Los incidentes ocurridos en Ceuta y Melilla con candidatos a la inmigración irregular acaparan por completo desde fines de septiembre la atención de los medios de comunicación y con ellos los de la sociedad, de España, Marruecos y, por fin, de la Unión Europea (UE). El gobierno español, esta vez en cooperación con Marruecos en muchos aspectos, inició asimismo una excepcional movilización diplomática para lograr despertar una conciencia global sobre los flujos migratorios que, como sugiere la agenda del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, puede calificarse de frenética.

La 7ª Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, el 29 de septiembre en Córdoba y Sevilla, la primera en esta nueva legislatura socialista, quedó completamente relegada por los medios debido a esa urgencia informativa imprevista. Una vez más, los momentos de reconciliación entre los dos países se vieron disminuidos en la presentación en los medios de comunicación, tan importantes para la formación de las percepciones de la sociedad, por unos hechos imprevistos que desvían la atención hacia problemas que parecen independientes del estado de ánimo que prevalezca en una legislatura u otra o de la voluntad de los gobiernos y que, en definitiva, se han convertido en estructurales en las relaciones entre España y Marruecos.

Aunque resulte descorazonador que la ONU, la UE, e incluso España, sólo reaccionen cuando el problema escapa al control y alguien pierde la vida, algo positivo ha resultado de la crisis que se ha vivido y se seguirá viviendo en las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla que son a su vez, aunque tanto le cueste reconocerlo, fronteras exteriores de la UE. Después de una decepcionante cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio de septiembre, destinada a pasar revista al cumplimiento por los países ricos de sus compromisos con los países pobres, esa presión de inmigrantes, en su inmensa mayoría subsaharianos, permitió despertar el convencimiento en Europa de que no se trata sólo de un problema de España o Marruecos, o un problema hispano-marroquí, sino de Europa en su conjunto.

Más aún, frente a conservadores europeos como el ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, o el alemán, Otto Schilly, que todavía atribuyen la responsabilidad a España por el proceso de regularización extraordinaria decidido por el gobierno socialista, la mayoría de los ministros de Interior y de Justicia europeos, reunidos en Bruselas el 12 de octubre, reconoció que se trata de un asunto de mucho mayor alcance, relacionado con la pobreza de los pueblos africanos y con la necesidad de que la UE adopte una política común de inmigración. El apoyo de la Comisión a la iniciativa hispano-marroquí de convocar una reunión euro-africana y la decisión de destinar 10.000 millones de euros suplementarios a África para la creación de infraestructuras básicas, confirma el nuevo estado de ánimo de la UE.

En una somera enumeración, el 30 de septiembre, Moratinos apeló al comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, para que la UE se implicara en el problema. La petición fue escuchada, y una misión enviada por Frattini viajó a Ceuta, Melilla y Marruecos y elaboró un informe y unas recomendaciones que se estudiaron en la reunión de ministros de Interior y Justicia. La conclusión de esa misión es que el problema no está superado con la decisión de Marruecos de retirar a los subsaharianos de las fronteras de Ceuta y Melilla, sino que se espera empeore porque, de acuerdo con este informe, unos 30.000 subsaharianos, 10.000 en Marruecos y 20.000 en Argelia, esperan su turno.

Aunque el informe parece no mencionarlo, es más que probable que ese número de subsaharianos crezca a medida que, inevitablemente, el tratamiento del problema se coloque en un marco respetuoso con los derechos humanos, el derecho de asilo y crezca la legítima preocupación y solidaridad de la sociedad civil en su conjunto. Asimismo, Moratinos solicitó y logró que la UE ejecute la ayuda prometida de 40 millones de euros hace dos años para ayudar a Marruecos a controlar sus fronteras. El 2 de octubre, el ministro recordó en el Foro Mediterráneo de Hammamet (Túnez) que este problema no puede tener sólo un tratamiento de seguridad y que hay que incluirlo en una visión de convivencia, desarrollo y solidaridad, “signos distintivos” de este gobierno, según Moratinos.

Dos días más tarde, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Moratinos pedía de nuevo a Europa una política común de inmigración y advertía que en los próximos años el mayor aumento de población tendrá lugar en el África subsahariana, por lo que, es de esperar que la presión migratoria aumente considerablemente. En su viaje a Marruecos, el 10 de octubre, Moratinos volvería a insistir sobre la necesidad de que la UE se involucre en este asunto y acordó con su homólogo, Mohamed Benaissa, una colaboración conjunta en la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de los países subsaharianos que sería trasladada en las mismas fechas al Grupo 5+5 de países europeos y magrebíes del Mediterráneo occidental.

