Hace casi un año, el 14 de agosto de 2005, los argelinos se enteraron por la televisión de que tenían que acudir una vez más a las urnas. El objetivo de esta enésima consulta era pronunciarse sobre el proyecto de “Carta para la paz y la reconciliación nacional”, un documento de cuatro páginas con el cual el jefe del Estado argelino espera pasar página definitivamente de la “tragedia nacional”. Según las cifras oficiales, el texto fue aprobado por una amplia mayoría el 29 de septiembre de 2005. Pero en Argelia se siguen debatiendo su oportunidad, su contenido y la manera en que se ha llevado a la práctica, a semejanza de los países que han vivido, en algún momento de su historia, conflictos internos y crisis sangrientas.

Es un hecho demasiado recurrente como para que escape a la curiosidad de los observadores del mundo argelino. Nunca, desde la independencia en julio de 1962, han sido los argelinos convocados tantas veces a las urnas como en la era de Abdelaziz Buteflika. Cinco veces en seis años, casi un récord en la historia institucional del país. Acudieron en octubre de 2001 para las elecciones locales (municipales y comarcales); en mayo de 2002 para las legislativas; en abril de 2004 para las presidenciales; y en septiembre de 1999 y de 2005 a sendos referendos. Un ritmo nunca visto, ni siquiera durante la época más intensa de la primavera democrática (febrero de 1989 a diciembre de 1991). Apoyado por el ejército, tras la dimisión por sorpresa del general retirado Liamin Zerual, Buteflika ha aceptado reordenar la escena política argelina. Con una ambición con aires de leitmotiv: extinguir los fuegos de la fitna, la guerra fratricida entre argelinos, y restaurar la paz. En los mítines de la campaña electoral, se presentó como un “arquitecto de la paz”, un hombre que se preocupa por pacificar Argelia y por devolverle el “orgullo y la dignidad”.

La concordia civil

En cuanto fue elegido –“mal elegido” dicen sus adversarios y detractores–, Buteflika emprendió el rumbo hacia ese objetivo. Dejando a un lado todo lo demás, inició una política llamada de concordia civil. Salvo en algunos detalles, se trató de una amnistía –condicionada y con un plaxo limitado– para los miembros de los grupos islamistas armados. Aprobada en julio de 1999 por el Parlamento, una ley de mismo nombre definió tanto el marco como la manera en que se llevaría a cabo. Fue aprobada por los argelinos en el referéndum de 1999.

Esencialmente, se pretendía aliviar las condenas impuestas a los miembros de los grupos armados o sobreseer las sanciones con ciertas condiciones. Al poner en marcha un proceso como éste, Buteflika quería ir mucho más allá de la “ley de la Rahma” (clemencia) iniciada por su predecesor. Concebida como parte de una estrategia de seguridad para aislar a la facción islamista y armada de la población, esta ley no cumplió las expectativas. Entre otras cosas, se le reprocha que no permitiese acabar completamente con la violencia. Después de un descenso notable durante las elecciones presidenciales de 1995 –que ganó Zerual–, los asesinatos y los atentados suicidas volvieron a estar a la orden del día en 1996, antes de culminar, en el verano y otoño de 1997, con las masacres de civiles a las puertas de Argel.

Con la inquietud y una sensación extendida de inseguridad como telón de fondo, los argelinos fueron informados, ante la sorpresa general, de la firma de un acuerdo entre el ejército argelino y el Ejército Islámico de Salvación (EIS), rama armada del Frente Islámico de Salvación (FIS). Negociado entre dos generales y el jefe del EIS, Madani Maezrag, el acuerdo prevé una solución valorada de distinta manera por los signatarios. “Reedición” como es debido del EIS, asegura el ejército en la prensa. “Tregua” a la espera de un acuerdo consolidado, precisa el grupo islámista. Según especulaciones en la prensa nunca confirmadas, el acuerdo había sido refrendado por el propio presidente Zerual, con el fin de garantizar la cobertura política.

Según los rumores que circulaban por las tertulias políticas de Argel, pero que no se confirmaron nunca, el jefe del Estado se abstuvo de hacerlo. Su sucesor, cuando llegó al poder, decidió ir más allá en la búsqueda de una solución a la crisis argelina, lo cual explica su determinación de adoptar, en un trimestre, la concordia civil. Contando ya con los apoyos habituales del poder, este proceso se benefició, contra todo pronóstico, del sí de el Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia (RCD) de Said Sadi, un partido de la oposición. En cambio, el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) de Hocin Ait-Ahmed lo rechazó, y contaba a todo aquel al que le interesase que seguían ateniéndose al “contrato de Roma”.

