Libia, ¿un Estado desarmado?

Además de las milicias armadas, las autoridades se enfrentan a las reivindicaciones federalistas, a una economía aún dependiente de los hidrocarburos y a una parálisis institucional.

Saïd Haddad

El hecho de que el primer ministro libio, Ali Zeidan, mencionase el domingo 10 de noviembre de 2013 una amenaza de intervención extranjera si los disturbios y la violencia persistían en su país refleja, no la angustia, pero sí al menos los desafíos a los que se enfrentan las autoridades interinas desde la caída del régimen de Muamar Gadafi. Al realizar un llamamiento a la población para que salga pacíficamente a la calle y se manifieste contra las milicias a fin de apoyar “la reconstrucción” del ejército y de la policía, pone de manifiesto, en el mismo discurso, la debilidad del Estado y su impotencia frente a unos actores que obstaculizan el proceso de transición.

Esta debilidad se ve acentuada por el aumento de las reivindicaciones federalistas, por una economía a la que le cuesta deshacerse de su dependencia de los hidrocarburos y por una parálisis institucional que favorece los intereses de los actores paraestatales y exaspera a la población.

Las milicias: de la legitimidad revolucionaria a la exasperación popular

Las milicias armadas, que están implicadas en numerosos actos violentos, se han instalado en el panorama político libio posterior a la Yamahiriya. Se calcula que son varios centenares y, en un primer momento, se beneficiaron de haber contribuido a la caída de Gadafi y de su régimen. Con la fama de esta victoria, legitimadas por los combates librados y guardianas autoproclamadas de la “Revolución del 17 de febrero”, rivalizan al mismo tiempo con el Estado y el gobierno y suplen las carencias del poder en el ámbito de la seguridad.

La situación del ejército nacional libio pone de manifiesto la debilidad del Estado y el desequilibrio de las relaciones entre el poder provisional y las milicias. Existen varios factores que originan las dificultades con las que tropieza el ejército libio en este nuevo panorama político. Su marginación es, en gran parte, una herencia del antiguo régimen, en el que la institución estaba bajo sospecha. El ejército nacional también se encontró con la desconfianza de las milicias hacia un poder transicional representado, bien por el Consejo Nacional de Transición (CNT), o bien por el Congreso General Nacional (CGN, la Asamblea Legislativa) legitimado por las elecciones del 7 de julio de 2012. Esta desconfianza pone de manifiesto los recelos que despiertan los mandos militares que han realizado gran parte de su carrera durante el régimen anterior y que, según los revolucionarios, dieron muestras de un compromiso tibio durante parte de los combates.

En un sentido más profundo, esta doble desconfianza simboliza la vigencia de las solidaridades y las dinámicas locales que caracterizan en parte a Libia desde 1951. En otras palabras, la debilidad de las autoridades provisionales actuales se debe a la persistencia de una cultura política de no intervención del Estado, que acompaña a la cultura de la autonomía local. La estructuración de las milicias en una red nacional de brigadas como el Escudo de Libia, que actúa oficialmente para el ministro de Defensa o el Comité Supremo de Seguridad que depende del Ministerio del Interior, es un ejemplo de esta debilidad del Estado y de su institucionalización.

Esto plantea la pregunta de cuál es la realidad del poder libio. Ante esta situación, las autoridades interinas han iniciado una política de refundación del ejército regular y de la policía y de redefinición de sus relaciones con las milicias. Formación, reinserción de los excombatientes y modernización de sus equipos van de la mano de una delegación de las labores de seguridad en las milicias y en otras katibas. La delegación de estas comptencias es sinónimo de reconocimiento legal de algunos grupos, mientras que otros fueron ilegalizados tras el atentado que costó la vida al embajador de EE UU, en Bengasi, el 11 de septiembre de 2012. Sin embargo, el recrudecimiento de los combates entre milicias rivales, su intervención en el ámbito político como en los debates sobre la exclusión política de los dirigentes del antiguo régimen, el secuestro durante algunas horas del primer ministro, el 10 de octubre de 2013, por parte de una milicia autorizada por el Ministerio del Interior y su creciente sensación de impunidad ilustran la dificultad de la tarea en este ámbito.

El anuncio del primer ministro de que los milicianos ya no cobrarán primas y salarios a menos que se incorporen a la fuerzas de seguridad regulares de aquí al 31 de diciembre de 2013 es el último intento de recuperar el control y, sobre todo, de poner fin a la proliferación de armas en este país, cuyo número se calcula en varios millones. En este enfrentamiento entre las autoridades y las milicias, el papel de la población podría ser decisivo. De hecho, mientras que esta ha manifestado numerosas veces su exasperación con las milicias (pero también con las autoridades) en Bengasi o en Trípoli durante los dos primeros años de la transición, el llamamiento del primer ministro a la intervención de la población en este pulso, al día siguiente de una gran manifestación en Bengasi, el 9 de noviembre, contra la prórroga del CGN, acarrea grandes consecuencias en lo que se refiere a la violencia.

