La gran sorpresa del año social argelino es que la abundancia de riqueza produce las mismas tensiones que su escasez, como hace 20 años, cuando el petróleo estaba en su momento más bajo. A una nueva era de ingresos altos, le corresponden nuevas exigencias de reparto y nuevos actores sociales. El año social argelino 2007-2008 ha sido el más tenso desde las grandes huelgas de 1989 y 1990, ligadas a la aparición de las libertades sindicales y al principio de la política “de autoajuste” que llevó a la supresión progresiva de la protección de los precios. Los funcionarios animaron la vida pública multiplicando las huelgas sectoriales: educación nacional, hospitales y administraciones centrales han estado paralizados varios días al mes, desde la vuelta a la actividad en octubre de 2007.

En febrero de 2008, la huelga general de funcionarios públicos fue el punto culminante de un movimiento que llevaba gestándose desde otoño de 2003, y la primera gran huelga general de profesores de instituto, que duró 11 semanas. El lema bajo el cual se agruparon diferentes categorías socio-profesionales fue la “revalorización sustancial” de los salarios. Esta reivindicación se dirigía a un mismo patrono: el Estado. El presidente Abdelaziz Buteflika se vio obligado a intervenir de urgencia para firmar una nueva ordenanza que estableciera “una nueva tabla salarial para la función pública”, aunque ésta siguiera en proceso de estudio por parte de los servicios del gobierno. No tuvo el efecto que se esperaba. Presionadas, las autoridades tuvieron que proponer sólo una parte de los aumentos salariales, la relacionada con el régimen general de la escala base (tabla común).

La otra parte de las subidas esperadas, la de las indemnizaciones y las primas, depende de un departamento que lleva mucho retraso. Se trata de elaborar el modelo de estatuto de cada cuerpo profesional de la función pública. Al ser los sindicatos de la enseñanza la locomotora del movimiento, sólo la proximidad de los exámenes finales del año escolar apaciguó finalmente la gran revuelta de los funcionarios del Estado, a finales de abril.

Una política de salarios públicos desconectada de los ingresos del Estado

El gobierno argelino se vio completamente desbordado por la magnitud de la revuelta de sus funcionarios. No supo preverla y no vio nunca la salida, salvo el acoso judicial a los sindicalistas que alentaban el movimiento. En el fondo hay un grave error de previsión económica. El alza del precio del petróleo que empezó en 2003, precisamente el año del gran retorno del movimiento social, siempre se presentó como una tendencia frágil y reversible. El presupuesto del Estado para 2008 se sigue calculando sobre la base de un precio de 19 dólares por barril de petróleo. La política salarial del Estado es muy conservadora, ya que teme un cambio en las cotizaciones petrolíferas que desequilibraría sus finanzas públicas. Entre 2002 y 2007, los ingresos presupuestarios pasaron de 1,452 billones de dinares en 2003 a más de 4,5 billones de dinares previstos para 2008, es decir, un aumento superior al 200%.

En el mismo periodo, los salarios de los funcionarios no han aumentado más del 15%, de media (los cuerpos de seguridad han experimentado subidas que llegan hasta el 30%). Un médico de cabecera de la sanidad pública cobra en Argelia el 0,60% del salario de su homólogo tunecino. En este periodo, la productividad laboral aumentó también en todos los sectores de la función pública. La afluencia masiva de dinero infló el gasto público (más de un 30 % de media anual) y multiplicó los programas de construcción de viviendas, de equipamientos sociales, de institutos y de universidades. Ante la falta de contratación, los funcionarios de la administración local (wilaya) o central (ministerios) han tenido que trabajar más para ajustar programas cada vez más importantes.

La refundición de los contenidos pedagógicos en todos los ciclos de la enseñanza ocasionó también un exceso de trabajo para el cuerpo de profesores. Un uso más frecuente de los hospitales por parte de una población más envejecida y generalmente más expuesta a enfermedades, como muestran todas las encuestas epidemiológicas, creó la misma sensación en el cuerpo médico y paramédico: más trabajo para un Estado mucho más rico y por un salario que prácticamente no cambia. “El discurso oficial según el cual el Estado empleador necesita seguir siendo prudente para no cometer los errores del pasado se ha derrumbado en 2006 y 2007.

