Tras la revolución, ayuda financiera externa

Además de por solidaridad, la ayuda a Libia se debe a que los países occidentales conocen el riesgo de que este país árabe se convierta en un Estado fallido.

Ricard González

El conjunto de rebeliones agrupado bajo la etiqueta de la Primavera Árabe comparte una serie de causas, demandas y objetivos. Sin embargo, su desarrollo ha dado lugar a situaciones muy diferentes a causa de la historia, la demografía, la estructura social y el diseño institucional de cada Estado. Las economías de los países del norte de África no son una excepción a esta pluralidad, que se da incluso entre Estados vecinos. En este sentido, Libia constituye un caso realmente particular.

Su economía fue la que sufrió un mayor impacto negativo en 2011, y su producto interior bruto (PIB) se contrajo un 60%. No en vano, el país padeció una guerra civil de más de seis meses de duración, un acontecimiento más desestabilizador que los levantamientos pacíficos en Túnez y Egipto. Ahora bien, la economía libia es la que más rápido ha recuperado su dinamismo. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), su PIB creció un 122% en 2012, y lo hará un 16% en 2013. La explicación de estas cifras reside en las ingentes reservas petrolíferas del país, las mayores del continente africano y sostén cuasi único de la economía libia durante las últimas décadas.

Antes de la rebelión que depuso al coronel Muamar Gadafi, la venta de crudo representaba aproximadamente un 90% de los ingresos del Estado, y era suficiente para abastecer a un país con una población de solo unos 6,5 millones de personas. Desde el estallido de la revolución, Libia ha recibido más de 400 millones de euros en ayuda exterior, principalmente de los países de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos (aproximadamente unos 150 millones cada uno). La mayor parte de esta ayuda fue de tipo humanitario, y tenía como objetivo paliar los efectos de la guerra. Una vez terminada ésta, la cooperación internacional se ha reducido de forma notable, limitándose a la implementación de algunos programas de asistencia técnica al nuevo gobierno. Además, éste está recibiendo de forma progresiva los cerca de 120 millones de euros en activos que el régimen de Gadafi poseía en el exterior, congelados durante la guerra civil.

Durante el conflicto bélico, siempre hubo el convencimiento, tanto por parte de la comunidad internacional como de los líderes rebeldes, de que el país podría financiar su propia reconstrucción y desarrollo gracias a la venta del petróleo. Y así está siendo. A principios de 2013, la producción de crudo ha vuelto a los mismos niveles de 2010, es decir, alrededor de 1,6 millones de barriles diarios. Ahora bien, para mantener este nivel de producción, e incluso aumentarlo, harán falta nuevas inversiones por parte de las multinacionales del sector. Conseguirlas se ha convertido en una de las prioridades del ejecutivo.

Pero no es la única, ya que pretende atraer inversiones extranjeras que permitan diversificar la economía del país, a la que se atribuye un enorme potencial después de cuatro décadas de autarquía. Las motivaciones de la cooperación internacional que ha recibido Libia son de índole diversa. Más allá de la solidaridad hacia un país sacudido por una guerra civil, los países occidentales son conscientes del riesgo que representaría para su seguridad la conversión de este país árabe en un Estado fallido, del que salieran hacia las costas de Italia miles de inmigrantes y con amplias zonas de territorio bajo el control de grupos yihadistas. Además, las relaciones con el gobierno libio por parte de las potencias occidentales, así como de la propia región, como Turquía, tienen como objetivo facilitar la introducción de sus empresas en Libia.

Estímulo fiscal de Túnez

Mientras Libia busca financiar su reconstrucción a partir de la venta de su petróleo y la entrada de capital privado, el gobierno tunecino ha confiado, en buena parte, su recuperación económica a los flujos provenientes de los gobiernos de otros Estados y de instituciones internacionales. Gracias a estos fondos, Túnez ha financiado un ambicioso programa de estímulo fiscal a base de la construcción de obras públicas. Asimismo, estos fondos del exterior han servido para cubrir el déficit público, que el año pasado se situó por encima del 6% del PIB, y que está motivado por una caída de ingresos del Estado.

