Mujeres y población rural joven: el gran reto del desarrollo

Marco Zupi

Desarrollo es un concepto controvertido y un término que adopta múltiples formas y significados para diferentes personas. Pero si lo contemplamos desde un punto de vista transformativo, podría significar sencillamente abordar los determinantes estructurales de la pobreza, la desigualdad, la injusticia y la degradación ambiental más que ocuparse de sus síntomas y sus efectos colaterales.

Desarrollo quiere decir cambio en el sentido de ampliar el abanico de posibilidades de la gente y la resistencia de los sistemas adaptativos (medioambientales y sociales) complejos. En consecuencia, combatir la pobreza significa eliminar las carencias materiales y multiplicar las oportunidades y capacidades, así como fomentar la libertad entendida como derechos humanos para todos. Una estrategia para impulsar los derechos humanos y la democracia se debería entender en un sentido más amplio que el de la mera introducción formal de normas y procedimientos: además del Estado de Derecho y la democracia concreta, hay que contemplar el empoderamiento económico, social y político.

Efectivamente, estos objetivos implican empoderamiento entendido como transferencia a la gente del control, las competencias y las responsabilidades sobre la toma de decisiones y los recursos. En otras palabras, una combinación de mejoras inmediatas del nivel de vida material de los pobres con un componente psicosocial y político; es decir, una combinación de aspectos personales, relacionales y colectivos (J. Degnbol-Martinussen y P. Engberg-Pedersen, 2003, Aid: Understanding International Development Cooperation, Zed Books, Londres).

Si observamos los mapas de los conflictos, la violencia, la pobreza social y económica, el desempleo y la desigualdad, la vulnerabilidad y la degradación ambientales, el hambre y la fragilidad institucional, vemos inmediatamente una compleja representación de interconexiones tanto en la cuenca mediterránea como en otros lugares. El desarrollo se tiene que concebir como la mejor prevención posible para afrontar estas interconexiones, y el empoderamiento de los grupos pobres y vulnerables es la condición previa para su participación efectiva y para que tengan oportunidades de influir en su propio futuro. Posibilitar que la gente se involucre en el desarrollo autodeterminado de sus vidas y de su entorno, así como en decidir su destino, reforzando las capacidades individuales y colectivas, significa fijar una agenda de desarrollo transformativo, lo cual implica un marco universal en sus aspiraciones y alcance. Al mismo tiempo, la sostenibilidad social, económica, política, cultural y medioambiental de los procesos de desarrollo está estrechamente relacionada con las realidades contextuales específicas en el plano local (es decir, subnacional).

Este desarrollo localizado, o este enfoque de base local, constituye la forma idónea de fomentar un desarrollo inclusivo y reducir las desigualdades económicas y políticas. Una perspectiva así supone atender a todas las características individuales y locales de las regiones en lo que se refiere a sus particularidades culturales, sociales e institucionales contempladas como aspectos relevantes para definir las políticas de desarrollo adecuadas. Para ello es necesario reconsiderar y reelaborar el sentido real de la propiedad y el proceso de desarrollo endógeno como dinámicas propias del contexto local, así como poner de relieve la importancia de la cohesión social y de la lucha contra la desigualdad. Hay que afrontar las diferencias de progreso dentro de los países y las regiones y las graves desigualdades entre poblaciones, sobre todo entre las zonas rurales y urbanas. Como subrayaba el Informe de F. Barca de 2009,An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, es preciso hacer mucho más hincapié en la convergencia territorial e insistir en que las estrategias deberían tener en cuenta la diversidad económica, social, política e institucional con el fin de aprovechar al máximo el potencial de desarrollo, tanto local como conjunto.

