Transición en Mauritania

Tras unas elecciones libres y transparentes, el país debe definir el papel de los militares, reconocer a los partidos islamistas y mejorar las condiciones económicas y sociales.

Raquel Ojeda

Mauritania ha vivido un periodo de transición jalonado por una serie de convocatorias electorales y de reformas normativas e institucionales. Tras el golpe de Estado el 3 de agosto de 2005 y la instauración del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, se celebró un referéndum para aprobar la reforma constitucional el 25 de junio de 2006, las elecciones generales y municipales (16 y 26 de noviembre de 2006) y las elecciones indirectas para el Senado (21 de enero de 2007), así como las presidenciales (11 y 25 de marzo de 2007).

Además se han instituido una serie de organismos como el Comité Interministerial encargado de la Transición (cuya misión era supervisar, impulsar, programar y seguir el proceso para la instauración de un sistema democrático bajo el marco del consenso y la concertación), la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), la Alta Autoridad para la Prensa y el Audiovisual (HAPA) y el Observatorio Nacional de las Elecciones (ONE), que han puesto de manifiesto la voluntad de los militares en el poder de iniciar un proceso de cambio, aunque el funcionamiento de estas distintas instituciones haya sido muy desigual.

Destaca la CENI por su gran papel en el desarrollo de las elecciones y su independencia, mientras que el ONE no ha llegado a desarrollar su actividad como consecuencia de distintos enfrentamientos por los nombramientos de los cargos. En todo este proceso de transición ha habido una nota común, y es la voluntad de respetar los compromisos adquiridos por el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia. De ahí que se haya seguido de forma escrupulosa los principios de transparencia y limpieza en el desarrollo de las distintas convocatorias electorales bajo la atenta mirada y supervisión de la Unión Europea, a través de la Misión de Observación Electoral, la Unión Africana, la Organización Internacional de la Francofonía, la Liga Árabe, la Organización de la Conferencia Islámica y el National Democratic Institute for International Affaires (NDI).

Pero el aspecto que nos interesa resaltar es el de la elección presidencial y sus consecuencias en todo el sistema. El hecho de que estas elecciones supongan la clave de bóveda del sistema político, se debe a la propia construcción de éste sobre un modelo semipresidencialista, basado en la Constitución francesa de 1958. Sin embargo, estamos ante un fuerte sistema presidencialista a lo que debemos añadir la omnipresencia de los militares dentro del escenario político.

Los poderes reconocidos al presidente de la República son además de nombrar al primer ministro y convocar un referéndum, disolver la Asamblea Nacional. La política en África es muy personalista, el “gran hombre” que encarna al Estado debe gozar de la confianza de la población. Sin embargo, las elecciones libres son necesarias pero no suficientes para democratizar un régimen político.

Marco normativo y contexto político

La reforma constitucional de junio de 2006 no cuestiona en profundidad ni el modelo ni las reglas del juego político e institucional de Mauritania instaurados por la Constitución de 1991. Tampoco podemos olvidar que esta Constitución del 91, se inscribe en la denominada “tercera ola” de democratización vivida en los países africanos a partir de los años noventa.

Los principales cambios introducidos por la reforma constitucional de 2006 son: la limitación del mandato presidencial a cinco años, renovable una sola vez (artículo 26 “el presidente de la República es elegido por un mandato de cinco años por sufragio universal directo” y artículo 28 “el presidente de la República es reelegible una sola vez”); el presidente debe prestar juramento en el nombre de Alá; la Constitución instaura un sistema presidencial que reconoce al jefe del Estado importantes prerrogativas como la designación del primer ministro, pero también reconoce al Parlamento el voto de confianza y la moción de censura al gobierno, y se refuerzan los cambios introducidos por la Constitución para que no puedan ser alterados con las alternancias políticas (artículo 99 “ningún procedimiento de revisión podrá ser emprendido si cuestiona la existencia del Estado o supone un ataque a la integridad territorial, a la forma republicana del gobierno o al carácter pluralista de la democracia mauritana, así como al principio de alternancia en el poder y la limitación de mandatos del presidente de la República, previstos en los artículos 26 y 28 de la Constitución).

La Constitución de 1991, que sigue siendo la base sobre la que se levanta el sistema político y normativo, supuso el esfuerzo del régimen de Uld Taya por salir del impasse que le habían conducido años de recrudecimiento en su política interior así como el aislamiento en la política exterior. Es más, a partir de entonces, también se habló de un proceso de transición hacia la democracia y de la sincera voluntad política de Uld Taya de iniciar una serie de cambios dirigidos hacia la apertura del sistema. Mauritania ha sido descrita como una autocracia hegemónica con un Estado fuerte en el que han fracasado las reformas democráticas de la “tercera ola”.

