Turquía en 2014: elecciones y democratización

El país vive una etapa difícil, con un primer ministro cada vez más denostado y una oposición sin el empuje suficiente para ofrecer una alternativa solvente de gobierno.

Carmen Rodríguez

En marzo de 2014 se celebrarán elecciones locales en Turquía y en agosto, si no hay cambios, presidenciales. En 2015 tendrán lugar las elecciones generales. Son fechas clave para el devenir del partido en el gobierno, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), de su presidente y actual primer ministro del país, Recep Tayyip Erdogan y, en general, aún más importante, para la evolución del régimen político turco. Turquía se encuentra clasificada dentro de un continuumentre países demócrata-liberales y países autoritarios, en ese espacio intermedio en el que se incluyen los llamados regímenes híbridos, regímenes semi-democráticos o semi-autoritarios, según los autores. Dentro de esta categoría, se podría considerar a Turquía como una democracia defectiva, donde tienen lugar elecciones plurales y el resultado está abierto, pero en la que se producen serias limitaciones en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

Tras el golpe de Estado de 1980, además, podía calificarse como una democracia defectiva tutelada, ya que los militares ejercían un poder directo en la toma de decisiones políticas, a través del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras instituciones. El AKP, partido sucesor de previos partidos islamistas ilegalizados, que surge en 2001 y obtiene ya una contundente victoria electoral en 2002, logra, en un principio, conferir a sus políticas un carácter reformista e incluyente, más liberal y democrático que el de gobiernos anteriores. Sin embargo, en su segunda legislatura, estas tendencias van a frenarse e incluso a revertirse en algunos ámbitos.

El profesor Fuat Keyman resumía esta cuestión planteando que el AKP, que se autocalificó a sí mismo en sus comienzos como un partido demócrata-conservador, habría enfatizado, tras conseguir su segunda victoria electoral en 2007, el adjetivo de conservador y no el de democrático (Keyman, F. (2010) “Modernization, globalization and democratization in Turkey: the AKP experience and its limits”, Constellations, 17 (2): 313-26). ¿Hubo avances significativos en el proceso de democratización turco en la primera legislatura del AKP? Los cambios en la ley de Asociaciones de 2004, las reformas del Código Penal en 2005 (que incluían importantes demandas de las asociaciones feministas), la puesta en marcha de emisiones en kurdo en radio y televisión (reforma aprobada por el anterior gobierno), la liberación de emblemáticos diputados kurdos encarcelados como Leyla Zana etc., fueron algunas de las acciones más significativas emprendidas por el primer gobierno de Erdogan. El proceso se ralentizaría posteriormente, en paralelo además, al enfriamiento de las relaciones con la Unión Europea, con quien se había alcanzado el hito de abrir negociaciones de adhesión en octubre de 2005. Una de las dimensiones más preocupantes del giro que el segundo gobierno del AKP tomó en su segunda legislatura, fue el de las cortapisas en el ámbito de la libertad de expresión.

El informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, de 2011, se hacía eco de esta grave inquietud, reflejada en los rankings de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras, que situaban a Turquía en el puesto 123 en 2009, para bajarla, en 2010, a la posición 138. Tras las elecciones generales de 2011, comenzaba la tercera legislatura del AKP, de nuevo amparada por una confortable mayoría absoluta que, sin embargo, no le permitía al partido aprobar una nueva Constitución en solitario, sino, y como era deseable, con la aquiescencia de otros partidos en la Gran Asamblea Nacional Turca.

La comisión parlamentaria creada para promover la redacción de un nuevo texto constitucional estaba conformada por el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), de centro-izquierda, el Partido ultranacionalista turco, Partido de Acción Nacionalista (MHP) y el partido pro-kurdo Partido de la Paz y la Democracia (BDP). Hasta la fecha esta comisión ha sido incapaz de llegar al consenso necesario para sustituir la Constitución de 1982, surgida al amparo del golpe de Estado de 1980. En mayo-junio de 2013 estallaban las protestas de Gezi, que reunían en torno al parque de este nombre y la plaza de Taksim en Estambul, a grupos tan numerosos como heterogéneos, que expresaban su oposición a la deriva autoritaria del primer ministro y demandaban, entre otras cuestiones, la no injerencia en sus estilos de vida y mayor libertad de expresión. Este fenómeno tuvo una gran relevancia, no solo por su impacto mediático internacional, sino porque suponía también un gran paso para los movimientos sociales en Turquía, cuya conformación y evolución ha estado tradicionalmente limitada por la alargada sombra del Estado.

