No hace falta exponer los antecedentes del concepto, el entusiasmo que puede haber despertado como “nuevo ideal de democracia participativa” (buena gobernanza) o las críticas recibidas por ser una política centrada en la eficiencia, escamoteando la esencia de lo político (la representación popular), para ir al meollo de la cuestión. ¿A qué reorganización se somete el espacio político tunecino? ¿Hay o no una liberalización ligada a los nuevos instrumentos y procedimientos que aconseja el gobierno participativo? ¿Qué procedimientos se aplican? Con estos instrumentos, ¿hay o no hay ampliación del espacio político, apertura del debate público, consolidación de la sociedad civil, desarrollo de las libertades públicas, respeto de los derechos fundamentales, todos ellos parámetros de la buena gobernanza política? Estas preguntas, recurrentes en la sociedad tunecina, adquieren una especial relevancia con las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2009 y con las municipales que, consiguientemente, tendrán lugar en mayo de 2010. ¿Servirán para algo? ¿Serán vectores de un cambio democrático y de la inflexión en la trayectoria autoritaria, o serán instrumentos de reproducción del régimen dictatorial que “alardea” de democrático?

Túnez, país que cultiva su identidad tunecina, presenta una profunda ambivalencia entre reformismo ilustrado y tradicionalismo, autoritarismo y liberalismo, laicismo modernista y religión de Estado, arabismo y occidentalismo, represión y medidas de “apaciguamiento” (infiray). País de tradición centralista y de régimen autoritario justificado por la construcción nacional y el miedo a las múltiples “segmentaciones” que lo atraviesan, está construido sobre una visión unitaria de un poder político dominado por la figura del líder, el partido único y el Estado proveedor de bienes y servicios. Desde 1987, que según la terminología oficial marca “el cambio” o “la nueva era”, el autoritarismo del régimen se ha reforzado, apoyándose, por una parte, en un aparato de orden y de represión hipertrofiado y tentacular (130.000 agentes para 10 millones de habitantes) y, por otra, en un “crecimiento económico” (alrededor del 5%), que abre Túnez al consumismo y da al régimen la posibilidad de transferir y redistribuir la riqueza.

A Túnez, al que lisonjean las instituciones internacionales y las diplomacias occidentales por sus resultados económicos que lo sitúan en la categoría de “país emergente”, así como por su lucha ejemplar contra el terrorismo, se le pide que reforme su sistema de gobierno tomando como ejemplo el modelo de gobernanza: menos Estado, más derecho y mayor apertura a los actores económicos y sociales. Sin embargo, se comprueba que las reformas emprendidas a partir de 1987 han incrementado paradójicamente la presión del Estado sobre la sociedad y han reforzado el autoritarismo del sistema político y administrativo. ¿Cuáles son sus aspectos más importantes y cómo se recompone el espacio político, en estas condiciones de reorganización del poder?

Consagración del presidencialismo y configuración institucional del poder autoritario

Durante estos 22 años de reconducción de la presidencia de Zin El Abidin Ben Alí que encabeza el Estado, la vida constitucional ha registrado nueve reformas constitucionales: 1988, 1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003 y 2008. Estos “retoques constitucionales”, además de la descalificación social en la que hacen incurrir al derecho –convertido en simple instrumento de la hegemonía–, resucitan el poder presidencial de “larga duración”, y eliminan las últimas trabas a la limitación del número de mandatos. Por el momento, sólo se mantiene el límite de edad, que se prorrogó hasta los 75 años en 2002. Estos arreglos bloquean las perspectivas reales de alternancia del poder y vuelven a presionar “el programa político” al restablecer la presidencia vitalicia y supeditar el “tiempo político” a la sucesión del presidente. La institucionalización en 2002 de una segunda cámara, la Cámara de Consejeros, puso de manifiesto el nuevo cariz del neo-corporativismo.

Esta Cámara, que combina la representación local, profesional (agricultores, empresarios y asalariados) y la designación por parte del presidente del resto de los miembros entre “las personalidades y las autoridades”, es otro punto de anclaje del poder y del reparto clientelista. En este sentido, la Agrupación Constitucional Democrática (RCD, siglas del francés), heredera del antiguo partido único cuyos reflejos hegemónicos ha conservado, despojándolo de su legitimidad histórica, es uno de los canales más eficaces de propaganda y movilización al servicio de la autoridad, de encasillamiento de la sociedad (entre otras cosas, por el pago de subsidios), de captación de nuevos miembros y de su difusión. Este partido, ultradominante en el Parlamento (152 de 189 escaños) y muy implantado en la administración pública (8.362 chuab, células profesionales declaradas), es todopoderoso en cualquier nivel de representación territorial (consejo regional, consejo rural y comisión de gobierno). Con sus casi 8.000 asociaciones, tendría, según algunos, su propia sociedad civil.