Firmado en 1995 por los partidos, entre ellos el FIS, y personalidades argelinas, el acuerdo quiso ser un “compromiso histórico”, el único capaz de resolver la crisis argelina. Una vez validada la política de concordia civil, Buteflika entró, poco a poco, en otra etapa de su búsqueda de una solución permanente. A finales de 2003, cuando su primer mandato se aproximaba a su fin, instó a una “reconciliación nacional”, la única manera, según él, de acabar con la crisis argelina. A fin de cuentas, decidió centrar su campaña en torno a ese proyecto. Una vez reelegido, se puso a ello sin demora. El 14 de agosto de 2005 invitó a los argelinos a pronunciarse el 29 de septiembre sobre su proyecto de Carta para la paz y la reconciliación nacional. Al día siguiente, el texto fue publicado íntegramente en el boletín oficial. El proceso ya estaba en marcha.

La Carta para la paz y la reconciliación nacional

La Carta es un conjunto de enunciados y de medidas destinadas a pasar página definitivamente a una “guerra civil que no se atreve a decir su nombre”, según la expresión de la prensa occidental. Un conflicto terriblemente sangriento ilustrado por cifras catastróficas: 150.000 víctimas, miles de heridos y desaparecidos, 20.000 millones de dólares en daños, dos millones de habitantes de pueblos desplazados a sitios seguros, todo sobre un fondo de traumatismo duradero. Articulado en torno a medidas jurídicas y sociales, el proceso prevé “el fin de las persecuciones judiciales” de miles de miembros de grupos islamistas armados que no se han visto implicados “en masacres colectivas, violaciones o atentados con explosivos en lugares públicos”.

La mayor parte de los afectados se rindieron a principios de 2000 en el marco de las disposiciones de la concordia civil (según los cálculos más fiables, entre 5.000 y 6.000). Y como va bastante más allá de la concordia civil, la Carta para la paz y la reconciliación lleva más lejos su lógica de amnistía. El proyecto sometido a referéndum prevé el abandono de las persecuciones contra personas buscadas en Argelia y en el extranjero o condenadas, con tal de que se “rindan voluntariamente”. El texto asegura el perdón de aquellos que ya han sido condenados o detenidos por actos de terrorismo. Los individuos excluidos de las medidas de gracia y del fin de las persecuciones se beneficiarán de “conmutaciones de condena”.

Otra idea clave de la Carta: el Estado ha previsto toda una serie de medidas sociales destinadas a todas las “víctimas de la tragedia nacional”, o lo que es lo mismo, el derecho a reparaciones de todas las familias afectadas, empezando por las de los desaparecidos. Tema sensible como el que más, el asunto de los desaparecidos sigue, ahora más que nunca, siendo objeto de debate y alimentando la polémica sobre la crisis argelina. Un informe oficial redactado por una estructura adjunta a la Presidencia de la República calcula en 6.146 los desaparecidos “por obra de los agentes del Estado”. Para el jefe del Estado argelino, este tipo de reconciliación nacional es “el único compromiso que el equilibrio nacional permite”. Esta convicción queda claramente patente en el enunciado de la Carta.

“Para su consolidación definitiva, la paz y la seguridad exigen hoy en día la puesta en marcha de un proceso nuevo, con el objetivo de concretar la reconciliación nacional, porque solo a través de la reconciliación nacional podrán cicatrizar las heridas causadas por la tragedia nacional”. Pese a haber sido anunciado al público en pleno periodo estival, el proyecto de Carta ha sido el centro de todos los debates y adelantó la reanudación de la actividad política. Ya se pueden ir adivinando dos lecturas totalmente opuestas en las columnas de la prensa privada, en la cual pueden verse todas las posturas, pues los medios de comunicación públicos se contentan con hacerse eco exclusivamente de los partidarios del sí. Más allá de la preocupación por la paz y la seguridad, ¿acaso lo que pretende el poder argelino es evitar de ahora en adelante todo debate nacional o internacional sobre la crisis argelina?

Es lo que piensan los partidarios del no y algunos observadores. Para defender su postura usan un fragmento de la propia Carta. “Es esencial superar definitivamente esta tragedia que no pertenece al campo de los debates teóricos, abstractos o ideológicos, y que da pie a un intercambio de opiniones entre actores u organizaciones que actúan dentro y fuera del territorio nacional”. “Al adoptar soberanamente esta Carta –se puede leer en otro fragmento– el pueblo argelino afirma que nadie, ni en Argelia ni en el extranjero, tiene derecho a usar o instrumentalizar las heridas de la tragedia nacional para atacar a las instituciones (…) debilitar al Estado o herir el honor de todos sus agentes que lo han servido dignamente, o para manchar la imagen de Argelia en el plano internacional”. Irritados, los que se oponen al proyecto ven en él una maniobra del poder, destinada a hacer tabla rasa de la década sangrienta sin establecer la verdad y, “lo que es más grave”, sin atribuir responsabilidades.

