La fortaleza Europa se construye hacia el Sur

De la Directiva de Retorno al Pacto de Inmigración, la política de la UE adopta un sello claramente securitario y se basa en un enfoque unidimensional.

Mehdi Lahlou

Es bien sabido. Nicolas Sarkozy, presidente francés y de la Unión Europea (UE) hasta finales de diciembre de 2008, constituyó su fondo de comercio electoral en el ministerio del Interior de su país –del que fue titular entre abril de 2002 y marzo de 2004, para luego volver a ocupar la cartera entre junio de 2005 y marzo de 2007–, enfocando su acción, y su virulencia, principalmente en el tema de la seguridad y la cuestión migratoria (en este y otros sentidos, sus convicciones y proceder recuerdan mucho a los del antiguo presidente del gobierno español, José María Aznar).

En vísperas de llegar al Elíseo, declaraba concretamente que “la política de inmigración debe ocupar el primer lugar de nuestra agenda nacional, de nuestra agenda europea, de nuestra agenda internacional”. El 5 de marzo de 2007, en Marsella –ciudad que simboliza el “problema” que pretende resolver– afirmaba que, precisamente como ministro del Interior francés, había logrado tres “rupturas”:

– Primera ruptura: el procedimiento de demanda de asilo ya no es “una fábrica de clandestinos”.

– Segunda ruptura: hemos acompañado a sus países de origen a varias decenas de miles de extranjeros.

– Tercera ruptura: hemos empezado a escoger los flujos de inmigración legal que llegan a nuestro país, reorientando la política de expedición de visados y tarjetas de residencia.

Convertido en presidente en mayo de 2007, su balance en este asunto es conforme a sus proyectos, tanto en el plano nacional como en el europeo.

A escala nacional, destacan tres hitos:

– En el terreno institucional, al llegar al Elíseo, Sarkozy creó un nuevo ministerio de Inmigración e Identidad Nacional. Por primera vez en la historia del país vecino, se encomienda a un ministerio en pleno ejercicio la responsabilidad de gestionar la totalidad del periplo de un “extranjero candidato a la inmigración”. En realidad, mediante una amalgama entre emigración e identidad nacional, ese ministerio –encargado de hecho de la policía y de la “caza” de inmigrantes– parece ser, en primer lugar, un guiño a la extrema derecha, cuyos votos tuvieron mucho que ver con la elección de Sarkozy.

– El segundo elemento consistió, en virtud del “principio de soberanía”, en poner los medios para una “inmigración selectiva”, con el fin de que Francia pueda “escoger a quién quiera y quién pueda acoger en su territorio”.

– El tercer logro es de orden cuantitativo. Tiene que ver con un “rendimiento” numérico, según el cual el número de “traslados al puesto fronterizo” constituye un indicador de buena política. Así, entre el 1 de junio de 2007 y el 31 de mayo de 2008, 29.729 inmigrantes clandestinos fueron acompañados a su país de origen, lo que supone un incremento sin precedentes –en palabras del ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Brice Hortefeux– del 31 % con respecto al periodo anterior. Y “la tendencia correspondiente a los cinco primeros meses del año (2008) es similar”. Es más, siempre según el mismo ministro, “el número de extranjeros en situación irregular que aceptan marcharse voluntariamente va en aumento: en un año, se ha multiplicado casi por cinco, más de un 374%. Aparte del estímulo económico, los interesados comprenden que les interesa respetar las reglas y regresar a su país con un proyecto profesional, en condiciones dignas”.

En el contexto europeo, el presidente francés hará más presión sobre sus homólogos de la UE –sobre todo Italia y España–, para acelerar el ritmo en materia de política migratoria europea e ir en la misma dirección que el nuevo ejecutivo francés.

La Directiva de Retorno

En ese sentido, los 27 ministros del Interior de la UE, reunidos el 5 de junio en Luxemburgo, pactaban la Directiva de Retorno. Dicha directiva –que provocaría un clamor de protesta en la sociedad civil europea y entre muchos jefes de Estado africanos y latinoamericanos (el presidente boliviano, Evo Morales, la calificó de “Directiva de la Vergüenza”)– prevé, principalmente, “la unificación de las normas y los procedimientos relativos al regreso de los residentes de terceros países que habiten ilegalmente en el territorio de los Estados miembros”.

Entre otras cosas, el texto fija en 18 meses la duración máxima de detención de los inmigrantes ilegales antes de su expulsión: un máximo de seis meses, en un primer momento, que podrá prolongarse a 12 meses en ciertas circunstancias, como la falta de colaboración del país de origen del inmigrante negándose a aceptar su regreso. Asimismo, establece un periodo de cinco años de prohibición de volver a entrar en territorio de la UE para los inmigrantes ilegales.

La Directiva de Retorno, anterior al Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, se adoptó el 18 de junio en el Parlamento Europeo, con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones. Las enmiendas propuestas por quienes se oponen al texto se rechazaron sucesivamente, con márgenes de más de 100 votos.

El Pacto Europeo de Inmigración y Asilo

Tras convertir el gobierno francés la unificación de la política europea migratoria en una de sus prioridades, Francia deseaba alcanzar un “pacto sobre la inmigración” desde su llegada a la Presidencia de la UE el 1 de julio de 2008 (“Ahora se espera de Europa que proteja a los europeos de los riesgos de la globalización”, declaró Sarkozy, en una entrevista emitida por el canal de televisión francesa France 3, el 30 de junio de 2008).

