Egipto: gobernanza, sociedad civil y política

Las manifestaciones de protesta mediatizadas se han convertido en un modo clásico de acción, que sobrepasa el entorno tradicional de las élites intelectuales y políticas.

Sarah Ben Néfissa

Una de las recomendaciones para la “buena gobernanza” dirigida a los países del Sur es la consolidación del estatus de la sociedad civil para que se convierta en protagonista del desarrollo, junto con los Estados y el sector privado. Por lo que se refiere a los países autoritarios, se piensa también que el estímulo internacional de la sociedad civil es uno de los factores que pueden iniciar el “paso a la democracia”. Ésta es una de las tesis de lo que se denomina transitología, es decir, la ciencia encaminada a poner de relieve los distintos factores que pueden inducir a la democratización de los regímenes. Esta tesis ha sido objeto de duras críticas por parte de algunos politólogos, para quienes la sociedad civil no puede democratizar un sistema político, ya que la democratización debe asentarse primero en los espacios de la política, a saber, los partidos y las elecciones.

Partiendo de esta base, ¿no conviene invertir la problemática general de la democratización “a través de las sociedades civiles” y preguntarse cómo los sistemas políticos autoritarios logran actualizarse, especialmente por medio de la promoción internacional de la sociedad civil? Desde este punto de vista, la experiencia egipcia es ejemplar. Las pretensiones democráticas de los activistas civiles de la “mini-primavera egipcia de 2005” consiguieron los resultados contrarios a los deseados y se observa un auténtico repliegue autoritario del sistema político. No obstante, el desarrollo actual de una sociedad civil que se moviliza de forma colectiva, articulada en los medios de comunicación, muestra cómo, en el marco de la globalización, la reactualización autoritaria de un Estado no se contradice con cambios en su espacio público hacia una mayor libertad de expresión y de actuación.

Así pues, la retórica acerca de la “promoción internacional de la sociedad civil y de la democracia” y de su utilización por parte de los actores locales, aunque no haya permitido “el paso a la democracia” de Egipto, produce efectos políticos como mínimo contradictorios. El objeto de este artículo es poner de relieve las características de la sociedad civil egipcia de estas dos últimas décadas. A partir de la segunda mitad de la década de los noventa, ¿qué interés político tiene el fomento de la sociedad civil por parte de los poderes públicos egipcios? ¿Cuáles son los impactos contradictorios políticos y sociales de esta orientación?

Interés político en fomentar la sociedad civil por parte de los poderes públicos

Hasta mediados de los años noventa, el panorama “civil” egipcio se limitaba a las relaciones entre los dos actores dominantes de la sociedad civil y política, es decir, el Estado y los Hermanos Musulmanes. Las denominadas organizaciones de la sociedad civil, en particular las asociaciones, eran y son una especie de disociación de la administración, encargadas de paliar la desvinculación social del Estado. Desde este punto de vista, se puede recurrir perfectamente a los conceptos de “privatización” y de “descargo” que pone de relieve Béatrice Hibou para analizar el sector asociativo egipcio. En realidad, este sector participa de la estrategia del régimen político de despolitización de las instituciones políticas, especialmente en el plano local. Es posible incluso plantear la hipótesis de que las asociaciones egipcias han sido y son hasta hoy una especie de “municipios por defecto” que presentan la ventaja, para el Estado, de evitar la “politización” de la cosa pública local y de prolongar la prohibición de lo político que caracteriza sus estructuras administrativas locales.

El estímulo del evergetismo de los “hombres de negocios” y del papel social de estos últimos a través del sector asociativo sigue estando bajo la estricta vigilancia del aparato oficial y político. La relación clientelista entre el sector público y el privado echa a perder las exhortaciones a la “buena gobiernanza”. El sector privado sólo otorga su confianza a las organizaciones de la sociedad civil próximas al aparato del Estado y, en especial, en el plano local. Estas observaciones justifican el análisis de las asociaciones egipcias, primero, como un espacio de mediación adicional entre el Estado y la sociedad. El sector asociativo controlado por los Hermanos Musulmanes participa de la privatización del aparato del Estado egipcio y contribuye a ésta. Tiene también la particularidad de independizarse del aparato del Estado: dispone de un capital de confianza, ya que “aglutina” los sistemas de representación social y religiosa. Atrae también a los donantes del sector privado interno y de los países del Golfo. Sus ámbitos preferidos son los servicios médicos y educativos.

