En 50 años de independencia, las sociedades magrebíes se han transformado profundamente: la población se ha triplicado, pasando de unos 25 millones a casi 75 millones actuales, y se ha urbanizado (más del 60% vive en ciudades), y gracias a las mejoras sanitarias cada magrebí puede esperar vivir 23 años más que sus abuelos. Las tasas de alfabetismo han pasado de entre el 20% y el 25% en 1960 a más del 70% en Argelia y Túnez, aunque en Marruecos siguen superando apenas el 50% de la población. Las economías también han avanzado de forma sostenida, tal como refleja la evolución del PIB per cápita, y con ella el bienestar de la población y el Índice de Desarrollo Humano en los tres países del Magreb central, Argelia, Marruecos y Túnez.

Falta de desarrollo y dependencias

Pero el balance de estos 50 años de políticas económicas independientes no puede ser complaciente: no puede serlo en términos comparativos, pues los tres países del Magreb han visto cómo se alejaban cada vez más de los niveles de renta y desarrollo de sus vecinos europeos del Norte e incluso del conjunto de los países menos desarrollados. Pero tampoco puede serlo en términos de desarrollo, es decir, de crecimiento económico, de transformación estructural y modernización de su economía hasta crear una dinámica de crecimiento endógena y, sobre todo, de mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

En términos de crecimiento, los resultados han sido sumamente erráticos y, lo que es más grave, ponen en evidencia una tendencia decreciente a largo plazo de la tasa de crecimiento que revela el agotamiento de un modelo de desarrollo que ha estado basado en estos 50 años, primero, en la explotación de los recursos naturales (que en Argelia sigue siendo prácticamente la única fuente de crecimiento, hasta el punto de que el 98% de sus exportaciones, más del 40% de su PIB y más del 70% de los ingresos del Estado procede de los hidrocarburos), y desde los años ochenta en una política de ajuste estructural permanente que ha conseguido controlar la inflación y el déficit público y estabilizar el tipo de cambio, pero no impulsar el crecimiento.

La política de promoción de la exportación de manufacturas intensivas en mano de obra y de bajo valor añadido (fundamentalmente textiles) seguida por Marruecos y Túnez desde finales de los años setenta únicamente resultó viable gracias al amparo de las preferencias comerciales otorgadas por la Unión Europea (UE) para los productos industriales magrebíes, y no ha impulsado un desarrollo industrial orgánico.

Pero 50 años de políticas económicas poscoloniales no han conseguido superar las dependencias endémicas de las economías magrebíes: dependencia de Marruecos con respecto a las lluvias y la producción agrícola, que pese a suponer únicamente el 15% del PIB (pero el 40% de la población activa) determina casi por completo la tasa de crecimiento (el resto de la economía no ha despegado, y crece a una tasa más o menos constante del 3% anual); dependencia creciente de Argelia con respecto a los hidrocarburos; dependencia alimentaria estructural de las tres economías y crecientes problemas de escasez de agua; dependencia comercial de la UE (con la que realizan entre el 60% y el 70% de sus intercambios comerciales); y creciente dependencia también, sobre todo en el caso de Marruecos y Túnez, de las remesas de sus emigrantes en el extranjero para equilibrar sus balanzas por cuenta corriente (las remesas suponen cerca del 10% del PIB marroquí, tres puntos más que el turismo, y más del 4% del PIB tunecino, tres puntos menos que el turismo).

Desde este punto de vista, pese a la estrategia de liberalización comercial emprendida con entusiasmo por Túnez y Marruecos desde mediados de los años noventa, con la multiplicación de acuerdos de libre comercio con terceros países y grupos de países, y pese a los programas de mise à niveau y de desarrollo industrial, la transformación estructural de las economías magrebíes sigue siendo una asignatura pendiente cada vez más acuciante.

Las sucesivas ampliaciones de su mercado natural, la UE, primero en 1986 a España y Portugal y luego en 2004 a los países de Europa central y oriental, han tenido como principales perjudicados a los países del Magreb, que han visto como, a pesar de sanear sus economías y mejorar el entorno para la inversión, empeoraban su posición relativa y perdían competitividad ante los nuevos Estados miembros europeos, que podían beneficiarse de un acceso preferencial a los mercados europeos y del maná de los fondos estructurales y las ayudas agrícolas europeas.

