Migraciones y seguridad en el Magreb

Las políticas migratorias deben vincularse con las políticas de desarrollo de los países de origen, más allá del aspecto de la seguridad.

Xavier Aragall

En los últimos cinco años, los países del norte y del sur del Mediterráneo han ampliado la dimensión exterior de la agenda migratoria, dando pasos, en distintos grados, hacia una externalización de las políticas migratorias. En particular, los países del sur de Europa han desarrollado estrategias para lograr el compromiso de los países de origen y de tránsito de las migraciones en el control y gestión de los flujos. España suma a la estrategia de reforzar el control fronterizo, acuerdos bilaterales de gestión de flujos migratorios laborales. Ha firmado acuerdos con países subsaharianos que abordan simultáneamente la gestión de flujos y la cooperación al desarrollo vinculada con las principales causas de las migraciones. Además lidera, junto con Marruecos y Francia, el diálogo euro-africano, que extiende más allá de la región mediterránea la necesidad de concertar las políticas migratorias. Italia, por su parte, ha logrado que los países de origen del sur del Mediterráneo se involucren en el control de las migraciones, incluida Libia.

También ha puesto en marcha programas piloto que vinculan migraciones y desarrollo, lo que supone un moderado cambio de rumbo, desde un enfoque sectorial y de contención de las migraciones hacia un enfoque global y comprehensive. Sin embargo, la llegada de Silvio Berlusconi al gobierno alteraría las líneas discursivas y el diseño de políticas, hacia un enfoque securitario. En el caso de Francia, existe una práctica que atestigua la voluntad de reforzar el papel y las capacidades de los países terceros. Así lo confirman las recientes medidas encaminadas, por un lado, a vincular las relaciones bilaterales basadas en la complementariedad de la gestión de la inmigración con el codesarrollo y, por otro, mediante la creación de un marco de cooperación reforzada en el seno del espacio euromediterráneo. En el primer caso, la propia organización institucional de las políticas migratorias bajo un único ministerio de características multifuncionales, une lazos entre las políticas del Ministerio del Interior (control y expulsiones) y las del Ministerio de Asuntos Exteriores (codesarrollo).

En el segundo tipo de medidas, el Partenariado reforzado con el Magreb de 2007 se suma al diálogo euro-africano sobre migraciones y desarrollo. Finalmente, el nuevo marco que planteaba la Unión por el Mediterráneo (UpM), en su primera propuesta suponía, en términos de políticas migratorias, una externalización de las políticas securitarias. No obstante el proyecto inicial quedará significativamente cambiado y la UpM asumirá la continuidad de la agenda migratoria euromediterránea desarrollada hasta la fecha. Se observa también que los tres países del Norte participan en programas a nivel comunitario –como en el caso del control de fronteras, o adoptando los ejes principales de actuación propuestos con la Comisión Europea (Global Approach to Migration)–, como a nivel bilateral –los tres países han cerrado acuerdos bilaterales de gestión de flujos, con especial hincapié en la readmisión. Aun así, debe destacarse que la política migratoria desarrollada a nivel comunitario (Directiva de Retorno y Pacto Europeo para la inmigración y el asilo) se ha fraguado, sobre todo el segundo, a partir del acuerdo entre Francia y España.

En la comunitarización de las políticas migratorias existe un equilibrio entre una visión más orientada hacia los intereses internos de seguridad y estabilidad (Francia) y una agenda que plantea políticas a implementar fuera del territorio, pero motivada por una búsqueda de soluciones innovadoras (España). Si centramos el análisis en los países del sur del Mediterráneo, en este caso Marruecos, debemos tener en cuenta su doble posicionamiento: por un lado, como territorio donde se implementan estas políticas (internalización de las políticas europeas) y, por otro como iniciador, en grado distinto, de medidas encaminadas a externalizar sus propias políticas migratorias. En este caso, para la orilla sur del Mediterráneo, observamos dos tendencias diferenciadas.