En África lo más común es la presencia de “autocracias liberalizadas”, cuyos antecedentes son regímenes militares o de partido único que para sobrevivir deciden introducir medidas que hagan su entorno político más abierto. Los líderes hacen falsas promesas que luego no cumplen y gobiernan con mano dura. El régimen suele establecer límites al derecho de prensa, la creación de organizaciones cívicas, y al normal desarrollo y legalización de partidos políticos, incluso con la detención de sus oponentes.

De ahí, las reticencias ante la apertura de un nuevo periodo tras el golpe de Estado. Sin embargo, las primeras medidas tomadas por el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia fueron la disolución del Parlamento, el encuentro con los partidos políticos y distintos miembros de la oposición (algunos de ellos estaban en el exilio), y el establecimiento de una serie de compromisos que consiguieron atraer el respaldo internacional. No podemos olvidar la amnistía acordada a todos los mauritanos buscados o condenados por crímenes y delitos políticos que permitió la liberación de detenidos por haber participado en golpes de Estado e islamistas, así como la vuelta de líderes políticos en el exilio. Las primeras reacciones tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas y la Unión Africana fueron de condena del golpe de Estado.

Se llegó a barajar la suspensión de la ayuda destinada a Mauritania. El caso de la UE es de los más claros. La dotación financiera prevista por el Documento de Estrategia y el Programa Indicativo Nacional 2002-2007, en el marco del convenio de Cotonou (acuerdo firmado entre la UE y los países que forman parte del grupo África, Caribe y Pacífico), es de 191 millones de euros, lo que convierte a la UE en el principal donante para la cooperación de Mauritania. Esta suspensión no se llegó a ejecutar ya que los avances dados por el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia hicieron cambiar a la UE de opinión.

La UE replanteó su política y decidió abrir un periodo de consultas con Mauritania (según el artículo 96 del acuerdo de Cotonou), para llegar a un acuerdo sobre la situación política del país y obtener ciertos compromisos por parte del gobierno mauritano para iniciar un proceso de transición hacia la democracia. Efectivamente se alcanzó un acuerdo que se materializó en 24 compromisos, entre los que destacan los referentes a la celebración del referéndum electoral y de elecciones legislativas, municipales y presidenciales de forma transparente y libre.

Del mismo modo, el gobierno se comprometió a trabajar en la revisión del censo electoral, la constitución de una comisión electoral independiente así como en los plazos que debían transcurrir (antes de finales de mayo de 2007 la vida política debía retornar al orden constitucional) y ninguno de los miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia debía presentarse a las elecciones. El respeto de los derechos y libertades fundamentales y la implantación de la buena gobernanza representan otros dos ejes sobre los que se articularon los compromisos y que también han servido para generar unos informes elaborados de forma consensuada (entre los actores públicos y partidos políticos así como organizaciones no gubernamentales), que establecen un diagnóstico y las medidas para solucionar los principales déficit que sufren estas cuestiones en Mauritania.

Los informes elaborados por las tres comisiones interministeriales a lo largo de 2005 han abordado la transición democrática, la reforma de la justicia y la instauración de la buena gobernanza. Tras la comprobación del cumplimiento por parte del Consejo Militar y su gobierno de estos compromisos, la UE decidió el 29 de mayo de 2005 reiniciar los proyectos de cooperación.

Elecciones presidenciales en el periodo de transición

Ante la formación de la Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático (CFCD), constituida el 25 de mayo de 2006, con los partidos de la antigua oposición al régimen de Uld Taya, surgió el 8 de enero de 2007, otra coalición Al-Mizaq (Pacto o Convención), que reagrupaba a los partidos de la antigua mayoría y a los independientes. Su posición política e ideológica se centra en reclamar un cambio tranquilo dentro de la estabilidad, mientras que para la CFCD su principal objetivo era impedir que consiguieran el poder las fuerzas políticas hostiles a todo cambio político.

En la segunda vuelta las coaliciones se han roto y con ellas la lógica de la oposición. En realidad, la CFCD liderada en cierta medida por la RFD de Uld Daddah, no consiguió el apoyo del resto de la partidos de la oposición para presentar un único candidato de la coalición en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, sino que hubo 19 candidatos, y cuatro partidos de la CFCD con su propio candidato. Pero lo más sorprendente es que esta coalición no apoyara a Ahmed Uld Daddah frente a Sidi Uld Cheij Abdallahi, en la segunda vuelta.

La ruptura viene por uno de los líderes más emblemáticos, Messaud Uld Buljeir, de origen haratin que ha formado parte de la oposición más radical a Uld Taya y que, sin embargo, en esta ocasión se ha alineado con Uld Cheij Abdallahi y ha sido elegido presidente de la Asamblea Nacional. Sobre Uld Cheij Abdallahi que venció por un ajustado margen, 52,85% de los votos escrutados, ha pesado la sospecha a lo largo de toda la campaña electoral de tener el apoyo de algunos de los militares miembros del Consejo Militar para la Justicia y la Democracia. Este candidato independiente representaba para la opinión pública una política de continuidad con el anterior régimen.

