La Instancia de la Verdad y la Dignidad

Túnez pasa la página del terrorismo de Estado hacia un Estado de derecho. Su éxito dependerá del ejecutivo y de la lucha de la sociedad civil y la justicia para que se respete la Constitución.

Lilia Weslaty

A diferencia del resto del mundo árabe, que se ha visto profundamente alterado desde la inmolación de Mohamed Buazizi y el inicio de las revueltas en toda la región, el proceso revolucionario continúa en Túnez y de una manera pacífica. Mientras que en Egipto se ha restablecido la dictadura con Abdelfatah al Sisi, en Yemen los bombardeos prosiguen ante el silencio atronador de la comunidad internacional, Siria se sume cada vez más en una guerra atroz y Libia está más dividida que nunca, parece que los tunecinos se mantienen al margen de este caos. Un nuevo país renace de sus cenizas después de que el 27 de enero de 2014, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) adoptara por mayoría una nueva Constitución. Pero para materializar este renacimiento, es fundamental que haya paz social, de ahí el papel de la Instancia de la Verdad y la Dignidad (IVD), que es la piedra angular de una justicia transicional que garantiza el establecimiento de un Estado de derecho.

“Perdónennos por nuestro silencio y nuestra cobardía”, imploraban unos tunecinos que acudieron al domicilio de una de las víctimas del régimen de Zine el Abidine ben Ali después de haber visto la transmisión en directo de las primeras vistas públicas de la IVD. Antiguos torturadores acudieron a la sede de la IVD para expresar su voluntad de participar en el proceso; uno de ellos, que ha preferido mantenerse en el anonimato, se puso en contacto a través de Facebook con Sami Brahem, víctima de torturas: “He visto tu testimonio, quiero besarte la cabeza y pedirte perdón. Fue un periodo duro para vosotros, pero también para nosotros…”. Se pueden contar miles de anécdotas que han tenido lugar a lo largo de este proceso excepcional en la reconstrucción de una sociedad herida.

La creación de la Instancia de la Verdad y la Dignidad

Tras la caída del régimen de Ben Ali, se adoptaron varias medidas relacionadas con la justicia transicional, especialmente el enjuiciamiento de varios dignatarios del antiguo régimen y una amnistía general para los antiguos prisioneros políticos, así como la creación de dos comisiones de investigación: la Comisión Nacional de Investigación sobre los Temas de Malversación y de Corrupción y la Comisión Nacional de Investigación sobre las Violaciones y los Excesos cometidos desde el 17 de diciembre de 2010 hasta el final de su mandato.

Por otra parte, tras las elecciones del 23 de octubre de 2011 para la creación de la segunda Asamblea Nacional Constituyente de la historia del país, el comité técnico del nuevo Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia Transicional redactó un proyecto de ley sobre la justicia transicional basado en los resultados de una amplia consulta a la sociedad civil, organizada a escala nacional y regional, entre abril y octubre de 2012.

El proyecto de ley fue aprobado dos meses más tarde por el nuevo gobierno que surgió de la revolución y fue remitido a la ANC. Finalmente fue adoptado el 15 de diciembre de 2015, creando así la histórica Instancia de la Verdad y la Dignidad.

La IVD, independiente, es en primer lugar una institución del Estado, algo muy significativo, dotada de personalidad jurídica y de autonomía financiera y administrativa. Sus objetivos son claros: “Desmantelar el sistema autoritario y facilitar la transición hacia un Estado de derecho, revelando la verdad sobre las violaciones del pasado; determinando la responsabilidad del Estado en estas violaciones; pidiendo a los responsables de estas violaciones que rindan cuentas de sus actos; restableciendo a las víctimas sus derechos y su dignidad; preservando la memoria; y, por último, facilitando la reconciliación nacional”.

Por tanto, esta institución ha de investigar y descubrir la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos, no solo desde que se inició el proceso revolucionario a finales de 2010, sino desde el 1 de julio de 1955 (es decir, un año antes de la Independencia) hasta el 31 de diciembre de 2013, un periodo de 58 años de historia.

