Los refugiados palestinos de Siria

Apátridas sin protección jurídica, son reducidos a la categoría de víctimas de situaciones fuera de su control. Es la ocasión de replantearse su estatuto.

Jalal al Husseini

Desde que se desencadenó en marzo de 2011, el conflicto sirio ha causado aproximadamente 100.00 muertos, además de centenares de desplazados internos y refugiados en los países vecinos. Entre esas víctimas, hay refugiados palestinos y sus descendientes, establecidos en el país tras el primer conflicto arabo-israelí de 1948. Bien integrados hasta la fecha en el paisaje social y económico sirio, de pronto se han encontrado atrapados entre un régimen baazista, cuestionado pero fiel a su causa, y una rebelión múltiple de orientaciones estratégicas aún imprecisas.

Aunque su situación actual difiera según las regiones, podemos decir que hay tres parámetros que la determinan: la evolución del propio conflicto armado, las estrategias de adaptación de los refugiados palestinos (desde la participación activa en el conflicto a la huida a países vecinos) y, en tercer lugar, las políticas de acogida de estos últimos. En consecuencia, al tener un estatus jurídico muy particular, se hallan en una situación específica que difiere de las otras categorías de refugiados engendradas por el conflicto sirio (sirios y refugiados iraquíes que recalaron en Siria a partir de 2003).

Los refugiados palestinos de Oriente Próximo: particularidades y precariedades

La característica principal del refugiado palestino de Oriente Próximo es su exclusión del régimen de protección universal de los refugiados que la ONU estableció a principios de los años cincuenta, y cuyo instrumento operativo es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se trata de una “discriminación positiva”, perseguida por países árabes deseosos de establecer una distinción entre los refugiados a los que atiende ACNUR (que abandonan su país por temor a ser perseguidos y que, a raíz de dicho temor, no pueden o no quieren regresar) y los refugiados palestinos, para quienes la solución preferida por la propia ONU es el retorno a sus hogares lo antes posible (resolución 194 de la Asamblea General).

Asímismo, debe subrayarse la responsabilidad concreta de la comunidad internacional en el problema de los refugiados palestinos, derivada de su papel en la creación del Estado de Israel y, por tanto, en la búsqueda de una solución satisfactoria a la situación. La expresión por defecto de esta responsabilidad hacia una categoría determinada de refugiados es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Este organismo se encarga, desde 1950, de auxiliar a los más necesitados de entre ellos, promoviendo su reintegración socioeconómica en las economías de Oriente Próximo.

Sin embargo, este montaje jurídico- humanitario no está exento de graves lagunas: no solo la UNWRA registra únicamente a refugiados necesitados (los “refugiados de Palestina”) y a sus descendientes (lo que excluye al 15% de los de Siria), sino que, además, no tiene competencia para brindar protección jurídica, como la de ACNUR, a esas personas. Esta carencia se ha hecho patente siempre que los refugiados se han tropezado con los conflictos que han teñido de sangre la región, como las guerras de Líbano desde 1975, la Intifada en Gaza y Cisjordania desde 2000 y el conflicto sirio desatado en 2011. A falta de jurisdicción internacional, el estatus de los refugiados palestinos depende de la legislación y las prácticas de las autoridades de acogida. Para preservar su nacionalidad palestina y, al marcharse, el derecho a regresar a su hogar, la Liga Árabe también ha previsto lo que puede considerarse la instauración de una discriminación positiva, al recomendar que se les deniegue la ciudadanía de los países de acogida. Ahora bien, esta discriminación debía compensarse con un tratamiento igual al de los ciudadanos autóctonos en los sectores clave de la vida económica y social, como la educación y el empleo.

Siria es, sin duda, el país árabe que mejor se ha adaptado a estas recomendaciones: los refugiados palestinos, apátridas y privados de acceso a la propiedad agrícola en virtud del “derecho de retorno”, han podido, no obstante, optar al funcionariado y al servicio militar. La actitud de Siria contrasta con las políticas más o menos discriminatorias ejercidas por los demás países árabes. La explicación hay que buscarla tanto en un sentimiento de solidaridad panárabe, del que los dirigentes baazistas se han erigido en adalides, como en el peso demográfico relativamente modesto de la población palestina: 75.000 en 1949 y 511.000 en 2012.

