Con ocasión de los 50 años de independencia de Túnez, cabe plantearse la pregunta clave: ¿hasta qué punto Túnez constituye un caso histórico paradójico, en el que los éxitos económicos relativos y los importantes avances en materia de desarrollo humano coexisten con un subdesarrollo político singular? También cabe preguntarse si, a medio plazo, este itinerario histórico es sostenible. ¿En qué medida el déficit en materia de gobernanza política tendrá efectos perversos, contrarrestando e incluso minando los avances económicos y sociales? Al final de este modesto artículo, se ponen de relieve los principales desafíos que debe afrontar Túnez, insistiendo en el que, a nuestro juicio, es el gran desafío actual, a saber, la modernización de su sistema global de gobernanza.

La evolución por etapas

La independencia, obtenida el 20 de marzo de 1956, abrió un nuevo capítulo en la historia contemporánea de Túnez. El partido Neo- Destur, fuerza hegemónica y punta de lanza del movimiento de liberación nacional, alzó al poder a su líder carismático, Habib Burguiba (1957-87). A partir de los años sesenta se instauró en Túnez un régimen de partido único de facto. Un autoritarismo teñido de populismo y un reformismo marcado por el pragmatismo han caracterizado el régimen político poscolonial en Túnez, tanto antes como después de 1987 (fecha de la destitución de Burguiba y de la llegada “constitucional” al poder de Zin el Abidín ben Alí).

• Los años sesenta

Los primeros años tras la independencia estuvieron marcados por la adopción de medidas de soberanía incontestables: la instauración del régimen republicano, la descolonización militar y agraria, la emisión del dinar tunecino (y su desvinculación del franco francés). Además, la promulgación del Código del Estatuto Personal otorgó a las mujeres tunecinas una posición de vanguardia en la región (la única cuestión que sigue pendiente es la igualdad jurídica en caso de herencia). El inicio de los años sesenta estuvo marcado sobre todo, en el plano económico, por la adopción de las Perspectivas Decenales (plan de desarrollo para el periodo 1962-71, integrado por tres planes plurianuales). Esta primera década estuvo dominada por una estrategia de desarrollo estatista, al amparo de una ideología “socializante” (planificación, cooperativización agrícola forzosa y lanzamiento por parte del sector público tanto del turismo como del primer núcleo de industrias “industrializantes”). Se trataba de un modelo intravertido, volcado hacia el mercado interno y de tipo sustitutivo de importaciones. La economía era administrada, protegida e integrada en la economía mundial mediante un esquema de especialización clásico: exportación de materias primas minerales (especialmente fosfatos) y vegetales (aceite de oliva, cítricos…). Durante este periodo, se produjo un fuerte movimiento migratorio hacia Europa, que desempeñó un papel nada despreciable a la hora de atenuar las tensiones en el mercado laboral y contribuir al equilibrio de la balanza por cuenta corriente. En 1969, el fin brutal de la experiencia “socializante” supuso un cambio de rumbo del modelo económico del país.

• Los años setenta

La ley de abril de 1972 estableció un régimen de incentivos a las inversiones extranjeras directas y marcó la adopción de un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. De hecho, el tipo de inserción de Túnez en la economía mundial cambió radicalmente ante la simultánea aparición del maná petrolero (5- 6 millones de TEP de producción) y las exportaciones de productos textiles producidos en zonas francas (costes laborales unitarios ventajosos). Los fosfatos transformados y los productos agrícolas tradicionales también contribuyeron a este crecimiento impulsado por las exportaciones. Por último, el auge del turismo y de las remesas de los emigrantes desempeñó un papel clave para redondear las cuentas financieras de este modelo de desarrollo. No obstante, el intervencionismo del Estado, la administración y la protección de la economía siguieron siendo constantes del paisaje políticoeconómico de Túnez, con una nueva variante en el ámbito social, a saber, un pacto implícito entre los interlocutores sociales bajo la égida del Estado. En el ámbito político, cabe señalar que, al comienzo de los años setenta, una iniciativa abortada de cambio democrático iniciada en el seno del partido en el poder sumió a Túnez, durante un largo periodo, en una situación de bloqueo político.