Con este fin, se ha organizado en seis comisiones internas: la comisión de investigación, la comisión de arbitraje y de conciliación, la comisión de reparación y rehabilitación, la comisión de la mujer, la comisión de evaluación funcional y de reforma de las instituciones y la comisión de conservación de la memoria.

Su misión parece, por tanto, descomunal, si se tiene en cuenta su mandato, limitado a solo cuatro años (renovable una vez, solo por un año).

El terrorismo de Estado sale a la luz

Tras la creación de la IVD, las víctimas de los regímenes autoritarios de Habib Burguiba y Ben Ali han presentado 62.354 expedientes, de los que más de 14.000 son de detenciones abusivas y encarcelamientos; más de 10.000 son casos de tortura; más de 350 son casos de violaciones y agresiones sexuales; más de 600 son homicidios; más de 200 son desapariciones forzosas; y 61 son condenas a muerte sin garantías de un juicio justo, por no hablar de los casos de privación de los derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa, de circulación y de las libertades económicas y políticas.

El balance es muy negativo, y el sufrimiento, silenciado por el peso de la censura y de los discursos propagandísticos de un “Túnez floreciente y democrático” que se vendía a los extranjeros para atraer a los inversores, ha salido finalmente a la luz. Porque, en nombre del Estado y a través de sus instituciones, los regímenes de Burguiba y Ben Ali, que heredaron los métodos represivos del colono francés (Vincent Geisser y Michel Camau, Bourguiba, la trace et l’héritage, Karthala, 2004), reprimieron salvajemente cualquier voz disidente y confiscaron el Estado. Por consiguiente, la IVD se enmarca dentro de la continuación de la historia del Túnez moderno para restablecer el orden frente a los saqueos de las oligarquías gobernantes anteriores a su creación.

El Estado, que viene del latín status, derivado del verbo stare, que significa en primer lugar “mantenerse en pie”, se desestructuró y se puso al servicio de los intereses personales en detrimento del interés personal del pueblo.

Por tanto, el hecho de que la IVD sea una institución de ese mismo Estado indica que este vuelve a desempeñar realmente su papel. Por tanto, el trabajo de la instancia es fundamental para analizar de forma retrospectiva el pasado ignorado, marginado y censurado de los regímenes anteriores, tanto en el ámbito de la enseñanza, los manuales escolares, los libros, los institutos de investigación o de historia como por los medios de comunicación, Internet o cualquier lugar o agrupación que pueda proporcionar información libre de toda propaganda o efecto distorsionador.

Bajo los regímenes de Burguiba y Ben Ali, el uso del terror contra la población constituía una forma de gobierno. La tortura era una política sistemática para eliminar cualquier posible oposición pacífica. Además, el contexto geopolítico de Túnez ha fomentado estas tendencias, especialmente en los años noventa, la década negra para los tunecinos, y que fue aún más atroz en la vecina Argelia (Wassila Tamzali, Une éducation algérienne: De la révolution à la décennie noire, Gallimard, 2007).

Porque, mientras se anunciaba que el partido del Movimiento de Tendencia Islámica, rebautizado como Ennahda, había resultado vencedor en las elecciones legislativas de 1989, enfrentándose directamente al poder establecido, en Argelia se producía la misma situación apenas dos años después, cuando el gobierno decidió anular las elecciones después de la primera vuelta, anticipándose a una victoria del Frente Islámico de Salvación (FIS), que le arrebataría el poder.

La erradicación y la guerra anunciada del islam político se intensificaron todavía más tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 con la aprobación de la ley antiterrorista en Túnez el 10 de diciembre de 2003.

El Estado y sus instituciones justificaban la tortura, especialmente en el Ministerio del Interior, en la avenida principal de la capital donde la multitud se concentró finalmente el 14 de enero de 2011 bajo el lema de “Lárgate”.

