Cuando circulamos hoy día por las calles de Túnez, la impresión general es que los tunecinos están deprimidos y que la inestabilidad política les agota. Las enormes expectativas del 14 de enero de 2011, los meses de euforia revolucionaria tras la huida del dictador Zine el Abidine Ben Ali a Arabia Saudí y las primeras elecciones democráticas del 23 de octubre de 2011 han dado paso a la decepción ya que los políticos no se han adaptado a las demandas que el pueblo coreaba contra el régimen del dictador derrocado: Trabajo, Libertad y Dignidad.

Casi tres años después del levantamiento popular, los tunecinos ven una revolución teñida de luto y viven una crisis política detrás de otra con dos asesinatos políticos, la dimisión del gobierno de Hamadi Yebali, la matanza de soldados en el macizo montañoso de Chambi, en la ciudad de Kasserine y atentados suicidas en ciudades turísticas. Reina la confusión y el futuro de este país llamado “pacífico” parece más incierto que nunca. El principal responsable de este “caos” es el partido islamista en el poder, Ennahda. Las razones fundamentales de la inestabilidad política son no solo la falta de un calendario para la aprobación de la nueva Constitución y para las próximas elecciones, sino también la negativa a iniciar un proceso de justicia transicional.

La revolución teñida de luto

El 6 de febrero de 2013, todos los medios de comunicación emitieron una noticia abrumadora: Chokri Belaid, un eminente abogado, militante nacionalista y líder de izquierdas del Frente Popular acababa de ser asesinado tras recibir varios disparos en la puerta de su domicilio en Túnez. Este drama estremeció a todo el país. Al día siguiente, en su funeral, miles de tunecinos acompañaron al cortejo fúnebre hacia el cementerio de Yallez. Lo enterraron en el honorable “Jardín de los líderes”, a unos centímetros de la tumba de Salah ben Yusef, que también era abogado nacionalista y un combatiente exiliado que se opuso al primer presidente de la república tunecina, Habib Burguiba, y que también fue asesinado en 1961.

Tras el primer asesinato, vino el segundo. El 25 de julio de 2013, el día de la fiesta nacional de la independencia, fue asesinado Mohamed Brahmi, un diputado nacionalista. Túnez quedó conmocionado. Dos días más tarde, el ministro del Interior, Lotfi ben Yeddu, afirmó en una conferencia de prensa que se siguió el mismo modus operandi que en el primer asesinato. Y añadió que “la misma arma automática del calibre 9 mm que mató a Chokri Belaid también mató a Mohamed Brahmi”. La tumba de Brahmi se suma a las dos tumbas de Ben Salah y Belaid en el “Jardín de los líderes”. A día de hoy, sigue sin conocerse la identidad de los que ordenaron estos asesinatos. Ennahda y sus partidos satélites, el CPR (Congreso por la República) y Ettakatol, acusan a “contrarrevolucionarios” y a “corruptos”, sin juicio ni pruebas.

En el otro bando, la oposición, apoyada por la potente central sindical UGTT, acusa al gobierno de incompetencia y ha organizado varias manifestaciones en todo el país, especialmente delante del Palacio del Bardo, para pedir no solo la dimisión del gobierno, sino también la disolución de la Asamblea Constituyente y la preparación de unas nuevas elecciones por parte de un ejecutivo técnico. El escenario del golpe de Estado contra los islamistas que se produjo el 3 de julio en Egipto produce desde entonces pesadillas a Ennahda y a sus partidarios. A pesar de todo, el jefe del gobierno, Ali Larayed, no da su brazo a torcer. Pero la ola de desgracias no cesa: cuatro días después del asesinato de Brahmi, la víspera del Eid, mataron a otros ocho soldados en Chambi.

Esta vez el horror alcanzó un nivel superior: los asesinos degollaron a algunos militares y les cortaron el pene. Los culpables fueron supuestamente “unos terroristas de los cuales el 50% son argelinos que han declarado su apoyo a Al Qaeda”, afirmaba el ministro del Interior en la radio Mosaïque FM el pasado 3 de agosto. A pesar de los efectos del anuncio de la “lucha contra el terrorismo”, solo se detuvo a uno de estos terroristas el 7 de agosto, y fue gracias a los ciudadanos. El 23 de octubre, el segundo aniversario de la creación de la Asamblea Constituyente, seis agentes de la Guardia Nacional fueron asesinados por unos terroristas que todavía no han sido identificados ya que ninguna investigación ha descubierto aun a los culpables. Siete días más tarde, se produjeron dos atentados suicidas en dos ciudades turísticas: Susa y Monastir.

