La delegación del gobierno para la Extranjería y la Inmigración acaba de publicar el Balance 2003 en el que se constata que el año pasado se cerró con un 24% más de extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor. Según el informe, el número de repatriaciones de extranjeros en situación ilegal llevadas a cabo durante ese año ha aumentado un 20% respecto a 2002. AFKAR/IDEAS ha tenido la oportunidad de analizar la situación con Manuel Pérez, director general de Extranjería en el ministerio del Interior.

AFKAR/IDEAS: ¿Cuáles son los avances de España y de la Unión Europea en el campo de la inmigración?

MANUEL PEREZ: España ha sido capaz, a pesar de que nadie lo creía, de poner en marcha una política para ir asimilando la llegada de personas procedentes del exterior. La prueba evidente es que hemos crecido el último año un 20% en el número de residentes extranjeros. Somos capaces de ir integrando a la población que viene del exterior, porque lo demanda nuestra economía y porque contribuye al crecimiento de España. Más del 5% de los trabajadores que hay en España son extranjeros; hay casi cerca de un millón que cotiza a la Seguridad Social. Creo que eso en sí mismo es un avance y revela el aspecto positivo que lleva consigo el fenómeno de la inmigración. Ésta será la tendencia en los próximos años porque nuestro país es capaz de crecer económicamente y seguirá necesitando la llegada de personas desde el exterior. Además hay que tener en cuenta que demográficamente son dos fenómenos vinculados: nuestra población va decreciendo, no podemos atender esos puestos de trabajo y lo necesitamos ….

A/I: En España el porcentaje de inmigrantes se acerca progresivamente a la media europea, ¿cree usted que seguirá en aumento en los próximos años?

M.P.: Es previsible que el número de extranjeros en España se incremente durante los próximos años; el desarrollo económico de nuestro país y la falta de mano de obra para determinados puestos de trabajo requerirá de la llegada de trabajadores extranjeros.

A/I: ¿Cuáles son sus cálculos sobre extranjeros en situación irregular en España?

M.P.: No es posible establecer un número de extranjeros en situación irregular, por su propia naturaleza no se puede determinar.

A/I: Las estrategias actuales tendentes a favorecer la circulación de mano de obra parecen contradecirse con la realidad. Víctor Pérez Díaz explicaba en un estudio que el 90% de los inmigrantes magrebíes, marroquíes principalmente, viene a Europa para quedarse. ¿Qué piensa usted?

M.P.: Efectivamente, la población inmigrante procedente de los países del norte de África emigra con la intención de establecerse de forma permanente en el país de destino. Es necesario avanzar en fórmulas que permitan la llegada de trabajadores con carácter temporal desde esos países.

A/I: El sistema de cuotas, aplicado por EE UU desde el siglo XIX, ha sido criticado por algunos partidos europeos. El sistema de contingentes, la incentivación de la contratación en origen por los países OCDE, la creciente necesidad de trabajadores, el debate sobre los visados…¿Cuáles son los números que maneja su dirección sobre inmigrantes que se pueden admitir al año?

M.P.: El gobierno establece anualmente el número de trabajadores extranjeros que pueden admitirse desde el exterior a través del denominado “contingente”. En 2003 el número de trabajadores admitidos por el contingente fue de 25.372, y para este año el número previsto es de 30.978. Pero el contingente no es la única forma para admitir trabajadores extranjeros procedentes del exterior. Prueba de ello es que en 2003 se admitieron más de 150.000 trabajadores extranjeros en España procedentes, incluyendo tanto los referidos al contingente como a otras vías. Una auténtica política europea de inmigración

A/I: Nuestra vida, nuestro derecho, nuestra economía y quizá pronto nuestra política y defensa dependen cada vez más de la UE.¿Cómo valora lo conseguido hasta ahora a escala comunitaria en el plan de las migraciones?

