n.19 Europa reconsidera sus políticas de inmigración

Editorial

La Unión Europea, bajo presidencia francesa, ha puesto en marcha un política de inmigración para luchar contra los flujos de irregulares y apostar por la integración de los regulares. Primero fue la Directiva de Retorno en julio, que aspira armonizar las normas y procedimientos sobre el tratamiento aplicables a los sin papeles que lleguen a Europa. Más tarde fue el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, estructurado en cinco áreas: organizar la inmigración legal en función de las necesidades del mercado de trabajo; luchar contra la inmigración irregular y organizar las expulsiones; aumentar el control de las fronteras; sentar las bases de una política europea común de asilo; y crear una asociación con los países de origen y tránsito de la inmigración.

Estas medidas van, en ciertos aspectos, en la misma línea que la política de inmigración francesa propuesta por Nicolas Sarkozy desde su victoria electoral en mayo de 2007: “migration choisie, pas subie”. Algunos Estados miembros de la UE han adoptado, además, nuevas políticas migratorias: Italia ha aprobado una ley que tipifica la inmigración irregular como delito penado con hasta cuatro años de cárcel. Los condenados a dos años serán expulsados del país. En España, el nuevo Ministerio de Trabajo e Inmigración se plantea adecuar sus políticas migratorias a la situación de crisis junto con la necesidad de mano de obra extranjera. “La hipótesis de la inmigración cero parece irrealista y peligrosa (…) Las migraciones contribuyen al crecimiento económico de la UE y de Estados que la necesitan por su situación demográfica y su mercado de trabajo. (…)

La UE no tiene medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes que buscan una vida mejor. Una inmigración mal gestionada puede atentar contra la cohesión social de los países de acogida”. Estas palabras del preámbulo resumen el espíritu del Pacto y, en general, de la política de inmigración europea. Este giro en la política de inmigración se ha visto desde los países de origen como un endurecimiento y un cierre de fronteras. Se trata de conseguir la inmigración deseada sin dar la impresión de repliegue y, al tiempo, ganar la lucha contra la inmigración no deseada. La sociedad civil africana, latinoamericana, e incluso, europea, así como los gobiernos de América Latina y algunos africanos la han criticado por su enfoque restrictivo y por basarse en aspectos puramente securitarios. En su opinión, esta política afianza una visión simplificadora y parcial de la inmigración y contribuye a aproximar los conceptos de inmigrante y delincuente. Además tiene el riesgo de atentar contra derechos fundamentales. La UE quiere convencer a la opinión pública de que trata de protegerla de la presión migratoria, más aún en plena crisis económica.

También los países del sur del Mediterráneo se enfrentan a esta realidad. En este sentido, la Conferencia Euroafricana refleja la necesidad de concertar la regulación de los flujos migratorios más allá del diálogo Norte-Sur y de impulsar el potencial de codesarrollo. En AFKAR/IDEAS defendemos dos puntos críticos: la política de inmigración europea debe priorizar las propuestas que, además de salvaguardar los derechos fundamentales, contribuyan a gestionar la inmigración en beneficio de las tres partes, países de origen, tránsito y destino. Proponemos que se articule la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas, pero también considerando la inmigración legal como positiva para Europa. La División de la Población de la ONU evalúa en 1,6 millones al año el número de inmigrantes necesarios para que en 2050 la UE mantenga su nivel actual de producción y renta.

En este sentido el “Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo” (PdB:UpM) debe centrarse en los grandes e inaplazables problemas: energía, medio ambiente, infraestructuras de transporte, educación, seguridad y diálogo cultural. Además de, naturalmente, inmigración. La movilidad debe ser la prioridad de un proyecto compartido. Son necesarios instrumentos –como la reciente tarjeta azul– para gestionar con eficiencia la circulación de personas, profesionales, estudiantes, investigadores, artistas. Europa no debe caer en medidas unilaterales sin consultar a sus socios del Sur. Hay que evitar que el PdB:UpM profundice aún más la relación dominante-dominado, la peor forma del contacto Norte-Sur.

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