Si entendemos el desarrollo como un proceso transformativo, las mujeres y los jóvenes representan poderosos agentes de cambio. Invertir en las mujeres es un imperativo moral y una meta en sí misma si se quiere aplicar un planteamiento centrado en los derechos, así como una política de excelencia que tenga como protagonista a la población, con el fin de reducir y erradicar la pobreza. Esto se debe al denominado “efecto niña” (B. Teutsch, 2015, 100 under $100. One hundred tools for empowering global women, She Writes Press, Berkeley, CA): educar a las niñas retrasa el matrimonio y la maternidad, corrige el equilibrio de poder en los procesos de toma de decisiones a escala doméstica y de las comunidades y facilita su acceso a empleos mejor pagados y a la condición de agentes activos de desarrollo por ellas mismas, sus familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto. Un círculo virtuoso sustituye a la trampa de la pobreza. Invertir en las mujeres también es una magnífica política de desarrollo porque los cambios en las relaciones de poder y control entre las mujeres y los hombres dependen de que aumenten la independencia, la confianza en sí mismas y la capacidad de acción colectiva por parte de las primeras, y la conciencia por parte de los hombres. Para ello se necesitan estrategias que pasen de un enfoque genérico definido como “mujeres en desarrollo” (WID, por sus siglas en inglés) y de la idea relacionada con el de una población indiferenciada de mujeres como víctimas pasivas, a una perspectiva más proactiva definida como “género y desarrollo” (GYD).

Una perspectiva GYD se basa en la combinación de estrategias desde arriba que promuevan la igualdad de género mediante políticas y objetivos prioritarios a escala nacional e internacional, y prácticas de capacitación de las mujeres que incorporen las relaciones sociales, políticas, institucionales, económicas y culturales (B. Mikkelsen, 2005, Methods for Development Work and Research, 2ª ed., Sage, Londres). A este respecto, la idea de “género” ha supuesto un avance conceptual que representa una noción y una interpretación social, institucional y cultural de las diferencias y la discriminación sexual antes que biológica. De acuerdo con esta conceptualización, desarrollo significa necesariamente empoderamiento de mujeres y jóvenes. Estos últimos, al igual que las mujeres, están determinados por la biología, pero son también un fenómeno construido socialmente (M. A. Ferber y J. A. Nelson (eds.), 1993, Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics, University of Chicago Press, Chicago). Los jóvenes tienen un peso enorme en el desarrollo presente y futuro, ya que casi la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años (P. Blaze Corcoran, P. M. Osano, 2009, Young people, education, and sustainable development. Exploring principles, perspectives, and praxis, Wageningen Academic Publishers, Wageningen), y aproximadamente el 85% vive en economías emergentes o en desarrollo y en Estados frágiles. Su probabilidad de estar desempleados triplica a la de los adultos. Mientras que más o menos la tercera parte de la juventud actual –la mayoría, mujeres– son personas sin empleo, educación o formación (los llamados ninis), a lo largo de la próxima década entrarán en el mercado de trabajo otros 1.000 millones. Por tanto, para absorberlos habrá que crear cinco millones de puestos de trabajo al mes. Hay cientos de millones de jóvenes en movimiento (Solutions for Youth Employment (S4YE) coalition, 2015, Toward Solutions for Youth Employment. A 2015 Baseline Report, Washington, D. C). La juventud, como imagen especular de la edad adulta, no solo ha cambiado a lo largo del tiempo, sino que también es distinta en las diferentes culturas (T. K. Hareven, 2005, “Changing Images of Aging and the Social Construction of the Life Course”, in M. Featherstone, A. Wernick (eds.), Images of Aging: Cultural Representations of Later Life, Routledge, Londres).

Por último, en este contexto, no cabe duda de que los sistemas alimentarios sostenibles son un reto a escala mundial. Además de ecología y desarrollo rural, hacerles frente significa innovación. Ésta debería ser una función de los ecosistemas sostenibles basada en la mejora de los medios de vida y el empoderamiento de la población rural pobre a través de la agricultura sostenible y de estrategias de desarrollo local inclusivo integradas (es decir, multisectoriales) y adaptadas a cada lugar concreto (FAO, OCDE y UNCDF, 2015, The Territorial Approach to Food Security and Nutrition Policy. Conference Report, Expo Milan 2015, Milán, 19 de octubre). Como puso de relieve el Informe 2015 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, las disparidades entre las zonas rurales y urbanas siguen siendo importantes debido a que, en su mayor parte, la carga del desarrollo desigual repercute en las primeras, donde la falta de acceso a la tecnología moderna, la energía y los servicios sociales afecta negativamente a la trampa de la pobreza (UN, 2015, The Millennium Development Goals Report 2015, Nueva York, julio).

