El Mediterráneo busca una mejor oportunidad

España, Egipto y Francia posponen a noviembre la Cumbre de la UpM para que los eventuales avances en el diálogo palestino-israelí permitan celebrarla con éxito.

Senén Florensa

El conflicto palestino-israelí nos recuerda de vez en cuando cómo es capaz de bloquear la buena marcha de las relaciones euromediterráneas. El penúltimo aviso registrado fue la IV Conferencia Euromediterránea sobre el Agua, celebrada el 13 de abril en Barcelona, donde la estrategia regional que debía aprobarse tras semanas de trabajos y consensos naufragó por la falta de acuerdo entre israelíes y árabes. Como de costumbre, el tropiezo tuvo una sonora repercusión en los medios de comunicación y no hizo más que avivar las dudas de los más escépticos sobre la viabilidad de la Asociación Euromediterránea y, al mismo tiempo, intensificar la atención sobre la II Cumbre de la Unión por el Mediterráneo (UpM), prevista para el 7 de junio en Barcelona.

El último aviso llegó con estrépito dos semanas antes de la Cumbre. La presidencia española de la Unión Europea y las dos copresidencias de la Unión por el Mediterráneo, Egipto y Francia, acordaban aplazarla temporalmente hasta noviembre para conceder más tiempo al incipiente proceso de conversaciones israelo-palestinas y, con ello, llegar a la Cumbre con condiciones idóneas para su éxito. La expectación generada en torno a la segunda cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los 43 países de la UpM responde a la certeza que muchos compartimos sobre el punto inflexión en el que, tras casi 15 años de recorrido, se encuentra la Asociación Euromediterránea.

Por diversas razones. En primer lugar, hemos entrado en una etapa determinante para la Asociación Euromediterránea porque viene de salir fortalecida de tres años difíciles que habrían podido suponer su estancamiento. Ha sido un periodo dominado, por una parte, por los debates y las negociaciones en torno a la definición y articulación de la UpM, un proyecto que, en su primer planteamiento resquebrajaba el espíritu original del Proceso de Barcelona; y, por otra, por el bloqueo árabe a cualquier discusión y avance tras la ofensiva israelí en Gaza a finales de 2008 y principios de 2009.

En el primer caso, la implicación de la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea fue clave para acabar convirtiendo la UpM, no en un sustituto de la Asociación Euromediterránea como algunos querían, sino en una nueva evolución reforzada de ésta. Y fruto de ese esfuerzo de redefinición disponemos a mitad de 2010 de una nueva arquitectura institucional euromediterránea con notables innovaciones. En esta nueva estructura, europeos y mediterráneos asumen la misma responsabilidad sobre los logros y los fracasos, disponen de un verdadero organismo internacional para su impulso y seguimiento, el Secretariado permanente, y cuentan con un enfoque multilateral más pragmático orientado a la realización de grandes proyectos regionales estructurantes en ámbitos estratégicos (energías renovables, infraestructuras, pymes, recursos hídricos, protección civil y educación).

Todo ello sin olvidar que desde 2005 la política europea de vecindad (PEV) refuerza en el plano bilateral las relaciones entre la UE y los países socios mediterráneos (PSM). Por lo que respecta al conflicto en Oriente Próximo y a su capacidad de ralentizar la andadura de esta nueva etapa euromediterránea, cabe ver como una señal esperanzadora el inicio, en mayo, de conversaciones indirectas entre israelíes y palestinos bajo supervisión norteamericana. Lamentablemente, la lentitud y la dificultad de ese diálogo han llevado a posponer la Cumbre con el objetivo que, tras la consecución de los primeros frutos de esas conversaciones, el encuentro se celebre con mayores garantías de éxito. Y aunque con la máxima cautela, también hay que recordar que la Asociación Euromediterránea ha sido desde 1995 el único foro internacional que sienta en la misma mesa a las dos partes del conflicto, por lo que bien podría constituirse, llegado el momento, en uno de los espacios de diálogo al servicio de un eventual proceso de paz.

