La revolución árabe: una transición bajo ‘parole’

Los ciudadanos han manifestado su frustración por sus condiciones de vida, su impotencia para ser gobernados por hombres honrados y su deseo de justicia y libertad.

Domingo del Pino

Cuando la revolución se pone en marcha, escribía Henry Kissinger en 1954 en su tesis doctoral sobre el Congreso de Viena (A world Restored: Metternich, Castlereagh and the problems of Peace 1812-1822) lo importante es colocarse a su cabeza. Metternich, de quien Kissinger tomaba prestada la frase, se refería a un tipo especial de desorden entre los Estados; pero tanto si es entre Estados como entre gobernantes y gobernados, lo propio de una revolución es crear un orden nuevo o restaurar uno que había sido alterado. Algunos medios de comunicación y algunos políticos han llamado revolución a lo que ocurre desde enero en el mundo árabe, pero en realidad se ha producido algo de mucho mayor calado: con sus manifestaciones en la calle, los ciudadanos árabes advirtien a sus gobernantes de su frustración de muchos años por no ver mejoradas sus condiciones de vida; su impotencia para hacerse gobernar por hombres capacitados y honrados; y su deseo de vivir con justicia y libertad.

Que un millón de egipcios se hayan manifestado durante 18 días consecutivos en la histórica plaza Tahrir sin desbordamientos, confirma la dignidad en la pobreza de un pueblo que padeció durante 30 años las consecuencias de unas guerras que, no obstante, apoyó. Durante los últimos 30 años ese pueblo ha vivido bajo un presidente que ha gobernado con la certeza de que el paso por el poder puede ser breve, aunque en el caso de Hosni Mubarak no lo haya sido, y que hay que aprovecharlo. Pero Mubarak no es el único que intentó eternizarse en el poder.

Descontando a las monarquías hereditarias, entre los civiles y militares que gobiernan hoy, Muammar el Gadafi en Libia está en el poder desde septiembre de 1953; el presidente Abdullah Saleh de Yemen, 33 años; Abdelaziz Buteflika está en el entorno del poder desde la independencia de Argelia de 1962, salvo unos años de exilio por sus desavenencias con Chadly Benyedid, y es presidente desde 1999. Una presencia tan dilatada en el poder hizo que algunas monarquías intentaran adoptar formas republicanas como elecciones, constituciones y partidos políticos, mientras que algunas repúblicas, como Libia, Egipto, Siria, intentaron copiar a las monarquías lo que éstas tienen de hereditario.

En todos los casos la rentabilidad del usufructo del poder ha sido extraordinaria,como atestigua, entre otros, el escalafón de súper ricos que publica anualmente la revista Forbes. Con la cautela con que hay que tomar estas cifras, y descontando una vez más a los ricos reyes y emires de países productores de petróleo, cuyas fortunas personales se confunden con la de sus Estados, al rey de Marruecos, a Gadafi, a Mubarak, y a Zine El Abidine Ben Ali, entre otros, se les atribuye una fortuna personal superior a los 4.000 millones de dólares. El Citigroup, una división del Citigroup Global Markets, había advertido desde hace unos años que el mundo se dividía cada vez más entre la plutocracia y el resto, los muy ricos y los muy pobres, aunque ahora hay que incluir entre los plutócratas a dictadores que no crean riqueza.

El último Global Risk Report del conservador Grupo Davos reconocía que “la globalización ha aumentado la brecha de la riqueza y la pobreza”. Los premios Nobel de economía, Joseph Stiglitz y Paul Krugman, han coincidido a su vez en colocar en el punto de mira al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), los cuales, en palabras de Stiglitz “han desviado la globalización del camino correcto”. En su libro Making Globalisation Work, Stiglitz escribía que “esas instituciones tienen el poder de dictar las políticas económicas a los países en desarrollo” y que “con frecuencia esas políticas están mal orientadas”. Una apreciación parecida le merece la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la que escribe que “está muy alejada de los procesos democráticos” y que ha “sabido orientar las políticas para que les beneficien a ellos mismos”.