Las reservas de cambio se aproximaban a los 100.000 millones de dólares, los encargos del Estado apenas se fijaban en la factura como demuestra la autopista Este-Oeste, comprada por 11.000 millones de dólares para conseguir una entrega rápida y, al mismo tiempo, el proceso Khalifa, con sus revelaciones sobre las pérdidas astronómicas de depósitos públicos, terminó por liberar a los asalariados de su reserva”, afirma Mustafa Baichi, universitario y sindicalista. Se produce así el gran quiebro de los años 2007 y 2008: el gobierno estudia “pequeños ajustes salariales”, mientras que las clases medias piensan en “un nuevo reparto de la renta nacional”.

Los empleados del Estado se rebelan después de haber esperado mucho tiempo

Las familias han sabido interpretar la coyuntura más rápidamente que los responsables políticos. Han comprendido que comenzaba una nueva era de ingresos públicos y quieren una renegociación del pacto social que permitió a Argelia salir de una década terrible, la que combinó la guerra civil (1992- 2000) y los planes de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional (1994-1998). Las autoridades económicas quieren precisamente ajustar el antiguo registro de redistribución y de ayuda pública y, sobre todo, proyectar la prosperidad presupuestaria en medidas que inciten el empleo y el crecimiento. Las dos agendas, la de las familias de clase media y la del gobierno, están completamente alejadas. La primera es cerrada y centrada en los ingresos directos; la segunda es extensa y disgregada en medidas indirectas.

La revisión de la ayuda para el acceso a la vivienda que pasa de 500.000 a 700.000 dinares (alrededor de 7.000 euros), la ayuda a la contratación para las empresas, o la subvención del precio de la leche y de la harina para proteger a los consumidores del aumento de los precios internacionales, no tienen el efecto deseado de poner a disposición de los asalariados, en particular del sector público, un nuevo poder adquisitivo al mismo nivel que el Estado. Si los funcionarios públicos son la punta de lanza de esta exigencia de nuevo reparto de la renta nacional es porque son los que han soportado el mayor esfuerzo de austeridad desde hace 14 años. Tienen una legitimidad moral sin la cual los hospitales, las escuelas y los institutos no habrían podido parar por mucho tiempo sin que la opinión pública expresara su desacuerdo. Cuando el crecimiento sostenido se recuperó –una media del 4,2% desde hace cinco años–, llegó primero a las rentas del capital, a las rentas del suelo (la burbuja inmobiliaria de Argelia) y, circunstancialmente, a los asalariados del sector privado nacional e internacional.

Dos estudiantes tituladas en inglés en 2000 tienen una diferencia de salarios de uno a cuatro si una da clases en un instituto y la otra trabaja –sin formación complementaria– con un promotor turístico del Golfo árabe. El asalariado “no globalizado” se ha rebelado. Pero no es el único. En tiempos de prosperidad, los jóvenes parados son la otra parte activa del movimiento social. Se expresan por medio de los disturbios permanentes, una decena sólo en los meses de abril y mayo. Reivindican el acceso a la vivienda para sus familias (en Chlef), o el acceso al trabajo (en Tiaret o Gdyel), y chantajean al Estado –incapaz de garantizarles perspectivas– con el aumento de la huida por el mar de trabajadores (harragas) hacia las orillas de España y de Italia.

En los últimos 30 meses se han contabilizado en Argelia más de 2.400 intentos clandestinos de travesía y se han recuperado 147 cadáveres de harragas. Se ha lanzado la idea de una renta mínima de inserción –como el salario mínimo de reinserción francés–, pero el gobierno, en el momento de elaborar el presupuesto para 2008, pensaba todavía que no tenía los medios para financiar un “subsidio de espera”, lo que la coyuntura contradijo de sobra una vez más. Si bien las grandes huelgas de funcionarios públicos se apoyan en la reivindicación de un nuevo reparto de la riqueza en Argelia, el movimiento de los harragas expresa el bloqueo de ese reparto.

La solución libia de distribución directa causa problemas

En realidad, las clases medias que reclaman directamente su parte ya no confían en el Estado para administrar él solo los nuevos excedentes de las rentas petrolíferas. Este fenómeno de desconfianza no es exclusivo de Argelia, donde la “filtración” acerca de la colocación por el banco de Argelia de cerca de 40.000 millones de dólares en bonos del tesoro americano tuvo un efecto bomba en el país. El presidente libio Muammar Gaddafi anticipó ese movimiento. El pasado marzo, anunció que dedicaba 3.800 millones de dólares a un fondo de redistribución directa de las rentas petrolíferas para tres millones de libios. Los pagos mensuales serán del orden de 5.000 dinares libios (4.150 dólares aproximadamente) por familia, es decir, 830 dólares por persona.

