El islamismo y la política exterior americana

EE UU no tiene por qué apoyar los valores de los islamistas, pero sí velar por la calidad de los procesos políticos en los que participan, en aras de una verdadera democracia en la región.

Peter Mandaville

Aparentemente, las revueltas árabes de 2010-2011 plantearon numerosos retos a la política estadounidense en Oriente Próximo. El primero y principal fue la desaparición de diversos regímenes –en particular los de Egipto, Yemen y Túnez– cuyos líderes habían mantenido un firme alineamiento con las prioridades estratégicas de EE UU en la región. Y cuando quedó claro que los principales beneficiarios de las nuevas realidades políticas regionales serían varios partidos y movimientos islamistas, Washington se encontró frente a otra disyuntiva.

La opinión generalizada daba a entender que en EE UU existía un malestar profundamente arraigado hacia esos grupos. Para algunos observadores, el país era un enemigo ideológico del islamismo, mientras que otros atribuían esta actitud al perpetuo temor de Washington a que incluso los islamistas mayoritarios –los que habían optado por participar en el proceso democrático– tuviesen programas ocultos que, en última instancia, fuesen en contra de los intereses de seguridad estadounidenses. En algunos casos EE UU había sido cómplice de los esfuerzos de sus satélites en la región por suprimir y criminalizar a los islamistas, o, al menos, había hecho la vista gorda.

En consecuencia, cuando en 2011 estos grupos empezaron a adquirir preponderancia en las políticas de transición del mundo árabe, la sensación fue que Washington se encontraba en un atolladero. Unos años después, la situación parece haberse invertido. En toda la región los partidos islamistas han sido expulsados del poder, como en Egipto; puestos en desventaja política, como en Túnez; o se han convertido en fuerzas profundamente divisorias dentro de la sociedad, como es el caso de Libia. Si bien en la actualidad EE UU se enfrenta a un renovado desafío por parte de los islamistas violentos, como el grupo Estado Islámico y las filiales de Al Qaeda en Siria, el carácter de estos grupos difiere mucho del de los diversos partidos islamistas que decidieron tomar el camino de las elecciones y de la participación política.

¿Cómo ha manejado EE UU el impresionante ascenso y la igualmente espectacular caída de los actores políticos islamistas desde 2011? ¿Se puede identificar un cambio en la política estadounidense hacia esos grupos? Dados los acontecimientos recientes, ¿qué planteamiento cabe pensar que adoptará Washington en el futuro con respecto a las relaciones con los islamistas?

La mitología de ‘un hombre, un voto, una vez’

Para responder adecuadamente a estas preguntas, en primer lugar es importante tener una idea general de cuál ha sido la imagen del islam político que a lo largo de las últimas décadas se ha hecho la política exterior estadounidense. Aunque sabemos –gracias a los teletipos desclasificados del Departamento de Estado– que en las décadas de los cincuenta y sesenta los Hermanos Musulmanes egipcios estuvieron en el punto de mira de la administración americana, no se concedía una importancia especial a estos grupos más allá de plantearse si su carácter religioso podría convertirlos en socios útiles para frenar la expansión del socialismo en el Tercer Mundo. El islam político no se convirtió realmente en un tema por derecho propio dentro de la política exterior estadounidense hasta la revolución islámica iraní de 1979.

Durante muchos años este acontecimiento moldeó la concepción estadounidense del islamismo, a pesar de que la ideología revolucionaria tras él no estuviese en sintonía con la orientación de la mayoría del resto de islamistas, y de que, de hecho, fuese sumamente atípica en la historia y la tradición chiíes. Durante la década de los ochenta, EE UU se alineó con los muyahidin afganos en su lucha contra la invasión soviética, pero también en este caso contemplándolos a través del prisma de la política de la guerra fría. Por esta razón, los consideró ante todo un contrapeso al expansionismo soviético y apenas prestó atención al vacío político y de seguridad creado por la retirada soviética de Afganistán, que constituyó el auténtico crisol que acabó por dar origen a Al Qaeda.