El texto de dicho pacto, que todos los ministros del Interior de la UE acordaron el 7 y el 8 de julio en Cannes, Francia, debe ser adoptado por el Consejo Europeo en octubre de 2008. El documento, que parte de la voluntad de “proteger a Europa” –según el presidente francés, “del calentamiento climático, la energía cara y la inmigración irregular”–, se sitúa en una postura de “cierre” con respecto a los países de procedencia de los inmigrantes irregulares, al aceptar la preeminencia del principio de la “Preferencia comunitaria” como fundamento político y base de la política migratoria unificada de Europa.

El proyecto de Pacto, tal como se ha acordado, pretende ser un texto equilibrado entre la voluntad de “luchar contra la inmigración ilegal” y el deseo de “favorecer las sinergias entre las migraciones y el desarrollo”. Así, se divide en cinco objetivos:

– Organizar la inmigración legal: con ello, los artífices del proyecto quieren tener en cuenta las necesidades, prioridades y capacidades de acogida determinadas por cada Estado miembro y favorecer la integración. El Pacto, pues, llama a los 27 países de la UE a desarrollar la inmigración profesional y a potenciar el atractivo de la UE para los trabajadores muy cualificados. En materia de empleo, deberá respetarse la preferencia comunitaria. Por último, antes de acoger a inmigrantes, los Estados deberán asegurarse de que éstos dispongan de los ingresos necesarios para instalarse en el país de acogida y de un nivel de idioma suficiente para integrarse.

– Combatir la inmigración ilegal: el objetivo es garantizar el regreso de los extranjeros en situación irregular a su país de origen o a un país de tránsito. Así, los países de la UE deberán coordinar sus acciones y renunciar a las “regularizaciones masivas”. Además, se firmarán acuerdos de readmisión “con los países para los que sea necesario”.

– Reforzar la eficacia de los controles en las fronteras: desde esta óptica, Francia ha pedido a sus socios europeos que se comprometan en la generalización de la expedición de visados biométricos, a más tardar el 1 de enero de 2012, y que refuercen los medios de la Agencia de protección de las fronteras exteriores de Europa (Frontex), instituida en octubre de 2005, con sede en Varsovia, encargada de coordinar la acción de la policía de fronteras.

– Erigir una “Europa del asilo”: a partir de 2009, se creará una oficina cuya misión será facilitar los intercambios de información. Además, la Comisión está invitada a formular propuestas, a fin de instaurar en 2012 un “procedimiento de asilo único” y adoptar “estatutos uniformes de refugiados”.

– Potenciar el codesarrollo: el Consejo Europeo se compromete a apoyar el desarrollo de los países interesados y a construir con ellos un estrecho partenariado para favorecer las “sinergias entre las migraciones” y el desarrollo armonioso de los países de origen. Tras una lectura rápida de las cláusulas del documento, surgen los siguientes comentarios:

– Este Pacto lleva claramente el sello del antiguo ministro del Interior y actual presidente francés: dotado de un fuerte matiz ideológico “securitario”, se basa en un enfoque unidimensional. Por ejemplo, no se tienen en cuenta –ni siquiera se mencionan– los efectos negativos de la globalización sobre los países de origen de los inmigrantes, ni tampoco los acuerdos de asociación firmados por la UE con distintos países del Sur.

– Este documento va en contra del curso de la historia y de las llamadas a la apertura y a la liberalización de los intercambios económicos, financieros y humanos teóricamente inscritas en la filosofía que originó, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) La referencia a la “preferencia comunitaria”, además de política e ideológicamente peligrosa, es, de hecho, errónea. Un país como Francia, por ejemplo, recibe más del triple de recursos financieros de sus residentes en el extranjero de los que recibe Marruecos (así, Francia obtuvo un total de 12.500 millones de dólares en concepto de las transferencias de ahorros realizadas en 2007 por sus residentes en el extranjero, mientras que Marruecos sólo recogió 5.700 millones de dólares). Asimismo, podría conllevar una respuesta de los implicados, en especial África. ¿Qué diríamos en Europa si países como Marruecos, Senegal o Egipto, alegando la “preferencia nacional”, empezaran a volverse atrás sobre las operaciones de privatización, por ejemplo? Las “uñas y dientes” –según la expresión utilizada por el presidente francés que, a principios de 2008, afirmó que quería perseguir “con uñas y dientes” el punto de crecimiento que requiere su país– no bastarían para encontrar los puntos de crecimiento que les faltarían a las economías europeas tras desencadenarse semejante proceso ahí donde los países de la UE tienen intereses.

– Este Pacto es, en el mismo sentido, muy desequilibrado. En un documento de siete páginas, el objetivo del codesarrollo, presentado como un medio de reabsorción de los inmigrantes irregulares directamente en las regiones de procedencia, no ocupa más que unos renglones. Además, la redacción de ese propósito implica una contradicción fundamental, puesto que, aunque el pacto pretenda en conjunto reducir de manera absoluta los flujos de migraciones de ciudadanos del Sur hacia el Norte, convierte, paradójicamente, la inmigración en un instrumento de desarrollo. Así, a pesar de pedirse explícitamente a los gobiernos de los países del Sur –africanos, en este caso– que hagan todo lo posible para reducir la emigración de sus ciudadanos, se les aconseja que basen sus políticas de desarrollo en los recursos transferidos por sus propios emigrantes.

– Este pacto se basa en un enfoque extremadamente egoísta de las relaciones internacionales, incluyendo las existentes entre ricos y pobres. Pretende –sin una contrapartida veraz en, por ejemplo, el terreno del reequilibrio de las relaciones económicas y financieras entre esos mismos países– que, en lo que respecta a la cuestión migratoria, los países de origen y de tránsito obren sólo en beneficio de la UE y sus países miembros.