M.P.: La UE ha avanzado desde la entrada en vigor del tratado de Amsterdam en la puesta en práctica de una política común en inmigración, asilo y fronteras, especialmente por lo que se refiere a los países del espacio Schengen. Si hay algo que los diferentes gobiernos europeos tienen en común es que su política de inmigración, sea del signo que sea, se diferencia poco una de otra. Así la alemana y la española no son idénticas, pero sí muy parecidas, y sin embargo estamos ante gobiernos de tendencia política distinta.

Y esto es así porque probablemente no cabe otra directriz política que la que en este momento está llevando a cabo la UE, aún cuando es cierto que no ha avanzado en este frente todo lo que hubiera sido deseable. La inmigración, el control de la entrada de personas, es una cuestión íntimamente vinculada a la soberanía: no es fácil que los Estados miembros de la UE, renuncien a parte de su poder, a algo tan intrínseco como el control de las personas que entran en su territorio, en favor de una organización internacional. Eso cuesta tiempo, debe desarrollarse. Por el momento, la UE es (a excepción de Reino Unido e Irlanda), un espacio en el que las personas circulan libremente, sin ningún control y con una supresión de fronteras interiores, el espacio Schengen. Toda vez que una persona entra en ese espacio puede circular libremente.

También tiene, desde 1996, un visado común, al que van a incorporarse nuevas medidas de seguridad el próximo año. Se van a introducir nuevas medidas de seguridad en los visados, las fotografías digitalizadas… Existe una responsabilidad compartida: el que controla la frontera exterior, española o austríaca, sabe que controla toda la frontera de ese espacio común, y al que en un plazo, todavía por determinar, se van a incorporar los 10 nuevos miembros de la UE. Estos países no formarán parte desde el principio del espacio de libre circulación porque necesitarán adaptarse a controles fronterizos.

Al mismo tiempo surgen directrices a nivel europeo, sobre los criterios para admitir a extranjeros en la UE: criterios comunes para la admisión de solicitantes de asilo, para el reconocimiento de esos refugiados y sus derechos…, y para los familiares que quieren venir a vivir con los que ya están aquí: la reagrupación familiar. Hay, pues, una auténtica política europea de inmigración que tendrá una fase posterior y un mayor desarrollo. Probablemente una mayor pérdida de soberanía por parte de los Estados miembros en favor de la UE.

A/I: ¿Cómo encuadrar esta política española, esta política europea en el marco de las relaciones euromediterráneas, en concreto con Marruecos?

M.P.: Marruecos es un país doblemente afectado por la realidad de la inmigración. Es emisor de población inmigrante, pero también es receptor, no como punto de destino, sino como tránsito hacia la UE. El primer colectivo de residentes extranjeros en España es el marroquí, 340.000 residentes legales, con una tendencia creciente año tras año. Este colectivo lleva ya por lo menos más de 10 años en España y se está consolidando; aumenta a través de la llegada de los familiares, que son nuevos trabajadores. El año pasado se emitieron más de 20.000 permisos de trabajo iniciales a ciudadanos marroquíes.

La inmigración magrebí

A/I: Limitémonos al Mediterráneo sur. ¿Qué pueden hacer los gobiernos europeos para contribuir a las reformas de Marruecos,Argelia, Túnez…? ¿Cómo salir del círculo vicioso, pocas garantías-mínima inversión europea creciente emigración norteafricana?

M.P.: Los gobiernos europeos pueden contribuir al desarrollo de los países del norte de África a través de la cooperación, tanto bilateral como comunitario, por medio de los acuerdos de asociación que la UE ha suscrito con ellos. Si queremos controlar esta realidad migratoria procedente de Marruecos tenemos que pensar en la necesidad de contribuir a su desarrollo económico. La llegada de inmigrantes y la necesidad de un mayor desarrollo económico en ese país son dos fenómenos muy vinculados.