Por último, Dominique Strauss-Kahn, director del FMI, reconocía en febrero en Singapur que el sistema monetario “debe ser reformado para evitar que sea la semilla de la próxima crisis”; que aunque 500 millones de personas han salido de debajo del umbral de la pobreza en las últimas décadas, subsisten las desigualdades en los ingresos; y que para remediar gradualmente esa situación es necesario invertir en educación, innovación y capacitación, sin descuidar las prestaciones sociales. Reconocía asimismo que vuelven los desequilibrios mundiales de antes de la crisis, uno de los cuales, recordaba, es el elevado desempleo y la creciente desigualdad de ingresos y de la riqueza. Y apuntaba el gran reto de la próxima década: proporcionar empleo a los 400 millones de jóvenes más que llegarán al mercado del trabajo.

Consecuencias de las políticas del FMI y del BM para los países del Sur

Son opiniones desde organizaciones a las que el Sur atribuye la responsabilidad de la crisis y de la dramática situación en que viven un número cada vez mayor de países y de ciudadanos. Las percepciones en los países afectados por las políticas del FMI y del BM son mucho menos complacientes. Los economistas de esos países han denunciado de forma persistente al FMI, BM y OMC, en los últimos 20 años.

Recordar todas esas críticas sería demasiado extenso. Me referiré a una sola, la del economista y ministro de Economía de Argelia durante el gobierno reformista de Mulud Hamruch (1989-1991), Ghazi Hiduci, que las explicaba así hace un tiempo al mensual francés Confluences: “Para el FMI lo importante es que las economías se organicen para generar los excedentes necesarios para reembolsar la deuda reescalonada”. El ex ministro señalaba que “a cambio de los sacrificios consentidos en cumplimiento de las medidas del FMI (dejar flotar la moneda, liberar las transacciones de capital, liberar los precios y los intereses, etcétera), Argelia esperaba capitales e inversiones directas que no llegaron”.“ Lo que hubo”, añadía, “fue transferencia de renta al exterior”.

Pero Hiduci no culpaba solo al FMI sino también al déficit democrático de su país, a la utilización de la renta por la burocracia del Estado sin ninguna transparencia, a las empresas subvencionadas y al sector especulativo. “El resultado”, explicaba, “es una población pauperizada que cada vez cree menos en soluciones que no sean radicales”. Como ilustración de lo que decía Hiduci, Said Saadi, diputado por Argel y jefe del Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia (RCD) hacía, a principios de febrero, el siguiente balance de la economía argelina: “dos millones de hectáreas irrigables están baldías desde hace 40 años; Argelia, que en el pasado exportaba cereales, importa hoy lo esencial de sus productos alimentarios…

Solo en 2010 más de 9.700 disturbios, de importancia desigual, han sacudido al país. Eso sin contar el pillaje de nuestras reservas petroleras y gasísticas, confiscadas por una casta de privilegiados”. Vivimos pues en un mundo en general más rico pero a la vez más desigual. El diferencial de renta tan publicitado entre el norte y el sur del Mediterráneo, del que casi siempre se toma como ejemplo al que separa la renta per cápita de España con la de Marruecos, no es el único ni el más importante en esta zona del mundo. A juzgar por los datos estadísticos que divulga la Liga Árabe, la riqueza y la pobreza de los países árabes depende de si son productores y exportadores de petróleo o no.

El PIB per cápita de Qatar (75.900 dólares en 2010) es 126,5 veces superior al de Somalia (600 dólares); 19,97 veces el de Marruecos (3.800 dólares); 14,1 vez el de Egipto (5.400 dólares); 9,37 veces el de Argelia (8.100 dólares), y así sucesivamente. Otra brecha significativa, que recuerda la escasa importancia relativa de la renta per cápita para hacerse una idea de la distribución real de la renta es que, según datos recogidos entre economistas marroquíes, en 1960 el 40% de la población marroquí recibía el 60% de la renta. En la última década, el 20% de la población acapara el 80% de la renta y dentro de ese 20%, un 5% se beneficia a su vez del 80% de esa misma renta.

