Túnez en clave política de riesgo y oportunidad

Los comicios representan el tablero de juego donde se dilucida la capacidad del nuevo sistema político constitucional para afrontar desafíos en el corto plazo.

Guadalupe Martínez Fuentes

El 23 de octubre de 2011, los tunecinos eligieron una Asamblea Constituyente encargada de componer y fiscalizar al poder ejecutivo, redactar la nueva Carta Magna y convocar las primeras elecciones de la democracia constitucional. Factores políticos, económicos y de seguridad de carácter nacional e internacional han dificultado tales tareas y forzado la revisión de los plazos y los métodos de la hoja de ruta transicional inicialmente trazada. Sin embargo, no han impedido el alcance de la meta prevista. Por ello, Túnez se ha convertido en referente regional de esfuerzo y de logro en aprendizaje democrático y en “desinstitucionalización” del legado dictatorial del antiguo régimen. Los comicios legislativos del 26 de octubre de 2014 representan el tablero de juego político donde ya se puede dilucidar la capacidad del nuevo sistema político constitucional para afrontar en el corto plazo otras misiones principales.

La primera, la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía. La segunda, el control del ejercicio del poder para obstaculizar potenciales vías de emergencia de renovadas formas de poder dictatorial. La tercera, la gobernabilidad del sistema político. Así, el componente político de riesgo y de oportunidad de las elecciones legislativas se ha proyectado sobre cuatro elementos clave: el pluralismo político de la oferta electoral; la neutralidad política de la gestión de los comicios; la implicación ciudadana en el proceso electoral; y las posibilidades de la conformación de un gobierno estable. Este artículo ofrece un análisis de los cuatro elementos. Para ello, utiliza una perspectiva comparada que permite vislumbrar elementos de continuidad y cambio en la evolución de la política electoral tunecina entre 2011 y 2014.

Pluralismo político de la oferta electoral

La legislación electoral tunecina de 2011 excluyó de las candidaturas a la Asamblea Constituyente a cerca de 10.000 electores por haber sido miembros de gobiernos de Zine el Abidine Ben Ali y afiliados a su partido, cargos de dirección nacional, regional, local y/o sectorial de su aparato, o suscriptores de la petición de renovación de la candidatura presidencial de Ben Ali en el verano de 2010. El debate sobre la oportunidad de repetir, extender, limitar o suprimir esta medida en las elecciones legislativas de 2014 se abrió en abril de 2012, cuando 130 de los 217 diputados plantearon a la Asamblea un proyecto de ley orgánica para “la inmunización política de la revolución” con la que se preveía multiplicar el número de expulsados de la contienda electoral a causa de su pasada vinculación con las instituciones y el aparato partidista de sustento del antiguo régimen.

La propuesta no solo desató la crítica de organizaciones locales y extranjeras de defensa de los derechos humanos, sino que también trazó una profunda fractura tanto entre los partidos del gobierno de coalición como entre las fuerzas políticas de la oposición. La tensión generada entre los defensores de las diferentes alternativas políticas recomendó primero postergar y luego abandonar la votación del proyecto de ley a fin de acelerar los trabajos asamblearios de redacción de la nueva Constitución.

La redacción de la nueva ley electoral en marzo de 2014 reabrió la batalla de posiciones en el seno de la Asamblea con argumentos cruzados sobre la oportunidad y riesgo de las distintas soluciones. Por una parte, la limitación del derecho de sufragio pasivo por los motivos políticos señalados distanciaría al país de criterios básicos de integridad electoral democrática exigida, pero a la vez lo protegería del potencial acceso de remanentes dictatoriales del pasado a las nuevas instituciones constitucionales. Por otra parte, suprimir todo veto político a la concurrencia electoral reforzaría el pluralismo político de la competición electoral, a costa de resistir la incertidumbre sobre la disposición de los votantes a sancionar o premiar valores y figuras relacionadas con el autoritarismo burguibista y benalista.