En términos generales, las mujeres y los jóvenes siguen estando en desventaja en el mercado laboral y continúan enfrentándose a la discriminación en el acceso al trabajo y en la participación en la toma de decisiones públicas y privadas, al tiempo que las desigualdades entre el campo y la ciudad se han ampliado.

Ante todo, se necesitarán esfuerzos dirigidos a dar apoyo a los más desfavorecidos en razón de su sexo, edad o situación geográfica, ya que centrar la atención en el empoderamiento y el poder de actuar de las mujeres y la población rural joven es crucial para reforzar el desarrollo sostenible.

El empoderamiento de las mujeres y la población rural joven en el Norte de África y Oriente Medio

El Informe de Desarrollo Humano 2010 del PNUD elogiaba el éxito de algunos países de Oriente MEdio y el Norte de África (región MENA), como Túnez, Argelia y Marruecos, además de Arabia Saudí y Omán, por sus logros sin precedentes en materia de desarrollo humano a lo largo de 40 años. A partir de enero de 2011, el mundo árabe estalló en una enérgica exigencia de democracia, trabajo, dignidad y libertad, y se rebeló contra el gobierno autoritario e irresponsable sobre una población alienada. El componente predominante de los levantamientos en Túnez, Egipto y Libia lo formaban estudiantes de educación secundaria y superior. Al principio, se subestimaron las rebeliones calificándolas de “simples disturbios estudiantiles” (I. W. Zartman (ed.), 2015, Arab Spring. Negotiating in the Shadow of the Intifadat, The University of Georgia Press, Londres).

Durante la Primavera Árabe, tanto los gobiernos nacionales como las iniciativas internacionales –incluido el fallido Partenariado euromediterráneo impulsado en noviembre de 1995– mostraron escasa disposición y capacidad para comprender los fenómenos más profundos y estructurales de la región MENA, que guardan relación con las mujeres y los jóvenes.

En todo la zona, las leyes sobre el Estatuto Personal siguen siendo un obstáculo clave al que se enfrentan las mujeres. La ley varía de un país a otro, pero, a excepción de Túnez y Marruecos, no se caracteriza por su sensibilidad hacia el género (de acuerdo con los criterios de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, por sus siglas en inglés). Las víctimas de las turbulencias que afectan a la región, con la guerra civil en Siria, la desestabilización en Libia y los campos de refugiados de los países vecinos, son sobre todo mujeres y niñas (K. Heideman, M. Youssef, W. Drumheller, 2014, MENA Women: Opportunities and Obstacles in 2014, Woodrow Wilson Center, Washington, DC).

Según los indicadores del desarrollo mundial –la principal recopilación de indicadores de desarrollo del Banco Mundial reunida a partir de fuentes internacionales oficialmente reconocidas–, con la excepción de Yibuti y Siria (para los que no se dispone de datos), el 30% de la población de los 20 países MENA, equivalente a más de 126 millones de niños, tiene menos de 15 años. Según Youth Policy Press, más del 28% de la población tiene entre 15 y 29 años, es decir más de 116 millones de jóvenes. Estos últimos son el segmento que crece más deprisa. Alrededor del 60% de la población tiene menos de 25 años, lo cual convierte a la región en una de las más jóvenes del mundo, con una media de edad de 22 años frente a los 28 de la media mundial (Youth Policy Press, 2015, Middle East and North Africa: Youth facts, Berlín).

En 2014 y 2015 la situación de la seguridad alimentaria en los países MENA se ha deteriorado hasta niveles alarmantes a consecuencia de la inestabilidad política y, en los casos de Egipto, Yemen, Siria y Libia, de la violencia. Los efectos negativos han repercutido sobre todo en los grupos más vulnerables, como desempleados, mujeres, ancianos y jóvenes. En los últimos tiempos, la región MENA se ha situado entre las que han realizado menos avances en seguridad alimentaria del mundo (EIU, 2014, Food Security in Focus: Middle East & North Africa 2014, Londres).

