Inmigración y empleo

“El mercado laboral español ya no demanda tanta mano de obra como antes, por eso es normal que se recurra menos a la contratación en origen” explica el ministro de Trabajo e Inmigración.

ENTREVISTA con Celestino Corbacho por Gemma Aubarell

Desde su nombramiento como ministro de Trabajo e Inmigración en abril de 2008, Celestino Corbacho ha puesto en marcha varias medidas, algunas polémicas, para luchar contra la inmigración irregular y afrontar la tendencia creciente del desempleo: Plan de retorno voluntario de los inmigrantes en paro, revisión de la Ley de Extranjería, además de las adoptadas por la Unión Europea, como la Directiva de Retorno y el Pacto de Inmigración y Asilo. En sus respuestas, Corbacho explica cómo su ministerio adecuará la política migratoria a la situación de crisis tratando de no ignorar la necesidad de mano de obra extranjera.

AFKAR/IDEAS: En el momento actual, y especialmente en el contexto de crisis económica, la reformulación de su Ministerio refuerza la visión de que empleo e inmigración son dos ámbitos estrechamente vinculados. ¿Cómo ve usted esta relación entre empleo y migraciones y cómo pretende gestionarla desde el Ministerio?

CELESTINO CORBACHO: Por mi experiencia como alcalde, tengo claro que la inmigración debe ir estrechamente ligada al mercado de trabajo. Por una cuestión muy simple: si queremos que haya una verdadera integración en la sociedad de acogida, es imprescindible que demos a los recién llegados los instrumentos para ganarse la vida con los mismos derechos y los mismos deberes que tienen los ciudadanos y ciudadanas de España. La inmigración legal, que llega a España para buscar un futuro mejor con una oferta de trabajo bajo el brazo, garantiza que los derechos como trabajadores se van a respetar. La inmigración ilegal comporta un retroceso en los derechos, y eso perjudica tanto al inmigrante como al conjunto del país que lo debería acoger. Por todo esto, desde el Ministerio de Trabajo nuestro empeño es conseguir que vengan los inmigrantes que haga falta, pero no más.

A/I: En este ámbito, usted ha manifestado su interés en trabajar en el consenso con los actores económicos y sociales. ¿Cómo se está llevando a cabo la articulación de este consenso? En este sentido, tanto el Plan de ayuda al retorno voluntario como la propuesta de restructuración de la contratación en origen han originado cierto revuelo en el plano social.¿Qué desarrollo se prevé de estas medidas así como del diálogo social? ¿Se han tenido en cuenta las posibles consecuencias de ambas iniciativas para los países de origen? ¿Se sigue considerando la contratación en origen un tema esencial más allá de la actual coyuntura económica?

C.C..: En la pasada legislatura, el diálogo social dio unos frutos muy importantes. Desde que se logró el primer acuerdo, con consenso de todos los agentes sociales, se han creado 4,7 millones de puestos de trabajo, 1,6 millones de mujeres se han incorporado al mercado laboral y la siniestralidad bajó en un 13% en 2007. En esta legislatura, con un contexto económico más complejo, la concertación social tendrá un papel aun más relevante. Las mejoras que se consigan afectarán por igual a todos los trabajadores y trabajadoras, claro está, independientemente de su procedencia. Sobre el Plan de ayuda al retorno voluntario, pretende simplemente ser una medida más que ponemos a disposición de los inmigrantes que pierden el empleo. Les damos la posibilidad de cobrar la prestación por desempleo a la que tienen derecho en dos únicos pagos, de forma que puedan invertir el dinero en su país de origen. Es el concepto de migraciones circulares, en las que las personas pueden venir a España a trabajar, formarse, mejorar su cualificación y su experiencia laboral y al final volver más fácilmente a su país, donde pueden aportar todo el conocimiento que hayan adquirido.

Creo que eso va a repercutir positivamente también en los países de origen, al contribuir a su desarrollo. Por eso no es una medida coyuntural, sino que se va a mantener en el tiempo como una herramienta más a disposición de estas personas. En lo que respecta a la contratación en origen, no se trata tanto de reformular el sistema como de constatar una situación clara: el mercado laboral español ya no demanda tanta mano de obra como antes. Por tanto, es normal que no se busque tanto la contratación en origen. Y más teniendo en cuenta que aquí tenemos parados –entre ellos, muchos extranjeros– que pueden aspirar a cubrir los puestos de trabajo vacantes, sin necesidad de recurrir a la mano de obra que actualmente se encuentra en otros países.

A/I: Por otra parte, tiene previsto enviar al Parlamento una propuesta de reforma de la Ley de extranjería con el fin de adecuarla a la situación económica y social, y para actualizar todas aquellas cuestiones que, con la experiencia de años,puedan ser mejoradas. ¿En qué se traducirían estas mejoras? Si la reforma responde a la nueva situación económica de desaceleración, ¿hasta qué punto puede terminar frustrando las perspectivas de los extranjeros residentes en España?