El argumento del líder libio es el mismo “de la calle árabe” en los Estados petrolíferos: el Estado gasta mal y los ciudadanos son más competentes para eso: “Se acabó esta sanguijuela que absorbe los recursos financieros, vuestro dinero os llegará sin intermediarios. Cogedlo y proyectad vuestras actividades en la industria, en la agricultura, en la sanidad… Haced lo que queráis con vuestro dinero, que bajará o subirá en función del precio del petróleo”. Algunos ministerios van a ser suprimidos sin más.

La administración pasará de 930.000 empleados a 600.000. “La vía de la redistribución a la manera libia no es posible en Irán o en Argelia debido a una realidad demográfica diferente y a una necesidad de no fomentar las importaciones en detrimento de la producción local, lo que sigue siendo un riesgo cuando un superávit llega bruscamente a los consumidores”, explica un presentador del Foro de Empresarios. Este debate sobre quién sacaría más provecho de los aumentos salariales en Argelia tuvo lugar antes incluso de la subida del precio del petróleo, al considerar Abdelatif Benachenhu, ministro de Hacienda de la época, que los aumentos salariales en Argelia “engordarán a los exportadores europeos y asiáticos”. ¿Cómo utilizar entonces de otra forma los excedentes argelinos de la balanza de pagos? La idea de un fondo para las generaciones futuras, basado en el modelo noruego, se ha desarrollado desde que las reservas superaron el tope simbólico de los 100.000 millones de dólares.

Las instituciones financieras internacionales sugieren a Argelia que aporte capital para el desarrollo en África, en lugar de invertir en bonos del tesoro americano, de escaso rendimiento y cifrados en un dólar en peligro. También en este caso, la iniciativa viene de Libia, que ha creado un fondo de inversiones de 30.000 millones de dólares, de los cuales 5.000 millones se dedicarán a la inversión en los países africanos.

Nuevo reparto de la riqueza, nuevos actores sociales

El año social argelino ha revelado una sorprendente paradoja. Los excedentes financieros de 2007 y 2008 producen exactamente las mismas tensiones sociales y políticas que la escasez de recursos de 1987 y 1988. Hace 20 años, el petróleo se cotizaba a menos de 15 dólares el barril. El presupuesto del Estado se derrumbó y con él, el Estado del bienestar. Las huelgas obreras y más tarde los disturbios que culminaron en los de octubre de 1988, se desarrollaron con las luchas políticas para un tercer mandato presidencial del presidente Chadli Benyedid de fondo. El alarde de la ostensible riqueza del Estado –feliz de repetir cifras macrofinancieras halagüeñas– causa la misma intolerancia en la opinión pública: huelgas sindicales, explosiones agitadoras.

La fuerte degradación del clima social en la primavera de 2008 ha perturbado el calendario para una revisión de la Constitución argelina, con el fin de permitir un tercer mandato al presidente Buteflika en abril de 2009. El gobierno ha perdido más de un año hasta que se ha dado cuenta de que la reivindicación profunda de la sociedad va más allá del aumento parcial de salarios y que expresa una exigencia de un nuevo reparto de la riqueza. A nuevo reparto, nuevos protagonistas. La histórica central sindical del país, la UGTA, vinculada al poder, se ha visto completamente soprendida por el auge de los sindicatos independientes basados en los sectores profesionales.

El Consejo Nacional Autónomo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Técnica (CNAPEST) y el Consejo de Institutos de Argel (CLA, siglas en francés); el Consejo Nacional de Profesores de Enseñanza Superior (CNES, siglas en francés); el Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP); el Sindicato Nacional del Personal de la Sanidad (SNPS), y otras organizaciones sindicales absorben decenas de miles de miembros y prevén en adelante coordinarse en una nueva central sindical. El gobierno, obligado a tratar con ellos para frenar las huelgas, se niega siempre a incluirlos en la negociación de los convenios laborales y, aun menos, en la definición de un nuevo contrato social adaptado a la era del petróleo caro.

El siempre esperado reconocimiento de estos nuevos interlocutores sociales, en un papel exclusivamente reservado hasta ahora a la UGTA, será la primera señal, para muchos observadores, de un cambio en el uso de las riquezas energéticas de país.