Más del 50% de los alimentos que se consumen en la zona son importados, lo que la convierte en la mayor importadora de alimentos a escala mundial. Las altas tasas de crecimiento demográfico, combinadas con la grave escasez de tierras cultivables y de agua (los niveles de agua per cápita son los más bajos del mundo, y se prevé que el cambio climático provoque una reducción de las precipitaciones del 20%), hacen pensar que, en el futuro, esta dependencia de las importaciones aumentará o se mantendrá en los niveles actuales (Banco Mundial, 2008, Agriculture and rural development in MENA. Sector brief, Washington, DC). Alrededor del 70% de los pobres de la región viven en zonas rurales. La pobreza rural crónica no está generalizada (excepto en Yemen), sino que se concentra en determinados grupos sociales, como los hogares al frente de los cuales hay una mujer, los jóvenes, los que no tienen tierras y los obreros del campo, así como en determinados territorios (desigualdad espacial).

Con 417 millones de habitantes, el producto nacional bruto (PNB) es alto, pero este indicador no dice nada acerca de cómo están distribuidos los recursos entre los grupos de población ni de los numerosos aspectos del desarrollo más allá de las medidas monetarias. En la región MENA, la gran mayoría de la población vive en países de renta media. Catar (92.200 dólares), Kuwait (49.300 dólares), EAU (44.600 dólares), Israel (35.320 dólares), Arabia Saudí (25.140 dólares), Bahréin (21.060 dólares) y Omán (16.870 dólares) son economías de ingresos altos; Líbano (10.030 dólares), Libia (7.820 dólares), Irán (7.120 dólares), Irak (6.500 dólares), Argelia (5.490 dólares), Jordania (5.160 dólares) y Túnez (4.230 dólares) son economías de ingresos medios-altos; y Marruecos (3.070 dólares), Palestina (3.060 dólares), Egipto (3.050 dólares) y Yemen (1.300 dólares) son economías de ingresos medios-bajos.

La parte de la población en situación de extrema pobreza –que vive con menos de 1,25 dólares diarios (en paridad de poder adquisitivo)– es más bien pequeña: en 2012 se situó alrededor del 7,4%, frente al 4,1% de 2010 (CESAO (2014), Sustainable development goals… An Arab regional perspective, Arab High Level Forum on Sustainable Development, Amán, 2-4 abril). Además, cuando se tienen en cuenta los umbrales de pobreza nacionales, en 2012, alrededor del 23,4% de la población árabe vivía por debajo de ese límite, frente al 22,7% en 1990 (CESAO y Liga Árabe (2013), Arab Millennium Development Goals report: Facing challenges and looking beyond 2015, Beirut).

A pesar de que el PNB per cápita es alto, actualmente la región MENA se enfrenta a la tasa de paro juvenil más elevada (29,9%) y de participación de los jóvenes y las mujeres más bajo (más del 50%) del mundo, con la previsión de que siga aumentando en los próximos años. Las mujeres sufren aún altas tasas de desempleo (la brecha de género es del 12%, mucho mayor que en el resto del mundo) y bajos niveles de empleo (alrededor del 50%, mientras que en el África subsahariana es del 10%), tienen menos posibilidades de participar en la fuerza de trabajo (en 2014, la tasa de participación de las mujeres era del 21,7%, 53,5 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres), y se enfrentan a un mayor riesgo de trabajar en empleos vulnerables (la brecha de género es de más del 20% en el Norte de África), es decir, de trabajar por cuenta propia o en empresas familiares. Además de la discriminación, estas brechas de género representan un desperdicio serio y sustancial del potencial de desarrollo de las mujeres y los jóvenes en lo que se refiere a sus aptitudes, talento y motivación (OIT, 2015, World employment and social outlook. Trends 2015, Ginebra). Al mismo tiempo, la pobreza rural alimenta la emigración a las ciudades (mayoritariamente costeras), incapaces de crear suficiente empleo para absorber el aumento de la mano de obra.