Finalmente, la apuesta mayoritaria de la Asamblea recayó sobre la segunda opción. La respuesta del electorado ha sido el respaldo mayoritario al espíritu de reconciliación nacional, manifiesto en tres tendencias dominantes de comportamiento electoral. Una, la apuesta masiva por los partidos que defendieron el fin de la exclusión política. Otra, el descarte de las fuerzas políticas claramente hereditarias del régimen anterior –como el Movimiento Destur. La última, la concesión del beneficio de la duda a aquellas formaciones que –como Nida Tunes y el Movimiento Al Mubadara– reúnen a nuevas personalidades políticas identificadas con valores revolucionarios y a antiguos representantes del benalismo reconvertidos para la defensa del nuevo régimen.

Imparcialidad de la gestión electoral

Apenas a un año del inicio de la legislatura, la oposición política tunecina arrojó una sombra de duda sobre la potencial imparcialidad institucional en la conducción de las futuras elecciones legislativas. El fundamento de esta denuncia fue el solapamiento de dos circunstancias. Por una parte, los miembros del ejecutivo podrían revalidar su candidatura en la siguiente convocatoria electoral, derecho anteriormente vetado al ejecutivo de la primera fase de transición.

Por otra parte, el nuevo gobierno había desplegado en el mapa de cargos administrativos y políticos regionales y locales a miles de militantes y afines a su coalición, susceptibles de manipular la gestión electoral. Según el tripartito, las críticas recibidas por ambas prácticas –normalizadas en democracias consolidadas– evidenciaban la falta de respeto de la oposición a la expresión de la voluntad de la mayoría política y un afán por obstaculizar la acción de gobierno. A riesgo de que la generalización de desconfianza sobre el compromiso democrático de ambos polos diera al traste con el proceso de transición emprendido, los dos coincidieron en valorar positivamente la oportunidad de que una Mesa de Diálogo Nacional saldara la disputa al margen de la lógica mayoría-minoría, gobierno-oposición.

En esta Mesa las partes en disputa acordaron el remplazo del gobierno político de coalición por uno de consenso y carácter tecnocrático que renunció a presentar candidatura a las elecciones legislativas y dedicó gran parte de su mandato al remplazo de los cargos públicos políticos y administrativos periféricos que pudieran desvirtuar la conducción del proceso electoral. Gracias a la adopción de estas medidas excepcionales, las misiones de observación electoral internacional y local desplegadas en Túnez con motivo de las elecciones legislativas han coincidido al valorar en sus informes preliminares que, pese a las disfunciones menores aún presentes en el diseño y ejecución de la gestión electoral, la neutralidad política de las instituciones tunecinas ha sido incuestionable. Esta conclusión común refuerza la carga de legitimidad democrática de los resultados electorales y de la Cámara de Representantes que ha surgido.

A la vez, demuestra una clara superación y ruptura institucional con la cultura política y las prácticas tradicionales de manipulación electoral vigentes en el país durante décadas de autoritarismo burguibista y benalista.

Implicación ciudadana

El bajo nivel de participación electoral registrado en los comicios constituyentes de 2011 empañó el valor de este sufragio y puso en tela de juicio la involucración cívica con la selección del cauce electoral como vía de cambio de régimen. De ahí que, de cara a la celebración de las elecciones legislativas de 2014, propiciar la implicación ciudadana en los comicios transcendiera el mero sentido de oportunidad propio de los integrantes de la oferta electoral para llegar a convertirse en asunto de Estado.

El riesgo político de que se reprodujera una elevada tasa de abstención en esta convocatoria quedaba asociado a un fracaso de la labor de pedagogía política e inculturación democrática indispensable para el progreso del proceso de democratización del régimen. Por este motivo, no solo la Instancia Superior Independiente para las Elecciones redobló esfuerzos para movilizar la inscripción voluntaria de los ciudadanos en el registro de electores en el país y en el extranjero. Toda una suerte de campañas publicitarias e informativas para propiciar la actualización del censo electoral y la movilización del voto fue impulsada desde instituciones políticas, medios de comunicación privados y un nutrido número de asociaciones ciudadanas locales dedicadas a la pedagogía democrática y/o a la fiscalización del proceso electoral.

