación bilateral es suficientemente densa, con numerosos intereses compartidos y líneas de cooperación, en el marco de una política global y de interdependencia con Marruecos, en un clima de confianza política. Todas las cuestiones, incluidos los ocasionales desencuentros, pueden ser tratados a través de los cauces adecuados. En todo caso, las partes en el conflicto del Sáhara (Marruecos y el Frente Polisario) y los países vecinos, (Argelia y Mauritania), aceptan, como España, una idea básica: el conflicto debe resolverse en el marco de las Naciones Unidas. Aunque España no es parte en el conflicto sí puede utilizar su influencia en la zona para ayudar a la búsqueda de una solución.

En ese sentido, mantiene un compromiso activo para hacer avanzar el proceso, apoyando los esfuerzos del secretario general y de su enviado personal y actuando con los países más interesados para crear el clima político adecuado para buscar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que incluya la autodeterminación del pueblo saharaui. La transición española es un referente, según apreciamos y valoramos, para el conjunto de naciones, en tanto en cuanto proceso de superación de un desencuentro histórico entre españoles, con las recetas de la reconciliación nacional, la democracia, la solidaridad, el desarrollo, la distribución equilibrada de competencias territoriales, entre otras. Corresponde a cada cuál valorar en qué medida cabe extraer de esta experiencia lecciones y emulaciones.