La ausencia de instituciones que garanticen la plena ciudadanía económica y política de las mujeres y los jóvenes, sobre todo en las zonas rurales, y la falta de capacidad administrativa e institucional para implantar el respeto a su capacidad de actuar obstaculizan las perspectivas de que se produzcan cambios en la región MENA. El término “instituciones” debe entenderse en sentido amplio: las leyes, los códigos y las normas sociales, la mala gobernanza, la propiedad de la tierra, el acceso al crédito, el funcionamiento del mercado y del mercado informal (D. F. Angel-Urdinola, K. Tanabe, 2012, Micro-Determinants of Informal Employment in The Middle East and North Africa Region, World Bank SP Discussion Paper, 1201) y el agotamiento de los recursos son, en cierta medida, responsables del fracaso del empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

Los índices de educación son relativamente altos en la región y se han incrementado notablemente en la última década, en particular entre las niñas. Este fenómeno despertó esperanzas y expectativas de empleo y movilidad social, que se han visto, y se siguen viendo, defraudadas. El automatismo imaginado por la teoría del capital humano acerca de la correlación entre educación y nivel salarial medio no se ha hecho realidad, y, en consecuencia, el resultado ha provocado una frustración generalizada. Es lógico hablar de levantamientos e insatisfacción con el encabezamiento de “pan y rosas”: la democracia, los derechos humanos y la libertad (las rosas) no se pueden considerar independientemente de la demanda de empleos dignos (que permitan llevar el pan a casa).

El riesgo de que resuciten los anticuados modelos patriarcales y tribales de relaciones sociales ( Z. Mir‐Hosseini, 2011, “Beyond ‘Islam’vs ‘feminism’”, IDS Bulletin, N. 42(1)), la ausencia de políticas que promuevan la igualdad de género entre las prioridades de los gobiernos de la región MENA, la emigración que afecta a la cuenca mediterránea hoy y que la seguirá afectando en el futuro próximo, el “choque de civilizaciones” esperado por unas minorías ínfimas en nombre de una retrógrada “vuelta a la sharia” (A. Tausch, A. Heshmati, 2016, “Islamism and Gender Relations in the Muslim World as Reflected in Recent World Values Survey Data”, IZA Discussion Paper No. 9672, Bonn), y las nada realistas demandas de una cultura y una identidad nacional (o subnacional) son fenómenos reales.

Sin embargo, nuestra aproximación al conocimiento y a las políticas se debería concebir a través del establecimiento de una secuencia lógica. Las instituciones son elementos cruciales e interrelacionados de nuestra compleja realidad social, ya sea como relaciones de poder formales (acción legislativa), acuerdos formales o informales (por ejemplo, negociaciones), u organización de la esfera social (como los mercados).

Nuestro conocimiento de la realidad puede representarse de forma estratificada, considerando tres niveles diferentes: el llamado “estrato profundo” de la realidad, que está más allá de los estratos empírico y factual, no es observable directamente debido a que está asociado a mecanismos causales, estructuras de poder y relaciones institucionales que necesitan ser investigadas. Por consiguiente, debemos reflexionar y actuar en tres frentes: la retórica constitucional del Estado de derecho; los hechos y las prácticas, “objetivos” empíricos y las percepciones, opiniones y actitudes subjetivas.

Estos son los tres niveles diferentes de realidad. Todos son importantes y todos guardan una relación recíproca, pero no son lo mismo (M. Zupi (2015), Measuring women’s empowerment and discriminatory social institutions in Senegal. Definition, conceptualization & measurement. A discussion paper, CeSPI- UNWOMEN, Dakar). Es necesario identificar en todo momento las dimensiones más importantes y estructurales para usarlas como instrumento para el desarrollo. En el contexto de la polarización geográfica y la estratificación social de la región MENA, las oportunidades de un trabajo digno para las mujeres y los jóvenes siguen siendo el punto de inflexión clave para un proceso transformativo de empoderamiento de los grupos vulnerables.