Marruecos, dos años después de la reforma constitucional de julio de 2011, ha cambiado muy poco. Es, en resumidas cuentas, normal: la reforma se produjo en medio de un proceso de transformación iniciado con el ascenso al trono de Mohamed VI, de tal forma que sirvió inicialmente para constitucionalizar logros adquiridos o para llevar a la práctica unas recomendaciones pendientes. En primer lugar, se sitúa dentro de la continuidad de las recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación, creada para saldar las cuentas de los años de plomo.

Es cierto que esta forma de saldar cuentas –que elude responsabilidades– puede dejar insatisfecho, pero se inscribe, no obstante, dentro de la lógica de cerrar el capítulo de la justicia transicional y ha permitido, en gran parte, “pasar página”. Por otro lado, la política de autonomía que el rey pretende para las provincias del sur necesitaba un marco general que, según los especialistas, tenía que conllevar una reforma constitucional. A esto se le suma, de manera evidente, el reconocimiento de la lengua bereber como lengua oficial, iniciado claramente por el discurso real de Adyir, en octubre de 2001. Señalaremos, además, que el artículo sobre la igualdad de género (art.19) deriva de la reforma liberal del Código del Estatuto Personal, realizada en 2004.

Se habían logrado importantes progresos, aunque la poligamia y la desigualdad de los sexos ante la herencia se habían conservado por una razón considerada de fondo: su carácter de obligación islámica. Por lo que se refiere más concretamente a la práctica institucional, la autonomía otorgada por la Constitución al jefe de gobierno y la obligación de elegirlo entre los dirigentes del partido vencedor en las elecciones no han hecho más que retomar la práctica iniciada por el nombramiento de Abderrahman el Yusufi como primer ministro por parte del rey Hassan II, en 1998, y continuada por su hijo, excepto con el nombramiento de Driss Yetu, en 2002, que se debió más a las disensiones existentes dentro de la mayoría que a la voluntad del rey de elegir a un “técnico” en lugar de a un político.

Desde este punto de vista, la reforma constitucional es, en primer lugar, la regularización de un cambio que se ha producido o que se está produciendo. No trata de provocarlo, sino de ratificarlo y de consolidarlo. Sin embargo, numerosas disposiciones tienen un valor prospectivo, es decir, establecen normas que se deben aplicar e instituciones para velar por su efectividad. No obstante, no parece que este cambio sea rápido y ni siquiera evidente. La pena de muerte, por ejemplo, no se ha abolido, pero un artículo establece el derecho a la vida (art.20). Esta formulación ambigua se puede usar tanto en contra de esta pena como para dar un valor constitucional a la penalización del aborto. En cuanto a la libertad de conciencia, no está protegida aunque se establezca la libertad de pensamiento sin estar sometida a ninguna limitación (art. 25).

La libertad de conciencia es el derecho de cada uno de tener la religión que desee, o de no tenerla, y de poder hacer públicas sus preferencias en la materia sin que se pueda a nadie sancionarlo. La igualdad entre hombres y mujeres, como hemos dicho, también se consagra (art. 19), pero está sometida al respeto de unos “valores inmutables”, en otras palabras, del islam. Es la base para mantener la desigualdad de género frente a la herencia y, al menos desde la perspectiva jurídica, también la poligamia. En resumen, se puede decir que hay muchos progresos pero, de igual manera, casi los mismos retrocesos. Dicho de otro modo, la Constitución no ha resuelto la cuestión, sino que expresa unas posibilidades, dejando a la interacción social la tarea de decidir qué acabará imponiéndose, si el liberalismo o el conservadurismo.

El resultado es incierto, y el apego por el consenso que caracteriza a la vida pública marroquí podría incluso llevar a que las cosas quedasen tal y como están el mayor tiempo posible. De hecho, desde hace dos años, estos temas no han dado lugar a debates, y una de las principales instituciones en las que estos podrían haberse producido, el Tribunal Constitucional, todavía sigue esperando la ley orgánica que la permita funcionar. Ocurre otro tanto con los demás organismos de control y de regulación de los derechos establecidos por el texto constitucional. Por el momento, la única ley orgánica aprobada por el gobierno formado tras las elecciones legislativas de noviembre de 2011 para aplicar la nueva Constitución, es la relativa al nombramiento de los altos cargos entre el rey y el jefe de gobierno.