Suponen solo entre el 2% y el 3% de la población siria. La cifra contrasta con el 10% y el 43% de los refugiados palestinos presentes, respectivamente, en Líbano (aproximadamente 466.000 registrados) y Jordania (más de dos millones), países donde la cuestión de la integración de los refugiados palestinos –entre ellos los de Siria desde 2011– ha suscitado intensos debates. Políticamente, desde los años ochenta, la “generosidad” de las autoridades sirias ha favorecido movimientos políticos hostiles al proceso de paz con Israel, desde el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General (FPLP/CG) y la Saika (baazistas palestinos) hasta los islamistas de Hamás, a quienes daba cobijo hasta hace muy poco.

Inmersos, en el conflicto sirio

El contencioso sirio ha sacado a la luz la vulnerabilidad jurídica e institucional de los refugiados palestinos, tanto en Siria como en sus nuevos países de adopción. Sin embargo, lo que sobre todo les ha afectado es la forma que adquiere el conflicto. Residentes, en su gran mayoría, en grandes centros urbanos del país –Damasco, Homs, Hama, Alepo, Daraa, Latakia–, donde se han concentrado los combates, se han visto directamente tocados por los enfrentamientos con armas pesadas y ligeras, los bombardeos aéreos y la violencia física ejercida contra aquellos que se negaban a sumarse a uno u otro bando.

Desde el inicio de las hostilidades, unos 2.000 refugiados han perdido la vida, y el ritmo de muertes violentas parece haberse acelerado desde diciembre de 2012. La fisionomía de los campos de refugiados (grandes densidades de población y espacios restringidos) les han convertido en terrenos propicios a las acciones de guerrilla urbana. También en estos espacios se han enfrentado los refugiados que han optado por combatir o comprometerse con las fuerzas del régimen de Assad o sus opositores, lo que ha complicado aún más la situación de sus poblaciones civiles. El inmenso campo de refugiados de Yarmuk, donde habitan unas 150.000 personas, esto es, cerca del 30% de los palestinos que hay en el país, da fe de ello.

Situado en las afueras de la capital, cerca de otros dos barrios sensibles (Tadamon y Midan), la lucha por controlarlo originó intensos combates en diciembre de 2012 entre las fuerzas partidarias de Assad (entre ellas, la milicia del FPLP/CG) y fuerzas rebeldes (como los combatientes palestinos agrupados bajo el nombre de Brigada Tormenta), que dejaron a su paso una treintena de muertos, las tres cuartas partes de ellos civiles, y la huida de cerca de dos tercios de sus residentes. Al final, las fuerzas rebeldes se retiraron y el campo se decretó zona neutra; a pesar de ello, las escaramuzas siguen siendo frecuentes.

Más recientemente, en abril de 2013, las fuerzas rebeldes tomaron al asalto el campo de Ain el Tel, situado en el norte de Alepo, a base de obuses de mortero y disparos de arma ligera. Acabaron declarándolo zona militar, tras causar un número indeterminado de víctimas y la huida de 6.000 habitantes a otras ciudades del país. Según la UNRWA, hasta mayo de 2013, el número total de refugiados palestinos desplazados era de más de 235.000, la mayoría procedentes del campo de Yarmuk. Parece que 179.000 de ellos aún se encuentran en Siria, en zonas más seguras (entre ellas, las escuelas de la UNRWA).

Ahora bien, a menudo eso no es más que un respiro. Las líneas del frente se desplazan, por lo que, en ocasiones, el control de territorios enteros pasa enseguida de un bando al otro; eso impide a las poblaciones desplazadas estabilizarse y que la ayuda de urgencia de la UNRWA (víveres, tiendas, productos básicos, apoyo económico, ayuda a la vivienda) se organice a largo plazo. Según la agencia, reconvertida –como en los primeros años de exilio de los refugiados– en garante de su supervivencia y el primer testigo a escala internacional del deterioro de sus condiciones de vida, casi el 80% (400.000) de los refugiados registrados necesitan hoy esa ayuda.

La ayuda humanitaria que brinda la UNRWA, aunque vital, no incluye la protección jurídica de los refugiados, que estos necesitan desesperadamente. La implicación de determinados grupos palestinos progubernamentales en el conflicto contra la rebelión y, más ampliamente, la etiqueta de “protegidos del régimen”, tradicionalmente asociada a los refugiados, puede amenazar su futuro en una Siria posterior a Assad. La situación podría llegar a recordar a la de los aproximadamente 30.000 refugiados palestinos de Irak tras la caída de Saddam Hussein en 2003: beneficiarios de un trato equitativo en materia de empleo y educación, el nuevo poder los comparó con simpatizantes del antiguo régimen baazista; como resultado, sufrieron actos de violencia en forma de detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Se estima que, desde entonces, dos tercios de ellos han abandonado el país.

