Israel: en guerra y a la espera de elecciones

El atentado terrorista del 7 de octubre de 2023, de una magnitud sin precedentes, supuso un punto de inflexión crucial para la región. El hecho de que una violencia semejante pudiera desatarse en territorio israelí, en los alrededores de Gaza, reveló una vulnerabilidad inédita de Israel. A pesar de su considerable arsenal militar y del alto nivel de preparación de sus fuerzas armadas, alrededor de 2.000 miembros de Hamás fueron capaces de asaltar bases militares y penetrar en una quincena de localidades para perpetrar matanzas sistemáticas (más de 1.200 personas asesinadas). Además, 240 personas fueron tomadas como rehenes a Gaza.

Ante tal violencia, como Israel jamás había conocido desde su creación, resultaba evidente que la respuesta sería fuera de lo común, pero ¿hasta dónde? Casi tres años después, se observa que Israel ha emprendido un cambio radical en la configuración regional con el objetivo de debilitar de forma duradera, o incluso eliminar, lo que Benjamin Netanyahu ha denominado el « eje del mal », la alianza Hamás-Hezbolá-Irán. Para Israel ya no se trataba solo de debilitar temporalmente a este trío, sino de asestarles un golpe, si no fatal, al menos muy grave. A principios de junio de 2026, cabe decir que Israel ha cosechado numerosos éxitos tácticos, pero los objetivos estratégicos no se han alcanzado por el momento, aunque es necesario distinguir entre los tres teatros de operaciones.

ÉXITOS TÁCTICOS, IMPASES ESTRATÉGICOS

El 10 de octubre de 2025, Donald Trump logró imponer un alto el fuego en Gaza que puso fin oficialmente a la guerra en la Franja. Para ser más precisos, el alto el fuego puso fin a la fase directa y violenta de la guerra, pero no impidió que continuara un « conflicto de baja intensidad », que se materializó sobre todo en ataques selectivos y regulares del ejército contra militantes de Hamás. El alto el fuego se enmarca en un plan estadounidense más amplio, pero este último ha quedado en gran medida en papel mojado. La fuerza internacional de estabilización que debía encargarse de la seguridad interior nunca ha visto la luz; el comité nacional para la administración de Gaza, supuestamente encargado de gestionar el territorio, está bloqueado en El Cairo, marginado tanto por Israel como por la Autoridad Palestina; y el Consejo para la Paz, presidido por Trump y que debería dar el impulso general, languidece. Esta situación no disgusta a Israel que, al no tener que rendir cuentas ante nadie, consolida metódicamente su zona de seguridad en el interior de la Franja. Al principio, esta zona delimitada en amarillo abarcaba el 54% del territorio gazatí; desde entonces se ha ampliado a más del 60%. Los palestinos que residían en ella han tenido que abandonarla casi en su totalidad. El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, declaró que la « línea amarilla » era la « nueva frontera » para el Estado de Israel. Israel ha optado por controlar tanto terreno como sea posible, al tiempo que restringe la superficie de la zona habitada por los palestinos y que sigue bajo control de Hamás a la espera de su hipotético desarme. Por la fuerza de las armas, Israel ha diezmado el estado mayor de Hamás, matando a Mohamed Deif, responsable de las Brigadas Al Qassam; a Ismael Haniyeh, jefe de la oficina política; a Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza, y a un número importante de comandantes de rangos intermedios. Estas eliminaciones, y toda la campaña militar que las acompañó en un entorno urbano muy denso, causaron numerosas víctimas civiles: según datos del propio ejército, el 83% de las víctimas (43.900 de un total de 53.000 muertos en mayo de 2025, según The Guardian, 21 de agosto de 2025). Sin embargo, esta guerra, si bien ha debilitado considerablemente a Hamás, no ha conducido a su eliminación. La desaparición política de Hamás, objetivo estratégico primordial, no se ha logrado.

