Ennahda, de la polarización al ‘consenso’

Las tentaciones hegemónicas del movimiento islamista parecen disminuir en favor de un proceso consensual. ¿Pragmatismo o táctica?

Larbi Chouikha

Los acontecimientos que marcan la evolución de la transición desde las elecciones de octubre de 2011 hasta la aprobación del texto constitucional el 26 de enero de 2014 ponen de manifiesto las ambivalencias y ambigüedades de la sociedad tunecina. Pero lo que más nos llama la atención de los recientes hechos es el cambio de actitud mostrado por el movimiento islamista Ennahda desde hace algunos meses. Sus tentaciones hegemónicas y su instinto de conservación, sumamente perceptibles cuando se formaron sus sucesivos gobiernos, parecen disminuir en favor de un “proceso consensual”. Este se observa en Ennahda por su aceptación de negociar con todos los estamentos políticos y civiles, sin excluir a los laicos, así como por su disposición a realizar concesiones fundamentales, incluida la de abandonar el gobierno.

De la polarización…

Desde principios de 2012, los dirigentes de Ennahda, vencedor en las elecciones del 23 de octubre de 2011, mostraron que no estaban muy a favor del mantenimiento de las estructuras que habían creado el marco jurídico e institucional de las primeras elecciones, a cuyas principales figuras, miembros de la izquierda “progresista” o reputadas por su independencia de espíritu, percibían como adversarios políticos. Se trata de la Instancia para las Elecciones que dirigía Kamel Yendubi, de la Instancia para la Reforma de los Medios de Comunicación, presidida por Kamel Labidi, y del comité de expertos dependiente de la Alta Instancia para las Reformas Políticas, una especie de pequeño parlamento de antes del 23 de octubre de 2011, dirigido por el profesor Yadh ben Achur.

Al hacer esto, al negarse a aprovechar la experiencia adquirida por estas instituciones, los sucesivos gobiernos de Hamadi Yebali y de Ali Larayed crearon las condiciones para que se produjese una crisis de confianza entre los actores del proceso de transición, agravada por el deterioro de la situación económica y social, por la falta de una agenda política precisa y por la tentación de Ennahda de ejercer su hegemonía en la administración y el sector de los medios de comunicación. Es más, al centrar el debate público en unos temas tan controvertidos como los de la identidad y la religión provocaron la división de los tunecinos en un momento en el que su cohesión era necesaria a fin de crear las condiciones propicias para el éxito del proceso democrático. Con estos hechos, Ennahda suscitó dudas respecto a sus verdaderas intenciones políticas entre una parte de los tunecinos a los que la victoria del partido islamista ya había asustado.

En este contexto, las formaciones de la oposición en su conjunto no se quedaron de brazos cruzados. Su discurso y sus posturas públicas se oponían básicamente, de forma casi sistemática, a la política llevada a cabo por Ennahda y sus aliados de la Troika (los “laicos” de menor importancia numérica, el Congreso por la República [CPR] y el partido Ettakatol). A consecuencia de esta polarización, se creó un clima de violencia que alcanzó el paroxismo con el asesinato de dos jefes de la oposición, Chokri Belaid (el 6 de febrero de 2013) y Mohamed Brahmi (el 25 de julio de 2013), por parte de presuntos militantes de “Ansar al Sharia”, grupos islamistas extremistas. Estos acontecimientos, a los que se sumaron los asesinatos de ocho militares en una emboscada en el Monte Chambi (en Kasserine, región limítrofe con Argelia, el 29 de julio de 2013), desencadenaron una grave crisis política que provocó la suspensión durante dos meses de los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), por decisión de su presidente, Mustafa ben Yaafar.