Con esta configuración, el gobierno y su primer ministro, elegidos entre los tecnócratas, técnicos sin historia política o entre las jóvenes élites apolíticas, están fuera de juego. Esta marginación, que se agrava con el incremento de los consejeros en palacio y con la opacidad del funcionamiento de sus servicios, mantiene la fachada del poder. En este esquema general, en el que el poder no reside en las instituciones del Estado sino que las instituciones del Estado están al servicio del dirigente, la función de las elecciones es reconducir el sistema autoritario. Encuentran su mecanismo legal en lo que algunos llaman con humor “las leyes de usar y tirar”, leyes a medida que, dictadas para las elecciones, combinan astucias procesales y derogaciones legales con las cuales el régimen, que aplica un “multipartidismo autoritario” y esquiva la ley de padrinazgo –sin pensar en ningún momento en abolirla–, selecciona a sus aliados políticos así como a sus adversarios legales del momento.

De hecho, por medio de esta farsa, se ha efectuado una “apertura controlada” de las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. En las presidenciales de 1999 y 2004, y actualmente, en previsión de la cita de 2009, ha habido apertura filtrada a los dirigentes de los partidos de la oposición que tienen representación parlamentaria. Desde 1994, en las elecciones parlamentarias se reservan escaños asignados proporcionalmente “de oficio” a la oposición. En las municipales, un escrutinio mixto de tipo mayoritario y de representación proporcional se ajusta a los restos mayores, lo cual posibilita la reserva de escaños.

Todo está preparado para que los rituales de la “democracia participativa” (referéndum constitucional en 2002, consulta nacional, observatorio de las elecciones, escrutinio proporcional, disminución de la edad de los electores a 18 años en 2008), consagren el presidencialismo y la unanimidad en torno al gobernante. Este dispositivo institucional se acompaña de un cerco de seguridad y de una retórica de legitimación construida sobre la estabilidad política, la prosperidad económica y, cada vez más, sobre el Islam. En estas condiciones de obstrucción de la vida política, ¿qué hueco se hace la oposición?

Hacia la recomposición de los papeles, las formas y la legitimidad de la oposición

La sociedad presenta una imagen diferenciada entre, por un lado, la denominada mayoría “silenciosa” y, por otro, una “minoría” activa que cubre un amplio espectro de sensibilidades políticas (islamistas, laicos, nacionalistas árabes, socialistas, trotskistas, comunistas, ecologistas, alter-mundialistas) y que reúne a distintos actores: partidos políticos, asociaciones y ONG de defensa de distintas causas, agrupaciones profesionales (abogados, jueces, periodistas), personalidades intelectuales, artistas y activistas feministas. Esta división confirma otras clasificaciones significativas entre “la fuerza de la obediencia” y la construcción de un espacio para múltiples protestas. Se puede dudar del margen que se le deja a esta oposición para definir realmente su lugar como protagonista activa e influyente en el espacio político, así como de su capacidad real de movilización autónoma. Su historia, construida a base de jurisprudencia, sometida al juego de la creación artificial o de las amistades peligrosas (I. Marzuki), oscila entre la intrusión y la exclusión del terreno político oficial.

Aunque la situación de los partidos es fluctuante, se observa una división inicial. Por un lado están el RCD, el partido hegemónico que acapara el aparato del Estado y llena en exclusiva sus medios de comunicación, y los partidos nombrados por el régimen, sometidos a éste o en su línea: la Unión Democrática Unionista (UDU), fundada en 1988 por Abderrahman Tlili; la Unidad Popular (UP), nacida de una escisión del Movimiento de Unidad Popular (MUP2) y dirigido desde 1999 por Ahmed Buchiha; el Movimiento de los Demócratas Socialistas (MDS), o lo que queda de él en manos de Ismail Bulahya; el Partido Social Liberal (PSL), sin ningún contenido, creado en 1988; y el Partido de los Verdes para el Progreso (PVP), creado de la nada en 2006. Frente a ellos, los partidos de la oposición independiente intentan resistir, optando por distintas estrategias para esquivar la represión o compensar la ausencia de política.