Este esfuerzo colectivo político y social, institucional y extra-institucional, sumado al alto nivel de competitividad percibida entre las dos principales fuerzas políticas del país, Ennahda y Nida Tunes, propiciaron un espectacular incremento de la tasa de participación ciudadana en 2014 respecto a la convocatoria electoral anterior. La notoria cota del 70% se ha rebasado en casi la tercera parte de la 33 circunscripciones del mapa electoral, pese a la existencia de factores desmovilizadores como la amenaza terrorista a la seguridad de los votantes y el agotamiento ciudadano tras una legislatura marcada por la crispación política y la crisis económica.

Conformación de un gobierno estable

Si las elecciones fundacionales tunecinas de 2011 dieron lugar a una Asamblea Constituyente muy fragmentada (concediendo representación a 19 formaciones políticas y ocho listas de electores), las legislativas de 2014 han prorrogado esta pauta de distribución del poder representativo. Los tunecinos han dispersado su voto entre 19 fuerzas políticas, volviendo a propiciar un juego de aritmética parlamentaria que impide la articulación de un gobierno monocolor. Si en 2011 el partido político más votado, Ennahda, logró 89 de los 217 escaños, las primeras estimaciones en 2014 apuntan que la fuerza mayoritaria, Nida Tunes, se hará con 85 escaños de la Cámara de Representantes. En consecuencia, el resultado de estas elecciones reproduce el riesgo de desestabilización del gobierno y reabre la oportunidad de conciliación y consenso entre fuerzas políticas representativas.

Esta parece imprescindible para afrontar importantes reformas económicas, fiscales y financieras demandadas por instancias locales e internacionales en el marco de una coyuntura nacional marcada por la ralentización del crecimiento económico, el estancamiento de la inflación, el desempleo y la inamovible desconfianza de las agencias internacionales de calificación de deuda. Una gran coalición entre Nida Tunes y la segunda fuerza más votada (Ennahda) se vislumbra como la alternativa de gobierno más propicia en términos de fortaleza parlamentaria, agregación de intereses políticos y conciliación de identidades sociales. Sin embargo, esta comporta un importante componente de riesgo en clave de cohesión de partido para ambas organizaciones, ya que cuentan con bases militantes y simpatizantes intensamente confrontadas.

Dado el carácter centrista de Nida Tunes en lo social, liberal en lo económico y secular en lo identitario, una segunda opción de formación de gobierno podría basarse en la afinidad ideológica de sus integrantes a costa de elevar el número de partidos presentes en el ejecutivo. Esta sería la suma de Nida Tunes a la tercera y la quinta fuerza política (los liberales laicistas Unión Patriótica Libre y Afek Tunes) para alcanzar la mayoría absoluta mínima de 109 escaños. Como tercera posible alternativa, Nida Tunes podría conformar un gobierno con sus antiguos aliados del Frente de Salvación Nacional, con quienes intentó derrocar al gobierno de la Troika en el verano de 2013. En tal caso, la base ideológica del ejecutivo se escoraría hacia la izquierda progresista y laicista, a costa de ampliar hasta al menos siete el número de partidos representados en el gobierno.

Por último, Nida Tunes podría articular en un tripartito a los liberales y los izquierdistas más votados (Unión Patriótica Libre y Frente Popular) para obtener el respaldo de una holgada y plural mayoría absoluta parlamentaria. Sin embargo, ello exigiría la conciliación programática de proyectos económicos diametralmente opuestos, constituyendo la alternativa más riesgosa de bloqueo, desestabilización o desintegración gubernamental. Ni que decir tiene que las negociaciones interpartidistas que ya jalonan las elecciones presidenciales previstas para el 23 de noviembre condicionarán la formación del gobierno. Con todo, estas entrañan sus propias y particulares claves políticas de riesgo y oportunidad para la construcción democrática del país. Por ello, merecen un análisis electoral paralelo.