Las viejas costumbres no se pierden fácilmente

La mal gestionada industria mediática propiedad del Estado egipcio lucha por recuperar la confianza de la audiencia. Un proceso espinoso.

Fatima El-Issawi

Si reformar el sector de los medios de comunicación en Egipto es todo un reto, modernizar su sobredimensionado sector estatal puede parecer una misión imposible. La muy mal gestionada industria mediática propiedad del Estado egipcio (televisión, radio y prensa escrita), lucha por hacerse un lugar en el panorama mediático posrevolución y, sobre todo, recuperar la confianza de la audiencia. Sin embargo, es un proceso espinoso puesto que la arraigada cultura de la obediencia y la falta de estándares profesionales de las redacciones se mezclan con una fuerte herencia de mala gestión.

La reciente ofensiva sobre los medios por parte del gobierno islamista, bajo la consigna de que hay que “respetar” al presidente, es una clara señal de la falta de voluntad política auténtica de abrir y modernizar la industria de los medios de comunicación estatales. El periodo inmediatamente posterior a la revolución se caracterizó por una relativa apertura que, sin embargo, fue temporal y no conllevó un progreso real en la calidad de la producción mediática. La televisión estatal egipcia, que lanzó una campaña de desinformación en la cobertura de las manifestaciones prodemocráticas del 25 de enero de 2011 que condujeron al derrocamiento del régimen de Mubarak, parece no haber olvidado las viejas prácticas. Un claro ejemplo de ello es la cobertura del ataque a un puesto de control de seguridad en la frontera israelo-egipcia del Sinaí, en el que murieron 12 policías egipcios.

En un vídeo de YouTube de la retransmisión en la televisión estatal del funeral en honor de los fallecidos, que unos activistas egipcios compartieron a través de Facebook, el presentador de televisión describía las emociones del presidente egipcio, Mohamed Morsi, como el “gran pesar del presidente”, aunque Morsi se ausentó de la ceremonia como declaró oficialmente su portavoz. Otro traspié notorio de la televisión estatal, también conocido como “Maspero” en referencia al nombre de la sede de la cadena en el centro del Cairo, fue la cobertura de las sangrientas manifestaciones coptas que fueron brutalmente reprimidas por la seguridad estatal el 9 de octubre de 2011.

Antes de que se hicieran públicas las terribles fotografías que mostraban a los manifestantes aplastados por tanques militares, la presentadora de televisión Rasha Magdy alentó a los egipcios a salir a las calles para defender a los soldados de los “violentos manifestantes”. En sus comentarios, que se difundieron masivamente por las redes sociales, dijo que “este ataque (contra el ejército egipcio) no procede del enemigo israelí sino de dentro del país”, una clara incitación en contra de los manifestantes coptos. Posteriormente, el ejército negó la masacre y el comité gubernamental encargado de investigar la cobertura de la televisión estatal concluyó que la cadena pudo haber cometido “errores profesionales” pero que no incitó de forma intencionada a la violencia contra los manifestantes coptos. Reformar los medios estatales en Egipto puede convertirse en una misión imposible.

La industria adolece de serios problemas: un elevado número de empleados superfluos, una enorme disparidad de salarios entre altos cargos y redactores, una obediencia al régimen que se evidencia en la ingenua adulación que caracteriza el estilo editorial, y un ejercicio de la profesión a la antigua. El debate actual sobre la reforma de tan complejo aparato gira en torno a dos ideas básicas: revisar la naturaleza de la propiedad de esta industria a fin de garantizar su independencia del poder político, y hallar soluciones a las ingentes deudas de estos grupos mediáticos que se derivan de una mala administración endémica. Las recientes decisiones represivas del gobierno están ahogando el debate y amenazan con devolver a la industria de nuevo a la casilla de salida.

Panorama mediático estatal

Los medios de comunicación propiedad del Estado egipcio son un grueso conjunto de varios entes. La parte principal, también la más relevante, es la Unión de Radio y Televisión Egipcia (ERTU, en sus siglas en inglés), con más de 40.000 empleados y diversas cadenas de radio y televisión. Su gestión corre a cargo de seis departamentos diferentes, de los cuales el más destacado es el departamento de informativos. En tanto funciona como una redacción central y es el único productor de información y programas políticos, especialmente en la cobertura de las actividades presidenciales, este departamento canaliza información hacia todas las emisoras estatales.

