Instaurada por el rey Mohamed VI el 7 de enero de 2004, la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), la Comisión Marroquí de la Verdad, le entregó el 30 de noviembre de 2005 su informe final al soberano. A disposición del público desde ahora en adelante (www.ier.ma), este informe hace balance de los trabajos de la comisión sobre los tres objetivos que le fueron asignados: establecer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1956 y 1999 y determinar las responsabilidades institucionales, indemnizar y rehabilitar a las víctimas, y elaborar propuestas de reformas que garanticen que no volverán a producirse violaciones de este tipo.

La IER ha considerado violaciones graves de los derechos humanos aquellas que tuviesen carácter sistemático y/o masivo, lo que incluye las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, los ataques contra el derecho a la vida resultantes del uso desproporcionado de la fuerza y el exilio forzado. La IER, compuesta por 17 personas conocidas por su compromiso a favor de los derechos humanos, fue la sucesora de otra comisión creada en 1999 y cuyo único mandato era indemnizar a las víctimas de la represión política.

A lo largo de tres años, esta comisión indemnizó efectivamente a 4.000 personas, sin conseguir zanjar el debate público en Marruecos sobre la cuestión de las graves violaciones llevadas a cabo en el pasado. En efecto, estas indemnizaciones, así como las medidas tomadas por el primer ministro de la época, Abderrahman Yusufi – que devolvió a sus puestos a los miembros de la oposición arrestados – no habían zanjado este debate, reavivado constantemente por las movilizaciones de las familias de las víctimas y de los militantes a favor de los derechos humanos, que seguían reivindicando verdad y justicia.

Por lo tanto, la IER comenzó a trabajar con un mandato más amplio, procediendo en un primer momento a elaborar sus estatutos (publicados por decreto real, lo que les confería una categoría institucional eminente) y abriendo un nuevo plazo para que las víctimas y los interesados presentasen sus peticiones. Los miembros de la IER, organizados en tres grupos de trabajo permanentes (investigación, estudios y búsquedas y reparaciones), dispusieron también, cada vez que fue necesario, de comisiones ad hoc (audiencias públicas, informe final…), y en su labor contaron con el apoyo de un secretariado que llegó a sumar 350 personas.

Establecer la verdad: riesgos, dificultades y resultados

Teniendo en cuenta que el periodo cubierto por el mandato de la IER es más largo que el cubierto por la Comisión de la Verdad (43 años), que las crisis de violencia política que dieron lugar a violaciones graves fueron de naturaleza muy variada y que en ellas se vieron involucrados actores estatales, y en ocasiones no estatales, y que no existe documentación fiable ni estudios históricos rigurosos, el esfuerzo por establecer la verdad tomó varias formas. Las audiencias públicas con las víctimas, retransmitidas por los medios de comunicación estatales, los cientos de testimonios grabados y conservados en los archivos de la Instancia, los coloquios académicos y las decenas de seminarios organizados por la IER o por las ONGs, han permitido ampliar el debate público pluralista sobre casi medio siglo de vida política.

Estas actividades han permitido también avanzar considerablemente hacia el establecimiento de la verdad sobre varios episodios de esta historia y sobre los tipos de violaciones, que hasta ahora habían sido silenciados u objeto de tabú. Combinando las investigaciones sobre el terreno, las audiencias sistemáticas con las familias de las personas desaparecidas, la obtención de testimonios de desaparecidos puestos en libertad, las visitas a antiguos lugares de detención o de secuestro, las audiencias de funcionarios de los servicios de seguridad, los análisis de documentos y el examen de archivos, la IER ha acumulado una gran cantidad de material histórico. En total, se ha dilucidado la suerte que corrieron 742 personas, que hasta entonces se consideraba que formaban parte de las víctimas de desapariciones forzosas.

Las investigaciones de la IER han permitido que se determinen las circunstancias de su muerte, y a menudo su identidad y el lugar en el que fueron enterradas. El informe final enumera, por lo tanto, las diversas categorías de víctimas fallecidas en centros ilegales de secuestro, o durante enfrentamientos armados, o durante los disturbios urbanos de 1965, 1981, 1984 y 1990, o que fueron detenidas arbitrariamente.

Se recuerda también que existen 66 casos más de víctimas que muestran indicios de haber desaparecido forzosamente, y se considera que el Estado tiene la obligación de seguir investigando, con el objetivo de determinar su suerte. El informe concluye enumerando las dificultades que frenaron la búsqueda de la verdad, entre las cuales están la fragilidad de algunos testimonios orales, que la Instancia complementó con recursos escritos, el deplorable estado de algunos fondos de los archivos nacionales, en los casos en que existen, la cooperación desigual de los aparatos de seguridad, la falta de precisión en los testimonios de algunos antiguos responsables, y en otros casos el rechazo a testificar.