La Carta, opina el antiguo presidente de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), Ali Yahia Abdenur, “intenta imponer el perdón sin pasar por la justicia”. Sin embargo, “nosotros estamos dispuestos a cambiar paz por justicia”. Según él, este proceso no es la mejor solución para la crisis argelina. “Se trata, una vez más, de una solución de seguridad, no política” destinada a fracasar “como todas las tentativas que la precedieron”. Para el abogado, soólo una conferencia nacional, en la que participe “todo el mundo, incluidos los islamistas”, podrá definir una salida a la crisis. Un miembro más antiguo de la oposición argelina, el líder del FFS, Hocin Ait-Ahmed, rechaza una reconciliación nacional como la que se predica en la Carta. “Se trata nada más y nada menos que de imponer a nuestra sociedad una lectura de la historia” de la crisis argelina, escrita “de principio a fin” por el poder.

“Esta versión oficial le disculpa, le da el papel de bueno y echa la culpa a la sociedad argelina de la catastrófica situación en la que se encuentra nuestro país. Esta situación es el resultado de tres décadas que han llevado, inevitablemente, a esta guerra sucia”. Entre los líderes islamistas, a los que la Carta prohíbe el regreso a la vida política, las reacciones han oscilado entre el rechazo y la aprobación. Abasi Madani, presidente del FIS (prohibido), percibe en el texto de la Carta la “aceptación” por parte del poder de que existe “una crisis por resolver”. Pero el líder islamista se muestra indignado con la prohibición de ejercer una actividad política, pues según él, vacía de contenido la idea de reconciliación. Rahma(clemencia), concordia civil, reconciliación, perdón, amnistía. Independientemente de las convicciones políticas que uno pueda tener, el debate argelino está repleto de conceptos y enunciados sobre la mejor manera de resolver la crisis argelina. Solo en el caso del poder, se ha pasado en menos de una década de la Rahmaa la concordia, y después a la reconciliación.

“Más allá de las palabras, estos múltiples vocablos son una prueba del malestar frente a una situación complicada y compleja”, señala Abderrahman Musaqui, profesor de la Universidad de Orán. Autor de una conferencia presentada en la Universidad de Aix-en-Provence sobre la memoria y la historia que rodean la crisis argelina, este profesor universitario consideraba ya en 2000 que el proceso de reconciliación distaba de ser fácil. “En los procesos de reconciliación, a menudo se subestima la fuerza de inercia de las posiciones iniciales de los protagonistas. Por la fuerza de la costumbre, les parecen menos incómodas que aquellas que les son propuestas, desconocidas y siempre arriesgadas. Esta fuerza de la costumbre, incluso (o sobre todo) en las posiciones más extremas, es un factor que debe tener en cuenta todo aquel que desee (re)construir la paz. Porque más que un hecho, la paz, así como la memoria, es ante todo una construcción. Es algo tan difícil de admitir que a veces parece que se necesita un milagro”.

Conocedor de Argelia, el historiador Benjamin Stora opina, viendo el debate actual, que la cuestión de la amnistía “sigue siendo problemática” para el país. En su opinión, prueba de ello es el recurso a referendos cada cinco años como media: la ley sobre la Rahma en 1995, la concordia civil en 1999, y la Carta para la paz y la reconciliación nacional en 2005. “Intentar convertir en cuestión política algo que en realidad es una decisión personal es un tema delicado. En efecto, el perdón nunca se decreta desde arriba. Atañe a la esfera de lo privado y, por lo tanto, no puede reducirse a un asunto de Estado”.

Además, observa el historiador, “es complicado llevar a cabo una amnistía si no existe democracia política, puesto que es un tema que incumbe ante todo a la sociedad. Por lo tanto, será posible un proceso de reconciliación como en Argentina o en Suráfrica, si se ponen en práctica los sistemas de mediación construidos por la sociedad civil. Pero en cualquier caso, es difícil borrar el sufrimiento de las víctimas porque de sobra es sabido que siempre vuelve a aparecer (…) el proceso jurídico no llega nunca a fabricar completamente el olvido, porque los actores siguen reclamando justicia”. El historiador de la guerra de Argelia reconoce, sin embargo, que en 1999 y en 2005, Buteflika “supo adaptarse a una aspiración real de paz civil que emanaba de la población”.