Europa responde con más Europa a la crisis de la deuda soberana

Jordi Bertran

Mientras mira de reojo a la Primavera Árabe y lanza promesas de reorientar la ayuda y el apoyo a sus vecinos mediterráneos, la Unión Europea (UE) tiene concentrados gran parte de sus esfuerzos en salvar uno de sus mayores logros y pilares fundamentales de la Unión, el euro, con la esperanza de asentar las bases para recuperar la estabilidad y el crecimiento económicos. De momento, pese a los titubeos y la lentitud que le son propias, la UE parece haber comprendido la excepcionalidad de los tiempos y reacciona unida.

En julio de este año, la Unión vivía uno de los episodios más críticos de su historia reciente. Con los mercados acechando a países como España e Italia, la catástrofe era inminente y podía conllevar la salida de la eurozona de Grecia y una fuerte sacudida económica en el continente de repercusiones tan impredecibles que algunos analistas comparaban al estallido provocado por la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos.

Los requerimientos para gestionar la crisis de la deuda soberana eran de sobra conocidos desde hacía meses pero chocaban con prioridades políticas, legales e incluso emocionales de los miembros del club. Al borde del precipicio, los líderes europeos y especialmente el eje franco-alemán supieron estar a la altura de las circunstancias, orillaron sus disensiones y apostaron de nuevo por Europa. Finalmente, en una cumbre in extremis el 21 de julio, no solo aprobaron un nuevo plan de rescate para Grecia (109.000 millones de euros públicos y –novedad– 50.000 procedentes de fondos del sector privado), sino también un “plan Marshall” para el país.

También se adoptó una serie de medidas para suavizar las condiciones de los rescates otorgados a otros países así como herramientas que hacen vislumbrar una mejora de la gobernanza económica de la eurozona. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, refiriéndose al fondo de rescate europeo (Facilidad Europea de Estabilidad Financiera) con competencias ampliadas en esa cumbre, se atrevía incluso a hablar de un Fondo Monetario Europeo. Sin embargo, la canciller alemana,

Angela Merkel, enfriaba el entusiasmo sobre la posibilidad real de disponer de ese instrumento para cuando realmente la crisis económica se haya superado. De hecho, la situación actual es heredera de la crisis financiera que prendió en 2008 al otro lado del Atlántico. Con la llegada de lo que se ha llamado la Gran Recesión, estalló la crisis de la deuda pública en varios países europeos, incapaces de gestionar un déficit abultado y de refinanciarse en los mercados.

A lo largo de 2010, Irlanda y Grecia, y en 2011 Portugal, al borde de la quiebra, tuvieron que ser rescatados por la UE y el Fondo Monetario Internacional con un paquete de préstamos por un valor total de 273.000 millones de euros. Ese rescate venía, sin embargo, acompañado de un severo mensaje de rigor con los países considerados irresponsables. No solo debían imponer a sus ciudadanos unas duras políticas de austeridad y controlar el déficit (hasta el 3% que impone la UE) sino que también debían hacer frente a unos intereses altos y a unos plazos exiguos de retorno de los préstamos.

Otros países de los llamados periféricos, como España e Italia, la cuarta y tercera economías de la eurozona, veían también las orejas al lobo en forma de ataques a su economía por parte de unos mercados que observaban los mismos síntomas de debilidad –señalados con obstinación por las agencias de calificación, a la par muy criticadas por la UE– que en los otros tres países rescatados.

España se ha visto abocada a la aplicación de rigurosas reformas financieras, fiscales y estructurales que en un país con una tasa de desempleo superior al 20% (más del doble que la media europea) han supuesto una huelga general, movilizaciones sindicales y de ciudadanos “indignados” y, finalmente, un adelanto de las elecciones legislativas a noviembre de 2011. Italia, por su parte, también ha tenido que anunciar un plan de choque para reducir su déficit. La mayoría de analistas aplaudió las decisiones tomadas en la cumbre europea de julio porque acercan a una realidad más palpable la gobernanza económica europea y además esbozan una verdadera unión económica.

La solución forjada entonces calmó a los mercados momentáneamente y compró tiempo para las vacaciones de agosto. Pero falta todavía mucho más, como la entrada en funcionamiento de nuevas autoridades de supervisión y de las directivas orientadas a la regulación financiera que debe evitar abusos y ordenar la actividad de bancos, agencias y fondos especulativos. Seguramente también falta contar con más concreción sobre cómo y cuándo actuará el fondo de rescate, conseguirle una dotación más ambiciosa (parte con 750.000 millones de euros) y con una dirección más ágil (su actividad sigue regulada por unanimidad de los socios europeos).

Este otoño quizá se pueda comprobar si los líderes europeos vuelven tras la pausa estival con el mismo ánimo europeísta y son capaces de seguir con convicción el camino marcado por estos primeros pasos en la buena dirección. Por si alguien pensaba que la tregua iba a durar, a principios de agosto, los ataques de los mercados a España e Italia, que incluso hicieron que un plan de rescate para España volviera a rumorearse, fueron el primer toque de alerta de que el camino será largo y tortuoso.

Nuevas señales parecían confirmarlo a principios de septiembre tras una segunda mitad de agosto relativamente calmada gracias a la compra de bonos de deuda soberana españoles e italianos por parte del Banco Central Europeo. La principal evidencia era la creciente preocupación por la recuperación económica mundial. No en vano el FMI alertaba de una posible caída en una nueva recesión económica. Pero tampoco presagiaban nada bueno la falta de confianza internacional sobre los ajustes económicos en Italia o las nuevas alarmas que se encendían en Grecia por el descontrol del déficit.

Precisamente el país heleno volvía también a ser motivo de tirantez entre los países europeos, cuyos parlamentos deben dar su visto bueno al plan de rescate aprobado el 21 de julio. En este caso, ha sido Finlandia quien ha roto el consenso al pedir garantías excepcionales (transferencia de activos griegos a una sede en Luxemburgo para aportar su parte en el rescate). Tampoco medidas excepcionales como incluir en la Constitución un techo para el déficit con vistas a garantizar el equilibrio fiscal, como hizo el Parlamento español el 2 de septiembre, lograron suavizar, al menos tras su inmediata aprobación, el acecho de los mercados sobre la deuda soberana de España.