La expiración, en enero de 2005, del Acuerdo Multifibras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que imponía cuotas de importación a los textiles del resto del mundo en los mercados europeos en beneficio de los productos magrebíes que podían entrar libres de aranceles desde mediados de los años setenta, está poniendo en peligro, ante la competencia imbatible de los productos asiáticos, toda la industria textil magrebí, que conoció una gran expansión en los años noventa. Y se trata de un sector que supone el 25% de las exportaciones marroquíes y más del 40% de las exportaciones tunecinas.

En Marruecos, los datos oficiales indican que desde principios de 2005 se han destruido 60.000 de los 190.000 empleos en la industria textil, y otro tanto podría ocurrir con los más de 200.000 empleados del sector en Túnez. En cuanto a las condiciones de vida de la población, los niveles de pobreza (cerca del 20% de la población tanto en Marruecos como en Argelia vive con menos de dos dólares diarios, al igual que el 15% en Túnez) siguen siendo inaceptables y han empeorado tanto en Marruecos como en Argelia desde mediados de los años noventa (ver Iván Martín, “Vulnerabilidades socioeconómicas en el Magreb I: Los riesgos del chabolismo en Marruecos”, ARI nº 36/2005, Real Instituto Elcano).

Los altos niveles de desempleo que comparten los tres países (cuatro millones de parados en total) y las escalofriantes perspectivas demográficas se configuran, a este respecto, como la clave del arco de la evolución socioeconómica del Magreb en las dos próximas décadas, sin que se vislumbren unas políticas de empleo activas para hacer frente a este desafío (ver AFKAR/IDEAS nº 3, “Empleo en el Magreb”). De hecho, un vistazo al Informe sobre el Desarrollo Humano 2005 pone de relieve que los países magrebíes no han sabido transformar el aumento de su renta en un aumento del bienestar de la población: en efecto, los tres países ocupan una posición en el ranking mundial de desarrollo humano en 2005 (89 en el caso de Túnez, 103 en el de Argelia y 124 en el de Marruecos) muy por debajo de la que les correspondería de acuerdo con su situación en el ranking mundial de renta por habitante (20 puestos por encima en el caso de Túnez y Argelia y 16 en el de Marruecos).

Ante todo, la democracia

Ahora bien, cada vez resulta más evidente que este fracaso de las políticas económicas, más allá de las restricciones exteriores que han debido sufrir las economías del Magreb poscolonial, tiene sus raíces más profundas en el ámbito político, en la incapacidad de los sistemas políticos magrebíes para transformar las preferencias de la población en políticas de Estado, para adoptar una legislación que garantice un funcionamiento efectivo de los mercados y que regule el comportamiento de los agentes y para organizar una Administración eficaz que garantice el cumplimiento de dicha legislación.

Es decir, todo eso que ahora se llama gobernanza y que en síntesis se refiere al Estado de Derecho, la democracia y la buena gestión administrativa. Como pone de manifiesto un estudio elaborado en 2003 por el Banco Mundial sobre la “gobernanza” en el norte de África y Oriente Próximo, existe un “déficit” de gobernanza en general en los países árabes y en particular en los del Magreb. Mientras que el análisis de 173 países de todo el mundo ponía de manifiesto la existencia de una correlación positiva muy significativa entre un Índice de Calidad de la Gobernanza elaborado a partir de 22 indicadores de buena gestión administrativa, democracia y derechos humanos y la tasa de crecimiento del PIB por habitante (a mejor gobernanza, más crecimiento), para los países del norte de África y Oriente Próximo la línea de tendencia muestra una relación muy débil.

Esto se explica por el hecho de que todos ellos comparten un nivel de gobernanza muy bajo, de modo que las diferencias en la tasa de crecimiento entre ellos se explican por otros factores, en su mayoría externos. En Marruecos, el reciente Informe del Cincuentenario se hacía eco de un informe francés que estimaba el coste anual de la corrupción en un 1% del PIB y el de la falta de competencia en otro 0,9%, atribuyendo en total una reducción del crecimiento anual del 2,5% del PIB a los factores institucionales. La economía informal, que supone entre el 35% y el 40% de la actividad económica en todos los países del Magreb, es otra gangrena que impide el correcto funcionamiento de los mercados.