Era una ley vital para el funcionamiento del Estado. A pesar de su importancia indiscutible, el resto no parecen ser tan cruciales a juzgar por la lentitud con la que se están aprobando, aunque se deben votar obligatoriamente durante esta legislatura, es decir, de aquí a tres años. No se trata de subestimar el innegable adelanto que representa la nueva Constitución, sino de delimitar mejor su especificidad. No ha establecido una nueva situación: ha consolidado unos logros indudablemente liberales y ha creado unas perspectivas también liberales, pero, sin embargo, no ha precisado lo bastante el contenido para hacer que se aplique tal cual.

Es en parte una constitución-programa sometida a los avatares de la coyuntura y a la buena voluntad de los actores políticos, ya que estos tienen sus propias agendas, que no coinciden necesariamente con el programa constitucional ni con la agenda de la monarquía. No controlan el juego constitucional y, por tanto, solo se interesan por él indirectamente, más como una imposición que como una oportunidad.

De ahí que la vida política, tras seis meses de efervescencia marcados por la preparación y la aprobación por referéndum de la nueva Constitución (de febrero a julio de 2011), haya vuelto a caer en la rutina. Las elecciones legislativas de noviembre de 2011, aunque las ganase un partido islamo-conservador que nunca había estado en el poder, el PJD (Partido Justicia y Desarrollo), no reactivaron la dinámica política, como cabía esperar. De hecho, la participación en las elecciones solo fue del 45,4%. Es verdad que esa cifra aumentó con respecto a las elecciones de 2007, en las que la participación fue solo del 38%, pero pone de manifiesto, no obstante, la importante desafección de la población hacia los partidos políticos.

El PJD, que se impuso en las elecciones, solo obtuvo poco más del 27% de los votos. Aunque su victoria le aseguró la dirección del gobierno, tuvo que formar una coalición con otros partidos conservadores: el Istiqlal, que había dirigido el gobierno durante los cinco últimos años, y el Movimiento Popular. Estos partidos, al no haber previsto gobernar juntos, no tenían un programa común; tuvieron que firmar un acuerdo ad hoc de escasa trascendencia programática y en el que el reparto de los cargos ministeriales priorizo, claramente, por encima de unos objetivos políticos claros. La USFP (Unión Socialista de las Fuerzas Populares), que representa a la izquierda socialista, aliada hasta entonces del Istiqlal, y a la que le habían pedido que participase en la coalición, prefirió, ante serias dudas, abstenerse; sin embargo, el PPS (Partido del Progreso y del Socialismo), que representa a la izquierda comunista, aceptó participar en ella.

Por tanto, la llegada del PJD al gobierno no parece en absoluto una llegada al poder de los “islamistas”, ni siquiera de los moderados. Es la inclusión en el ciclo de las coaliciones gubernamentales, que caracterizan la vida política marroquí, del último partido político con peso que nunca había participado en ningún gobierno. Este hecho se hizo evidente durante la crisis gubernamental, provocada por el Istiqlal, que dio lugar a una remodelación ministerial, el 10 de octubre de 2011. El RNI (Reagrupamiento Nacional de los Independientes), un partido centrista que, en las elecciones legislativas de 2011 había forjado la Alianza por la Democracia, destinada a impedir que el PJD accediese al poder, acabó entrando en el gobierno. Sin embargo, parece que ninguno de los dos protagonistas guardó rencor al otro por este capítulo del pasado. No obstante, el número de miembros del PJD en el gobierno ha disminuido y, sobre todo, ha perdido el Ministerio de Asuntos Exteriores en favor del presidente del RNI, Salahedin Mezuar.

El declive del Movimiento del 20 de Febrero

Frente a esta vuelta a la normalidad, ¿constituyen una escena política alternativa los opositores, que habían intentado, mediante un llamamiento a manifestarse el 20 de febrero de 2011, provocar en Marruecos un amplio movimiento de cuestionamiento del régimen comparable a los que se habían desarrollado en Túnez y en Egipto? No. El Movimiento del 20 de Febrero, que se creó tras la manifestación que tuvo lugar en esa fecha, proponía principalmente un proyecto político de transformación del régimen y de restricción drástica del papel de la monarquía. Esperaba aglutinar a su alrededor un movimiento de conjunto que influyera en favor de este cambio, y eso explica, sobre todo, su alianza con el movimiento islamista fundado por el jeque Yassin, Adl wal Ihsane, a pesar de ser dos polos opuestos.