En la primera, la parte inferior del kamikaze quedó literalmente despedazada. En la segunda, el kamikaze, de 17 años, fue detenido. El terrorismo ataca a partir de ahora al turismo. Desde las elecciones del 23 de octubre de 2011, Túnez ha sufrido una sucesión de desgracias, a cada cual más dolorosa. Básicamente, da la impresión de que a la oposición nacionalista, los agentes de la Guardia Nacional y el ejército les ha caído una especie de maldición. Extrañamente, estos dramas ocurren en fechas importantes para los tunecinos, como la fiesta de la República, el Eid o el aniversario de la Asamblea Constituyente.

Lo que resulta aún más extraño es que sigue sin saberse quiénes son los culpables. Algunos ven en ello una manera de desestabilizar al partido islamista y de expulsarlo del poder por parte de los caciques del régimen de Ben Ali. Otros consideran que estos dos años sangrientos son consecuencia de la incompetencia de Ennahda en su lucha contra el terrorismo. No obstante, ante la falta de una reforma judicial y del sector de la seguridad en el marco de un proceso de justicia transicional, las discrepancias entre los partidos políticos, que se acusan entre ellos y que a veces se insultan en los platós de televisión, se agravarán aún más. Debido a la falta de investigaciones centradas en esta avalancha de dramas y de un juicio, el problema del terrorismo yihadista sigue siendo teórico.

Cálculos políticos en detrimento de una justicia transicional

Desde la llegada al poder de Ennahda, la causa directa de las crisis políticas que se han sucedido ha sido fundamentalmente un fallo grave en materia de seguridad. Es evidente que la posición geoestratégica de Túnez es muy delicada desde el asesinato del dictador libio Muamar el Gadafi el 20 de octubre de 2011. El comercio de armas entre Túnez y Libia se ha convertido en una bendición para algunos grupúsculos integristas. Por otra parte, la estrategia política de Ennahda, que se ha centrado en los cálculos políticos en vez de iniciar un proceso de justicia transicional, ha agravado la crisis en materia de seguridad al abonar el terreno a la corrupción. El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia Transicional preparó un proyecto de ley de justicia transicional en estrecha colaboración con varios actores de la sociedad civil.

El 19 de noviembre de 2012, el ministerio en cuestión publicó el proyecto, pero en la Asamblea Constituyente, el bloque parlamentario mayoritario de Ennahda lo bloqueó y prefirió optar por el “proyecto de ley de salvaguarda de la revolución” cuyo objetivo era la exclusión política de los caciques del antiguo régimen sin recurrir a la justicia. Samir Dilu, ministro de Derechos Humanos y Justicia Transicional, que pertenece a Ennahda, acabó por contradecir a su propio partido al declarar el 17 de abril de 2013 en la radio Mosaïque FM: “El proyecto de ley de justicia transicional es prioritario en comparación con el de la salvaguarda de la revolución, aunque sé que esto se opone al bloque parlamentario al que pertenezco (Ennahda)”. La oposición, constituida por partidos políticos cuyos líderes eran fervientes militantes contrarios al régimen de Ben Ali, como Al Yomhuri, Al Massar y el Frente Popular, se vio apoyada en esta iniciativa de Dilu por partidos compuestos, entre otros, por caciques del partido RCD (Reagrupamiento Constitucional Democrático), Nida Tunes, la Iniciativa y el Movimiento Desturiano.

Debido a la falta de una justicia transicional, Ennahda ha optado por los cálculos políticos y ha ascendido a varios dirigentes del antiguo régimen destituyendo a otros. Su socio en el poder, Ettakatol, escandalizado, ha exigido que se revisen todos los nombramientos (gobernadores, delegados, consejeros delegados de empresas estatales, consejeros delegados y directores generales de medios de comunicación) realizados por el partido islamista, que no ha cumplido la norma de la concertación en la troika gobernante. Tras el asesinato de Belaid, el jefe del gobierno Yebali quiso cambiar de política “para salvar al país del naufragio” creando un gobierno compuesto por tecnócratas, pero su partido, dirigido por el jeque Rachid Ghanuchi, se negó.

Acabó por dimitir, dejando su lugar a Ali Larayed, uno de los actores más importantes de la intentona golpista contra Burguiba en 1987. Sin embargo, tras el segundo asesinato, la situación se volvió más crítica y obligó a más de 60 diputados de la oposición a suspender sus actividades en la Asamblea y a pedir la dimisión del gobierno de Larayed y un calendario claro para terminar la Constitución. El 22 de agosto, el presidente de la República, Moncef Marzuki, aisló a varios generales del ejército “para evitar un intento de golpe de Estado”, según afirman algunas personas cercanas a los líderes de Ennahda que prefieren mantenerse en el anonimato.