• Los años ochenta y noventa: crisis, ajuste estructural y libre comercio

La tercera década empezó debiendo hacer frente a una coyuntura desfavorable. La caída del precio del barril de petróleo conjugada con unas malas condiciones climáticas y una disminución de los ingresos por turismo, permitieron poner en evidencia la vulnerabilidad de la economía tunecina ante los azares climáticos y los choques externos, y provocaron una desestabilización que se tradujo, en los primeros años ochenta, en un desequilibrio estructural marcado por la caída del crecimiento económico y del nivel de empleo, un nivel de inflación elevado y un aumento del déficit de la balanza de pagos y de la deuda. Ese fue el contexto en el que, a partir de 1986, se adoptó, bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, el Programa de estabilización económica y de ajuste estructural (PAE). Todas las reformas emprendidas tenían por objeto eliminar los desequilibrios macroeconómicos, marcando las grandes líneas de una economía abierta y orientada a las fuerzas del mercado. El cambio político que tuvo lugar en la cúspide del Estado en noviembre de 1987 coincidió, con pocos meses de diferencia, con la adopción del PAE. De este modo, durante los primeros años ochenta se mantuvo y se consolidó el rumbo económico (liberalización progresiva de la economía y restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos). Las reformas estructurales fueron aplicadas de manera progresiva a partir de 1986, y algunas de ellas cobraron impulso sobre todo a partir de los años noventa. A partir de la mitad de esta última década, asistimos a una intensificación de la política de liberalización y de privatización llevada a cabo por el gobierno tunecino con el fin de consolidar un régimen de libre comercio y un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. En consonancia, la liberalización del comercio exterior estuvo acompañada de la inserción de la economía tunecina en el mercado mundial mediante la firma de los acuerdos de la Ronda Uruguay en 1994 y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) en 1995.

Los logros

En el ámbito económico, Túnez ha registrado unos avances económicos notables, con un ritmo de crecimiento medio del PIB del 5,1% entre 1970 y 2003. El PIB por habitante a precios constantes ha aumentado a un ritmo medio del 2,8%, multiplicándose por 2,5 entre 1970 y 2003. Estos resultados sitúan a Túnez entre los 20 primeros países del mundo. Este crecimiento económico ha tenido su fundamento en un gran esfuerzo en materia de acumulación, con una tasa de inversión del orden del 28% de media durante el periodo 1970- 2003. La productividad del trabajo ha aumentado a un ritmo anual medio del 2,8%. Aunque el crecimiento anual medio del empleo ha sido del 2,3%, lo cierto es que esta cifra ha sido insuficiente para absorber el crecimiento demográfico de la población activa, lo que se ha traducido en una tasa de desempleo situada en torno al 15-16%. El ajuste estructural ha hecho posible la estabilización macroeconómica; en virtud de ella, el déficit público se sitúa ahora entorno al 3% del PIB, el déficit de la balanza por cuenta corriente se ha reducido al 3% del PIB y la inflación se encuentra en niveles del 2,7%. Aunque el nivel de endeudamiento ha conseguido reducirse del 60% del PIB en 1985 al 54% en 2003, sigue siendo una fuente de preocupación. En términos de apertura económica (ratio de las exportaciones más las importaciones sobre el PIB), Túnez es un pequeño país muy abierto que registra una tasa de apertura creciente (62,3% en 1970 y en torno al 75% hoy día), habiendo optado por el anclaje estratégico en el espacio euromediterráneo sin dejar de propugnar un regionalismo abierto con sus socios magrebíes y árabes. Si bien es cierto que el libre comercio regional (y mundial) se impone a Túnez como una restricción, no lo es menos que puede constituir también una oportunidad. Para los poderes públicos, el anclaje en el espacio euromediterráneo es una apuesta que tiene un efecto motor y de convergencia. No obstante, en los últimos años asistimos a una pérdida relativa de la ventaja comparativa en el sector de la confección, el cuero y el calzado en beneficio de los componentes electrónicos (para automóviles) y los servicios (centros de llamadas). Por lo demás, el desmantelamiento del Acuerdo Multifibras en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) va a exacerbar aun más la competencia para los productos textiles y de confección. Por último, las perspectivas de aceleración del proceso de liberalización de los servicios y los capitales no dejarán de plantear una serie de desafíos a Túnez, en mayor medida aun por cuanto el sector bancario y financiero sigue adoleciendo de una indiscutible fragilidad.