El Movimiento del 20 de Febrero, que carecía de profundidad social, contaba con él para que los barrios populares se sumasen a su causa. A raíz de eso se dejaron a un lado las reivindicaciones relativas a las libertades individuales –como la de no ayunar– tal y como las concebía por ejemplo el MALI (Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales), una parte de cuyos miembros se identificaba en gran medida con el Movimiento del 20 de Febrero. Esta alianza no cambió nada: las ideas defendidas por el Movimiento del 20 de Febrero no se extendieron más allá de sus partidarios iniciales, y entró en declive lentamente. Su declive puede explicarse al menos por dos razones. La primera es de orden estratégico: al poner en marcha una reforma constitucional el 9 de marzo de 2011, es decir, unos 20 días después de la primera manifestación, el rey lo cortocircuitó.

Lo que necesita un movimiento de oposición más que propuestas es una resistencia a fin de movilizar. Dado que la reforma constitucional estaba promovida por la propia monarquía, el Movimiento del 20 de Febrero ya solo podía reflexionar sobre sus formas. No es, ni de lejos, lo mismo, ya que esta postura solo moviliza a los convencidos. La segunda razón es de orden cognitivo: el Movimiento del 20 de Febrero y sus afines partieron de la idea de que la monarquía era la causa del conjunto de los problemas socioeconómicos y del conjunto de las limitaciones a la libertad de las personas que sufría Marruecos. Pero un razonamiento que consiste en sostener que todos los males en sectores totalmente diferentes, son atribuibles a una única causa, no es sencillamente creíble, salvo la cultura de un militante.

En el caso de Marruecos, resulta aún menos creíble porque la población, si bien es cierto que en proporciones variables, tiene tendencia a distinguir la responsabilidad del rey de la responsabilidad del “sistema”, mientras que el Movimiento del 20 de Febrero relacionaba las dos, dando por sentado que todos los descontentos compartían unánimemente su punto de vista. Ahora bien, es perfectamente posible estar descontento con la situación socioeconómica del país y detestar la corrupción sin atribuir al rey la responsabilidad; es incluso la postura más compartida. Por tanto, la concentración de la responsabilidad que propugnaba el Movimiento del 20 de Febrero tenía pocas posibilidades de lograr convencer a un número significativo de marroquíes.

Nos encontramos por lo tanto en una situación apacible ya que la Primavera Árabe solo ha tenido un impacto superficial en Marruecos. No hay que lamentarse, porque es una señal de que se trata de una sociedad estable en la que el consenso se impone a las razones para disentir, que, en realidad, a menudo son buenas. También es consecuencia del denso entramado de las relaciones entre las élites: en ellas, nadie es un enemigo determinado e irreconciliable de nadie. La consecuencia de esta estabilidad es más problemática, ya que fomenta el aplazamiento. Reformar, es, en realidad, modificar los intereses adquiridos, las rutinas y los estados; también es alterar la idea, más o menos implícita, que tiene la gente del orden normal de las cosas. La extrema dificultad de poner en práctica la reforma de la justicia que, sin embargo, desea el soberano, lo demuestra en gran medida. Sucede otro tanto con las reformas económicas y sociales cuya urgencia es, si se puede decir así, muy antigua.

En el mejor de los casos, como el de la asistencia médica a los desfavorecidos (RAMED), por ejemplo, los progresos son lentos y por debajo de las necesidades. Este régimen de asistencia, creado en 2002, no se generalizó hasta 2011. Frente a esta inercia, el rey se encuentra a menudo en una posición en la que “da la voz de alerta”, lo que resulta paradójico para un jefe del ejecutivo. Pero esto se explica, sin duda, por la naturaleza de la monarquía marroquí, cuya centralidad se entiende mal con frecuencia y se asimila a una posición de omnipotencia. No es el caso.

Hay que considerar más bien esta centralidad como el eje de una rueda cuyo papel depende de los radios y de la llanta con los que forma un sistema. Es el conjunto de la rueda el que permite el movimiento. En otras palabras, la monarquía, los actores políticos y la sociedad están relacionados sistémicamente y eso favorece la cohesión, pero obliga a todo el mundo a andar más o menos al mismo ritmo, lo que evita los bandazos, al limitar el alcance y la efectividad de los cambios. Paul Pascon, el gran sociólogo marroquí, hablaba de Marruecos como de una sociedad heterogénea. Quería decir que cohabitan en ella unos sistemas distintos de organización de las relaciones sociales pero, sin duda, también de valores.

De este carácter heterogéneo viene lo mejor y lo claramente menos bueno. Aunque la Constitución proclama el multiculturalismo, orígenes judíos y africanos incluidos, el fiscal de Nador encarcela a tres adolescentes por un beso publicado en Facebook. Todo lo que podemos decir, tal y como van las cosas, es que tales disonancias no van a desaparecer en breve. Sin embargo, muchos marroquíes consideran que son realmente disonancias, y solamente eso es ya motivo de optimismo.