La respuesta de Erdogan fue acabar con las protestas a través de una brutal represión policial, lo que llevó al profesor de Historia Edhem Eldem a escribir en The New York Times: “Es pertubador que el Sr. Erdogan, después de luchar durante años con éxito contra el legado del control militar, haya decidido revivir precisamente los mismos métodos y estrategias que han caracterizado el gobierno de sus predecesores. Apoyándose en el poder combinado de la religión y el nacionalismo en un país cuya población es conocida por sus actitudes conservadoras en ambos ámbitos, está tratando de hacer, con la ayuda de la policía, lo que previos gobiernos hicieron con la ayuda del ejército” (Eldem, E. “Turkey’s False Nostalgia”, The New York Times, 16 de junio de 2013).

El discurso del primer ministro tras la represión de las protestas, lejos de llamar a la reconciliación, promovió la polarización social a través de la utilización de una retórica que dividía a la sociedad en dos grupos: el de “ellos”, los manifestantes, a los que además acusaba de no ser buenos creyentes, y el de “nosotros” los buenos ciudadanos (“Police locks down Taksim as PM shows off in Istanbul”, Hürriyet Daily News online, 16 de junio de 2013).

La batalla Güllen-Erdogan

La imagen internacional del primer ministro turco se vio seriamente dañada tras los graves acontecimientos de aquellos días. En esas fechas también se hicieron visibles serias discrepancias entre el dirigente religioso Fethullah Gülen y Erdogan por la manera en que éste había gestionado la crisis. Sin embargo, era difícil prever la guerra abierta que habría de estallar entre ellos meses más tarde. La comunidad islámica de Gülen ha desarrollado una importante labor educativa en numerosos países, no solo en Turquía, donde habitualmente se le ha relacionado con partidos de centro-derecha y no con los islamistas sucesivamente ilegalizados a lo largo de la historia de la República.

Con el objetivo de evitar la persecución de sus actividades religiosas, se apunta a que el movimiento optó por la estrategia de ampliar su presencia en los sectores policiales y de la judicatura, en un país con un férreo entendimiento del laicismo y del secularismo (Akyol, M. “What you should know about Turkey’s AKP-Gülen conflict”, Al Monitor, 3 de enero de 2014). La llegada del AKP al poder en 2002 favoreció una alianza natural entre el partido y este movimiento religioso que, sin embargo, se ha deteriorado hasta el punto de estallar una batalla donde ambos tienen mucho que perder. A mediados de noviembre de 2013, el primer ministro anunciaba su deseo de cerrar los dershane o academias privadas que sirven para preparar a los alumnos en su acceso a la universidad, de los cuales un 25% aproximadamente pertenece al movimiento de Gülen, lo que fue considerado como un golpe directo a este. En diciembre, por su parte, se destaparía un escándalo de corrupción que llevaría a que cuatro ministros abandonaran sus cargos, y los hijos de dos de ellos fueran detenidos.

La respuesta del gobierno ante lo que consideró un ataque desde dentro del Estado, fue la destitución de fiscales y una completa renovación de los cuadros policiales. Erdogan aludió a una conspiración internacional contra su gobierno y a la existencia de un estado paralelo en la sombra (organizado en torno a sectores de la magistratura y de la policía cercanos o miembros de la comunidad dirigida por Gülen). Por su parte, los pro-gulenistas o simplemente sectores críticos con el gobierno, acusaron a este último de querer ocultar un grave caso de corrupción con la excusa de un complot nacional e internacional.

En esta batalla está en entredicho la independencia judicial, acusada por unos de estar siendo manipulada por el gobierno y, por otros, de estar en manos de los progulenistas. Esta independencia se vio, además, seriamente amenazada por una propuesta legislativa apoyada por Erdogan a principios de 2014 para cambiar el funcionamiento del Consejo Superior de Jueces y Fiscales (HSYK), que le otorgaba al ejecutivo un poderoso control sobre el nombramiento de cargos importantes de la judicatura y las investigaciones que llevaran a cabo. Tras la visita del primer ministro a Bruselas el 21 de enero, sin embargo, parte de este polémico paquete legislativo ha sido suspendido (Yetkin, M. “Erdogan got the EU message on judiciary”, Hürriyet Daily News online, 25 de enero de 2014). Sin una independencia judicial efectiva, Turquía habría dejado de ser una democracia defectiva tutelada por los militares, cuyo poder ha cercenado con éxito el AKP en sus años de gobierno y, sin embargo, podría convertirse en otro tipo de democracia defectiva, en la que no existe un correcto contrapeso entre los diferentes poderes: ejecutivo, legislativo y judicial (Rodríguez, C. et al. “Some observations on Turkey’s democratization process”, Turkey􀀀s Democratization Process, Londres y Nueva York: Routledge, 2014, p. 422).