En el marco de un sector público inexistente o completamente deficiente y de un sector privado potente pero costoso, los Hermanos Musulmanes han establecido un sector “a precio medio” que ha atraído a las capas medias empobrecidas y reabsorbido una parte del desempleo de los médicos y de los profesores. El sector asociativo islámico se independiza de los poderes públicos ya que se articula en las dinámicas participativas “informales”, encajadas en el tejido social, reconociendo su valor a partir de una visión positiva de la sociedad y del individuo. Es posible hablar de una sociedad civil islamista, afianzada en la moral religiosa del individuo, como la que analiza Olivier Roy. La mitad de la década de los noventa señaló el final del compromiso histórico entre los Hermanos Musulmanes y los poderes públicos egipcios. Estos últimos comprendieron que la “promoción internacional de la sociedad civil” podía utilizarse para intereses políticos internos, para la lucha contra los Hermanos Musulmanes y para intereses económicos y financieros.

Esta estrategia se ha puesto de manifiesto con la implantación de todo un sistema para-administrativo capaz de captar la ayuda internacional dirigida a la sociedad civil y evitar en la medida de lo posible que los fondos vayan directamente desde los proveedores de fondos a las organizaciones de la sociedad civil. Así es como se han fundado los Altos Consejos, instituciones y agencias con estatus complejos, cuyo objetivo principal es “estimular a la sociedad civil egipcia” e instaurar relaciones asociativas entre esta última, el sector privado y los poderes públicos. Esta multiplicación de estructuras de mediación entre el “interior” y el “exterior”, que al mismo tiempo pone en entredicho el antiguo monopolio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre las asociaciones egipcias, no significa, sin embargo, una disminución de la “voluntad” de control del Estado, sino más bien una modificación de su naturaleza con un aumento “acrecentado” del control, especialmente de las asociaciones.

Ahora la vigilancia se lleva a cabo desde la institución presidencial, así como desde la presidencia del Consejo de Ministros. Del mismo modo, la multiplicación de las estructuras de mediación provoca una especie de duplicidad de las estructuras administrativas encargadas de las asociaciones. La multiplicación de las estructuras y organismos encargados de la sociedad civil también ha ocasionado una cierta flexibilidad en el margen de maniobra de algunas asociaciones encargadas de implantar los distintos proyectos que dependen de la ayuda internacional. Este fenómeno ha modificado parcialmente el panorama civil en el país y, en particular, el sector asociativo registrado oficialmente. Si bien lo “social” y el “desarrollo” siguen siendo los calificativos más importantes del sector asociativo registrado, se pone de manifiesto una mayor benevolencia de los poderes públicos hacia las peticiones de creación de asociaciones para objetivos no específicamente “sociales”, como las asociaciones de defensa del consumidor y de defensa de los derechos de la mujer, los niños, el medio ambiente, los espacios verdes, los microcréditos.

Así, los poderes públicos han vuelto a hacerse cargo de algunos asuntos defendidos por las organizaciones civiles egipcias en función de sus riesgos políticos para el régimen. Las reformas de la condición de la mujer y de los niños pueden considerarse típicas de esta nueva política. De esta manera, los poderes públicos han llegado a despolitizar una cuestión política esencial en Egipto: la de la aplicación de la Ley islámica de la que los Hermanos Musulmanes se presentan como defensores. Sin embargo, esta nueva benignidad del Estado hacia los asuntos defendidos por las organizaciones civiles tiene límites. Por eso aquellas que defienden causas políticas y derechos humanos, no tienen aún un estatus jurídico claro.

Siguen estando en una situación en la que no están “ni permitidas ni prohibidas”. El régimen no teme ni su importancia numérica, muy baja, ni su peso político interno, pero recela de las fuertes conexiones internacionales de estos “cosmopolitas arraigados” que componen la “sociedad civil de los derechohumanistas”. Se trata de las élites intelectuales y políticas que, ante la cerrazón del sistema político egipcio, fueron pasando de un escenario político a otro: estudiantes en los años setenta, partidos y sindicatos en los ochenta y, finalmente, organizaciones de derechos humanos a partir de los años noventa. A partir de 2004-05, cuando tienen lugar las presiones americanas sobre el régimen de Hosni Mubarak en el marco de la doctrina del Gran Oriente Medio, se pone de relieve la importancia de estos colectivos, sobre todo en el marco del movimiento Kifaya.