Si como han afirmado los distintos informes de los observadores internacionales, las elecciones presidenciales han sido un claro ejemplo del esfuerzo de las autoridades de transición por respetar los principios de limpieza, transparencia y respeto a la voluntad de la ciudadanía, se puede deducir que el pueblo mauritano al elegir a Uld Cheij Abdallahi, ha preferido no romper de una forma brusca con su pasado más inmediato sino permanecer dentro de cierto continuismo. Quizá en estas elecciones es donde se ha podido observar con mayor nitidez la debilidad de los partidos políticos en su formato tradicional y no solo por la avalancha de candidatos independientes, sino por la presencia de otros factores más determinantes a la hora de establecer la elección del voto. Nos referimos a las influencias tribales, étnicas y regionales en el comportamiento electoral.

Los cleavages entre partidos son de carácter etno-político (estos grupos son los que coordinan la relación elector-partido, más allá de la relación voto-escaño), y no ideológico. En África, los partidos han sido instrumentos de movilización política después de 1945 y tras los procesos de independencia, las autocracias que se fueron instalando en África concedieron a los partidos políticos un papel muy limitado. A los regímenes coloniales les interesó construir y politizar los grupos étnicos pero los postcoloniales han reforzado los incentivos para mantenerlos y hasta, en algunas ocasiones, redefinirlos.

Conclusiones

El golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 fue vivido por la población y percibido por la opinión pública como una auténtica liberación. El periodo de transición gestionado por los militares ha querido ser el fruto del consenso y la concertación entre las fuerzas políticas (incluidas las de la oposición, salvo las islamistas que son negadas) y la sociedad civil, dando lugar a los documentos interministeriales sobre la buena gobernanza y la democratización, la reforma de la justicia y la administración, así como la reforma sobre la legislación de la prensa. En julio de 2006 se aprobó la nueva ley sobre la libertad de prensa.

Los periódicos gozan de libertad y en la actualidad hay una amplia gama que refleja sin problemas sus puntos de vista y sus posicionamientos políticos. Ni durante la campaña ni en los anteriores procesos electorales se ha podido comprobar ninguna traba desde las autoridades públicas a esta libertad. Sin embargo, sobre la televisión y la radio pesa aún el monopolio estatal. Aunque se ha echado de menos un verdadero debate político e ideológico en la prensa y en la televisión a lo largo de la campaña electoral.

Algunas de las razones esgrimidas para explicar el éxito y la procedencia de los golpistas son, en primer lugar, el deterioro del régimen de Uld Taya: la situación de inestabilidad política con un descontento político y social creciente y una permanente presencia de los militares en la escena política. La segunda razón se centra más en los aspectos económicos. Los recientes hallazgos de pozos petrolíferos, y las expectativas de enriquecimiento que han generado, han motivado una reestructuración de la correlación de fuerzas no sólo de carácter económico sino que también han pretendido tener su correspondencia a nivel político para garantizar el acceso y el aprovechamiento de estos recursos naturales.

La apertura hacia la participación generada por el proceso de transición, el hecho de haber cumplido con los compromisos adquiridos por el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia, y la limpieza y transparencia con que se han desarrollado todas las convocatorias electorales, así como el traspaso de poderes de los militares al nuevo Parlamento y al recién elegido presidente, no han hecho más que poner de manifiesto la importancia y la novedad de dicho proceso de transición en la historia política de Mauritania, con la generación de unas expectativas de democratización del sistema hasta ahora impensables.

A pesar de las altas tasas de participación y el clima de calma y tranquilidad con el que se han desarrollado las distintas campañas electorales y las votaciones, el sentido final del voto ha puesto de manifiesto que la opción de los mauritanos no ha sido la ruptura sino la continuidad con el anterior régimen. En las elecciones legislativas los candidatos independientes han obtenido 46 escaños sobre 95 (recordemos que muchos de ellos habían salido de las filas del antiguo partido en el gobierno, PRDS) y en las presidenciales el candidato ganador Sidi Uld Cheij Abdellahi, ha sido el que contaba con el apoyo de una elite económica y, especialmente, de un amplio sector de los militares (presentes en el Consejo Militar).

Las principales conclusiones son: que las elecciones han sido limpias y transparentes; a lo largo del periodo de transición se ha producido un incremento del número de partidos y la integración de la oposición dentro del juego político (si bien no han sido capaces de mantener la cohesión dentro de la CFCD), la mejora de la ley de la prensa y, por supuesto, la reforma de la Constitución de 1991. Estas afirmaciones no nos deben alejar de los grandes problemas que aún debe solucionar Mauritania.

En este proceso de democratización será decisivo el papel de los militares, el hecho de que acepten su vuelta a los cuarteles y su retirada del escenario político, el reconocimiento de los partidos islamistas que acepten las reglas del juego institucional, y la mejora de las condiciones económicas y sociales que maltratan a una gran parte de la población, ante la perspectiva de las futuras explotaciones petrolíferas.