Entre sucesión y revolución

A pesar de que con frecuencia se cuestiona su existencia, por no decir su legitimidad, los Estados árabes se han impuesto progresivamente en la escena regional.

Matthieu Rey

Los Estados árabes, que a menudo son objeto de burla por ser inventos o importaciones occidentales, sobre todo en Oriente Próximo, se han impuesto progresivamente en la escena regional. Sin embargo –y los análisis sobre la crisis siria serían uno de los últimos epígonos– su existencia, por no decir su legitimidad, se cuestionan con frecuencia. El objetivo aquí es entender al mismo tiempo de qué manera y por qué razón han podido mantenerse unas estructuras estatales en unos territorios y cómo han podido enfrentarse a los desafíos de las dos últimas décadas, pero también en qué se han visto afectadas por los recientes acontecimientos.

Precisemos en primer lugar lo que entendemos por Estado antes de analizar sus particularidades en el contexto de Oriente Próximo. El Estado, que es un conjunto de instituciones creadoras de organización y de símbolos, se impone como depositario de la legitimidad en la escena internacional por medio del control que reivindica sobre un territorio. Si hay que distinguirlo del régimen como forma de gobierno y de distribución específica de poderes, el Estado se manifiesta a través de los regímenes. Por tanto, habría que analizar la durabilidad de estas construcciones, en un momento de revoluciones que podrían destruirlas, cuando las estrategias de sucesión dominaban la interpretación que se realizaba de estos Estados.

Un planteamiento genérico tiene que permitir entender las épocas de construcción y de transformación. Las estructuras institucionales en los países árabes se parecen en algunos aspectos. El término poliarquía integradora resumiría la diversidad de situaciones. La pluralidad de centros de poder se deriva de la aglomeración en torno a un núcleo de múltiples organismos encargados principalmente de la coerción. Tanto si es en Siria como en Irak en la época de Saddam Hussein o en Argelia, las estructuras estatales no pueden concebirse fuera de un modelo de centros de poder unidos entre sí según unas prerrogativas que se reajustan continuamente.

¿Por qué mencionamos el término centro de poder en lugar de institución? Un centro –en el sentido de organismo o de estructura– solo se impone en el ámbito del poder mediante su capacidad para atraer hacia él recursos, entre los que se encuentran sobre todo la disponibilidad de apropiarse de las riquezas y repartirlas entre ellos o sus aliados, y mediante su capacidad de influir en las decisiones de los otros centros mediante sus fuerzas: física (a través de la represión y la intimidación) y simbólica (a través de la elaboración de una retórica que legitime esta acción).

Todos los regímenes disponen de estos dispositivos, como el amn al dawla en Egipto o las secciones de mujabarat en Siria. Esta idea insiste también en la indefinición de los contornos institucionales según las situaciones nacionales. Una de las particularidades de estos centros reside en la geometría variable de sus prerrogativas, que les confieren una amplia capacidad de intervención, pero que también crean unos espacios de conflicto entre ellos. El plural se impone por tanto: unos centros más o menos extensos controlan segmentos del monopolio legítimo de la violencia física y simbólica, sin límites claros de su ámbito de actuación, lo que puede dar lugar a épocas de inestabilidad debido a su perpetua competencia.

Pero sería un error considerar que dichos centros son totalmente autónomos, ya que todos dependen, de alguna manera, de un jefe único, del dirigente, del rey –según las diferentes configuraciones nacionales– y cada uno se encuentra rodeado de un círculo de allegados. Así, por poner solo el ejemplo saudí, el ejército, extensión de las tropas del Hiyaz, está bajo el mando del virrey, mientras que el departamento de seguridad interior está dirigido por allegados de los Al Sudairi. La relación que mantienen quien ejerce el poder supremo, siempre personificado a través de la figura de un jefe (Mubarak, Al Asad, etcétera), y los jefes de los principales centros de poder varía en función de los países, es decir puede depender de la familia, del clan, de la tribu o de los ascensos en el ejército. Globalmente, se establece una división del trabajo de dirección entre los centros y un jefe, en la que el equilibrio y la autonomía de cada uno dependen de la situación nacional.