En su informe publicado en 2008, el Comité para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos explicaba que “el poder tunecino se ha apresurado a recordar al mundo entero su ‘clarividencia y su lucidez’ políticas y se ha erigido en pionero de ‘la lucha contra el terrorismo y el extremismo’. Sin duda, los que ejercían el poder en Túnez se referían así a la política de ‘caza al hombre’ que llevó a la desesperación a una parte de la juventud y que creó un desierto en la vida política, asociativa e incluso cultural, creando un vacío y fomentando el conformismo más fervoroso”.

Siempre según este informe, más de 1.250 personas fueron supuestamente torturadas entre 2003 y 2008. El colmo de la ironía es que, según su análisis estadístico, más del 90% de éstas no tenían antecedentes penales. Según la abogada Imen Triki, presidenta de la asociación Liberté et Équité, entre 2003 y 2009 los casos de acusados por terrorismo en Túnez pasaron de 300 a 6.000. Las cárceles, que por aquel entonces eran fábricas de tortura, funcionaban a pleno rendimiento para producir una generación vengativa, uno de cuyos líderes, Abu Iadh, fue puesto en libertad en 2011.

Este statu quo del Estado bárbaro, que se consideraba “democrático” y que hacía caso omiso de los derechos humanos, no se limitó a los disidentes políticos, ya fueran islamistas o de izquierdas, sino que se extendió a toda la sociedad. Se instauró el terror y el propio nombre de Ben Ali se gritaba hasta desgañitarse en las ceremonias propagandísticas o se pronunciaba en voz baja, muy baja, en las conversaciones privadas. El miedo imperaba.

Cuando las víctimas toman la palabra, el pueblo escucha

Se dice a menudo que, gracias a la revolución, el miedo cambió de bando. Así, el hecho de dar la palabra a aquellos que no tenían ningún derecho constituye un nuevo ciclo de la historia y un “milagro” para los que no tenían ninguna esperanza de cambio antes de 2011.

En la tarde del jueves 17 de noviembre de 2016, se inició un acontecimiento histórico, el de las primeras audiencias públicas de las víctimas de violaciones. Tuvieron lugar en el Club Elyssa, en un barrio muy acomodado de las afueras, al norte de Túnez, donde antiguamente Leila Trabelsi, la esposa del presidente derrocado, acostumbraba a recibir a las personas adineradas y a las esposas de los embajadores.

Con gran pomposidad, los invitados de la sociedad civil tunecina e internacional, que antes estaban prohibidos y perseguidos, varias figuras políticas y sindicales, como Rachid Ghanuchi, presidente de Ennahda, Hamma Hammami, portavoz del Frente Popular, Kamel Moryane, exministro de Ben Ali o Hucine Abassi, secretario general de la UGTT, esperaban religiosamente el inicio de las audiencias públicas. Sihem ben Sedrine, la presidenta de la IVD, abrió el acto con estas palabras:

“Estimados invitados, pueblo tunecino, la Instancia de la Verdad y la Dignidad es el fruto de la revolución de la Dignidad y de la Libertad que ha puesto fin a la dictadura. Nos reunimos hoy para rendir homenaje a los hombres y a las mujeres de Túnez que se han enfrentado a esta dictadura y que han tenido la valentía de defender esta libertad y la dignidad del pueblo y de decir “no” a la tiranía y a la corrupción”.

En su introducción, Ben Sedrine llamaba a estas víctimas “patriotas” y “militantes”, mientras que el antiguo régimen las calificaba de “terroristas”, dos percepciones diametralmente opuestas que serían recordadas por las víctimas durante las audiencias.

Durante su alocución, la presidenta de la IVD también hizo hincapié en el aspecto histórico de este acontecimiento, “muy importante no solo para los tunecinos, sino también para el mundo entero, donde la injusticia, la criminalidad y los asesinatos no dejan de extenderse”.

Testimonio tras testimonio, las palabras de las víctimas pronunciadas desde el estrado desmontaban ante millones de telespectadores la imagen distorsionada que los regímenes les atribuían. Pasaron de la condición de “microbios”, “animales” y “ceros a la izquierda” a la de seres humanos y víctimas.