En busca de una seguridad perdida en un nuevo exilio

De los refugiados palestinos que dejaron Siria, en mayo de 2013, 50.000 se encontrarían en Líbano, 9.000 en Egipto, 6.000 en Jordania y varios miles en Turquía e Irak. Cabe apuntar la iniciativa de la Autoridad Palestina de repatriar a Cisjordania a unos 150.000, pero que fue abortada por la condición impuesta por Israel, según la cual dichas personas debían renunciar formalmente a su derecho a volver a sus lugares de origen.

El contexto se presta a comparar a los refugiados palestinos con los refugiados iraquíes de Siria que, en condiciones sin duda difíciles, han podido recuperar su patria e instalarse en ella. Sin embargo, la debilidad de la Autoridad Palestina –ya demostrada a mediados de los años noventa por la Libia del coronel Muamar Gadafi, que había expulsado a parte de la comunidad palestina, con el objetivo de denunciar los poderes reducidos de la autonomía palestina– se hará aún más patente en su incapacidad de prestar asistencia a los refugiados de Siria en los países árabes vecinos. Y es que, si la crisis siria ha brindado a algunos de dichos Estados la ocasión de demostrar su generosidad hacia los refugiados sirios, su política de acogida y gestión interior de los refugiados palestinos no ha variado un ápice, más bien al contrario.

La obsesión por una reinstalación permanente y no negociada de estos en su territorio les ha llevado a endurecer el tono. Así, aunque Líbano no se ha opuesto a la llegada de unos 50.000 (hecho sorprendente), sí ha mantenido sus prácticas discriminatorias hacia los extranjeros, entre ellos los refugiados palestinos: siguen quedando excluidos de sectores enteros del mundo laboral, incluido el mercado privado, así como del acceso a la educación secundaria y superior, y a la propiedad. En Egipto, aunque las autoridades han tomado medidas para integrar lo mejor posible a los 140.000 refugiados sirios, sobre todo en lo que se refiere al acceso de los niños a la enseñanza pública, los nuevos inmigrantes palestinos han tenido que volver la mirada al sector privado, relativamente caro, y su libertad de movimiento es muy limitada.

En principio, la postura jordana parece la más paradójica: es el principal país de acogida de refugiados palestinos desde 1948 (el único Estado árabe que a partir de 1949 les concedió la nacionalidad en masa, para favorecer su inserción socioeconómica). Sin embargo, el gobierno lleva desde 2011 oponiéndose a la inmigración de quienes huían de Siria sin contar con un nuevo destino en Jordania. Enviaron a muchos de ellos de vuelta a la frontera, y unas 200 familias que habían logrado entrar clandestinamente se quedaron “aparcadas” en un centro de retención de Cyber City, un complejo industrial próximo a la frontera jordanosiria, a la espera de regresar a Siria o instalarse en un tercer país. Es la muestra de una política adoptada por Amán desde principios de los años 2000, que aspira a oponerse al escenario deseado por muchos israelíes: la transformación del reino hachemí en una patria alternativa para los palestinos.

A raíz de esta misma política, unos 3.000 refugiados palestinos huidos de Irak y su violencia después de 2003 obtuvieron residencia durante varios años en campamentos improvisados en la frontera jordana, antes de reubicarlos en Sudán, Europa y el continente americano. Entre un regreso hipotético a Siria y una reubicación similar en países terceros, el futuro de los refugiados palestinos de Siria exiliados parece de lo más incierto. La experiencia de los refugiados palestinos de Siria tras el estallido del conflicto en 2011 pone crudamente de manifiesto su condición de refugiados desde hace más de tres generaciones. Rehenes del conflicto, son también rehenes del interminable contencioso araboisraelí, así como de los intereses particulares del resto de Estados árabes de acogida, para quienes su presencia entraña a largo plazo desestabilización política y socioeconómica.

A fin de cuentas, la Primavera Árabe y cuanto la ha acompañado han relegado la causa palestina al último lugar de la agenda regional e internacional, lo que a la vez ha atenuado los réditos políticos que su defensa podía engendrar. Apátridas privados de la protección jurídica y física que sus instituciones de apoyo –la dirección palestina y la UNRWA– son incapaces de proporcionarles, los refugiados de Siria se ven reducidos a la categoría de víctimas de situaciones fuera de su control. Es la ocasión de replantearse el estatus del refugiado palestino y las llamadas discriminaciones positivas que lo caracterizan desde hace más de 60 años en nombre de un “derecho de retorno” cada vez más ilusorio.