España y la sede UpM

Un segundo motivo para considerar que estamos ante un momento significativo es el papel clave que España ha ejercido siempre en Europa sobre la singladura euromediterránea. Una posición fruto tanto de la demostrada capacidad española para orientar la atención europea hacia el Mediterráneo como del favor y crédito de la diplomacia española entre los países árabes. Algo que en el último año ha tenido mucho que ver en el desbloqueo de las negociaciones sobre la articulación de la UpM y que, finalmente, ha llevado a conseguir uno de sus principales objetivos de este semestre europeo, la puesta en marcha del Secretariado. El 3 de marzo, el gobierno español, junto a los de Cataluña y la ciudad de Barcelona, se volcaron en la presentación oficial del Secretariado en su sede del Palacio de Pedralbes, con la presencia de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Jordania, Egipto y España.

Un mes después, el ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario general del nuevo organismo, el diplomático jordano Ahmad Masa’deh, firmaban en Madrid el Acuerdo de Sede. La apuesta de todos los niveles de gobierno comprometidos es, por tanto, patente y está a la altura de lo que se espera de España, no en vano se han suscrito aquí algunos de los más notables avances de la Asociación Euromediterránea. Desde su concepción en Barcelona en 1995, pasando por los progresos en cuestiones de promoción económica y diálogo cultural para el Mediterráneo aprobados durante la presidencia española en 2002 hasta la primera cumbre de jefes de Estado y gobierno de 2005, también en la capital catalana.

Con este firme apoyo español, es deseable que esta nueva institución internacional recabe los consensos necesarios para que, tras la Cumbre en noviembre, esté plenamente operativa a principios de 2011. Que cuente con consistencia orgánica, presupuesto y capacidad para desarrollar proyectos que hagan visible el salto adelante que puede comportar la UpM para las relaciones entre Europa y sus vecinos mediterráneos.

Cumbre en Barcelona

Un indicador inmediato de éxito o fracaso que se aplica a las cumbres internacionales es el número de jefes de Estado y de gobierno asistentes. El aplazamiento de la Cumbre respondió precisamente a la previsión de que la situación en Oriente Próximo y la anunciada presencia en Barcelona del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, conllevarían ausencias significativas de los países socios mediterráneos. El comunicado oficial del aplazamiento, emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, anunciaba también que Egipto, Francia y España habían acordado finalmente que la Cumbre se celebre en Barcelona durante la tercera semana de noviembre, cuando se conmemora el XV aniversario de la Conferencia de Barcelona de 1995.

Es evidente que el alcance de la declaración política que surja de esa Cumbre tendrá mayor o menor peso dependiendo del perfil de los representantes gubernamentales de los 43 países miembros de la UpM congregados en Barcelona. Cuanta mayor y mejor representatividad, más legitimidad y potencia podrá tener el mensaje de compromiso con el proyecto mediterráneo, tanto de los Estados miembros europeos como de los mediterráneos. Pero este logro político debe ser completado con acuerdos de calado, es decir, con un ambicioso plan de trabajo para 2010-12. En este punto, partimos con una buena base.

Todos los actores implicados en el Mediterráneo han contribuido durante los últimos meses a la definición de propuestas para poner en marcha tanto los seis proyectos seleccionados por la UpM como estrategias sectoriales en ámbitos como el empleo, la cultura o el turismo. De ello, y de la profundización en esas propuestas que pueda llevarse a cabo hasta noviembre, debería surgir un plan de trabajo, consensuado y aprobado en la Cumbre, que permita visualizar finalmente avances concretos de esta nueva etapa de la Asociación Euromediterránea.

Hacia una nueva fase de convergencia en el Mediterráneo

Bajo el denominador común de los valores que estableció la Declaración de Barcelona de 1995, esta nueva etapa de la Asociación Euromediterránea (reforzada mediante la PEV y una activa UpM) puede consolidar e impulsar los avances que ha registrado la región en esta década y media. Porque, pese a las dudas que manifiestan los que califican de fracaso la política euromediterránea, no se parte ni mucho menos de cero. Aunque en Europa acostumbran a pasar inadvertidos, los efectos de las políticas de cooperación europeas en los países socios mediterráneos a través de la PEV, en aplicación de los Tratados de Asociación nacidos en Barcelona, son numerosos y han dado sus frutos.