El acontecimiento que marcó el rumbo de la política de EE UU hacia los movimientos y los partidos islamistas mayoritarios (del tipo de los Hermanos Musulmanes) fue, sin duda, la celebración de elecciones en Argelia en 1991. Cuando fue evidente que el islamista Frente Islámico de Salvación (FIS) iba a obtener la mayoría parlamentaria de dos tercios necesaria para cambiar la Constitución del país, el ejército argelino intervino y anuló las elecciones. El posterior conflicto político sumió a Argelia en la guerra civil durante casi una década.

En un discurso sobre la política de EE UU en Oriente Próximo pronunciado en la primavera de 1992, el diplomático de alto rango estadounidense, Edward Djerejian, señaló que, desde el punto de vista de su país, fue prudente por parte del ejército argelino evitar que el FIS llegase al gobierno, porque, en opinión de Washington, los islamistas aupados al poder por las urnas habrían sido un caso de “un hombre, un voto, una vez”. Es decir, se habrían servido de las urnas para adueñarse del Estado con el único fin de desmantelar acto seguido el sistema democrático y asegurarse de que no podrían ser desalojados del poder. Desde entonces, parece que el principio que ha guiado la política estadounidense hacia los islamistas ha sido el miedo a la posibilidad de “un hombre, un voto, una vez”. En su núcleo se encuentra la creencia –o, como mínimo, la fuerte sospecha– de que probablemente la aceptación de los ideales democráticos por parte de los islamistas sea un giro táctico al servicio de una visión totalitaria a más largo plazo.

Las raíces regionales de la política islamista

Pero, con el tiempo, los movimientos islamistas evolucionaron rápidamente. Hacia mediados de la década de los noventa, había indicios claros de que estos grupos ya no podían entenderse tomando como referencia la idea original de los “padres fundadores” islamistas (como el egipcio Hassan al Banna y el pakistaní Abul Ala Maududi), cuya actividad se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. En 1996, por ejemplo, un grupo de jóvenes líderes pertenecientes a los Hermanos Musulmanes de Egipto se escindió del movimiento principal e intentó formar un partido político propio denominado Al Wasat (Partido del Centro). Se quejaban de que el liderazgo de los Hermanos Musulmanes era conservador e intransigente, y de su incapacidad para actualizar su visión y su programa.

A estas diferencias claramente generacionales dentro de los grupos islamistas se sumaba el hecho de que la tendencia a la participación islamista en la democracia no decrecía. Hacia mediados de los años 2000, los partidos políticos islamistas se habían convertido en elementos fijos de la política de Marruecos, Egipto, Palestina, Líbano, Jordania, Yemen y Kuwait. En 2002, en Turquía, el Partido Justicia y Desarrollo, cuyas raíces se encuentran en el movimiento islamista turco, obtuvo una victoria aplastante y actualmente lleva en el poder una docena de años. Sin embargo, durante ese mismo periodo, la política estadounidense hacia los islamistas ha seguido siendo muy cautelosa. En 1995 Washington anunció que interrumpía toda relación con los Hermanos Musulmanes de Egipto.

En 2006, el rechazo de la victoria de Hamás en las elecciones legislativas palestinas por parte de EE UU pareció confirmar para muchos la idea de que sencillamente no había presdisposición para tratar con los islamistas. Sin embargo, hoy día está claro que esta interpretación de la actitud de EE UU hacia el islamismo es demasiado simplista. Desde un punto de vista privilegiado –y con más información a disposición– lo que parecía indicar una aversión ideológica por parte de EE UU puede tratarse bajo una luz muy diferente. Pongamos por caso la decisión de cortar los lazos con los Hermanos Musulmanes egipcios.

En 2005, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, confirmaba que la decisión en los años noventa de su país de interrumpir las contactos con la Hermandad tomada hacía una década había sido consecuencia directa de una petición por parte del gobierno de Hosni Mubarak más que un cambio de política originado en Washington. Durante ese periodo, el régimen de Mubarak había buscado cualquier oportunidad de manchar la reputación de un movimiento al que consideraba una amenaza política, vinculando a los Hermanos Musulmanes con el terrorismo a ojos de la opinión pública (anticipando, en otras palabras, la actitud del actual gobierno egipcio). Al mismo tiempo, tenía la esperanza de que el anuncio por parte de Washington de que la Hermandad había sido eliminada de su lista de interlocutores locales reforzaría el efecto.