Algunos economistas como Jacques Attali en su libro La crise, Et après? (Fayard, diciembre 2008) se inclinaban por creer que la crisis financiera de 2008 es ante todo una crisis sistémica. Pero los sistemas económicos no abundan: el comunismo se desinfló en 1989 y, por el momento, y en teoría no existe un sistema alternativo al capitalismo. Con los instrumentos teóricos de análisis y de gestión que éste proporciona, podría concluirse que existen limitaciones objetivas para un reparto mundial equitativo de la riqueza cuyas fuentes a su vez no están repartidas equitativamente entre países.

Como la economía es la base de la política, puede que esas limitaciones económicas sean a su vez limitaciones políticas que condicionan el avance de la democracia en el mundo árabe y en general. En este sistema mundial acotado por instituciones internacionales como el FMI, el BM y la OMC, algunos países como Egipto, no parecen tener solución objetiva. Con más de un millón de kilómetros cuadrados de extensión y 76,7 millones de habitantes (2009), Egipto solo dispone de 40.000 kilómetros cuadrados cultivables para alimentar a su población que crece a un ritmo de un millón de habitantes más al año. Las proyecciones demográficas del FMI calculan que para 2015 la población de Egipto será de 86,38 millones de habitantes, pero para entonces el diferencial con 2014 será ya de 1.694.000 egipcios más en un solo año.

Los optimistas datos macroeconómicos que el FMI esgrime con frecuencia no pueden ocultar, como señala el BM, que el 40% de la población egipcia vive por debajo del umbral de la pobreza (dos dólares al día), que el desempleo alcanza al 25% de la población activa, y que la inflación de los precios de los alimentos supera el 17% en la actualidad. Marruecos es uno de los alumnos preferidos del FMI, el BM y el Club de Acreedores de París. No obstante, a finales de 2009 esas instituciones le advertían de que para lograr un crecimiento mayor del 5% logrado ese año, era necesario llevar el déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB y continuar con la reducción gradual de los subsidios a los productos de primera necesidad, algo que la crisis mundial a partir de 2008 y los aumentos del precio de los alimentos no iban a permitir.

El propio FMI parece estar de acuerdo en que después de las reformas y los ajustes económicos, todavía será necesario un crecimiento económico de dos cifras para garantizar la sostenibilidad del desarrollo económico de Marruecos. Por el momento, el crecimiento de los países árabes se sitúa en una horquilla entre el 3,5% y el 5%. Adversarios y partidarios del FMI, BM, OMC… no coinciden, como era de esperar, en su apreciación del papel que estas instituciones desempeñan, pero lo que ninguno parece dudar es el elevado coste social y humano que han originado. La brecha entre pobres y ricos se ha agrandado; las reformas se tradujeron siempre en recortes sociales; los mejores datos macroeconómicos no han tenido ninguna repercusión positiva en la cesta de la compra de las familias y la creación de puestos de trabajo sigue siendo insuficiente, no ya para proporcionar un empleo a los millones de jóvenes que llegan anualmente al mercado de trabajo, sino para reabsorber la pérdida del empleo.

Ningún poder puede, y mucho menos aquellos que formaban parte del régimen de los dictadores que abandonaron su país tras las manifestaciones, garantizar que las transiciones que se han abierto y que ellos dirigirán, desembocarán en más democracia y más justicia social. La esperanza puede que no esté en quienes deben reformarse a sí mismos, algo sobre lo que no existe ningún precedente, sino en algunos hechos que han pasado relativamente desapercibidos: los discursos del presidente norteamericano, Barack Obama, el 4 de junio de 2009 en El Cairo y ante el Parlamento de Accra (Ghana) ocho días después parecen anunciadores de esta transición pacífica hacia la democracia y la buena gobernanza.

A menos que los otros regímenes decidan usar la fuerza contra los ciudadanos, esa transición pacífica y ordenada podría tener lugar. Sin embargo, la intervención de la policía y los cuerpos de seguridad el 12 de febrero en Argel para hacer abortar la marcha convocada para ese día, es un mal presagio.