En este sentido, por ejemplo, la tradicional comparación de las diferencias crecientes entre norte y sur del Mediterráneo de 1 a 15 en términos nominales, puede rebatirse. A partir de 2002 el Sur conoció un crecimiento continuado superior al del Norte, cuyas razones van más allá del simple crecimiento demográfico y deben hallarse también en las políticas impulsadas en el marco del Proceso de Barcelona. Algunos datos reflejan la contribución de las políticas de cooperación euromediterránea y de otras instituciones financieras internacionales en la estabilización macroeconómica de los PSM lo que, junto a una mejora de la seguridad jurídica, explica en parte el atractivo que han ganado estos países para la inversión extranjera.

También constatamos en estos países una transformación institucional y jurídica (aduanas, formación profesional, legislación relativa a la mujer, funcionamiento de la justicia, etcétera) que nos permite afirmar que la modernización social en los PSM está en marcha. Y es evidente que los países que apostaron enseguida por implicarse en este esquema de cooperación con la UE son los que avanzan a mejor ritmo en su modernización y progreso económico. Es el caso de Túnez, Jordania o Marruecos, que dispone ya de un Estatuto Avanzado que rige sus relaciones con la UE y que bajo la presidencia española ha celebrado su primera cumbre bilateral con la UE.

No es despreciable tampoco el esfuerzo financiero europeo en la región: 3.000 millones de euros al año (entre las aportaciones de 2.000 millones del Banco Europeo de Inversiones y casi 1.000 de la Comisión Europea), un montante quizá débil respecto a las ambiciones del Partenariado Euromediterráneo pero lejos de ser insignificante. A la hora del balance no puede decirse que estemos ante un fracaso. Y ahora, casi 15 años después, gracias al impulso político generado por la UpM, contamos con unas renovadas herramientas a nuestro servicio, potentes e indicadas para la promoción del desarrollo y la modernización de estos países.

En el plano conceptual, se trata de un esquema robusto, que requiere de una dotación suficiente para impulsar las reformas y continuar estrechando la diferencia Norte-Sur en el plano económico. En este sentido, es importante señalar el reto: conseguir crear 40 millones de empleo en el Sur para alcanzar una situación de estabilidad y crecimiento autónomo. Y para ello, los PSM deberían alcanzar tasas de crecimiento del 7-8%, como ha hecho Turquía durante la pasada década, en comparación con el 4% o 5% registrado por algunos de ellos. La crisis económica y financiera complica ciertamente la situación pero ese debe seguir siendo el objetivo.

Entre los los factores que podrían contribuir a una mayor convergencia entre la UE y los PSM están una mayor integración regional Sur-Sur, la apertura a nuevos productos y servicios en el marco de la Zona de Libre Comercio o el reforzamiento de los fondos estructurales destinados a la región. En ese sentido, serán importantes las negociaciones que arrancarán este año sobre las Perspectivas Financieras de la UE para el periodo 2014-20. Hay que conseguir un apoyo financiero similar al otorgado a ciertos países del Este e invertir así la cada vez más extendida creencia que las prioridades europeas pasan más por Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán, Armenia y Georgia que por sus vecinos del Sur y el Este mediterráneo.

Dicho de otra forma, debería movilizarse para los PSM un volumen de transferencia que junto a las aportaciones bilaterales de los países europeos y de otros países u organizaciones donantes en la comunidad internacional, representase un 3% o 4% de sus PIB. Un cambio de esta magnitud no es impensable desde el momento en que los presupuestos comunitarios destinarán probablemente menos esfuerzos a la política agrícola común y la política regional. En esta nueva etapa, será por tanto capital disponer de mayores fondos para dinamizar el progreso en los PSM pero este esfuerzo sería inútil si no alcanzan también un ritmo de reformas satisfactorio.

Reformas institucionales y económicas deberían ir pues de la mano y llevar a los PSM a alcanzar una mayor competencia a nivel económico al mismo tiempo que impulsan decididamente sus procesos de modernización social.