Para hacer frente a la creciente oposición popular y a la paralísis política provocada por el bloqueo de la ANC, se creó en septiembre de 2013 un Cuarteto formado en torno a las dos centrales sindicales, la de los trabajadores (UGTT) y la de la patronal (UTICA), además de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo de la Abogacía. Su objetivo era proponer a las principales formaciones políticas representadas en la ANC y reunidas en una especie de mini-parlamento llamado el diálogo nacional, una hoja de ruta dirigida a culminar la transición mediante la organización de elecciones presidenciales y legislativas. Se basa en tres etapas: la primera consiste en la elección del nuevo órgano electoral (la Instancia Superior Independiente para las Elecciones, ISIE); la segunda se articula en torno a la elección de un primer ministro y de un nuevo gobierno (independiente); y, por último, el objetivo de la tercera etapa es acelerar el proceso de redacción de la Constitución aprobando un proceso “consensual”.

Tras muchas dudas y dilaciones, los dirigentes de Ennahda, animados por su socio de la Troika, Ettakatol, aceptaron abandonar el gobierno siguiendo esta hoja de ruta. El CPR prefirió mantenerse a la espera pero sin poner trabas a la aplicación de esta hoja de ruta.

…a la búsqueda de compromisos

En cuanto a las modalidades de la elección de los miembros de la nueva ISIE, se llegó finalmente a un consenso entre los componentes políticos del diálogo nacional. La ANC eligió a los nueve miembros que prestaron juramento ante el presidente de la República el 15 de enero de 2014. Este mismo espíritu consensual prevaleció en la elección del nuevo jefe de gobierno, Mehdi Yomaa (51 años), un exministro de Industria del ejecutivo saliente de Ali Larayed, con un perfil de tecnócrata y sin ninguna afiliación política declarada. Pero es la redacción del contexto constitucional lo que mejor nos muestra los medios utilizados para poner en práctica los mecanismos destinados a fomentar los compromisos.

En cuanto al método

El 22 de abril de 2013 se hizo público por primera vez en la ANC un anteproyecto de ley constitucional que, tras mejorarse con la ayuda de expertos jurídicos, adoptó la forma de un proyecto de Constitución y se presentó oficialmente el 1 de junio de 2013. A renglón seguido se creó una comisión ad hoc, presidida por Mustafa ben Yaafar, la comisión de los consensos –leynat el tawafukat– para solucionar los puntos conflictivos y limar las divergencias.

La comisión, compuesta por 22 miembros, esencialmente los presidentes de los grupos parlamentarios de la ANC o sus representantes, redactó un informe sobre el conjunto de los puntos sobre los que se había llegado a un acuerdo en su seno. Cada uno de los constituyentes disponía teóricamente de un derecho de enmienda en el transcurso de la discusión del texto artículo por artículo (en total, 146). En este sentido, se presentaron más de 1.000 enmiendas, cuyo análisis habría tenido una duración indeterminada. Por consiguiente, y con el acuerdo de la comisión de los consensos y de las principales formaciones políticas, la presidencia de la Asamblea decidió descartar tres cuartas partes de las enmiendas y, al final, solo se mantuvieron 286 (“Tunisie: Le vote de la Constitution, mode d’emploi en 4 points”. Samy Ghorbal, Jeune Afrique, 9 de enero de 2014).

Y sobre el contenido

Los debates en la ANC enfrentaron a los partidarios de dos visiones antagónicas del Estado. Para los modernistas, el Estado es el lugar de lo Universal, y su papel es garantizar los derechos y las libertades, es decir los derechos humanos, según su acepción universal. El artículo 1 ha mantenido los mismos términos que el que ya figuraba en la primera Constitución redactada con Habib Burguiba en 1959. Esta disposición estipula: “Túnez es un Estado libre, independiente y soberano; su religión es el islam, su idioma es el árabe y la República es su régimen”. Este artículo, que crea una ambigüedad entre “el islam, religión de Estado” y “el islam, religión del Estado”, elimina cualquier referencia explícita a la sharia o a los principios de la legislación islámica.

