Los países de las orillas sur y este del Mediterráneo, tras firmar con la Unión Europea unos acuerdos de asociación y de partenariado, han iniciado desde hace unos 10 años una política de apertura económica y de mayor integración en la economía mundial. Esta orientación se traduce en una liberalización progresiva de sus intercambios exteriores y en un desmantelamiento arancelario sobre sus importaciones, e implica la capacidad de su aparato productivo para asumir una competición internacional abierta. El conjunto de estudios prospectivos realizados en el momento de la firma de dichos acuerdos demostraba que estos objetivos sólo podían alcanzarse bajo determinadas condiciones, como la aceleración del crecimiento y un aumento sustancial de la inversión extranjera directa (IED).

¿Cuál es la situación 10 años después de la firma en 1995 de los primeros acuerdos euromediterráneos?

– El crecimiento en la región no consigue acelerarse. Sigue por debajo de los niveles necesarios para hacer frente a los desafíos de la competitividad y el empleo;

– los niveles de inversión siguen siendo bajos: entre el 20% y el 25% del PIB, lo que no permite ni acelerar el crecimiento, ni atraer la IED;

– el porcentaje de inversión privada sigue siendo inferior al de inversión pública, en un momento en que las finanzas públicas están debilitadas por el desmantelamiento arancelario y por un fraude fiscal endémico; – el “efecto anuncio” tantas veces evocado durante la firma de los acuerdos de partenariado no ha generado más inversiones en la región;

– las IED en la zona han seguido beneficiando al sector tradicional de la energía. También han favorecido las operaciones de privatización y de concesión de servicios públicos. No han tenido incidencia en el sector industrial manufacturero, ni han participado en su modernización e internacionalización.

Ante esta constatación, es legítimo preguntarse por qué la región no recibe un volumen de IED más importante y, de forma más general, por qué la inversión privada sigue siendo tan baja.

Primero, las economías de los países socios mediterráneos (PPM) siguen estando, en su mayoría, controladas. Un estudio reciente de The Heritage Foundation/The Wall Street Journal sobre “el índice de libertad económica”, calculado a partir de 50 variables reunidas en 10 categorías diferentes y que examina las políticas comercial, monetaria, financiera o fiscal, de precios y de salarios, la intervención del gobierno en la economía, el peso del sector informal, el flujo de capitales y de las IED, la situación del sector bancario o incluso la protección de los derechos de propiedad, clasifica los diferentes países de la región en unas posiciones poco envidiables, aparte de Israel y Jordania que figuran, respectivamente, en los puestos 33º y 58º sobre un total de 161 países. La clasificación de los demás países varía del puesto 83º para Túnez al 153º de Libia. Incluso Turquía, con un futuro europeo confirmado, se sitúa en el 112º. Para estos países en su conjunto, la valoración va de “poco libre” a “reprimido, como Libia.

Segundo: la gobernanza y el clima de negocios todavía tienen que mejorar en la región. Hoy la IED ya no se determina a partir de una normativa generosa sobre inversiones en materia de exenciones fiscales y ventajas financieras. La mayoría de los países han adoptado normativas sobre inversión copiadas las unas de las otras, que conceden las mismas facilidades, ventajas y exenciones. Los factores determinantes para la IED dependen más de la competitividad de los países y no pueden ser circunscritos al coste de la mano de obra y a los niveles impositivos.

Los criterios utilizados por el Foro Económico Mundial de Davos, en colaboración con la Universidad de Harvard en su estudio anual sobre el estado de la competitividad en el mundo inciden cada vez más en la calidad de la gobernanza y el clima en que se realizan los negocios. Entre los criterios diferenciadores figuran, en especial, la neutralidad y la estabilidad de la normativa jurídica, la capacidad de la justicia para realizar juicios fundamentados e imparciales dentro de unos plazos razonables, la capacidad de las instituciones para aplicar las decisiones de la justicia a unos costes y dentro de unos plazos considerados razonables, la transparencia de los mercados públicos, la independencia de la administración y la tranquilidad de las relaciones fiscales. A esto se añaden, claro está, la disponibilidad, la calidad y el coste de utilización de las infraestructuras físicas pero también virtuales.

Asimismo se suma, por último, la disponibilidad de una mano de obra cualificada y de unas relaciones profesionales serenas. La competitividad tradicional basada en los costes de los factores y la disponibilidad de las materias primas es sustituida por una nueva basada en la calidad, la imagen, el conocimiento, la organización y el potencial intelectual. Un estudio del Banco Mundial, Doing business in 2005, trata de identificar, a partir de una muestra de 145 países, los obstáculos al crecimiento y a la inversión privada. Establece tres conclusiones principales:

– La actividad económica se enfrenta a obstáculos administrativos y reglamentarios mucho más importantes en los países pobres que en los ricos. En especial, allí los derechos de propiedad están peor protegidos.

– Las trabas administrativas y la escasa protección de los derechos de propiedad sitúan a los pobres fuera de la actividad económica. El peso del sector informal, hasta el 40% de la economía, precariza la situación de las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con baja cualificación.

– Unas reformas encaminadas a facilitar los negocios podrían ser especialmente provechosas, aportando hasta un 2% de crecimiento anual adicional.

Estas reformas estarían dirigidas sobre todo al respeto de la normativa jurídica, a la independencia de la justicia, a una mejor protección del derecho de propiedad y una mayor neutralidad e independencia de la administración.

Estas conclusiones son válidas para la mayoría de los países socios mediterráneos. Sólo si se cumplen estas condiciones podrá consolidarse el crecimiento y animar a la inversión privada a asumir la iniciativa y a arriesgarse. De este modo, la economía participaría tanto como la política en la transformación de la sociedad.