En definitiva, tras 20 años de programas de ajuste estructural “tecnocráticos” que han puesto el énfasis en las políticas económicas aisladas de su contexto político, hay que decir que con resultados un tanto decepcionantes, la democratización y especialmente el avance hacia un verdadero Estado de Derecho serían la mejor contribución al desarrollo de los países del Magreb, permitiéndoles poner fin a esta “excepción de gobernanza” que sufren desde su independencia. El propio debate público sobre las políticas económicas más apropiadas, prácticamente ausente en estos 50 años del Magreb (o localizado en Francia), deberá formar parte de este proceso.

Por fin, el desarrollo humano

Junto a esa constatación, el énfasis creciente que al menos Marruecos y Túnez están poniendo en el “desarrollo humano” como filosofía de vida económica abre un rayo de esperanza, en la medida en que sitúa en el centro de las prioridades políticas las condiciones de vida de la población (la educación, la salud, la vivienda) y el acceso a las infraestructuras y los servicios sociales básicos. En este sentido, el excelente informe 50 años de Desarrollo Humano y Perspectivas para 2025 publicado en Marruecos con ocasión del cincuentenario de su independencia es todo un hito.

Sin embargo, lo que todavía no está claro es cómo se articula esta visión del desarrollo humano con las grandes opciones del modelo económico general, y más concretamente con la política macroeconómica, la apertura comercial mediante la creación de zonas de libre comercio con la UE (en el marco del partenariado euromediterráneo) y en el caso de Marruecos (y tal vez pronto de Túnez y Argelia) con Estados Unidos, y la estrategia de desarrollo industrial sectorial, o si la política de desarrollo humano se va a reducir a una serie de intervenciones puntuales de carácter paliativo para contrarrestar los déficit sociales más lacerantes, y no en marco de referencia de todas las políticas públicas.

Aun cuando efectivamente mejoren marginalmente las condiciones de vida de los sectores sociales más desfavorecidos, ello podría contribuir a reforzar el dualismo, ya endémico en las sociedades del Magreb, entre los sectores modernos, dinámicos y competitivos, plenamente integrados en Europa, por un lado, y los medios rurales y periurbanos atrasados económica y culturalmente, sin oportunidades económicas y por consiguiente estructuralmente dependientes.

Esperando al Magreb

En cualquier caso, si algo resulta cada vez más evidente es que, hoy por hoy, la condición necesaria para el despegue económico del Magreb, e incluso para su integración en el espacio económico europeo, es la integración de sus mercados entre sí, que hoy en día tan solo se materializa a través del contrabando.

Aunque el Magreb suponga un mercado de casi 75 millones de habitantes (100 millones dentro de 20 años, según las proyecciones demográficas), su escasa capacidad adquisitiva y su fragmentación hacen que cualquiera de los tres países del Magreb por sí solo sea demasiado pequeño para atraer inversiones productivas extranjeras para la captación de sus mercados, más allá de las grandes marcas internacionales con una estrategia de posicionamiento global o las multinacionales que optan a las licencias de servicios públicos o las privatizaciones.

Así se explica que, en su Informe sobre la Inversión en el Mundo 2003, la UNCTAD incluyera a los tres países del Magreb central como países con “bajo potencial de inversión extranjera directa”, y que difícilmente pueda hablarse de Marruecos, Túnez o Argelia como “países emergentes”. Esto hace que el bloqueo de la integración magrebí se esté revelando crecientemente como uno de los principales obstáculos al desarrollo de los países del Magreb y a la resolución de una de sus grandes incógnitas estratégicas a medio plazo, como es la de su modelo de inserción en el sistema económico mundial.

Y aquí reside probablemente, en la incapacidad de los gobiernos magrebíes para hacer realidad el sueño unitario que sus pueblos compartían en el momento de la independencia, o siquiera para desbloquear un proceso de integración económica en el seno de la Unión del Magreb Árabe creada en 1989, el principal fracaso colectivo de política económica de los países del Magreb en este medio siglo. También hoy es esa, la integración magrebí, la estrategia endógena que podría dar una respuesta más rápida simultáneamente a todos los interrogantes y desafíos económicos que afronta la región. Ni la población del Magreb, ni la estabilidad de la propia Europa, pueden permitirse otro medio siglo sin desarrollo.