Pero los miembros de la ANC, tras laboriosas negociaciones, decidieron precisar su alcance interpretativo en el artículo 2, que reitera, explícitamente esta vez, el “carácter civil” del Estado tunecino, “basado en la ciudadanía, la voluntad del pueblo y la primacía del derecho”. A los artículos 1 y 2 se les ha otorgado un carácter supraconstitucional: no pueden ser revisados. Pero para los conservadores islámicos, el Estado tiene primero la vocación de preservar y defender “la autenticidad” de la sociedad y del país. Es el guardián de la “identidad”. El texto del preámbulo, que ha sido objeto de ásperos debates en el seno de la comisión de los consensos, está lleno de referencias a “la identidadarabo- musulmana”, a “las enseñanzas del islam” y a “la pertenencia de nuestra cultura y de nuestra civilización a la nación árabe y musulmana”.

En el texto constitucional, el artículo 6 también ha sido objeto de turbulentos debates entre los miembros de la ANC. Su redacción se esfuerza por conciliar las concepciones del carácter islámico del Estado y de las libertades individuales: “El Estado es el guardián de la religión. Garantiza la libertad de credo, de conciencia y el libre ejercicio de los cultos; es el garante de la neutralidad de las mezquitas y de los lugares de culto frente a cualquier instrumentalización partidista. El Estado se compromete a difundir los valores de moderación y de tolerancia, a proteger los principios sagrados e impedir que se les ataque, y también a prohibir las campañas de acusación de apostasía y de incitación al odio y a la violencia. También se compromete a oponerse a ello”.

A cambio de renunciar a la criminalización de la “ofensa a lo sagrado” que estaba prevista inicialmente, Ennahda consiguió que el Estado se convierta en “el guardián de la religión” y “proteja los principios sagrados”. Pero los defensores de los derechos humanos cuestionan el uso de una idea tan controvertida como la de “sagrado” y se preguntan cuáles pueden ser sus consecuencias para la libertad de expresión. Los modernistas, por su parte, han logrado que se admita el principio de la libertad de conciencia y que su protección adquiera el rango de obligación estatal, al igual que la libertad de credo y el libre ejercicio del culto. La afirmación de la libertad de conciencia es un logro considerable en la región.

En teoría, puede dar a un musulmán la posibilidad de cambiar de religión, mientras que el delito de apostasía se castiga con la pena de muerte en la ortodoxia suní. En cuanto a la abolición de la pena de muerte, la enmienda no se mantuvo por falta de mayoría. Los derechos adquiridos de la mujer tunecina se respetaron. Los ciudadanos y las ciudadanas tendrán los mismos derechos y los mismos deberes, y no sufrirán ninguna discriminación (artículo 21). El Estado garantiza la igualdad de oportunidades y “toma las medidas necesarias para erradicar la violencia contra la mujer” (artículo 46).

No cabe duda de que supone una mejora con respecto a los primeros proyectos que mencionaban papeles “complementarios” entre hombres y mujeres. Sin embargo, esta disposición (el artículo 46) no hace referencia al derecho más extendido de la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos políticos, económicos y otros; afirma la igualdad solo ante la ley, y no la igualdad de derechos y de ley. Pero esta construcción modernista se ve debilitada por unas disposiciones de contenido regresivo y con una visión limitada, como el artículo 39, que conmina al Estado a trabajar para consolidar y generalizar el idioma árabe y “arraigar la identidad árabemusulmana” en la enseñanza. Así formulado, este texto, fruto de una enmienda presentada por unos diputados de Ettakatol, puede abrir la puerta a una arabización total del sistema educativo, cuando numerosas disciplinas –empezando por las ciencias y la medicina– siguen impartiéndose en francés.

Sin embargo, los modernistas consiguieron que se aprobase la siguiente enmienda: “…y a la apertura a los idiomas extranjeros, las civilizaciones humanas y la difusión de la cultura de los derechos humanos”. Otra fuente de preocupación para los modernistas es que el texto otorga a los tratados internacionales ratificados “un rango supralegislativo e infraconstitucional” (artículo 20), lo que podría abrir la vía al incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

¿Pragmatismo o táctica?