Dada su condición de frontera con la UE, Marruecos recibe la presión de Europa para asumir funciones de control fronterizo. Pero a su vez su condición de país de tránsito de personas procedentes del África subsahariana, hace que el gobierno marroquí despliegue una política migratoria basada en la Ley 02/03 que replica las legislaciones europeas en la materia, específicamente la Ley 4/2000 española. Además, su situación geográfica le permite poner en valor su Estatuto Avanzado con la UE, y lidera junto con España y Francia el diálogo euro-africano, para el cual la agenda marroquí converge con las prioridades de los países del norte del Mediterráneo. Pero, en este caso, urge una política encaminada a gestionar las migraciones de tránsito, sobre todo a partir del redireccionamiento de los flujos procedentes del África subsahariana emprendido por Rabat. Al reforzar Marruecos los controles fronterizos, existe un potencial de incremento de los flujos hacia otros países del Magreb.

Tendencias a nivel euromediterráneo

La declaración de la Cumbre Euromediterránea de París del 13 de julio de 2008, asume la agenda de trabajo de cinco años aprobada en 2005, así como las resoluciones de los consejos de ministros, es decir, se da continuidad a la agenda migratoria y, por consiguiente, existe la voluntad de abordar desde un enfoque multidimensional la seguridad relacionada con las migraciones. Otra de las características es el dinamismo de prácticas diplomáticas (acuerdos y procesos bilaterales y multilaterales) desarrollados en el espacio euromediterráneo. El resultado muestra la importancia de la agenda externa, tanto a nivel temático como por su valor estratégico. En el primer caso encontramos aspectos como las migraciones circulares, vinculados a la movilidad laboral, control de fronteras, readmisión, cooperación policial, institutional capaciy building en gestión y regulación de flujos migratorios y el binomio migraciones-desarrollo.

En cuanto al valor estratégico, se observa su incidencia a nivel estatal (acuerdos bilaterales de gestión de flujos) así como en procesos de diálogo multilaterales –Partenariado euromediterráneo, UE o diálogo euro-africano. Este dinamismo de iniciativas diplomáticas ha dejado atrás un enfoque de combate y control de las migraciones irregulares, para evolucionar hacia una creciente diversidad de objetivos que tendrán impacto de manera simultánea sobre aspectos de seguridad (remote control), desarrollo (root causes) o gestión (managerial). Cabe preguntarse si la UpM estará en condiciones de ser un marco regional que dé coherencia a este dinamismo de prácticas diplomáticas.

Las tendencias de ‘securitización’ y ‘des-securitización’

Si la voluntad de externalizar la política migratoria supone primar los intereses europeos en el control de fronteras, estaríamos ante la contradicción de mantener la retórica abierta hacia los temas de desarrollo y cooperación al tiempo que se implementa una perspectiva eurocéntrica basada en dar prioridad a la gestión de fronteras y al control sobre la ilegalidad de los flujos. Resulta alentador observar que la UpM asume como una de las iniciativas clave para la primera etapa, la convergencia con el Mecanismo de protección civil de la UE, para impulsar la cooperación reforzada en el marco de las intervenciones de socorro y de protección civil. Una dimensión específica será la seguridad marítima y el papel de la EMSA (European Maritime Safety Agency), que abre la posibilidad de abordar la seguridad en el ámbito de las migraciones como concepto multidimensional, incluyendo la seguridad humana (protección civil como valor añadido regional).

Hay que tener presente que en el espacio euromediterráneo la relación de causalidad que existe entre las migraciones y los desequilibrios del modelo de relaciones económicas Norte/Sur –derivados del libre comercio y la globalización–, debería servir para definir la cooperación euromediterránea. Sería incongruente que las políticas migratorias no estuvieran vinculadas con las políticas de desarrollo de los países de origen. El protagonismo franco-español en la concreción de una política migratoria común, añadido al proceso de reformulación de la UpM, puede generar oportunidades para hacer convergir los principales ejes de la gestión de flujos migratorios en la región.