El año 2013 se presenta complicado para Líbano. El país atraviesa un momento delicado en el plano sociopolítico, debido en parte a la onda expansiva de la crisis siria y, en parte, a las disfunciones propias de su modelo. Además, pasa por una pésima coyuntura económica que amenaza con convertirse en un factor añadido de desestabilización social. En este contexto, Líbano se prepara para una nueva cita electoral la próxima primavera. Si, como es de esperar, las elecciones se celebran sin reformas de calado en el sistema electoral, la llave de la futura mayoría parlamentaria la tendrán un puñado de escaños.

La ley electoral y los acuerdos preelectorales serán claves a la hora de determinar quien gana esos escaños, la coalición del 14 de Marzo (14M) o la del 8 de Marzo (8M), dos coaliciones multiconfesionales, que dominan la escena política libanesa desde 2005. A grandes rasgos, el 14M liderado por la familia Hariri se define por su oposición al régimen sirio y a su tradicional influencia sobre Líbano. El 8M, liderado por Hezbolá, se define por su oposición al intervencionismo occidental en Líbano y por su alianza con el régimen de Bashar al Assad. Desde julio de 2011 el gobierno está liderado por miembros del 8M.

Por una reforma electoral

Conscientes de ello, hace meses que la reforma de la ley electoral se ha convertido en un tema central en la vida política nacional. Líbano es desde los años veinte una república parlamentaria que, salvo durante la guerra civil (1975-1991), ha celebrado elecciones legislativas regularmente. Por ello, el país ha sido a menudo catalogado como la única democracia árabe. Sin embargo, el sistema electoral libanés presenta graves deficiencias democráticas, atrofia la representatividad del ciudadano y limita la competición política, contribuyendo a la perpetuación de las elites tradicionales en las instituciones.

Líbano tiene la particularidad de tener un sistema político- institucional confesional. El Estado reconoce 18 confesiones religiosas y los cargos políticos e institucionales se distribuyen, teóricamente, de forma proporcional entre sus comunidades religiosas más importantes. En lo que respecta al Parlamento, desde 1991 está constituido por 128 escaños, divididos al 50% entre cristianos y musulmanes. Luego, cristianos y musulmanes reparten sus 64 escaños entre sus principales grupos confesionales. En teoría la distribución de los escaños debe reflejar la realidad demográfica de los distintos grupos confesionales del país pero, en la práctica, hay una cierta desproporcionalidad que favorece a determinados grupos confesionales. Las comunidades cristianas están sobre-representadas, y también drusos y alauíes. De hecho, es probable que la disfunción sea en realidad mayor, puesto que los datos se extraen del censo electoral, no de un censo demográfico serio. Las autoridades libanesas no han realizado un censo de población oficial desde 1932. Según las estimaciones de los expertos, en la actualidad suníes y chiíes sumarían entre el 60% y el 65% de la población residente en el país.

Del mismo modo, la inscripción del ciudadano en el censo electoral resulta muy problemática. En Líbano el ciudadano debe inscribirse en el censo de su “localidad de origen”, no en el lugar en el que reside. Esa “localidad de origen” es en realidad el lugar de procedencia de cada familia, establecido bajo el mandato francés en 1924. Obviamente, los movimientos de población han sido enormes desde entonces, lo que causa serias disfunciones. Por un lado, la representación regional en el Parlamento no se ajusta a la verdadera distribución de población del país. Mientras que en Beirut viven más o menos 1,5 millones de personas, en 2009 tenía 430.000 electores registrados. Esto significa que la capital, en la que habita casi la mitad de la población de Líbano, aporta únicamente 19 de los 128 escaños que tiene el Parlamento. Por otro lado, la mayoría de los ciudadanos no vota a los responsables de la gestión del lugar en el que viven.

En lo que respecta al sistema de elección, en Líbano se ha utilizado siempre un sistema uninominal y mayoritario. El votante debe votar por tantos escaños como tenga la circunscripción, independientemente de su confesión (el voto no es confesional). El número de escaños de la circunscripción dependerá de su tamaño, de su densidad demográfica y de su distribución confesional. Los candidatos tienen el derecho de presentar su candidatura dentro de una lista o de forma independiente. El elector, por su parte, es libre de votar por una lista preestablecida o de realizar su propia lista, siempre que respete el número y la distribución confesional asignada por la ley a su circunscripción. Sin embargo, debido a las lógicas sociopolíticas propias del país, los libaneses tienden a votar la lista en la que concurre su candidato predilecto sin dar importancia al resto de los candidatos.