Esta estructura de poder se basa fundamentalmente en el control y la vigilancia de las poblaciones, más que en la protección de un territorio (la defensa de las fronteras no supone un desafío real). Tiene que cumplir dos requisitos para funcionar de forma armoniosa, es decir, para que no tenga que enfrentarse a levantamientos que puedan poner en peligro el equilibrio de poderes: el primero es la integración de las direcciones nacionales en un concierto regional e internacional que acredite la soberanía reivindicada, y el otro es la integración de segmentos significativos y diversos de las sociedades para crear una imagen consensual. En cuanto al primer requisito, la Liga Árabe ha podido representar la estabilidad y los reconocimientos mutuos de las dictaduras árabes. Con razón, Muamar Gadafi expresó sus temores a los otros dirigentes árabes sobre la caída de Saddam Hussein, y les avisó de la posibilidad de correr la misma suerte.

La escala regional es importante en la medida en que en las últimas décadas han aumentado los encuentros entre dirigentes, por lo que Roger Owen habla ahora de interconocimiento, y han disminuido significativamente las injerencias en los asuntos nacionales que se producían desde la independencia. El otro aspecto significativo es la tolerancia de este orden político por parte del conjunto de las grandes potencias, incluso su respaldo. Sin esta aceptación del orden regional –el ejemplo iraquí lo ha recordado de forma extrema– el equilibrio estatal puede romperse fácilmente. La mayoría de estos Estados se consolidaron para responder a las exigencias de orden reclamadas por numerosos segmentos sociales a finales de la década de los setenta.

El segundo aspecto es el relativo a las capacidades de integración de los diferentes segmentos sociales en el plano nacional. Las características de estos segmentos dependen de la naturaleza de quienes ocupan el poder: a una preponderancia confesional, como en Irak o Siria, responde una atracción de segmentos de otras comunidades, y a una dominación categorial, como en Arabia Saudí o Egipto, la búsqueda de determinadas clases funcionales. El objetivo –y el resultado– de este mecanismo es otorgar a las estructuras de poder una mayor estabilidad mediante el establecimiento de unas bases sociales más grandes y, al mismo tiempo, una cierta legitimidad mediante la imagen de cohesión (e incluso de representatividad) proyectada.

El mecanismo de acercamiento entre centro de poder y segmento social se basa en la proximidad, la connivencia o la cooptación, y adopta múltiples formas, como pueden ser la elección en órganos políticos, el otorgamiento de derechos económicos (concesiones) o el nombramiento en unos aparatos burocráticos enormes. Estas orientaciones se reproducen en los diferentes niveles jerárquicos, pero esta facultad agregativa no condiciona la existencia del sistema, que puede entrar en conflicto con algún segmento y oponerse a él, o bien restringir estas redes de alianzas al núcleo de seguridad en caso de una crisis prolongada.

La formación del Estado

Esta presentación sincrónica no puede entenderse sin precisar las condiciones que se dieron para que estos regímenes surgiesen y se estabilizasen, antes de proponer algunas hipótesis sobre su futuro. La mayoría de los planteamientos recuerdan la herencia colonial del Estado: sus contornos se dibujaron en esa época, el aparato administrativo fue estructurado en gran medida por la potencia extranjera y la forma de acercamiento a las poblaciones –un centro que domina mediante la violencia– reprodujo sus métodos. Sin embargo, esta herencia no bastaría para explicar la persistencia del modelo durante seis décadas, hasta los Estados árabes de las décadas de los noventa y 2000. Hay que añadir, para todos ellos, que se crearon a raíz de unas revoluciones.

No es nuestra intención aquí hablar de la “época de las revoluciones” que vivieron el Oriente árabe y el norte de África en el transcurso de las décadas de los cincuenta y sesenta. Basta recordar la transformación de las élites en el poder mediante el acaparamiento de los recursos del Estado en beneficio de nuevas clases sociales y el uso de la violencia para lograrlo. La idea revolucionaria desacredita a todos los sistemas que existieron anteriormente en dos aspectos: por su incapacidad para hacer sitio en los órganos del poder a los grupos numéricamente predominantes como los notables rurales, y por sus dificultades en la escena internacional.