En su declaración, Rice justificó el cambio de postura como respuesta a un favor solicitado por un aliado estrecho y leal. Por expresarlo de otro modo, la decisión de EE UU de interrumpir la relación con la Hermandad dice más de las relaciones bilaterales entre EE UU y Egipto que de cómo ve la política estadounidense a los grupos islamistas. De forma parecida, el revuelo que se produjo en Washington por la victoria de Hamás en 2006 probablemente se explique mejor en función de la preocupación estadounidense por la seguridad israelí y por el hecho de que un grupo calificado oficialmente de terrorista tomase el control de la Autoridad Palestina (AP), lo cual, según las leyes estadounidenses, hacía prácticamente imposible que la ayuda económica fluyese hacia los territorios palestinos.

Hay más indicios que hacen pensar que la política estadounidense en relación con los islamistas era más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Por ejemplo, en varios países de todo el mundo –entre ellos Indonesia y Yemen– los partidos islamistas participaron en programas de formación en democracia financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia (respectivamente, USAID y NED, por sus siglas en inglés) desde finales de la década de los noventa y durante la de 2000. Es difícil llegar a la conclusión de que EE UU tenía miedo de que el islamismo creciese cuando, en la práctica, sus organismos gubernamentales estadounidenses y el dinero de los contribuyentes estaban ayudando a esos grupos a competir políticamente.

Es más, a lo largo de la década de 2000 era habitual que los funcionarios de la administración americana se reuniesen con representantes de los partidos islamistas de Oriente Medio aprovechando encuentros y conferencias organizados por ilustres fundaciones de Washington como el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y el Centro para el Estudio del Islam y la Democracia (CSID, por sus siglas en inglés).

Un repaso a las relaciones con los islamistas

Desde muy temprano, la administración Obama dio señales de que EE UU reconocía la necesidad de volver a evaluar su postura en relación con los grupos islamistas. Hacia finales de 2009, dentro del Departamento de Estado un grupo de trabajo informal sobre islamismo examinó la cuestión, realizando un inventario de los compromisos diplomáticos estadounidenses con los islamistas en el extranjero. Este ejercicio reveló que, en países donde los islamistas eran activos, los diplomáticos estadounidenses allí destinados mantenían contactos bastantes regulares con sus representantes. Por supuesto, había algunas anomalías notables, como el caso de Egipto, donde regía la prohibición total de mantener tratos con los islamistas, pero eran la excepción más que la regla.

De hecho, no existía nada parecido a una política global de EE UU en relación con el islamismo. Aunque la tradición dictaba que, en general, estos grupos no eran recibidos en Washington (siempre y cuando lograsen obtener visados para viajar al país), y aunque EE UU hacía alarde de una inequívoca preferencia por colaborar con los segmentos no islamistas de la sociedad civil y con la esfera política en el extranjero, no era raro que los diplomáticos destinados en las secciones políticas de las embajadas estadounidenses en Oriente Medio se reuniesen de vez en cuando con islamistas. Es importante señalar que el trato con grupos como Hamás y Hezbolá, calificados oficialmente de organizaciones terroristas por la administración americana, se consideraba –y se sigue considerando– un asunto totalmente aparte.

De modo que, cuando las revueltas árabes derrocaron los regímenes de Túnez, Egipto y Libia en 2011, EE UU ya había reflexionado sobre la necesidad de enfocar de otra manera la cuestión de los islamistas. En consecuencia, el desafío inmediato no era averiguar la manera de acomodar la idea de fondo de que había que reforzar las relaciones con los islamistas –los altos cargos de la administración Obama ya se habían puesto de acuerdo sobre el tema un par de años antes de las revueltas– sino más bien cuáles eran las modalidades adecuadas. En este sentido, la peculiar geografía de la transición árabe dificultaba las cosas. En Egipto, EE UU no había tenido apenas contacto significativo con los Hermanos Musulmanes durante más de 15 años. En Túnez, el partido Ennahda había sido reprimido tan duramente por el régimen de Zine el Abidine Ben Ali que los diplomáticos de EE UU nunca habían tenido la oportunidad de llegar a conocer a sus integrantes.