El impasse es similar en el frente libanés. El 8 de octubre de 2023, Hezbolá inició una guerra de desgaste para apoyar a Hamás en Gaza. Esta acabó desembocando, en septiembre de 2024, en bombardeos e incursiones terrestres en el sur de Líbano, tras una serie de explosiones programadas de buscas y walkie-talkies que afectaron de lleno a los cuadros de mando de Hezbolá. Finalmente, Hassan Nasrallah, líder de la organización desde 1992, también acabó siendo eliminado a finales de septiembre. Es innegable que Hezbolá ha encajado golpes muy duros, sin embargo, una vez más, sigue siendo un actor importante. Prueba de ello es que tras el estallido de la guerra israelí-estadounidense contra Irán, el 28 de febrero de 2026, Hezbolá volvió a lanzar cohetes contra el norte de Israel, lo que precipitó una intervención terrestre a gran escala por parte de Israel. Aunque posteriormente se negociaron treguas precarias, el principal problema en el sur de Líbano radica en que una pacificación duradera depende también de Irán que, más aún desde los ataques contra su propio territorio, utiliza abiertamente a Hezbolá como instrumento para mantener la presión militar en el norte de Israel. A la espera de que la situación se estabilice, Israel ha recurrido a métodos similares a los utilizados en Gaza: consolidación de una zona de seguridad a lo largo de toda la frontera internacional, evacuación forzosa de la población de determinados pueblos situados en dicha zona, demolición de viviendas…

El único avance positivo de los últimos meses ha sido el inicio oficial de contactos entre el Estado libanés e Israel en Washington para alcanzar un acuerdo político más amplio. Esta perspectiva todavía es lejana y depende en gran medida del desarme de Hezbolá, que se opone frontalmente a una normalización, siquiera parcial, entre Líbano e Israel.

Por último, en el frente iraní se observa una contradicción de la misma naturaleza entre los éxitos tácticos y el estancamiento estratégico. Entre los éxitos cabe contar, evidentemente, tras la eliminación de numerosos altos mandos militares iraníes durante la guerra de los Doce Días (13-24 de junio de 2025), el asesinato selectivo del líder supremo, Alí Jamenei, el 28 de febrero.

Posteriormente, las fuerzas combinadas de Israel y EEUU bombardearon intensamente sobre todo zonas de lanzamiento de misiles y drones, así como puestos de mando, lo que redujo drásticamente las capacidades militares ofensivas de la República Islámica. Sin embargo, el régimen no se derrumbó, en contra de las expectativas iniciales de Israel y EEUU. El cambio de régimen, que podría haber sido un objetivo estratégico, se descartó y, desde el alto el fuego del 8 de abril, nos encontramos en una extraña situación de « ni paz ni guerra », con un doble bloqueo en el estrecho de Ormuz que penaliza a toda la economía mundial. Este punto muerto estratégico llevó finalmente a EEUU a firmar, el 17 de junio, un memorando de entendimiento con Irán que pone fin a la guerra y contempla una solución global (incluida la cuestión nuclear). Este giro inesperado supone un claro revés para Israel.

Los casi tres años de guerra en los que Israel se ha embarcado han demostrado que el país es, sin duda, una potencia regional de primer orden capaz de infligir golpes devastadores a sus enemigos. Pero esta potencia no basta por sí sola para cosechar victorias estratégicas decisivas, ya que la fuerza por sí sola no es suficiente: también es necesario fomentar la adhesión a un modelo y a unos valores, tal y como EEUU supo hacer durante mucho tiempo con numerosos países. Israel no se encuentra en esa posición, al contrario. Su activismo militar, sumado a la negación del derecho a la autodeterminación de los palestinos, alimenta las percepciones negativas en amplios sectores de la opinión pública internacional.

CISJORDANIA, LA ANEXIÓN EN MARCHA

Mientras Israel estaba sumido en tres guerras (Gaza, Líbano e Irán), libraba otra, de forma más discreta, en Cisjordania, pero con consecuencias importantes. Esta política agresiva se ha articulado a través de dos mecanismos. Por un lado, se han intensificado las operaciones militares del ejército, especialmente en el norte de Cisjordania. Con el pretexto de la existencia de grupos de activistas palestinos, el ejército ha intervenido masivamente en tres campamentos palestinos (Yenín, Tulkarem y Nur Shams) y los ha vaciado del 90% de su población, es decir 32.000 personas que ahora se encuentran dispersas por otros puntos de Cisjordania. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que el ejército no autorizaría el regreso de los habitantes a estos lugares. Este desplazamiento forzoso, acompañado de la destrucción de las infraestructuras civiles de los campamentos, no puede justificarse por motivos de seguridad: parece, más bien, una medida política destinada a modificar de forma duradera la « geografía humana » de Cisjordania. Hay que entenderla en relación con una segunda dinámica de gran calado: la aceleración de la colonización. En 2025, el Estado aprobó la construcción de cerca de 28.000 viviendas y lanzó licitaciones para otras 9.600. Asimismo, decidió crear 54 nuevos asentamientos (Peace Now, 2025). Se trata de máximos históricos que reflejan el compromiso inquebrantable del gobierno para consolidar la anexión de facto de Cisjordania. Esta política se lleva a cabo en un clima de extrema violencia. El ejército realizó más de 7.500 incursiones en ciudades, pueblos y campamentos palestinos en 2025. Por su parte, los colonos perpetraron más de 1.800 ataques contra palestinos, a menudo con la complicidad pasiva del ejército, en particular durante la temporada de la recogida de las aceitunas (Répertoire Palestine, les Chiffres-clés 2025). Esta violencia generalizada cuenta con el pleno apoyo de los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Ambos utilizan sus prerrogativas ministeriales —el primero como ministro de Finanzas, con competencias específicas sobre la administración de las colonias, y el segundo como ministro de Seguridad Nacional–, para apoyar con determinación a los colonos más radicales.