En nombre de la necesidad de recuperar la dignidad –entendida en su sentido colectivo y no individual– unos organismos del Estado pertenecientes a las fuerzas de coerción se apoderaron de las jefaturas nacionales, eliminaron a sus posibles rivales y suprimieron las bases sociales en las que se basaban las antiguas élites. Este cambio violento dio lugar a dos décadas de inestabilidad en las que las estructuras del Estado se cuestionaron parcialmente o se suspendieron durante los periodos revolucionarios. Esta secuencia reforzó a su vez a aquellos que participaron en la lucha y que no fueron eliminados. En cada Estado se crearon equipos o colegios ejecutivos para apoderarse del Estado marcado por esta toma de poder y conservarlo. A lo largo de los años setenta y ochenta, se produjo la estabilización de estas direcciones colegiadas con la aplicación de una fórmula de poliarquía integradora autoritaria.

Este éxito se basó en la facultad de los nuevos equipos para garantizar el mantenimiento de los derechos sociales y económicos adquiridos en la revolución y promover un nuevo orden estable en el que cada actor social pudiese moverse bajo una apariencia autoritaria. El final de la oposición interna violenta con el cese de los enfrentamientos en Argelia o Egipto, o también el final de la guerra civil en Líbano, parecieron consolidar esta situación. Ahora bien, el hecho de que perdurase seguía dependiendo de unas personas, los jefes de Estado. Desde mediados de la década de los noventa a finales de la década de 2000, el conjunto de los países árabes, en diversos grados, vivió sucesiones diversas. Los sistemas colegiados de poder se basan, en última instancia, en una figura tutelar en cada país que, a su vez, se basa en un clan cuya posición se vio reforzada en el transcurso de los últimos años.

Tres procesos caracterizaron los equilibrios así establecidos. En primer lugar, mediante diferentes métodos, los sistemas autoritarios se ajustaron a la nueva corriente liberal promovida por los socios extranjeros. Esto se tradujo por la celebración de elecciones con pretensiones pluralistas sin que se pudiesen cuestionar las relaciones de fuerza ni disolver los órganos dirigentes, y por el ascenso de actores de la sociedad civil que pasaron a dirigir sectores abandonados por el Estado. Muchos consideraron que este programa era una consolidación de los autoritarismos y evitó durante un tiempo cualquier cuestionamiento de las estructuras de poder. La segunda dinámica está relacionada con la aplicación de un conjunto de reformas neoliberales que, en un contexto autoritario, aumentan rápidamente las desigualdades económicas y sociales.

Lejos de crear un crecimiento económico distributivo –es decir que beneficie a numerosos segmentos de la sociedad– estos cambios reforzaron el control del clan principal y lo dotaron de nuevas capacidades dentro de las direcciones colegiadas, lo que le condujo, en Túnez o en Siria, a privar a antiguos aliados de los subsidios con los que contaban, empobreciendo a las clases medias que se mostraban hasta entonces receptivas a la retórica del orden mantenido por los regímenes. La tercera dinámica se refiere a la perennidad del clan. En el transcurso de la década de los noventa, se ofreció una respuesta común al envejecimiento del dirigente: la elección de uno de sus hijos como sucesor. Esta decisión dio lugar a un cambio del equilibrio colegiado y provocó el cuestionamiento del reparto de poder. Se vio rápidamente que ninguna sucesión se desarrolla con facilidad, salvo en las monarquías en las que la normalidad del procedimiento priva a los que no son partidarios de este tipo de cambio de cualquier posibilidad de oponerse.

En Siria, la normalización del poder de Bashar el Assad se debe al aislamiento de numerosos caciques y a la disminución, a la larga, de la influencia del clan dirigente. La oposición en los centros de poder egipcios bloquearon el camino de la sucesión a Gamal Mubarak durante una larga década. Por tanto, esta última dinámica tiende a aumentar las tensiones en las poliarquías cuando se anuncia la renovación biológica generacional. En este contexto, el surgimiento de una oposición popular que denuncia los principios del funcionamiento de estos regímenes –el olvido de la persona en favor del colectivo y la falta de dignidad humana– permite en un primer momento a los bandos más fuertes en la pugna por el poder proponer su solución y su arbitraje institucional.

Pero, es posible vaticinar que el regreso de las poblaciones al espacio público no pueda conllevar, a la larga, solo una revolución de palacio y, por tanto, cuestionará de forma duradera esta forma de gobierno. Si la apariencia autoritaria se debilita poco a poco por la desaparición de los recursos, surgen Estados cuyos contornos no se ponen en duda –ni tampoco se reivindican– y unas poblaciones en busca de fórmulas de coexistencia política que dejen lugar a la pluralidad tanto política como categorial y comunitaria.