La tensión política entre los partidos disminuyó gracias a la intercesión de cuatro poderosos agentes sindicales y asociativos tunecinos –la UGTT, la UTICA, la LTDH y el Colegio de abogados tunecinos– que proponen “el diálogo nacional” entre los partidos de la oposición y el gobierno para encontrar una solución a la crisis política. Actualmente se están llevando a cabo negociaciones para elegir al nuevo jefe de gobierno que sustituiría a Larayed, permitiendo así la instauración de un nuevo ejecutivo.

La Constitución, laboratorio de una sociedad dividida

La aprobación de la Constitución y de proyectos de ley fundamentales para este periodo transitorio se ha visto retrasada por varias disensiones políticas. Aunque esto exaspera a los tunecinos, los debates que se celebran en la Asamblea no son, en realidad, más que el reflejo de una sociedad que se atreve por fin a expresar sus frustraciones y sus contradicciones a través de sus diputados, tras décadas de censura, de ley del silencio y de represión en el antiguo régimen. Por otra parte, en vez de concentrarse en el proyecto de ley de justicia transicional, otras cuestiones, sobre todo relacionadas con el tema de la identidad, han dado pie a muchas polémicas en la escena política.

Las rencillas por el lugar del islam en la Constitución imponiéndolo como religión de Estado o el de la mujer en la sociedad, que el partido islamista considera “complementaria del hombre”, han perjudicado al proceso posdictatorial y han hecho que se pierda mucho tiempo. Estos temas han ocupado los debates políticos y han puesto de manifiesto las divisiones identitarias entre los diputados, en detrimento de otros debates en materia judicial, económica y de seguridad. Esto ha agravado más la crisis política no solo entre Ennahda y la oposición, sino también dentro del partido islamista que se enfrenta cada vez más a numerosas dimisiones de sus partidarios y de sus líderes por sentirse decepcionados, especialmente tras su renuncia a incluir la sharia en la Constitución.

Hemorragia de jóvenes, consecuencia directa de la desilusión revolucionaria

Con un 51% de la población menor de 30 años, y dadas las sucesivas crisis políticas, resulta cada vez menos evidente que se cumpla el sueño de un Túnez que pueda responder a las expectativas de los jóvenes. Los problemas económicos se agravan y empujan a miles de tunecinos a emigrar clandestinamente a Europa, poniendo en peligro sus vidas, o a comercializar, especialmente con armas, en Libia o Siria.

Es bastante habitual encontrarse con muchos habitantes del popular barrio de Zahruni, en el Gran Túnez, que se preparan para “quemarse” (irse). “De todas maneras, aquí agonizamos, no espero nada de este país, los políticos ni siquiera son capaces de redactar una Constitución”, me confía Bilel, un joven vendedor de perejil que, sin embargo, está al corriente de la tragedia que causó 300 muertos el 5 de octubre en el naufragio de una embarcación en las costas de la isla de Lampedusa. Para los que no necesitan marcharse clandestinamente, gracias a sus títulos universitarios, la solución sería vivir en Estados Unidos o en Europa. En enero de 2012, un estudio del Secretariado General de Inmigración reveló que, solo en Francia, había 26.000 tunecinos “muy cualificados”. En cuanto a los yihadistas que se han marchado a Siria, su destino dependerá del ultimátum impuesto por el régimen sirio al Estado tunecino: mantener una estrecha colaboración “en su lucha contra el terrorismo”, para liberar a los tunecinos detenidos en las cárceles sirias.

Varias familias, más de 153 según el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales, esperan todavía una respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores tunecino, que se muestra incapaz de repatriar a sus hijos. La situación política en Túnez tras la dictadura está salpicada de crisis sucesivas debidas, en gran parte, a los errores de cálculo en las prioridades de los partidos políticos en el poder: el rechazo a una justicia transicional y a una reforma judicial y de la seguridad que permitiría el desbloqueo económico. El partido Ennahda, que cede de vez en cuando sobre algunos artículos de la Constitución, echa continuamente un pulso a la oposición.

A pesar de las promesas del partido islamista de elaborar un calendario definitivo para terminar la Constitución y fijar la fecha de las próximas elecciones, la realidad es otra bien diferente. Mientras, Túnez se desangra y su juventud se muestra desilusionada con unos partidos políticos anquilosados que se niegan a regenerar a sus líderes septuagenarios, todavía aferrados al poder.