Indemnización, rehabilitación de las víctimas y reparación comunitaria

De las más de 22.000 peticiones recibidas, se abrieron 16.861 investigaciones individuales que fueron objeto de una decisión de la IER. 9.820 víctimas serán indemnizadas, de las cuales 1.895 han sido objeto además de una recomendación suplementaria sobre otro tipo de reparaciones (reintegración en la función pública, regularización de su situación administrativa o profesional, etcétera); 1.499 víctimas que ya fueron indemnizadas entre 1999 y 2003 por la Instancia Independiente de Arbitraje han sido objeto por parte de la IER de recomendaciones particulares sobre otros tipos de reparaciones. Por lo tanto, la IER ha respondido positivamente a la petición de reparaciones de 9.779 víctimas, prestando especial atención al sufrimiento de las mujeres.

En cuanto a la rehabilitación médica, la IER defiende la ampliación de la cobertura médica obligatoria a todas las víctimas y a ls que estén en su derecho y la creación de un dispositivo permanente de orientación y de asistencia médica para las víctimas de la violencia y de los malos tratos. Finalmente, y después de comprobar que ciertas regiones y comunidades consideran haber sufrido colectivamente, de manera directa o indirecta, las secuelas de las crisis de violencia política y de las consiguientes violaciones, la IER ha reservado un apartado especial a la reparación comunitaria, y recomienda para estos casos la puesta en marcha de numerosos programas de desarrollo socioeconómico y cultural para varias regiones (especialmente el Rif) y grupos de víctimas, particularmente las mujeres.

La IER defiende también la reconversión de antiguos centros ilegales de detención en centros de desarrollo comunitario, y transformar estos lugares, en el pasado símbolos de la violación de los derechos, en centros de ciudadanía activa al servicio de la población.

Las recomendaciones: garantizar que no se repitan

Las recomendaciones de la IER versan principalmente sobre las reformas constitucionales, en los campos de la seguridad, la justicia, la legislación y la política penal, y sobre la puesta en práctica de una política nacional de lucha contra la impunidad. Partiendo del principio de la primacía del Derecho Internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno, que debería constar explícitamente en la Constitución, la IER recomienda garantizar en el texto básico la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, el refuerzo del principio de separación de poderes, la prohibición de toda intromisión del poder ejecutivo en la organización y el funcionamiento del poder judicial, el secreto de la correspondencia, la inviolabilidad del domicilio y el respeto a la vida privada, etcétera.

Recordando la prohibición del partido único que figura desde hace tiempo en la Constitución marroquí, la IER recomienda la prohibición de las desapariciones forzosas, de las detenciones arbitrarias, del genocidio y de otros crímenes contra la humanidad, de la tortura y de todo trato o pena cruel, inhumana o degradante, y la prohibición de toda forma de discriminación internacionalmente prohibida, así como de toda forma de incitación al racismo, la xenofobia, la violencia y al odio.

El informe de la IER exige también que se adopte y se ponga en marcha una estrategia nacional integrada de lucha contra la impunidad, mediante la armonización de la legislación penal con los compromisos internacionales del país, y estima que la consolidación del Estado de Derecho requiere, entre otras cosas, reformas en los campos de la seguridad, la justicia, la legislación y la política penal. Por lo tanto, recomienda otra política de gestión de los servicios de seguridad, mediante la modernización, la aclaración y la publicación de los textos relativos a sus atributos y a su organización, a los procesos de decisión, a los modos de operación y a los sistemas de supervisión y de evaluación de todos los aparatos de seguridad y de inteligencia, sin excepciones, así como de las autoridades administrativas encargadas de mantener el orden público o que dispongan de la capacidad de recurrir a la fuerza pública.

Otra medida clave es el refuerzo de la independencia de la justicia mediante, además de las recomendaciones constitucionales, la revisión, a través de una ley orgánica, del Estatuto del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). La IER recomienda, en lo que a esto respecta, confiarle la presidencia del CSM por delegación al presidente primero del Tribunal Supremo, y aumentar su composición para que incluya a otros sectores aparte de la magistratura.

Conclusión

Es difícil, en este espacio y tan poco tiempo después del final de esta experiencia, extraer todas las conclusiones posibles. Pero ya se puede señalar que ha generado una gran deliberación pública sobre casi medio siglo de historia política, algo casi único entre las sociedades del Sur. Este debate pluralista sobre una parte de la Historia, en el fondo muy poco estudiada por los expertos, tanto marroquíes como extranjeros, es el resultado de una relación tranquila y científica con el revuelto pasado del país.

De hecho, la IER ha recomendado mantener este esfuerzo mediante la adopción de una ley moderna sobre los archivos y la creación de un instituto multidisciplinar que estudie la Historia del tiempo presente. En cuanto al tema de la reparación, la experiencia marroquí habrá enriquecido el patrimonio de las comisiones de la verdad (han existido más de una treintena en todo el mundo), principalmente por el peso que se le ha dado a la cuestión del género y por la noción de reparaciones comunitarias, cuyo objetivo es rehabilitar, más allá de los individuos, sectores enteros de la sociedad. Será importante también para esta experiencia y para el Estado la rapidez con la que se tengan en cuenta las recomendaciones de la IER.

Por último, otro elemento a considerar son las repercusiones regionales de esta primicia en el mundo árabo-musulmán: en efecto, en Líbano, en Bahrein y en Afganistán la IER se considera ya un apoyo y una referencia esencial. En una región en la que las violaciones de derechos humanos han sido más bien la norma, esto no es un logro sin importancia.