Desarrollo humano

La mejora de las condiciones de vida y la reducción de la pobreza siempre han estado en el centro de las preocupaciones de los poderes públicos en Túnez. El Estado consagra a gastos sociales más de la mitad de su presupuesto. Los gastos públicos en educación y formación, de intervención en el ámbito social, de apoyo a la agricultura y al mundo rural, en salud pública y en seguridad social siguen suponiendo una quinta parte del PIB y no se han visto afectados ni por las dificultades coyunturales ni por los programas de ajuste estructural. Las mejoras son importantes, pues Túnez ha pasado de un IDH de 0,516 en 1975 a 0,745 en 2002.

También en este caso se trata de una de las progresiones más notables a escala mundial, colocando a Túnez en el duodécimo puesto mundial. Los resultados en materia de distribución de la renta también son satisfactorios, con un índice de concentración de la renta (Índice de Gini) del orden de 0,41 (la media mundial es de 0,40). Tal como se explicita en el primer Informe nacional sobre los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, elaborado en 2004 con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, Túnez figura entre los países con un gran potencial de desarrollo, y podría llegar a cumplir los objetivos definidos en septiembre de 2000 por la comunidad internacional. Sin embargo, la tasa de analfabetismo de adultos sigue siendo elevada (27% de media, con picos de hasta el 44% en la región centro-oeste).

En los ámbitos de la mortalidad materna y el acceso a las nuevas tecnologías de la información, Túnez debe acelerar su ritmo de progresión para responder a los Objetivos del Milenio. Por lo demás, la persistencia de un elevado nivel de desempleo y la precarización del empleo (extensión de la economía informal) continúan afectando a una parte nada despreciable de la población. La pobreza humana sigue estando relativamente extendida en Túnez (más de una cuarta parte de la población), sobre todo en las regiones del interior (noreste y centro-oeste) en las que el analfabetismo y la falta de acceso a los servicios de salud de base y al agua potable siguen siendo motivo de preocupación.

Por lo que respecta a la pobreza monetaria extrema, es innegable que Túnez ha conseguido reducirla drásticamente, hasta el punto de que actualmente ses de las más bajas entre los países en vías de desarrollo.

Los desafíos

• Un nuevo escalón de crecimiento

Se trata de una idea recurrente incluso entre los documentos recientes del FMI y del Banco Mundial (BM): Túnez debe aspirar y alcanzar necesariamente un nuevo escalón de crecimiento. Algunas cifras permiten hacerse una idea del desafío que ello entraña. La tendencia histórica de Túnez desde los años sesenta-setenta es a registrar un crecimiento medio comprendido entre el 5% y el 5,5%. Túnez forma parte, durante los últimos 30-40 años, del grupo de 20 países que han experimentado un ritmo de crecimiento más elevado. Pero en relación con dos grandes objetivos, el del empleo y el de la convergencia (al menos con los países de Europa meridional), este ritmo sigue siendo insuficiente. En cuanto al empleo, se ha estimado, habida cuenta de las presiones demográficas que persisten en términos de población activa y de demanda de empleo (al menos durante 10 años más), que, para reducir la tasa de desempleo (que se sitúa en torno al 15% de la población activa) de manera significativa durante los próximos 15 o 20 años, sería necesario alcanzar un ritmo de crecimiento medio de al menos el 7%.