Urida Kadussi, madre de Rauf Bukaduss, de 27 años, asesinado por las brigadas antidisturbios durante una manifestación el 9 de enero de 2011 en Regueb, Sidi Buzid, fue la primera en hablar. “Mi hijo no merecía morir… La justicia transicional es nuestra última esperanza”, decía.

Para Kadussi, así como para varias familias de víctimas, la justicia militar que se encargó de los casos de los “heridos y mártires de la revolución” ha sido injusta al poner en libertad a responsables condenados por asesinato tras dos o tres años de cárcel. “Quiero que los casos de nuestros hijos se transfieran de los tribunales militares a los tribunales civiles”, insistía. Para otras víctimas, el perdón es posible si el torturador lo pide públicamente. Ibtihal Abdelatif, miembro de la IVD, seguía el proceso, hasta tal punto que ya no tenía tiempo para su propia familia. Su trabajo, nos decía, le ha permitido ver Túnez de otra manera, lo peor de él, pero también lo mejor que tiene.

“Obligada por las circunstancias, me he acostumbrado a este sufrimiento… pero lloro, me siento orgullosa de ser tunecina cuando oigo que alguien contra cuya dignidad han atentado, a quien han deshonrado, destruido, empobrecido y esterilizado acaba diciendo ‘estoy dispuesto a perdonar’”.

Al hablar del caso de Sami Brahem, Seif Sudani, responsable de comunicación de la Instancia, llega incluso a calificar este acto de “casi divino”. De hecho, durante su audiencia pública, ante las televisiones nacionales e internacionales, los medios de comunicación y los millones de telespectadores que seguían la retransmisión por streaming en Facebook, Brahem declaró: “Hago un llamamiento a mis torturadores. Estoy dispuesto aquí y ahora… y si me escuchan en este momento, si confiesan, si les ha parecido que soy sincero, que no he exagerado, que no he añadido nada, que vengan aquí y que confiesen y que terminen los capítulos de la historia que no he mencionado: ¿Por qué hicieron eso? ¿Tenían una postura ideológica contra nosotros? ¿Estaban manipulados? ¿Querían un ascenso a nuestra costa? ¿Había una política? ¿Estaban obligados? ¿Qué pasó exactamente? Queremos comprender por qué sucedieron estas cosas. Si vienen y confiesan, estoy dispuesto a perdonarlos, siempre que se expliquen”.

Sin duda, el exorcizar el mal mediante la verdad, el mea culpa y el perdón constituye la nueva vía que persigue la IVD desde su creación, especialmente a través de las audiencias públicas que durarán un año y que también incluirán los testimonios de los responsables de violaciones que han accedido a hablar. La bloguera Imen Amiri, alias Jolanare, una de las personas que formaban parte de los millones de telespectadores de las primeras audiencias públicas, afirma: “Desde hace varios días, la IVD emite en bucle los testimonios conmovedores de los que fueron torturados. Esta retransmisión ha permitido sacar a la luz, no solo las exacciones de Ben Ali, sino también la desoladora realidad de algunos ‘progresistas’. He sentido vergüenza de todas las veces que me he burlado de la tortura que han sufrido estos islamistas”.

La experiencia en sí de la IVD, que ha tenido la suerte de aprender de las 41 experiencias anteriores de justicia transicional en el mundo, y de estar en la época digital y de las redes sociales, ofrece un amplio campo de estudios que otros países utilizarán en el futuro. Los resultados de las primeras audiencias son espectaculares. Mientras los caciques del antiguo régimen, a través de sus medios de comunicación, tratan de empañar el proceso, el ciudadano medio, liberado del miedo, va entendiendo poco a poco una nueva realidad histórica, la que le ocultaron.

¿Sabrá el sistema judicial estar a la altura para hacer justicia a las víctimas después de que la IVD transfiera los casos relacionados con las violaciones graves a los tribunales especializados? Todo dependerá del nuevo poder ejecutivo y de la lucha de la sociedad civil y de los magistrados para que se respete la Constitución, porque no puede haber reconciliación sin una justicia independiente.