Movilizaciones colectivas y transformación del espacio público

A pesar de la diversidad de situaciones, los colectivos y organizaciones de derechos humanos en Egipto y en el mundo árabe se caracterizan por unos rasgos comunes: elitismo de su composición; escasa renovación de sus miembros y de sus dirigentes; falta de democracia interna y burocratización; múltiples conflictos y personalización del poder; debilidad o incluso inexistencia de comunicación con sus respectivas sociedades; limitación del diálogo únicamente a los poderes públicos y organizaciones extranjeras e internacionales; efectos perversos de la cooptación del nuevo personal político de estos regímenes sin pasar por la vía electiva; y privación por parte de los Estados árabes de la competencia entre las élites que, en la sociedad civil, desempeñan papeles políticos de “saldo”.

Ahora bien, lo que parecían defectos durante las presiones americanas para la democratización del régimen de Mubarak, en 2004 y 2005, resultaron ser, por el contrario, factores coadyuvantes para imponerse como auténticos actores políticos en la escena interna, sobre todo a través del movimiento Kifaya. En el seno de estas organizaciones situadas a la vez “fuera” y “dentro”, por retomar la expresión de Pierre- Jean Roca, los activistas egipcios adquirieron conocimientos que les permitieron adaptar su retórica y métodos de actuación a la nueva regulación mundial: el conocimiento del lenguaje internacional dominante; las relaciones con los actores extranjeros e internacionales; el funcionamiento en redes; y sobre todo, la conciencia de la importancia de los medios de comunicación extranjeros y de los nuevos medios de comunicación.

La transformación de estas capacidades en el seno de Kifaya, precisamente cuando el régimen de Mubarak estaba siendo presionado por EE UU, les permitió dotarse de nuevos márgenes de expresión y de acción, y reveló su eficacia política, muy superior a la de las formaciones políticas existentes, incluidos los Hermanos Musulmanes. Estas formaciones clásicas, prisioneras de la escena política interna y cautivas de los cálculos, compromisos y calendarios electorales, han sido superados por los activistas civiles y por los militantes políticos no organizados que ocuparon así el terreno de la demanda democrática a lo largo de 2005 en Egipto. Los resultados políticos de su movilización consiguieron casi lo contrario de los objetivos deseados. No obstante, las reformas políticas antidemocráticas que afectan a los espacios de la política institucional no pueden hacer nada frente a los cambios en el espacio público hacia una mayor libertad de expresión y de actuación.

El espacio público egipcio se ha globalizado y mediatizado a la vez. Las libertades de expresión, de publicación y de comunicación se han reforzado considerablemente con la aparición de nuevos periódicos independientes, el desarrollo de programas de televisión de las cadenas privadas vía satélite y nacionales, Internet y los blogs y, finalmente, de la telefonía móvil. La mayoría de los tabúes que caracterizaban el debate público egipcio se han roto, tanto los políticos (presidencia y familia presidencial, ejército…), como los religiosos (relaciones entre musulmanes y coptos, “nuevas” religiones) y sociales. Las manifestaciones y las reuniones de protesta difundidas por los medios de comunicación se han convertido en un modo clásico de acción en Egipto. Por último y, tal vez por encima de todo lo demás, se contempla actualmente una multiplicación y una diversificación de las movilizaciones colectivas que afectan a cualquier estrato de población sobre cuestiones muy variadas: carestía de la vida, desempleo, condiciones de trabajo, jubilación, acoso sexual y cuestiones de identidad.

La importancia de estas movilizaciones estriba en que superan con mucho el entorno tradicional de las élites intelectuales y políticas de la capital. Así pues, la cuestión de las reformas políticas anunciadas y prometidas produce unos efectos reales nada desdeñables, incluso en los medios a priori menos politizados y menos globalizados del país. Aunque estas movilizaciones no tengan un programa político común y no estén ligadas a formaciones políticas, parece totalmente legítimo analizarlas como formas alternativas de expresión y de acción política, ante la definición despolitizada de la actividad política que impone el régimen egipcio. Lo que ocurre en Egipto tiene la virtud de recordar que “no pasar a la democracia” no es forzosamente sinónimo de sumisión de las sociedades al autoritarismo y a la despolitización.

Tiene también el mérito de plantear que los análisis de las formas y de la configuración de la política tanto en el Norte como en el Sur, plantean, hoy incluso más que ayer, los mismos interrogantes, como demuestran los recientes trabajos en los países de las “viejas democracias” sobre las formas de participación no convencional, y sobre todo, acerca de la necesidad de salir de la falsa dicotomía entre politización y despolitización.