Por lo demás, la tasa de inversión se situó en torno al 30,5% del PIB durante el periodo 1990-1995, pero ha disminuido hasta el 26% e incluso inferior a partir de 1996. Además, y pese a la multiplicación de los incentivos, la inversión privada está estancada, y su proporción sobre la inversión total permanece constante (cerca del 55%). Algunos estudios del BM ponen de manifiesto la existencia de una brecha del orden del 3% del PIB entre la inversión del sector privado y su nivel potencial. Así pues, lo que se necesita, en particular, es un crecimiento acelerado y más intensivo en mano de obra con un aumento significativo de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. A esta necesaria aceleración del crecimiento se añade el imperativo de un modelo de crecimiento más eficiente. En efecto, hasta principios de los años ochenta, a grandes líneas, puede afirmarse que Túnez recurrió a un modelo de crecimiento más bien extensivo, basado en el aumento del volumen de los factores de producción, en el que la productividad total de los factores desempeñaba un papel marginal. Más tarde, se ha producido un cierto despegue a favor de un modelo de desarrollo más bien intensivo, basado en las ganancias de productividad (la productividad total de los factores ha aumentado a un ritmo medio del 1,7% entre 1996 y 2003). La consolidación de este modelo, basado en la eficiencia en la utilización de los factores de producción, es tanto más necesaria por cuanto que es la única que puede permitir a Túnez ganar la apuesta de la apertura y de la competitividad.

• La restricción medioambiental

La aceleración del crecimiento para alcanzar un nuevo escalón está condicionada, sin embargo, por una gran restricción, preservar el medio ambiente. La intensificación del ritmo de crecimiento debe inscribirse necesariamente en una perspectiva de desarrollo sostenible que tenga en cuenta los grandes desafíos medioambientales que afronta Túnez, a saber:

– La fuerte litoralización (desequilibrio interior-costa), que hace que en una tercera parte del territorio (1.300 kilómetros de costa) se concentren dos terceras partes de la población y más del 90% de las actividades económicas (incluido el turismo). A este respecto, la litoralización y la urbanización conjugan sus efectos crecientes en términos de vertidos contaminantes).

– La rarefacción de los recursos hídricos y la degradación de su calidad (salinización y contaminación por las actividades humanas).

– La creciente presión ejercida sobre los suelos como consecuencia de los fenómenos de erosión y desertificación y del proceso de urbanización acelerada.

– El fuerte aumento del consumo de energía, que se traduce en una creciente dependencia energética. ¿Cómo conciliar los imperativos de un crecimiento más elevado y más eficiente con la preservación y protección de un medio ambiente más bien frágil? Ése es, en definitiva, el reto que debe afrontar Túnez.

• El reto social

Se trata de colocar la equidad en el centro de las preocupaciones para evitar que el aumento de las desigualdades sociales, pero también regionales y entre clases, se traduzca en una evolución económica a varias velocidades que acabe resultando desestabilizadora en términos sociales y políticos. Asimismo, es necesario reformular el contrato social vigente hasta ahora en Túnez. Este contrato social define las relaciones entre el Estado, los trabajadores, las empresas y otros actores económicos. En el caso de Túnez, se trata de un “sistema autoritario” en el que, a grandes líneas, los ciudadanos (los trabajadores, entre otros) se ven obligados a aceptar un intercambio entre las restricciones a su emancipación y su participación política y la garantía de una cierta seguridad económica y la prestación de servicios por parte del sector público. El contrato social vigente acaba por esclerotizar las relaciones sociales y crear resistencias a las reformas derivadas de las “situaciones de rentas” adquiridas por distintos grupos sociales.

• El gran desafío: poner en hora el sistema de gobernanza con los avances económicos y sociales

Se trata de un desafío que condiciona en buena medida tanto el presente como el futuro. En efecto, ante sus avances en el terreno económico y social, Túnez debe poner en hora su sistema global de gobernanza. La experiencia mundial demuestra que, a largo plazo, la falta de correspondencia entre los logros en materia de derechos económicos, sociales y culturales y los derechos políticos y libertades fundamentales es insostenible. Así, Túnez debe escapar de una evolución paradójica en la que los resultados en términos de derechos políticos y libertades civiles no están a la altura de su nivel de desarrollo.