El elevado número de víctimas (una treintena de muertos) entre los manifestantes que acudieron a reclamar, el 15 de noviembre de 2013, que una milicia de Misrata se marchase de Trípoli, escenario habitual de enfrentamientos entre milicias de fuera de la ciudad, ilustra los riesgos de que se produzcan un descontrol y una escalada de la violencia.

Seguridad y situación en las fronteras

Las milicias, que se aprovechan de la debilidad del Estado y contribuyen a este debilitamiento, tienen parte en la inseguridad tanto en el interior como en las fronteras exteriores del país. Desde el principio de la intervención internacional en Libia, en 2011, numerosos países (Argelia, Níger, Chad y Sudáfrica) y la Unión Africana han señalado el riesgo de desestabilización de la subregión a causa de la dispersión del arsenal libio, especialmente en beneficio de los grupos yihadistas.

Si bien la crisis maliense parece confirmar las hipótesis más pesimistas sobre las consecuencias de la caída de la dictadura de Gadafi (dispersión de las armas desde Libia, resurgimiento de reivindicaciones autonomistas, consolidación de movimientos yihadistas), responde en parte a unas dinámicas internas. Una vez dicho esto, la debilidad del Estado central libio incrementa la porosidad de sus fronteras, y el sur del país (el yihadista) se convierte en una base de repliegue para los grupos yihadistas que huyen de la intervención francesa en Mali, que empezó el 11 de enero de 2013. Aunque las autoridades de Trípoli habían previsto este flujo unas semanas antes y el 16 de diciembre de 2012 anunciaron el cierre de todas las fronteras con Argelia, Níger, Chad y Sudán, la confusión interior en materia de seguridad, la marginación del ejército regular y la extensión de las fronteras hacen que la tarea sea ardua. De ello dan fe los atentados de In Amenas en Argelia (enero de 2013) y de Arlit y Agadez en Níger (mayo de 2013) ya que una parte de sus autores provenían supuestamente de Libia.

La presencia de los yihadistas, que crea tensiones con los países vecinos, recalca la urgencia de este tema y la necesidad de la ayuda internacional, como han manifestado en numerosas ocasiones las autoridades libias, en los ámbitos de la seguridad y de la recogida de armas. La Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia), cuyo arranque fue decidido por el Consejo de la Unión Europea (UE) el 22 de mayo de 2013 y cuyo objetivo es “ayudar a las autoridades libias a desarrollar su capacidad para mejorar la seguridad de sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas a corto plazo, y a elaborar una estrategia más amplia de gestión integrada de las fronteras a largo plazo”, se inscribe en el marco más general del apoyo prestado por la UE a este país. La ayuda para establecer la autoridad del Estado es urgente porque el sur del país también se enfrenta al estallido de conflictos entre tribus.

En estos conflictos, que se iniciaron en febrero de 2012 y que continuaron durante ese año y en 2013, participaron tribus árabes (Zawaya y Ouled Slimane) en Kufra y en Sebha. Estos enfrentamientos, que se produjeron unas semanas antes de los actos violentos que afectaron a poblaciones tuaregs en Sebha y Ghadames (mayo de 2012), causaron cerca de 150 muertos. En los dos casos, el origen se encuentra en la lucha por el control de un territorio rico en recursos naturales y en hidrocarburos, así como del comercio transfronterizo y de las rutas migratorias entre Libia y sus vecinos. Pero, mientras que los enfrentamientos violentos entre árabes y tubus se equiparan a los cambios radicales de la jerarquía política en los que estos últimos tomaron partido contra el Guía libio y quisieron poner fin a su condición de grupo marginado, los tuaregs sufren las consecuencias de su instrumentalización por parte del régimen desaparecido en la política hacia el Sahel, acusados de haberle sido fieles o de sentir nostalgia por él.

Trípoli frente al federalismo

Estos acontecimientos se produjeron a raíz de las reivindicaciones federalistas tras la “liberación” del país, el 23 de octubre de 2011. El traslado del Consejo Nacional de Transición de Bengasi a Trípoli, la composición del primer gobierno de transición, la ley electoral y el peso de cada región en el CGN (elegido el 7 de julio de 2012) son motivos de descontento de Bengasi y de una parte de la Cirenaica. El resurgimiento del federalismo, abandonado desde 1963, se tradujo en la reunión en un “congreso del pueblo de Cirenaica” de 3.000 delegados en Bengasi, el 6 de marzo de 2012.

Los delegados proclamaron la semi-autonomía de la región y su adhesión al federalismo y también eligieron un Consejo Supremo de la Cirenaica, encargado de gestionar los asuntos de la región. Estas iniciativas surgieron por el temor a una marginación política y por la exigencia de un mejor reparto y redistribución de la riqueza. Las autoridades provisionales respondieron en dos tiempos a los partidarios del federalismo en una región que alberga cerca del 80% de la producción petrolera y el grueso de los depósitos de agua, y que dispone, de hecho, de un medio de presión.

En un primer momento, y en vísperas de las elecciones legislativas, el presidente del CNT quitó al CGN sus competencias constitucionales para atribuírselas a una nueva asamblea que habrá que elegir en el primer trimestre de 2014 y que contará con 60 miembros (20 por cada una de las tres regiones). Esta última decisión despertó la ira de los representantes tubus y amazigh que, al considerarse apartados, anunciaron su retirada del CGN.