Algunos se ven confinados a la ilegalidad, la clandestinidad o el exilio: el partido Ennahdha, el antiguo Movimiento de Tendencia Islámica, fundado en 1971 por Rachid Ghanuchi, su líder; el Congreso para la República, fundado en 2001 por Moncef Marzuki; y el Partido Comunista Obrero Tunecino, fundado en 1986 por Hamma Hammami, su actual portavoz. Los otros, admitidos en el espacio político oficial, intentan superar solos o en coalición los límites de la legalidad y las fronteras de lo posible: el Movimiento Al Taydid (antiguo Partido Comunista) dirigido por Mohamed Harmel y desde 2007 por Ahmed Brahim; el Partido Democráta Progresista (PDP), fundado en 1983 por Nayib Chebbi y dirigido desde hace dos años por Maya Yribi, su secretaria general; y el Foro Democrático para el Trabajo y las Libertades (FDTL), creado en 1992 por Mustafá Ben Yaafar y legalizado en 2001. Otras formaciones salen de la clandestinidad o inician su transformación: el Partido Socialista de Izquierda (PSG, siglas del francés), antiguo partido comunista demócrata y escisión del Partido Comunista de los Obreros de Túnez (POCT, siglas del francés), fundado por Abderrazak Kilani; el Partido Patriótico del Trabajo y Democrático, fundado por Abderrazek Hammami; y finalmente, el partido “Túnez Verde”.

Generalmente, estas entidades, en estado embrionario y sin verdadero arraigo social, están en una situación permanente de vulnerabilidad, corroídas por luchas de liderazgo y minadas por la ausencia de auténticas perspectivas de alternancia en el poder. Sin embargo, parece que, al recuperar la delantera o la iniciativa los partidos de la oposición independiente, esta situación podría arreglarse. Aunque divididos respecto a la participación o el boicot, intentan ampliar el espacio para la movilización y, al emprender una nueva orientación política, tratan de pasar de una actitud protestataria a las acciones de movilización. Por medio de una reconversión sobre el terreno, y en medio de esa puesta en escena que ofrecen las elecciones, se proponen presentarse como protagonistas autónomos de su futuro: así ocurrió en 2004 con la Iniciativa Democrática para las presidenciales y las legislativas, después en 2005 con la Coalición para las municipales, y finalmente, ahora en 2009, con el anuncio de varias candidaturas independientes de la oposición: Nayib Chabbi por el PDP, Ahmed Brahim por el movimiento Al Taydid, y Mustafá Ben Yaafar por el FDTL. Enfrentados a sus límitess internos y desafiando las dificultades externas, su objetivo no es dialogar con el poder para que se les reconozca, sino reconquistar su capacidad de oposición y de transformación de las relaciones de fuerza en el terreno de la acción política.

Así pues, lo que se juegan no es tanto el escrutinio en sí mismo, como las posibilidades sobre el terreno de afianzamiento popular vedadas en el periodo ordinario. El beneficio buscado no es ni electoral ni cuantificable, sino estratégico, utilizando, en una situación de autoritarismo, el bricolaje como último reducto de libertad en una sociedad cerrada. También han salido a la luz otras reagrupaciones, más atípicas, que experimentan un planteamiento unitario entre laicos e islamistas. El Movimiento 18 de octubre, surgido de la huelga de hambre de 2005, pudo presumir por un momento de precursor de un frente de oposición. El análisis de los regímenes autoritarios pone de manifiesto que el espacio de la oposición política tiene una “geografía variable”. Puede situarse –autoritarismo obliga– fuera del campo político para alcanzar el tejido asociativo y las agrupaciones profesionales, o revestir la forma de movilización de la sociedad civil para un proyecto alternativo al discurso oficial y de defensa de la ciudadanía, la igualdad y las libertades públicas.

Esta movilización asociativa y profesional que presenta debilidades intrínsecas, entre ellas el “exceso de politización”, la excesiva exposición de sus miembros y la confusión entre planteamiento protestatario y acción política, participa en la reconfiguración y la ampliación del espacio de la oposición en Túnez. Así, al actuar en ámbitos “políticamente delicados” para la defensa de los derechos humanos (Liga Tunecina de Derechos Humanos), libertades (Consejo Nacional para las Libertades en Túnez), derechos de las mujeres (Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas), licenciados (Asociación de Licenciados en Paro), presos (Asociación de Defensa de los Presos Políticos), escritores (Liga de Escritores Libres), periodistas (Sindicato Nacional de Periodistas), y contra la tortura (Asociación contra la Tortura en Túnez), se constituyen asociaciones que se enfrentan a las barreras jurídico-institucionales.

Demuestran que los individuos y las agrupaciones conquistan nuevos espacios de libertad que confirman, en su enfrentamiento con el régimen y la autoridad, su capacidad para pasar de la condición de sujeto (raîya) a la de ciudadano. En un sistema político cerrado en el que la legitimidad no pasa por las urnas y los poderes no radican en las instituciones oficiales de representación, los desafíos son considerables. ¿Conseguirá la oposición democrática ponerlos de manifiesto y superar los obstáculos?