A primera vista, la elección del proceso consensual que aceptó Ennahda consiste en abandonar progresivamente su postura de polarización, cuyos efectos son especialmente nefastos para la transición, a fin de explorar todos los aspectos de los compromisos posibles, incluso con sus adversarios más inflexibles. Para su líder, Rached Ghannuchi, esta elección es estratégica y va más allá de la fase de transición: “Aunque las elecciones nos den un papel preponderante que desempeñar, no cogeremos todo, sino que tenemos pensado seguir un planteamiento consensual.

Túnez tiene que estar dirigido por el consenso, y no según la lógica de la mayoría y la minoría”, declaraba, y recomendaba ir “todavía más lejos que la Troika en las próximas elecciones con una coalición de entre cinco y seis partidos” (Radio Shems fm, 16 de enero de 2014). De hecho, y a corto plazo, este nuevo planteamiento de Ennahda se traduce en la práctica en su retirada del gobierno para dedicarse –por completo– a la preparación de las próximas elecciones, previstas para finales de 2014. Desde otro punto de vista, este cambio de rumbo persigue dos objetivos al mismo tiempo. En primer lugar, se trata de dar a Ennahda un cariz diferente, más apegado a los valores del Túnez contemporáneo y dispuesto a defender sus logros modernos.

Al mismo tiempo, Ennahda muestra su voluntad de llevar la transición democrática a buen término y de proclamar los valores universales de los derechos humanos y de las normas internacionales de la democracia, pero dando libertad para interpretar las referencias relacionadas con las “enseñanzas del islam” y con “la identidad árabomusulmana”. La elección de este proceso le proporciona dos ventajas. Por una parte, le da la posibilidad de desplazar los límites binarios Ennahda/anti- Ennahda que surgieron tras las elecciones del 23 de octubre hacia otros temas de debate de tipo económico, social y de política exterior, en los cuales ya no estarán aislados.

Y por otra, se trata de que los socios occidentales de Túnez consideren que Ennahda es quien realiza más concesiones y sacrificios para salvar la única transición democrática de las primaveras árabes que todavía tiene posibilidades de éxito. (Los acontecimientos en Egipto con la expulsión del presidente Morsi y de los Hermanos Musulmanes y la toma del poder por parte de los militares, el 3 de julio de 2013, no son hechos ajenos a las nuevas decisiones tomadas por Ennahda). Sin embargo, este planteamiento “consensual” se basa en una interceptación del compromiso que es deliberadamente ambigua, y que se convierte en un problema cuando se trata de redactar un texto constitucional. El jurista Ali Mezghani lo expresa perfectamente: “Todas las concesiones se han realizado entre las cúpulas de los partidos políticos sobre la base del ‘yo te doy tal palabra y tú me das tal otra’.

Ahora bien, en realidad, hay cosas que no se pueden negociar, cuando se trata de establecer una sociedad democrática. ¿Se pueden realizar concesiones en el tema de la estructura del Estado y de su funcionamiento? ¿En el principio de la separación de poderes, por ejemplo, o de la libertad de conciencia? Y sin embargo, se han hecho” (Ali Mezghani, “Une Constitution minée et régressive par rapport à celle de 1959”, entrevista en La Presse de Tunisie, 17 de enero de 2014). Por consiguiente, estos procesos se basan en gran parte en la búsqueda de compromisos entre unos socios políticos y sociales muy heterogéneos, donde la cultura democrática no está arraigada en la sociedad y no es la situación compartida habitualmente por todos los actores políticos.

Pero al mismo tiempo, estos procesos siguen siendo vulnerables, ya que, por una parte, están caracterizados por compromisos muy imprecisos y, por otra, no están a salvo de un acontecimiento repentino (asesinatos de líderes políticos, por ejemplo) que puede suceder en cualquier momento, con el riesgo de que debilite aún más esta estructura. Pero la clave es saber si este planteamiento va a permitir concretamente el restablecimiento de la confianza entre gobernantes y gobernados, que ha disminuido en gran medida estos últimos años por la bipolarización de la sociedad, y cuyas consecuencias todavía se sienten (agravadas, entre otras cosas, por el hecho de que los asesinatos de los líderes políticos no se hayan esclarecido).