En un segundo momento, frente a unos federalistas que no se desarmaban, el poder satisfizo en parte las reivindicaciones simbólicas y materiales de los dirigentes del este del país. Dan fe de ello, durante 2012, la apertura de una delegación regional del Ministerio del Petróleo, el anuncio de la creación de una nueva empresa petrolera en el refinado y las industrias petroquímicas que dispondrá de oficinas en Bengasi, y de una empresa encargada de la exploración de hidrocarburos, o la decisión, en junio de 2013, de trasladar la sede principal de la Oficina del Petróleo y el Gas, de las compañías de transporte aéreo y de la sociedad de seguros e inversión interior a Bengasi. El reparto de la riqueza, el acceso a los recursos y el reconocimiento de las identidades particulares y de los poderes locales se confunden en parte y surgen en un contexto en el que el poder central, como ya se ha dicho, parece desvalido frente a numerosos frentes de oposición. De hecho, a pesar de estos anuncios y de las medidas del gobierno, los partidarios del federalismo anunciaron a finales de octubre de 2013 la creación de un gobierno de la Cirenaica, y luego, dos semanas más tarde (el 10 de noviembre), la de una empresa petrolera y gasista, así como de un banco.

Sin juzgar de antemano la evolución de la situación, es conveniente señalar que este desafío lanzado a Trípoli se produce después de varios meses de paralización de la producción petrolera en el este del país. La producción petrolera ha alcanzado su nivel anterior a la guerra, el crecimiento económico de 2012 ha acabado con la recesión debida al conflicto de 2011 y la reconstrucción, que se calcula que tendrá un coste de cerca de 200.000 millones, ofrece perspectivas alentadoras. Sin embargo, la confusión política y en materia de seguridad en el interior y en las fronteras del país compromete la recuperación económica del país.

Justicia y maniobras políticas

Las dificultades del poder central, representado por un gobierno y una Asamblea Nacional salida de las urnas, se ven acrecentadas por la instrumentalización de la reivindicación legítima de juzgar y pedir cuentas a los responsables de la dictadura. Desde finales de 2011, esta reivindicación ha dado lugar a la dimisión de responsables políticos (como el número dos del CNT) sospechosos de haber desempeñado un papel político en la época de Gadafi.

Mientras se instauran los juicios de exdirigentes, la exclusión de la vida política de los antiguos dirigentes, de personalidades sospechosas de haber “colaborado” o de haber sacado provecho de la Yamahiriya, y de los “oportunistas” pasa a ser un leitmotiv de la vida política libia. La amplitud de miras de la ley aprobada el 5 de mayo de 2013, que recoge 23 categorías profesionales, corre el riesgo de marginar de la vida política a una parte significativa de sus integrantes, entre los que se incluye los dirigentes de la primera y de la segunda transición, y de privar al país de buena parte de sus directivos y competencias.

Este tema es desestabilizador para Libia, al igual que su instrumentalización por parte de las milicias (frente a los que piden su desarme) o de los partidos islamistas (que contrarrestan así la voluntad de las urnas) corre el riesgo de convertir el legítimo deseo de justicia en una caza de brujas y en unas maniobras políticas rastreras. La dimisión, el 29 de mayo, del presidente del CGN, Mohamed Megarief, enfrentado a las milicias, con el pretexto de que ocupó puestos de responsabilidad durante la década de los ochenta antes de romper con el régimen cuando era embajador en India a principios de la década de los noventa y de haber militado en el movimiento de la oposición Frente Nacional para la Salvación de Libia, supone una importante amenaza.

Y más si cabe porque la reaparición de conflictos locales, relacionados según algunos con desacuerdos anteriores al conflicto interno, subraya la necesidad de crear un sistema judicial de transición más adecuado para facilitar la reconciliación nacional y la convivencia. Si bien la aprobación de una ley sobre la justicia transicional en Libia, aprobada el 23 de septiembre de 2013, y la creación de una Comisión de Establecimiento de los Hechos y de Reconciliación ponen de manifiesto la voluntad formal de Libia de dotarse de los instrumentos idóneos para juzgar a las personas acusadas de delitos, el debilitamiento de la autoridad del Estado y la autonomía de las milicias hacen dudar de la capacidad para llevar a buen término un proceso de justicia y de reconciliación en un país en el que cerca de 7.000 u 8.000 personas están encarceladas sin haberlas sometido a ningún juicio.

En un clima en el que la legitimidad revolucionaria desafía la legitimidad de las urnas, las desavenencias políticas, que han aumentado en el CGN desde la dimisión de Megarief, ralentizan el proceso de transición en el que deben elegirse 60 representantes para la Asamblea Constituyente. Esta paralización es la que llevó a la población a manifestarse el 9 de noviembre en Bengasi. Si bien la intervención de la población en los debates puede ser la salvación para Libia, los riesgos de que se produzca un giro radical hacia una violencia generalizada, facilitada por la profusión de armas, siguen siendo enormes.