No obstante, más allá de estos extremistas, una mayoría indiscutible de las fuerzas políticas es partidaria de extender la soberanía israelí sobre Cisjordania. Dos votaciones de la Knesset lo demuestran. En julio de 2024, el Parlamento aprobó una declaración oponiéndose a la creación de un Estado palestino por 68 votos a favor y nueve en contra, mientras que el resto se abstuvo o no participó en la votación (la Knesset tiene 120 diputados). Un año después, en julio de 2025, se aprobó por una mayoría de 71 votos (frente a 13) una moción no vinculante que determinaba que Cisjordania forma parte integrante de la tierra de Israel, sobre la cual solo el Estado de Israel posee un derecho « natural, histórico y legal », y reclamaba la rápida aplicación de la soberanía israelí. En ambos casos resulta significativo que el apoyo a estas mociones fuera más allá de la mayoría gubernamental (el partido rusófono Israel Beitenu, por ejemplo, votó a favor). Del mismo modo, cabe destacar que los partidos centristas de la oposición, como Yesh Atid (liderado por Yair Lapid), no participaron en la votación. Solo un reducido número de diputados árabes y judíos se pronunciaron en contra. La anexión de Cisjordania, aunque no se haya formalizado jurídicamente, ya es una realidad sobre el terreno, pero también en las mentes.

DEBILITAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO

Es sabido que las guerras suelen favorecer la expresión del patriotismo. Esto es aún más evidente en Israel, un país donde la seguridad nacional ha sido una cuestión central desde sus orígenes. Las guerras actuales no escapan a esta lógica y la opinión pública judía las ha apoyado de manera muy mayoritaria. En este clima de unidad nacional, resulta más sencillo para el gobierno adoptar medidas que debilitan el Estado de derecho. Esta deriva no es nueva, desde hace una década se han aprobado o debatido una serie de leyes destinadas a restringir la libertad de expresión, la igualdad de derechos entre judíos y árabes y la independencia del Tribunal Supremo. Pero las guerras actuales han favorecido una nueva ofensiva antiliberal. La policía ha prohibido o dispersado concentraciones públicas contra la guerra o a favor de los palestinos, a pesar de que reunían a pocas personas. Asimismo, se ha intensificado la vigilancia en las redes sociales con el fin de rastrear aquellas opiniones que pudieran asimilarse a una « apología del terrorismo ».

El punto de inflexión más importante ha sido, sin duda, la aprobación a finales de marzo por parte de la Knesset, con 62 votos a favor y 48 en contra, de la ley que instaura la pena de muerte para los terroristas. Esta ley, celebrada de forma indecente por los diputados de extrema derecha en el propio hemiciclo, es sumamente problemática. Lo es porque supone una regresión en la política penal del Estado. La pena de muerte ya existía en el arsenal jurídico de Israel, pero fue abolida en 1954 para los « delitos comunes » y reservada únicamente para los crímenes de lesa humanidad y el delito de genocidio. Sobre esta base se condenó y ejecutó en 1962 al criminal de guerra Adolf Eichmann. Al instaurar la pena capital para los actos de terrorismo, los diputados han ido a contracorriente del movimiento que ha llevado a las democracias a abolir el castigo supremo. Es cierto que algunas democracias, como EEUU y Japón, la mantienen en su ordenamiento jurídico, pero son excepciones.