No obstante, ello no se ha traducido, hasta el momento, en recortes del gasto social en el país considerado la cuna de las rebeliones árabes. La economía tunecina sufrió una recesión en 2011 a causa de la desestabilización de las estructuras productivas, y muy especialmente del turismo, que provocó la revuelta que depuso al dictador Zine el Abidine Ben Ali. En concreto, el PIB cayó un 1,8%. Aunque el país recuperó la senda del crecimiento en 2012 –el gobierno estima un crecimiento del 2,4%–, no ha conseguido reducir de forma significativa la tasa de desempleo, que continúa cerca del 18%. Habida cuenta de que el nivel de endeudamiento de Túnez es relativamente bajo –cerca de un 50% del PIB, menor al de muchos países europeos–, el gobierno apostó por superar el impacto negativo de la inestabilidad política y social a través del flujo de fondos del exterior a créditos y transferencias a fondo perdido de algunos aliados tradicionales y otras potencias regionales.

Una de las características de su estrategia ha sido la diversificación de las fuentes de financiación. La UE, uno de los principales socios del gobierno tunecino, ha aportado estos últimos dos años un total de 390 millones de euros, buena parte de ellos en ayudas directas. Por su parte, Estados Unidos ha contribuido con cerca de 300 millones de dólares. Las agencias de cooperación de ambos tenían una importante presencia en este país, por lo que simplemente se ha aumentado el montante de la ayuda a través de procedimientos de urgencia. Por su parte, las potencias económicas regionales han aportado préstamos blandos con unas cantidades y plazos diversos.

Por ejemplo, Arabia Saudí se comprometió a enviar cerca de 2.000 millones de dólares a las arcas del gobierno, de los que ya se han transferido cerca de 900 millones. Qatar ofreció un crédito de 500 millones de dólares, y Emiratos Árabes Unidos (EAU) de unos 200 millones de dólares, una cantidad parecida a la de Turquía. Una vez recuperada su industria petrolífera, incluso Libia decidió colaborar con su vecino con 200 millones de dólares. Sin embargo, estas cantidades no han sido consideradas suficientes por el gobierno tunecino, que está en negociaciones con el FMI para solicitar un préstamo de 1.400 millones de dólares. De acabarse consumando, esta cifra se añadiría a los más de 1.000 millones de dólares concedidos por el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Uno de los objetivos de esta intervención financiera del exterior es facilitar el proceso de transición democrática del país, evitando su desestabilización, que tendría consecuencias negativas para la seguridad de sus vecinos y podría provocar un aumento de la inmigración ilegal hacia Europa. Sin embargo, en el caso de los gobiernos extranjeros, los fondos de ayuda tienen también el objetivo de reforzar los vínculos políticos con la nueva elite dirigente, así como facilitar la entrada en el país de sus empresas.

La importancia geostratégica de Egipto

La situación económica de Egipto nada tiene que ver con la de Libia, pero sí es bastante parecida a la de Túnez. Ahora bien, existen algunas diferencias importantes entre ambos países derivadas de su demografía y, sobre todo, su valor geostratégico. No en vano, Egipto alberga el Canal de Suez y tiene frontera con Israel. Sin duda, su economía es la que se encuentra en una situación más delicada. Según las cifras oficiales, el crecimiento económico en 2012 estuvo por debajo del 2%, y el paro oficial –mucho menor al real– aumentó en tres puntos. Ahora bien, lo más preocupante es que el déficit público anual supera el 11% del PIB, y el país está quemando sus reservas de divisas a marchas forzadas.