Lo mismo se puede decir de Libia, donde Muamar Gadafi prácticamente había acabado con la Hermandad como fuerza social. Resumiendo, en 2011 EE UU se encontró de repente con la necesidad de establecer relaciones con los islamistas precisamente en los países en los que estaba peor preparado para hacerlo. La forma más directa de caracterizar la política estadounidense con respecto a los islamistas después de las revueltas árabes diciendo que Washington hizo todo lo que estuvo en su mano para no tener política al respecto.

Como queda de manifiesto en los discursos de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y del propio Obama, EE UU procuraba dejar claro que su deseo era tratar a los islamistas como uno más entre los muchos nuevos actores políticos que estaban modelando el futuro de la política árabe. No obstante, indicaba que existían áreas en las que persistía la preocupación al precisar que estaba dispuesto a colaborar con todos los grupos que renunciasen a la violencia y que defendiesen la completa igualdad de derechos de todos los ciudadanos, incluidas las mujeres y las minorías. A puerta cerrada, EE UU también hacía hincapié en sus expectativas de que los Hermanos Musulames mantuviesen su acuerdo de paz con Israel como condición previa para una cooperación diplomática duradera. Llegado el momento de poner en práctica la política hacia los islamistas en 2011, algunos casos fueron más sencillos que otros. Un par de meses después del derrocamiento de Ben Ali en Túnez, por ejemplo, los líderes veteranos de Ennahda visitaron Washington, manteniendo reuniones de relativamente alto nivel en el Departamento de Estado.

En Egipto, sin embargo, la magnitud de las distintas sensibilidades en torno a los Hermanos Musulmanes hacía las cosas mucho más difíciles. De hecho, en ese país, uno de los principales obstáculos tenía más que ver con la política interior estadounidense. Por ejemplo, para muchos miembros del Congreso de EE UU, los Hermanos Musulmanes de Egipto no se diferenciaban de Hamás. Hubo prominentes legisladores que plantearon dudas acerca de las intenciones de la administración con respecto a la Hermandad, y algunos sostenían que la ayuda económica estadounidense a Egipto se debería restringir si los islamistas llegaban al poder. Además de estos problemas internos, los diplomáticos estadounidenses también tenían que darse prisa si querían estar al tanto de la rápida evolución de la situación política en Egipto.

A modo de recordatorio de que el establecimiento de relaciones es de hecho un proceso bidireccional, en un primer momento los Hermanos Musulmanes fueron más bien reacios a reunirse –o a reconocer oficialmente cualquier reunión– con la administración americana por temor a que pareciese que tenían demasiada prisa y estaban demasiado dispuestos a hacer tratos con un país al que llevaban décadas criticando severamente. Sin embargo, hacia finales de 2011, una vez estuvieron seguros de su predominio político en Egipto, no tuvieron reparos en responder al claro abrazo de Washington.

Normalizar a los islamistas

Se puede afirmar que la verdadera prueba para la política estadounidense con respecto a los Hermanos Musulmanes de Egipto no llegó hasta que Mohamed Morsi asumió el control total del poder ejecutivo a finales del verano de 2012. Hasta ese momento, con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) todavía gobernando el país, Washington confiaba en que su antiguo y fiel aliado, el ejército egipcio, actuaría como garante último de la estabilidad independientemente de que los islamistas resultasen vencedores en las elecciones. Sin embargo, cuando el CSFA abandonó el poder, Washington se preparó para lo peor.

Algunas señales tempranas hicieron saltar las alarmas. El primer viaje internacional de Morsi lo llevaría a China e Irán, lo cual despertó en Washington el temor de que la Hermandad proyectase reorientar el alineamiento geoestratégico de Egipto apartándolo de Occidente. Por eso, para EE UU fue una agradable sorpresa que Morsi ofreciese una crítica bastante estridente del papel desempeñado por Teherán a la hora de exacerbar la violencia en Siria. Más tarde, en otoño de 2012, cuando estalló la violencia en la Franja de Gaza, Morsi ejerció un papel decisivo como negociador en el alto el fuego tan esperado por Washington. Esta disposición a contribuir a hacer avanzar la agenda de EE UU en la región, unida al hecho de que el gobierno egipcio mantenía la mayoría de áreas clave en materia de cooperación para la seguridad con EE UU parece que convencieron a la Casa Blanca de que se podía confiar en los Hermanos Musulmanes como socio.

