Derechos humanos con el nuevo soberano

Arrestos arbitrarios, falta de libertad de expresión y asociación, discriminación de la mujer o por motivos religión, siguen siendo algunas de las acusaciones contra el reino.

Adam Coogle

El 23 de enero de 2016 se cumplía un año de la entronización del rey Salman bin Abdelaziz al Saud, un cambio de liderazgo que, sin embargo, no ha aportado avances significativos en la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí.

En 2016, las autoridades del país siguen practicando detenciones arbitrarias, juzgando y condenando a disidentes pacíficos. Docenas de defensores y activistas por los derechos humanos cumplen largas penas de prisión por criticar al gobierno o reclamar reformas en materia de política y derechos. Las autoridades siguen discriminando a las mujeres y a las minorías religiosas. En los ataques aéreos de la coalición –encabezada por Riad– contra las fuerzas hutíes en Yemen, se ha recurrido a bombas de racimo prohibidas y a bombardeos ilegales causando víctimas civiles.

Libertad de expresión, asociación y credo

Arabia Saudí continúa reprimiendo la militancia pro-reformista y la disidencia pacífica. En 2016, más de una docena de prominentes activistas, acusados de cargos relacionados con sus actividades pacíficas, cumplen largas penas de cárcel.

En 2014, el tribunal antiterrorista saudí condenó al destacado activista Walid Abu al Jair a 15 años de prisión. Los cargos que se le atribuían se derivaban únicamente de sus críticas pacíficas, en entrevistas a los medios y en las redes sociales, a las violaciones de los derechos humanos.

El 9 de enero de 2015, el famoso bloguero Raif Badawi recibió 50 azotes en público. El castigo era parte de la condena que recibió en 2014 por abrir un sitio web liberal e insultar presuntamente a las autoridades religiosas. El 7 de junio el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia de Badawi a 10 años de cárcel y mil latigazos.

A principios de 2016, Arabia Saudí ya había encarcelado a casi todos los fundadores de la prohibida Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA). Sólo quedaban dos –Abdulaziz al Shubaily e Issa al Hamid–, que estaban siendo juzgados por sus actividades pacíficas pro-reformistas.

El gobierno siguió negándose a legalizar los grupos políticos o defensores de los derechos humanos, cuyos miembros están perseguidos por “fundar una organización no registrada”. En diciembre de 2015, el ejecutivo saudí aprobó una nueva ley que autorizaba por primera vez la creación de organizaciones de la sociedad civil, pero sigue sin promulgarse la normativa de aplicación de dicha ley, y no está claro si las autoridades permitirán la actuación de grupos de derechos humanos independientes.

Arabia Saudí no tolera la práctica pública de religiones distintas a la oficial, y discrimina sistemáticamente a las minorías religiosas musulmanas, en particular el chiismo duodecimano y el ismaelismo. Esta marginación afecta la educación pública, el sistema judicial, la libertad religiosa y el empleo. Los dirigentes religiosos afiliados al gobierno siguen desdeñando el islam chií en declaraciones y documentos públicos.

Desde noviembre de 2014, los militantes adscritos al grupo armado extremista Estado Islámico (EI) han perpetrado seis grandes atentados contra el chiismo saudí, con un balance de al menos 40 muertos y más de 100 heridos.

En noviembre de 2015, un tribunal condenaba a muerte al poeta palestino Ashraf Fayadh, por presuntas declaraciones blasfemas en un grupo de debate y un libro de poemas. Posteriormente, le rebajaron la condena a ocho años de cárcel y 800 latigazos.

Justicia penal

Es habitual que con los detenidos, también niños, se infrinjan sistemáticamente el derecho a un proceso y juicio justos, incluyendo la detención arbitraria. Es común que los jueces condenen a los acusados a cientos de azotes.

La ley saudí se basa en la aplicación de la sharia (ley islámica). Aunque no hay un código penal formal, el gobierno ha aprobado varias leyes y normativas que castigan con sanciones penales determinados delitos ampliamente definidos. No obstante, ante la falta de un código penal escrito o de normativas acotadas, jueces y fiscales pueden criminalizar un amplio abanico de delitos, asimilándolos a acusaciones generales, como “falta de lealtad hacia el gobernante” o “intento de distorsionar la reputación del reino”.

No siempre se informa a los sospechosos del delito de que se les acusa ni se les permite acceder a las pruebas, a veces ni siquiera cuando ya ha arrancado el juicio. Por lo general, las autoridades no permiten a los letrados asistir a los acusados durante los interrogatorios, y a veces hasta les impiden interrogar a testigos y presentar pruebas en la causa.

En 2016, se sigue arrestando a los sospechosos durante meses e incluso años, sin revisión judicial ni acusación.

Los fiscales pueden ordenar a voluntad detenciones y encarcelamientos, también de niños. Si los menores presentan signos físicos de la pubertad, se los puede juzgar por delitos capitales y condenar como si fueran adultos. Tres hombres –Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawud al Marhun– están en el corredor de la muerte por delitos relacionados con protestas, supuestamente cometidos antes de cumplir los 18. Los juicios de todos ellos estuvieron viciados por violaciones del debido proceso y la negativa a investigar las declaraciones de los acusados, según los cuales sus confesiones se habían obtenido mediante tortura.