Más allá de este aspecto de « marcha atrás », la nueva ley resulta sorprendente porque es profundamente discriminatoria. Contempla dos supuestos. En el territorio soberano del Estado, « quien cause intencionadamente la muerte de otra persona […] con la intención de negar la existencia del Estado de Israel » se expone a la pena de muerte o a la cadena perpetua. En los territorios bajo control de Israel (como Cisjordania), « todo residente que cause intencionadamente la muerte de una persona en el marco de un acto terrorista será castigado con la pena de muerte ». Estas dos disposiciones se dirigen exclusivamente contra los árabes palestinos: en Israel cuesta imaginar a un judío que cometa un atentado con el fin de negar la existencia del Estado (una tipificación penal, por cierto, muy imprecisa); en Cisjordania, la ley hace referencia a los tribunales militares, a los que solo están sometidos los palestinos. Como cualquier Estado enfrentado al terrorismo, Israel tiene derecho a defenderse, pero su deber es hacerlo dentro de un marco jurídico equitativo. Sin embargo, con esta ley que rompe con el principio fundamental de igualdad, Israel apuntala su carácter etnocrático, lo cual, por desgracia, no es ninguna sorpresa a la luz de su evolución política interna.

¿QUÉ PERSPECTIVAS ELECTORALES SE VISLUMBRAN?

Netanyahu habrá logrado la hazaña de mantenerse en el poder prácticamente hasta el final de la legislatura. Puede que las próximas elecciones legislativas se anticipen ligeramente, pero poco con respecto a la fecha límite inicial del 27 de octubre de 2026. El líder del Likud habrá conseguido conservar su mayoría parlamentaria y presentarse como un líder de guerra responsable, a pesar de contar con un nivel de confianza general bastante limitado.

¿Cómo se prevén los futuros comicios? Por un lado, la oposición tiene por el momento el viento a favor. Esto se debe, en particular, a la unión entre Yair Lapid (del partido Yesh Atid) y los partidarios de Naftali Bennett, que se han unido en la lista Be Yahad (Juntos). Por otra parte, el antiguo jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, ha fundado el partido de centroderecha Yashar. Los sondeos otorgan al dúo Bennett-Lapid 21 escaños y a Eisenkot 19 (de un total de 120), lo que sería suficiente para obtener, junto con otros grupos de la oposición, una ajustada mayoría de 62 diputados. Por otro lado, el Likud parece perder fuerza, con 23 escaños (frente a los 32 actuales). Aunque los partidos religiosos que son sus socios mantengan sus resultados, sería difícil para Netanyahu y sus aliados superar los 50 escaños (datos extraídos de « Opinions & Rating », 2026).

No obstante, conviene ser cautos. En primer lugar, porque nunca hay que subestimar a Netanyahu, un hombre con experiencia que ha logrado salir de situaciones complicadas en más de una ocasión. Segundo, porque incluso si el tándem Bennett-Lapid ganara las próximas elecciones, esto no anunciaría necesariamente un cambio profundo. De hecho, Bennett proviene del sionismo religioso y se ha declarado a favor de que Israel se anexione el 60% de Cisjordania (donde se encuentran los asentamientos judíos). Es cierto que representa una versión más pragmática del sionismo, opuesta al mesianismo supremacista de Ben-Gvir y compañía, pero apenas se muestra abierto al compromiso territorial con los palestinos. Este es también el caso de Avigdor Lieberman y su partido rusófono Israel Beitenu, que podría formar parte de la nueva coalición de gobierno tras las elecciones. La principal dificultad a la que se enfrentará cualquier alianza contra Netanyahu será la cohesión a largo plazo. A largo plazo, hará falta mucha diplomacia para lograr la convivencia entre nacionalistas, progresistas (« Los demócratas » de Yair Golan) e islamistas (los agrupados en torno a Mansur Abbas). De hecho, en junio de 2021 ya vio la luz una coalición de esta naturaleza, también en torno a Bennett y Lapid, pero, minada por las tensiones internas, acabó saltando por los aires, lo que permitió el regreso de Netanyahu al poder en noviembre de 2022.

Desde octubre de 2023, el primer ministro se ha embarcado en una auténtica huida hacia adelante al ampliar cada vez más el alcance de la guerra, sin lograr por ello avances estratégicos decisivos. En cambio, con esta guerra permanente, la imagen de Israel se ha deteriorado profundamente ante la opinión pública internacional. De esta degradación, a Israel le resultará muy difícil recuperarse./