C.C..: La Ley de extranjería tiene pendientes algunas modificaciones que son fruto de la sentencia del Tribunal Constitucional, y otras que deberemos hacer para adaptarla a las normativas europeas. Ahora bien, el momento de hacer estas reformas puede aprovecharse también para solucionar algunos aspectos que posiblemente no están bien resueltos. Yo mismo he apuntado que deberemos reflexionar sobre el reagrupamiento de jóvenes entre 16 y 18 años: están en edad laboral, pero con la ley en la mano no les permitimos trabajar y contribuir así a los ingresos familiares. En estos casos, convendría que al reagrupar se concediese al mismo tiempo el permiso de trabajo a estas personas. Sobre la última cuestión, hay que dejar claro que las leyes en general no están para irlas cambiando según una coyuntura específica, sino para tratar cada aspecto desde una perspectiva global, lo suficientemente amplia y flexible como para mantener su validez independientemente del contexto económico de cada momento. Eso incluye la Ley de extranjería, de modo que estas reformas no responden tanto a la situación económica de hoy como a unas necesidades que van más allá de la actualidad.

A/I: En cuanto a la iniciativa de impulsar el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales, ¿en qué condiciones se prevé que se pueda ejercer este derecho? ¿Cree que es previsible lograr una mayoría parlamentaria a corto plazo?

C.C.: Estamos aún al principio de este proceso. La voluntad del gobierno en este sentido es clara. Ahora bien, esto tiene implicaciones a nivel internacional, ya que debemos acordar con los países de origen que sus ciudadanos puedan votar en las elecciones de los municipios donde habitan. Por tanto, abarca más allá de las mayorías parlamentarias: no podemos tomar decisiones unilaterales. Con todo, el tema está sobre la mesa y tenemos claro que dar a los inmigrantes legales un derecho como el de elegir a sus representantes en las instituciones es un paso fundamental si queremos que haya una integración real en nuestra sociedad.

A/I: Marruecos es uno de los países en donde se siguen más de cerca las evoluciones de España en materia de migraciones. Asimismo, existe una realidad que vincula ambos países mediante la inmigración, y de forma creciente mediante las remesas enviadas a su país por los trabajadores marroquíes residentes en España. ¿Cómo se prevé aprovechar este potencial de codesarrollo? ¿Pueden las nuevas propuestas afectar en alguna medida el ritmo de crecimiento de estas remesas?

C.C.: Marruecos, en efecto, es uno de los principales países de procedencia de los inmigrantes que llegan a nuestro país. Con las autoridades marroquíes tenemos una relación fluida y fructífera, que nos permite gestionar cada vez mejor los flujos migratorios. Los acuerdos suscritos son una herramienta vigente y útil, y precisamente permite mejorar esos intercambios. El concepto de migraciones circulares permitirá profundizar en nuestras relaciones, evidentemente. Ahora bien, como ya he apuntado, el cambio en el ciclo económico español puede comportar que los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, tengan más dificultades para encontrar empleo.

A/I: España y los países del Magreb cooperan estrechamente en el ámbito de migraciones en diversos marcos, el Diálogo 5+5 y la iniciativa euroafricana sobre migraciones y desarrollo. ¿Cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento y qué potencialidades presentan de cara al futuro?

C.C.: El principal resultado es que se va generando un entramado de relaciones de cooperación entre países de las dos riberas que ya comparten principios, objetivos y métodos relativamente comunes. Hay un espacio común de cooperación que se ha consolidado en el terreno bilateral plenamente con Marruecos y cada vez más espacios de cooperación multilateral. Es un proceso lento y no exento de dificultades pero que, sin duda, avanza en una dirección muy positiva.

A/I: En el ámbito europeo, son evidentes los esfuerzos legislativos de las instituciones para dar mayor coherencia a las políticas europeas en materia de inmigración. Sin embargo, ¿puede una política común responder a situaciones distintas en cuanto a inmigración entre los países europeos? ¿Responde en realidad a las expectativas de nuestros vecinos al sur del Mediterráneo? ¿En qué medida se interpreta la nueva directiva como un beneficio para los derechos de nuestros vecinos?

C.C.: Creo que Europa ha dado un paso importante en lo que respecta a la política común en materia de inmigración con el reciente Pacto Europeo sobre la Inmigración y Asilo. Es un acuerdo equilibrado y conjuga tanto la lucha contra la inmigración irregular y las mafias que trafican con seres humanos, como la vinculación de la gestión de los flujos a las necesidades del mercado de trabajo, a la vez que recoge los principios fundamentales de la política seguida por el gobierno español. Es una buena noticia que se haya llegado finalmente a un consenso. Como en toda negociación, hay aspectos que nos gustan más y otros que nos gustan menos, pero el conjunto es favorable para lograr los objetivos que nos hemos fijado. Lo que queda claro es que cualquier flujo migratorio que no sea el legal produce dos efectos: la degradación del mercado de trabajo y la regresión de las conquistas sociales.