El 2 de enero, las autoridades saudíes aplicaron la pena de muerte a 47 ciudadanos por delitos de terrorismo, la mayor ejecución masiva en el país desde 1980. Entre los ajusticiados se encontraba el destacado clérigo chií Nimr Baqr al Nimr, condenado en 2014, básicamente por delitos verbales, así como por atacar presuntamente a la policía en su detención. Al Nimr negó haber ejercido violencia alguna, pero los tribunales saudíes lo condenaron tras un proceso ilegítimo en el que no se le permitió interrogar a los testigos policiales. Su ejecución provocó el ataque por parte de manifestantes a la embajada saudí en Irán, así como la interrupción de relaciones diplomáticas entre ambos países.

En los últimos años, el número de ejecuciones en Arabia Saudí ha aumentado de modo espectacular. Según el Ministerio del Interior, desde agosto de 2014 se ha ejecutado como mínimo a 303 personas, la mayoría por asesinatos o delitos relacionados con la droga. La pena capital se aplica casi siempre mediante decapitación, a veces en público.

Los derechos de las mujeres y las niñas

El discriminatorio sistema saudí de tutela masculina sigue intacto, a pesar del compromiso gubernamental de abolirlo. En virtud de este sistema, las políticas y prácticas ministeriales prohíben a la mujer obtener el pasaporte, contraer matrimonio o viajar sin la autorización de un tutor varón, que suele ser el marido, padre, hermano o hijo. Las autoridades tampoco impiden a los empresarios exigir la aprobación de un tutor varón para contratar a una mujer adulta, ni a los hospitales requerir el visto bueno de un tutor antes de practicar determinados procedimientos médicos a las pacientes.

Según unas normas no escritas sobre el estatuto personal, las mujeres no pueden casarse sin el permiso de su tutor; a diferencia de los hombres, carecen de derecho unilateral al divorcio y es frecuente que se las discrimine en la custodia de los hijos.

Se prohibe a todas las mujeres conducir. En diciembre de 2014, dos saudíes fueron detenidas por ir en coche hasta la frontera con Emiratos Árabes Unidos, y permanecieron retenidas 73 días, hasta ser finalmente puestas en libertad sin cargos.

Para las elecciones celebradas en diciembre de 2015, por primera vez se autorizó que las mujeres se registraran tanto para votar como para ser candidatas. Sin embargo, a principios de 2016, se dispuso la división por sexo de los consejos, que las mujeres podrían observar desde otra sala por videoconferencia.

Derechos de los trabajadores inmigrantes

Más de nueve millones de inmigrantes ocupan puestos de trabajo manuales, de oficina o en el sector servicios. Son muchos los sometidos a abusos y explotación, a veces hasta el extremo de sufrir condiciones propias de trabajo forzado.

El sistema de la kafala (acogida) vincula los permisos de residencia de los trabajadores inmigrantes a los empresarios “de acogida”, cuya autorización por escrito es necesaria para que dichos trabajadores cambien de compañía o salgan del país en circunstancias normales. Hay patrones que confiscan pasaportes ilegalmente, retienen salarios y obligan a los empleados a trabajar contra su voluntad.

En octubre de 2015, las autoridades laborales emitieron directrices que introducían o aumentaban las sanciones a los empresarios que infringieran la normativa laboral. Entre estas infracciones, están la prohibición de confiscar el pasaporte de los trabajadores inmigrantes, la impuntualidad en el pago de salarios y la no facilitación de copias de los contratos de trabajo a los empleados.

La policía y las autoridades laborales han continuado deteniendo y deportando a trabajadores extranjeros por incumplir la legislación laboral vigente. Se trata de aquellos sin permiso de residencia o de trabajo válido o que trabajan para un empresario que no es el de acogida.

Los empleados del hogar, principalmente mujeres, se enfrentan a múltiples abusos, entre ellos exceso de trabajo, confinamiento forzoso en el lugar de trabajo, impago y privación de alimentos, así como violencia psicológica, física y sexual. Sin embargo, el gobierno no exige responsabilidades a los ciudadanos para quienes trabajan. En ocasiones, quienes han denunciado ser víctimas de estos abusos han sido acusados de robar y de practicar “magia negra” o “brujería”.

Ataques aéreos y asedio en Yemen

El 26 de marzo de 2015, una coalición de países encabezada por Arabia Saudí inició una campaña de bombardeos aéreos contra fuerzas hutíes en Yemen y un asedio por mar y aire. Los ataques aéreos iban dirigidos contra objetivos hutíes en la capital, Saná, y otras ciudades, pero también dejaron muchos muertos y heridos civiles. En marzo de 2016, el conflicto armado ya había costado la vida de 3.000 civiles en Yemen, principalmente por los bombardeos de la coalición.

Human Rights Watch ha investigado varios ataques aéreos comandados por Arabia Saudí aparentemente ilegales. Entre ellos, el bombardeo de una fábrica de leche en el puerto de Hodaida el 31 de marzo de 2015, que causó la muerte de al menos 31 civiles; los ataques a objetivos civiles en el bastión huti de Saada, en el Norte, entre abril y mayo, con docenas de víctimas, y el bombardeo de dos complejos residenciales de la ciudad portuaria de Moca, donde perdieron la vida por lo menos 65 personas.

La coalición ha utilizado bombas de racimo, prohibidas por 117 países, en zonas pobladas por civiles, dejando a su paso heridos y muertos. El 16 de enero de 2016, las fuerzas de la coalición liderada por Riad lanzaron bombas de racimo en barrios residenciales de Saná.

El asedio impuesto por la coalición también ha afectado gravemente a la población civil yemení. Según Naciones Unidas, en septiembre la mitad de los ciudadanos padecía inseguridad alimentaria, y 21 millones –nada menos que el 80%– precisaba ayuda humanitaria. Más de 15,2 millones carecían de acceso a asistencia sanitaria básica y 20 millones de habitantes carecían de agua potable.