De los 36.000 millones de dólares que había en las arcas públicas antes de la revolución, solo quedan unos 14.000 millones. Esto ha provocado que las autoridades se hayan visto obligadas a devaluar la libra egipcia. De no aumentar su entrada de divisas pronto, se podría ver abocado a una brusca devaluación de graves consecuencias para los sectores más desfavorecidos del país. Para hacer frente a esta situación, Egipto también ha recurrido a la ayuda exterior. Estados Unidos continúa siendo su principal donante. A los 1.300 millones de dólares anuales –la mayoría en asistencia militar–, Washington añadió 165 millones en ayuda directa, y más de 300 millones en préstamos. Además, Barack Obama prometió condonar 1.000 millones de dólares de deuda. En la estrategia del gobierno egipcio, desempeña un rol clave la petición de un préstamo de 4.800 millones de dólares al FMI.

Su firma se ha aplazado en diversas ocasiones a causa de la inestabilidad política que padece el país. La importancia de este crédito no reside solo en su montante, sino en la señal que enviaría a los mercados del compromiso por parte del gobierno con una política de reformas estructurales. Debido a la enorme incertidumbre que rodea el futuro de Egipto, el gobierno ha tenido que financiar buena parte de su deuda en los mercados de capitales a un tipo de interés muy elevado, en torno al 13%. Varios países han condicionado la concesión de préstamos blandos a la firma del acuerdo con el FMI. Entre ellos, la UE, que ya envió más de 450 millones de euros en ayudas, pero prometió un paquete para los próximos años de unos 5.000 millones de euros.

Catar se ha significado como un aliado clave para el gobierno actual en varios frentes. Un alto cargo del ejecutivo llegó a declarar a la prensa que sin su ayuda, el país no habría podido hacer frente a algunos pagos. El emirato ha concedido ya 500 millones de dólares en ayuda directa, y otros 2.000 millones en préstamos. Ahora bien, la cifra aumentará próximamente a un total de 4.000 millones. Las otras monarquías del Golfo Pérsico, sobre todo los EAU, mantienen una relación más bien tirante con El Cairo desde la llegada al poder de los Hermanos Musulmanes. La razón es su temor a que la Hermandad exporte la revolución a la península, poniendo en peligro sus respectivas dinastías. Tras la revolución, Arabia Saudí prometió una asistencia de 4.000 millones de dólares, pero solo han llegado 1.700. De los 3.000 millones anunciados por los EAU, no ha llegado ni un céntimo.

En la prensa egipcia se ha especulado con que esta ayuda tendría una condición que no se ha cumplido hasta el momento: el indulto a Hosni Mubarak. Sin embargo, los embajadores de estos países han desmentido estos rumores. Sea como fuere, en el caso de Egipto los intereses de los diversos actores que han proporcionado ayuda son más evidentes. Por ejemplo, Estados Unidos pretende garantizar que el nuevo régimen mantendrá el acuerdo de paz de Camp David con Israel. Catar, un pequeño emirato con grandes pretensiones en la esfera internacional, quiere establecer una relación estratégica con Egipto que realce su estatus regional. De hecho, tras la reciente guerra de Gaza, se habló del surgimiento de un nuevo eje regional formado por países con gobiernos islamistas moderados, y en el que además de Egipto y Catar, también se encontrarían Túnez y Turquía. Los intereses de todos estos países no son solo políticos, sino también económicos.

Egipto posee un gran potencial por el tamaño de su mercado y su abundante mano de obra barata. Además, el ocaso de la elite empresarial corrupta afín al antiguo régimen ha abierto nuevas oportunidades de negocio. De ahí que Estados Unidos enviara el año pasado una de las mayores misiones empresariales de su historia, que incluía varias poderosas multinacionales. El gobierno turco, empeñado en restablecer su influencia en toda región gracias a su vigorosa economía, tampoco ha escatimado esfuerzos para facilitar la firma de acuerdos comerciales. Ante todos estos movimientos, los empresarios del Golfo, con importantes inversiones en el país, tampoco quieren quedarse atrás.