Esto, sumado a la aplicación del sistema mayoritario, limita la competitividad dentro de una misma circunscripción, puesto que la lista del candidato más fuerte se lleva normalmente todos los escaños. En las regiones con liderazgos políticos fuertes, la competitividad tiende a ser mínima. En 2005 un 20% de los parlamentarios fueron elegidos sin competencia alguna. Por tanto, las posibilidades de candidatos independientes son muy reducidas y el voto de las candidaturas minoritarias, ya sean confesionales o ideológicas, pierde todo su valor. Esto convierte el tamaño de la circunscripción en elemento clave para el resultado electoral. Por ello, este es quizá el tema más controvertido y cambiante dentro del sistema electoral libanés. La ley electoral se modifica asiduamente para adaptar el tamaño de las circunscripciones a los intereses de la elite política dominante.

Administrativamente, Líbano se divide en ocho muhafazas (gobernaciones), que se subdividen en 26 cazas (provincias). Las gobernaciones son territorios heterogéneos en todos los sentidos, mientras que la provincia es una realidad geográfica más homogénea a nivel comunitario y político, con elites locales que dominan la zona a menudo de modo seudofeudal. Así, cuanto más pequeña es la circunscripción, más se incide sobre el factor confesional y sobre las susodichas lógicas seudofeudales. Ciertas confesiones y, sobre todo, ciertos líderes, dependen de que las regiones bajo su dominio sean circunscripciones independientes para garantizar su presencia en el Parlamento.

A estas disfunciones se añaden otro tipo de problemas como la edad mínima de voto, 21 años, la ausencia de normalización de las papeletas de voto, y toda una serie de irregularidades que se cometen con total impunidad durante el proceso electoral. El sistema electoral libanés presenta, por tanto, notables deficiencias democráticas. Urge una reforma que acabe con el monopolio de la representación que tienen ciertas familias y grupos políticos, facilitando la entrada en el juego político de nuevos actores. En este sentido, la adopción de un sistema proporcional y el incremento del tamaño de las circunscripciones debería ser una prioridad. Estos elementos darían una mayor representatividad al individuo, diluyendo el peso del factor sectario, de las estructuras de poder regionales y de las políticas clientelares sobre las que se sustentan dichas estructuras. Obligaría a la clase política a ampliar miras, a establecer programas reales y a desarrollar políticas para el conjunto de los ciudadanos, no solo para sus bases como es el caso.

Otras recomendaciones importantes serían el cambio del modelo de inscripción, el descenso de la edad de voto a los 18 años, la normalización de las papeletas de voto, la creación de un consejo electoral independiente, el control de los gastos en campaña u ofrecer a la diáspora la posibilidad de votar en sus embajadas. En agosto, el gobierno presentó un proyecto de ley electoral que recoge algunas de las recomendaciones citadas. Por un lado, proponía el incremento del tamaño de las circunscripciones electorales dividiendo el país en 13 circunscripciones más una, en representación de la diáspora, a la que por primera vez se le permitiría votar en su lugar de residencia (la ley electoral de 2009 dividía el país en 26 circunscripciones). Por otro lado, proponía la adopción de un sistema de elección proporcional.

La posibilidad de votar desde el extranjero ha sido aprobada. Sin embargo, la adopción de un sistema proporcional y el mayor tamaño de las circunscripciones han sido rechazados de pleno por la oposición del 14M y por el líder druso Walid Yumblat, que se autodefine como independiente. Alegan que la propuesta del gobierno daña la representatividad política de las minorías confesionales, favoreciendo a los dos grandes partidos chiíes que lideran el gobierno, Amal y Hezbolá. Teniendo en cuenta la fuerte división que hay en torno al tema, lo más probable es que la clase política llegue a un acuerdo de mínimos para retocar ligeramente la ley de 2009, anulando todo atisbo de cambio real. Así, preveemos un resultado electoral muy similar al de 2009: un Parlamento dividido en dos grandes bloques con una distribución de fuerzas muy pareja, en el que unos pocos escaños darán una ligera mayoría a uno u otro bloque.

Esto significa que Líbano seguirá secuestrado por la política de bloques que tantos problemas ha generado al país desde 2005: bloqueo institucional constante, actividad legislativa mínima, tensión política permanente que provoca estallidos de violencia periódicos… Todo ello en medio de una coyuntura regional altamente peligrosa para Líbano.