La ERTU consta de nueve corporaciones de radio (un canal “principal” general y otros que cubren temas como religión, juventud, deportes, radios regionales y programación destinada a la diáspora y a la audiencia internacional) y una serie de canales de televisión (nacionales y regionales, así como canales especializados que cubren programas de humor, religión, cine, deportes, educación, etcétera; algunos de ellos son tanto terrestres como por satélite). La ERTU se rige por la Ley 13 de 1979 que define su mandato general en el cumplimiento de “la misión de los medios audiovisuales y servicios de difusión (…) de acuerdo con la política pública general y los estándares y criterios profesionales ampliamente reconocidos.” El ministerio de Información nombra a los cargos de la televisión egipcia y el gobierno subvenciona sus sistemas (Hussein Amin, Informe sobre el estado de los medios en Egipto.

The Arab Centre for the Development of the Rule of Law and Integrity). El último nombramiento de un nuevo ministro de Información conocido por su afiliación a los Hermanos Musulmanes ha despertado el temor a una política gubernamental dirigida a controlar los medios. Las radios y televisiones privadas se registran como compañías inversoras y reciben el trato de organizaciones extranjeras deslocalizadas. Se sitúan en zonas francas de Egipto, especialmente en la Zona Franca de Medios Públicos, en la que se aplican normas específicas que incluyen el estatus de libre de impuestos.

Las zonas francas recaen bajo la jurisdicción de la Autoridad General de Inversiones (Toby Mendel. Transiciones políticas y de los medios en Egipto: instantánea de la política de comunicación y el entorno regulador. Internews. agosto, 2011). En el sector de la prensa escrita, el Estado posee las publicaciones conocidas como prensa nacional. Estas prominentes editoriales (Al Ahram, Dar al Tahrir, Akhbar al Youm, Dar al Hilal y Rose el Yussef) producen los diarios nacionales con mayor circulación y distribución así como publicaciones periódicas. La Ley de Prensa define su cometido: proporcionar una “plataforma nacional libre para todas las voces y tendencias políticas y actores clave”. No obstante, en la práctica estas publicaciones se usan como una plataforma del régimen para desacreditar a sus opositores o críticos, incluidos escritores y periodistas.

Cada periódico tiene su consejo editorial, compuesto por cinco miembros, y el presidente de cada consejo –que es también el editor– es nombrado por el Consejo de la Shura, la cámara alta del Parlamento egipcio. La gestión de estas publicaciones está supervisada por el Consejo Supremo de Prensa, encabezado por el mismísimo portavoz del Consejo de la Shura. Cabe mencionar que la mayoría de estas publicaciones se convirtió en una herramienta de propaganda del régimen hace casi 60 años, cuando el difunto presidente egipcio Gamal Abdel Nasser las nacionalizó el 24 de mayo de 1956.

Intentos de apertura

Los recientes intentos de dotar a los medios estatales de independencia de la voluntad política han fracasado. Se barajaron varias ideas, como transformar la industria de los medios en un servicio público, emulando el ejemplo de la BBC en Gran Bretaña, o privatizarlos como solución rápida y contundente para poner fin a sus persistentes problemas (aunque esta última solución es ampliamente cuestionada). Otra idea sería abrir el marco de propiedad de la prensa nacional a sus periodistas, poniendo fin así a la prohibición que pesa sobre los periodistas de poseer participaciones en la industria de los medios de comunicación.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Prensa de 1996, el derecho a ser propietario de una publicación está limitado a partidos políticos y entidades legales públicas y privadas (Amira Abdel Fattah. La libertad de prensa en Egipto. The Arabic Network of Human Rights Information). Según el nuevo ministro de Información, el plan sería cambiar el sistema de titularidad de la prensa nacional para que la mitad pudiera ser propiedad de periodistas y la otra mitad vendida como participaciones. Aun así, la relativa apertura de la que disfrutaron estos medios de difusión inmediatamente después de la revolución parece ser volátil. Tras la revolución, la prensa nacional publicó artículos de opinión críticos y sus principales titulares pasaron de parafrasear el discurso de tópicos del régimen a adoptar un formato más centrado en la noticia. La televisión estatal acogió en sus diversas plataformas voces críticas cuya retransmisión solía estar prohibida.

Según el periodista Gamal Fahmy, secretario general de la Unión Nacional de Periodistas y uno de los críticos más feroces del antiguo régimen, “con Mubarak, ni tan siquiera podía soñar con andar cerca de la sede de la televisión nacional y ahora me llaman tan a menudo que podría pasarme el día entero allí”. Esta ruptura temporal del control estatal es ahora cosa del pasado. La decisión de la cámara alta del Parlamento, dominada por los islamistas, de nombrar a los altos cargos de 55 medios de difusión estatales se ha visto como un intento de controlar los medios que replica las prácticas del antiguo régimen. Esta decisión ha escandalizado a la comunidad periodística nacional, sobre todo porque la mayoría de estos recién nombrados directores son conocidos por sus posturas abiertamente antirrevolucionarias.