La llegada de ciudadanos marroquíes a España ha entrado en una dinámica que deja al margen el fenómeno exponencial de la llegada de pateras, fenómeno con gran trascendencia mediática, pero que cuantitativamente es poco numeroso. Estamos siendo capaces de establecer mecanismos con Marruecos para afrontarlo de una forma legal. Más de 20.000 trabajadores marroquíes admitidos legalmente el año pasado para residir en España. Ése es un dato que se refiere a una realidad, y más si lo comparamos con el número de marroquíes que intentó entrar a través de embarcaciones. Pero a España no sólo le preocupa el fenómeno de la inmigración procedente directamente de Marruecos, sino la inmigración que transita a través de ese país. En ese sentido, ésta es una puerta de acceso a la UE del África subsahariana.

Por ello, lo que se ha hecho desde España y en el marco del diálogo que la UE tiene abierto con Marruecos, es concienciar a las autoridades marroquíes para que asuman su responsabilidad en el control de este fenómeno. No se trata de que haga un papel de gendarme frente a la UE, sino de que garantice los derechos fundamentales de estas personas, trasladadas por redes organizadas desde sus países de origen. Durante los últimos años éste ha sido un fenómeno que ha crecido, nosotros lo hemos visto a través de la llegada de personas procedentes de estos países que han embarcado en el territorio marroquí hacia España.

Pero también hay que reconocer que estamos sentando las bases para un diálogo y una asociación entre los dos países. Las autoridades marroquíes son conscientes de esta realidad; estamos empezando a generar un clima de confianza mutua para abordar este fenómeno. Eso es algo que las autoridades marroquíes siempre han demandado y que por parte de España y de la UE debemos aceptar: Marruecos no puede hacer frente solo a una realidad de este tipo.

Marruecos necesita el apoyo del conjunto de la UE, el de España, pero también debemos reconocer que hay una apuesta decidida por parte del gobierno marroquí para acabar con este fenómeno. Hay acuerdos logrados con Marruecos, que son expresión clara de esto: patrullas conjuntas, el cumplimiento por parte de Marruecos de sus compromisos en materia de readmisión de personas o el establecimiento de una colaboración en el ámbito de información para luchar contra el tráfico organizado de personas que transitan por territorio marroquí, y vienen de Nigeria, Senegal…

A/I: ¿Tienen ustedes expectativas por los que respecta a las empresas europeas en el norte de África? ¿Mejoran de modo efectivo las garantías jurídicas?

M.P.: Creo que esa esperanza está clara. En la última reunión de alto nivel con Marruecos (8 y 9 de diciembre de 2003), uno de los aspectos más importantes fue el económico. Por parte de España, el ministro de Economía, Rodrigo Rato, firmó un protocolo financiero. Ése fue quizá el aspecto más destacado en esa cumbre, además del relanzamiento de las relaciones bilaterales. Se sentaron las bases para que haya entre España y Marruecos un nuevo clima. Hay gran número de empresas españolas implicadas en el desarrollo económico y comercial de Marruecos: por ejemplo, Telefónica que está contribuyendo al desarrollo de Marruecos. Probablemente ese desarrollo no sea tan rápido como desearíamos desde el otro lado del Mediterráneo, pero seguro que poco a poco Marruecos logrará modernizar sus estructuras económicas y establecer un sistema adecuado que permita generar riqueza. Otro ejemplo: el sector del turismo, potencialmente importante en Marruecos pero al que le queda mucho por desarrollar.

A/I: El Consejo General de la Abogacía acaba de pedir al Defensor del Pueblo que interponga recurso de inconstitucionalidad contra nueve artículos de la Ley de Extranjería, reformada por el gobierno en noviembre del año pasado. Concretamente contra normas de devolución y expulsión de extranjeros. Nos interesa conocer su opinión.

M.P.: La última reforma de la ley de extranjería contó con el respaldo de casi la totalidad del Parlamento. Su contenido es plenamente conforme con nuestro texto constitucional y nuestros compromisos europeos.