Al mismo tiempo, el gobierno español, en su política de implicar cada vez más a la sociedad civil en los asuntos de cooperación internacional, organizó encuentros de empresarios con motivo de la Cumbre iberoamericana de Salamanca (14-15 de octubre), e hispano-marroquíes en noviembre en Sevilla, para involucrar a la empresa española en esta reflexión sobre la contribución al desarrollo de los países del Sur. Como en muchos otros asuntos, un poco de sentido común, racionalidad y calma debe prevalecer en Europa para hacer frente a este problema. Debería encontrarse un término medio razonable entre las posiciones extremas que sugieren la indiferencia y permisividad de conservadores y liberales ante una cierta inmigración irregular que favorece situaciones de clandestinidad laboral y explotación humana, y la especie de proceso de regularización permanente y abierto que parecía preconizar en su intervención en el Congreso a principios de octubre la representante de Izquierda Verde (IU-ICV).

La comunidad internacional, los países ricos, no pueden seguir eludiendo su responsabilidad ante un problema que requiere apoyo, inversiones, solidaridad y, al mismo tiempo, una intervención, por medios democráticos, para que esos países introduzcan de una vez por todas las reformas económicas y políticas necesarias para que sus ciudadanos no sólo se sientan dueños de sus destinos, sino que puedan efectivamente decidir sobre ellos. Se habla con frecuencia de que Marruecos es la frontera europea de mayor desequilibrio de renta per cápita, pero eso no es exacto porque en las fronteras de la UE están también países europeos como Moldavia y Ucrania, con una renta per cápita de 766 euros y 865 euros, respectivamente.

Además, esa presentación ignora que los desequilibrios de renta mayores entre pobres y ricos se producen en el interior de los países del Sur por separado. Si el diferencial de renta con el Norte no puede ignorarse como causa de lo que se conoce como “efecto llamada”, no parece razonable descartar el “efecto desesperación” o el “efecto rechazo” a que puede dar lugar el diferencial de renta dentro de un mismo país del Sur, mucho más cuando éste tiene pocas posibilidades de modificarse. ¿Qué pasó en la 7ª RAN?

Pues que España ha decidido conceder a Marruecos 165 millones de euros liberados del condicionante que concurre en los créditos FAD para que pueda utilizarlos en proyectos, sin que éstos tengan que ser realizados por empresas españolas. Esos créditos, más otros 30 millones de euros en concepto de conversión de deuda en inversiones públicas, se destinarán a la Iniciativa de Desarrollo Humano (INDH) lanzada a finales del verano por Mohamed VI como primera respuesta práctica al proyecto de democratización y desarrollo del mundo árabe que, desde que se adoptara por el G-8, es una iniciativa conjunta euro-norteamericana.

Otro de los resultados prácticos de la RAN es el apoyo prometido a los jóvenes emprendedores del Sur. En el plano empresarial, la petrolera Repsol montará una refinería en la costa atlántica marroquí con una capacidad de refinado de 100.000 barriles diarios en cooperación con la marroquí Samir. Otros asuntos importantes, como el Sáhara Occidental o la delimitación de los espacios marítimos, tuvieron no obstante que ceder ante los problemas migratorios. Quedan, ciertamente, las críticas a Marruecos por el tratamiento dado a los subsaharianos, en las que ha intervenido el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, que no pueden ignorarse.

Como consecuencia, la Minurso, la fuerza de interposición de la ONU en el Sahara Occidental, utilizó los helicópteros de que dispone para buscar a los subsaharianos abandonados en el desierto, y las repatriaciones tendrán que tomar en consideración en adelante a aquéllos que, a causa de las múltiples guerras y carencias de Estado de Derecho en sus países de origen, hayan solicitado asilo político.

Si bien la eventual responsabilidad de Marruecos no puede ser silenciada, es injusto que la prensa no considere también que unas vallas coronadas de espino no son una forma humana de evitar que los candidatos a la inmigración atraviesen las fronteras de España ni que constituyan una forma sui generis de política de control de fronteras. Pero más inquietante aún es que de nuevo aparezca en algunos sectores una nueva “llamada al combate” contra Marruecos porque, en tiempos de paz, como éste, esos llamamientos han sido siempre perjudiciales para España como demuestran 13 siglos de historia común promiscua y agitada.