Efectivamente, da la impresión de que EE UU se dio prisa en volver más o menos a una variante de la que había sido su política hacia Egipto en las décadas anteriores: cooperar y dar apoyo a quienquiera que ocupase el poder en El Cairo mientras los intereses estratégicos estadounidenses quedasen a salvo. Por supuesto, una consecuencia de esta política es la idea de que se espera que Washington se abstenga de cualquier crítica severa a lo que ocurre en el ámbito nacional egipcio. Y, en efecto, EE UU ha dicho y hecho relativamente poco en relación con las diversas violaciones de la democracia y los derechos humanos perpetradas tanto por el gobierno del CSFA como por el de Morsi, por no mencionar las ocurridas durante el mandato del actual presidente Abdelfatah al Sisi. Tras el golpe de Estado militar de 2013 en Egipto, Washington se vio enfrentado a un dilema. Si apoyaba el derrocamiento por parte de Al Sisi del presidente elegido legítimamente parecería que estaba dando un paso atrás en su firme compromiso de 2011 de ponerse de parte de la causa de la democracia en el mundo árabe.

Cuando en agosto de 2013 las fuerzas de seguridad egipcias mataron a unas 1.000 personas que protestaban contra el golpe en el exterior de la mezquita cairota de Rabaa al Adawiya, lo que vimos fue el extremo violento de una lanza más larga diseñada para erradicar sistemáticamente a los Hermanos Musulmanes como actor político y resituar la identidad y las actividades del grupo bajo el manto del “terrorismo”. Preocupado por los problemas de estabilidad regional –la guerra civil sectaria en Siria, el aumento de la violencia en Libia y en el Sinaí, la incapacidad para gobernar Irak y las ambiciones nucleares iraníes–, Washington fue ampliamente tolerante con la campaña contra la Hermandad. Además, el asunto de los Hermanos Musulmanes no tardó en volver a convertirse en el eje de la división geopolítica regional, en la que los países que apoyan a los islamistas (en particular Turquía y Catar) se enfrentan a una coalición (Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos) dedicada a aplastarlos.

La aparición del grupo Estado Islámico ha complicado los cálculos de Washington con respecto a la Hermandad. Actualmente, EE UU rechaza hacer cualquier cosa que pueda suponer una ofensa para estos países –Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto– de los que depende para aplicar su estrategia frente al EI. Esto significa que, al menos a corto plazo, es imposible que EE UU se comprometa con los Hermanos Musulmanes. Si bien los reveses políticos sufridos por los islamistas en 2013 y 2014 pueden facilitar a EE UU un aplazamiento temporal del desafío que supone negociar con los islamistas mayoritarios, está claro que es una cuestión a la que al final Washington tendrá que enfrentarse. Los cuerpos de seguridad egipcios no pueden acabar con los Hermanos Musulmanes como fuerza social, y es probable que en algún momento el gobierno del Cairo tenga que renegociar la vuelta de los islamistas a la vida pública (como hicieron en la década de los setetenta). ¿Y qué hará Washington entonces?

Aunque no cabe duda de que los islamistas todavía tienen que abrirse a una concepción completa del pluralismo político, en este sentido apenas se diferencian de otros países de la región que disfrutan de un sólido apoyo por parte de EE UU. En un discurso pronunciado por la secretaria de Estado, Clinton, en 2011, EE UU reconoció abiertamente que sin democracia sería imposible que la estabilidad y la seguridad duraderas llegasen al mundo árabe. A fin de cuentas, la política estadounidense hacia el islamismo debe ser resultado de esta visión estratégica más amplia. Para que la verdadera democracia llegue a Oriente Medio, será necesaria la participación de los islamistas. EE UU no tiene por qué apoyar sus políticas o sus valores, pero, en aras de la estabilidad a largo plazo, debe velar por la calidad de los procesos políticos que los conducen al poder o los privan de él.