Una democracia defectiva a la que podrían sumarse limitaciones aún más serias en el ámbito de los derechos y deberes fundamentales. Ejemplo de ello es que el gobierno turco hizo aún más restrictivo el uso de internet, a través de enmiendas a la ley 5651, de tal manera que una orden administrativa basta para bloquear páginas de internet y se podrá solicitar información detallada a los servidores sobre sus usuarios. Otra muestra es la aprobación de una nueva ley que criminaliza la asistencia médica de primeros auxilios no autorizada previamente por las autoridades, medida que pretende intimidar a los profesionales médicos para que no asistan a manifestantes heridos, como ya ocurrió en las protestas de mayo y junio de 2013 (Gladstone, R. “Turkey: Contentious medical bill signed”, The New York Times, 17 de enero de 2014).

Perspectivas ante las elecciones

Las elecciones locales, previstas para marzo, a pesar de sus particularidades, se consideran un test importante para el partido en el gobierno. Se espera una campaña exacerbada entre los candidatos. En un discurso ofrecido a sus simpatizantes el 26 de enero, el primer ministro acusó al candidato del principal partido de la oposición en Estambul, Mustafa Sarıgül (perteneciente al CHP) de estar implicado en serios casos de corrupción.

Por su parte, el candidato del AKP en Ankara y actual alcalde, Melih Gökçek, advertía de que el actual clima de confrontación política podría dar lugar a asesinatos días antes de las elecciones. De hecho, un asesor del partido ultranacionalista MHP fue asesinado el 26 de enero cuando un grupo de asaltantes atacó una de las oficinas del partido en Estambul. Las encuestas sobre intención de voto para las elecciones locales de marzo arrojan resultados diversos. Mientras que algunas apuntan que el AKP seguiría disfrutando de un 50% de base electoral a nivel nacional, otras señalan un descenso en la intención de voto hacia el AKP, lo que podría otorgarle en torno al 42% de los sufragios según la agencia Metropoll (Uslu, E. “An early prediction about the next elections”, Today’s Zaman, 24 de enero de 2014).

La carrera presidencial, por su parte, todavía plantea importantes incógnitas. Según la actual normativa del AKP, Erdogan no podría presentarse de nuevo a las elecciones generales tras tres mandatos, lo que en principio le derivaría a optar por la presidencia del país. Sin embargo, Turquía es un sistema semi-presidencialista, cuyo poder ejecutivo recae principalmente en el primer ministro. Muchos analistas dudan de que los poderes actuales con los que cuenta el presidente en Turquía puedan ser suficientes para un ambicioso Erdogan. El actual primer ministro ha fracasado hasta la fecha en su intento de lograr adoptar una Constitución que hiciera de Turquía un sistema presidencialista. Junto a la propia trayectoria de Erdogan cabe preguntarse si el actual presidente, Abdullah Gül, también se presentará a las elecciones de agosto y si hay algún candidato de consenso entre el resto de las fuerzas políticas.

El proceso de democratización turco se encuentra en una etapa difícil, con un partido en el poder cuyo primer ministro está cada vez más denostado fuera y dentro del país y una oposición política que no tiene el empuje suficiente para ofrecer una alternativa solvente de gobierno. Si bien el principal partido de la oposición, el CHP, ha cambiado su discurso tras la llegada a su presidencia de Kemal Kiliçdaroglu en 2010, con argumentos más reformistas y democráticos, se sitúa todavía a una considerable distancia de las expectativas de voto del AKP. El proceso de paz kurdo que se hizo público en enero de 2013 entre el gobierno turco y el líder del PKK, Abdullah Öcalan, en prisión desde 1999, está también influido claramente por estos acontecimientos.

La columnista Nuray Mert señalaba que el gobierno del AKP, aquejado en estos momentos de graves acusaciones de corrupción, no cuenta con la fuerza y la legitimidad necesaria, ni dentro, ni fuera del país, para liderar un proceso que implica una reorganización política considerable (Mert, N. “The Kurds dangerous name”, Hürriyet Daily News online, 27 de enero de 2014). Las manifestaciones que han tenido lugar en Turquía desde mayo y junio de 2013, dan, por su parte, cuenta del serio malestar de una ciudadanía que no se ve reflejada en el espectro político. Todavía es pronto para saber qué fuerza de arrastre tendrán estos movimientos, que se han enfrentado a Erdogan, han minado su imagen y han conseguido paralizar algunos de sus proyectos, como la remodelación de la plaza de Taksim. La respuesta del primer ministro también ha sido de una demoledora contundencia en el ámbito de la represión policial y en las restricciones legislativas aprobadas.

Las demandas de democratización están en la calle. Sin embargo, está por ver que tengan eco en los despachos oficiales. Las elecciones serán un buen barómetro para medir hasta dónde llega el descontento hacia el actual gobierno del AKP y para promover direcciones de cambio en las distintas fuerzas políticas.