Este hecho ha ido acompañado de una dura campaña contra periodistas, tanto de medios privados como públicos, críticos con los Hermanos Musulmanes. Según Fahmy, “el futuro de los medios estatales está agonizando. En los últimos días se ha prohibido la publicación de docenas de artículos y se ha impedido escribir artículos a casi 18 periodistas. Los medios estatales han retomado su antiguo papel de altavoz del gobierno. La situación es incluso peor que antes, ya que las restricciones en los medios ya no se justifican por leyes normales sino que están incluidas en la propia constitución”. Bajo el argumento de incitar supuestamente a la violencia contra la presidencia, diversas ediciones de periódicos han sido recientemente secuestradas y varios periodistas/directores se enfrentan a juicios por insultos al presidente, como Abdel Halim Qandil y Adel Hamuda, directores de los semanarios egipcios Sawt Al Omma y Al Fagr, respectivamente.

El director de Al Dostur, Islam Afifi, se encuentra en prisión preventiva, lo que ha desatado la indignación de la profesión y las quejas por las continuas intimidaciones avaladas por el Estado. Los cambios en la calidad de las producciones en estos medios de difusión han sido limitados, centrados básicamente en mostrar una diversidad de opiniones, algo que resultaba difícil durante el antiguo régimen. Sin embargo, los medios estatales no han logrado todavía poner en marcha una reforma total de los medios centrada en la calidad de los contenidos. Según Soha Nakkash, antigua presentadora en la televisión pública que dimitió durante la revolución del 25 de enero: “no hay variaciones en la calidad de la producción televisiva; se sigue aplicando el mismo estilo, especialmente la glorificación del presidente.

A parte del cambio entre el derrocado presidente Mubarak y el actual presidente Morsi, se requiere una transformación en las prácticas cotidianas en lo que se refiere a la redacción y programación de las noticias. Por ejemplo, la información sobre las actividades del presidente siempre es la primera, aunque no sea importante […]”. Manal Aref, presentadora en la principal emisora de radio pública, insiste en lo mismo: “tras la revolución seguíamos recibiendo instrucciones por escrito. El principal cambio era que no podíamos optar a determinados beneficios o equivalencia financiera con nuestros colegas de la televisión, que gozan de mejores condiciones laborales que el personal de la radio”. Justo después de la revolución, los medios públicos se enfrentaron a su propia revuelta, centrada principalmente en destituir a los directores relevantes, o a los que eran considerados “hombres del régimen”.

Osama Saraya, antiguo director del destacado diario Al Ahram, se enfrentó también a la Intifada interna de su equipo. Según Saraya, “el objetivo principal de estos medios públicos es apoyar al régimen. Esta es su principal razón de ser. Se suponía que no debíamos oponernos al régimen”. Da fe de ello que el día después de la marcha de Mubarak, Al Ahram se apresuró a cambiar sus políticas editoriales y pasó de acusar a los manifestantes de ser delincuentes a elogiar “al pueblo que ha derribado al régimen.” El periódico lanzó un suplemento especial sobre la revolución, en el que publicaba historias candentes sobre la supuesta corrupción del régimen (prácticamente sin prueba alguna), en lugar de glorificar a los antiguos gobernantes. La muestra más descarada del cambio en los posicionamientos editoriales fue que las páginas de opinión incluían opiniones que hasta el momento se habían considerado ilegítimas.

Este breve conato de apertura está siendo obstaculizado en estos momentos con la reciente ofensiva gubernamental sobre los medios y el nombramiento de nuevos directores en la prensa nacional leales al nuevo régimen. A esta campaña se suman los precarios estándares profesionales de la producción, a menudo incapaces de diferenciar entre los hechos y las opiniones y acusaciones. El gobierno islamista está utilizando la poca calidad de los medios de comunicación como pretexto para sostener una campaña destinada a atacar a los medios críticos. Apenas se oculta esta excusa.

El complejo panorama de la transición política desencadena acontecimientos de rápida evolución que resultan de considerable interés, por lo que las conversaciones sobre la reforma de los medios pasan a ser secundarias, sobre todo teniendo en cuenta que los propios medios son rehenes de cómo informan sobre los cambios políticos. El reto principal de los medios nacionales egipcios consistiría en devolver el debate al terreno de los derechos y de la profesionalidad de los medios con el apoyo de la sociedad civil, de forma que pudieran presionar a favor de la libertad de expresión. Perder la esperanza sobre la posibilidad de reformar los medios públicos y liberarlos del poder político implicaría poner fin a la batalla antes de que ni tan siquiera haya empezado.