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¿Hay un final a la vista para la guerra de Yemen?

Afrah Nasser
Periodista yemení galardonada con el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y ex investigadora en Human Rights Watch.
Personas afectadas por la guerra esperan para recibir comida gratis. Saná, abril de 2022. (Mohammed Hamoud/Getty Images)

A pesar de la enorme atención del mundo hacia Ucrania, la comunidad diplomática internacional está cada vez más pendiente de Yemen. Quizá haya numerosas razones para ello, pero en Yemen muchos expertos piensan que este creciente interés se debe a la crisis energética global entre las amenazas de los hutíes contra el segundo país con mayores reservas de petróleo del mundo, Arabia Saudí, y el séptimo, Emiratos Árabes Unidos.

Los recientes ataques militares de los hutíes, cada vez más sofisticados, contra instalaciones energéticas de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes Unidos representaron un punto de inflexión en el conflicto de Yemen, que llevó a estos países ricos en petróleo y a la comunidad internacional a dar prioridad a la seguridad energética global sobre cualquier otra cuestión.

YEMEN, UNA GUERRA CON MUCHOS NIVELES

Lo que empezó en septiembre de 2014 como una guerra civil entre las fuerzas del grupo rebelde yemení y las fuerzas gubernamentales del presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, después de que el grupo armado hutí, aliado del expresidente Ali Abdullah, tomara militarmente Saná (capital de Yemen, situada al Norte), se transformó el 26 de marzo de 2015 en una guerra total entre los hutíes y una coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Cuando los hutíes tomaron Saná, Hadi pidió a Arabia Saudí que interviniera militarmente para poner fin a la ocupación. Esta, al frente de una coalición de varios países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, inició entonces una campaña de bombardeos aéreos contra los hutíes en Saná y otras partes del país. Durante el conflicto, la coalición ha cometido ataques ilegales, algunos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra, dirigidos contra objetivos civiles como residencias, hospitales, mezquitas y escuelas. A pesar de que cada vez hay más pruebas sobre violaciones del Derecho Internacional Humanitario que podrían constituir crímenes de guerra, los Estados siguen suministrando armas por valor de miles de millones a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. El conflicto de Yemen constituye un negocio lucrativo para las empresas de defensa y los fabricantes de armas de los países occidentales. En 2021, en una entrevista con el canal de televisión árabe Al Yazira, el ex enviado especial de la ONU para Yemen, Yamal Ben Omar, que había sido testigo del comienzo del conflicto, señaló que los Estados occidentales se han beneficiado desde el primer día. Recordaba que, cuando la coalición anunció su operación militar en Yemen en el Consejo de Seguridad de la ONU, los países occidentales se apresuraron a llegar a un acuerdo con los miembros de la coalición para suministrarles armas.

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, España, Alemania, Australia y numerosos países europeos han estado alimentando el conflicto al suministrar armas a la coalición. Desde 2015, Estados Unidos ha entregado armas a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí por valor de miles de millones de dólares. Estados Unidos también ha proporcionado entrenamiento, asistencia logística y reabastecimiento de combustible aéreo (desde 2015 hasta 2018), mientras la coalición realizaba sus campañas de bombardeo aéreo. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estimó en 2021 que Arabia Saudí había sido el mayor importador de armas del mundo entre 2015 y 2019, y que el 73% de esas importaciones procedía de Estados Unidos y el 13% de Reino Unido. A pesar de que hay una gran cantidad de documentación que demuestra que estas armas permiten violaciones, se sigue haciendo caso omiso de los llamamientos de todos los grupos de derechos humanos para que se ponga fin a la venta de armas a las partes en conflicto en Yemen. Irán continúa negando las afirmaciones de que apoya a los hutíes, aunque cada vez más informes demuestran que los respalda por medio del entrenamiento militar y el contrabando de armas.

El Consejo Presidencial, que abarca un amplio espectro de grupos contrarios a los hutíes, podría con el tiempo desempeñar un papel en la negociación de paz con el grupo armado

Alrededor de 250.000 personas han muerto en Yemen durante el conflicto, según un informe de diciembre de 2020 de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Los medios de comunicación locales y los expertos sostienen que el número de víctimas mortales es mayor, ya que la recopilación de datos fiables es extremadamente difícil. Yemen vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU, que calcula que casi 18 millones de personas –de los 30 millones de habitantes del país– necesitan asistencia alimentaria y es probable que las cifras aumenten debido a la escasez de ayuda humanitaria internacional.

Dicho esto, otro factor importante que ha exacerbado la ya de por sí grave inseguridad alimentaria en Yemen es la guerra de Ucrania. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) afirmó en marzo que la crisis de Ucrania ha acrecentado los problemas de Yemen, ya que la emergencia del hambre ha ido extendiéndose y la falta de fondos está dejando a millones de personas en situación vulnerable. El PMA también ha advertido de que la crisis de Ucrania ha provocado en Yemen una subida de los precios de los alimentos y el combustible. Hay que tener en cuenta que el país depende de las importaciones de casi todos sus alimentos y artículos de primera necesidad, pues importa el 27% de su trigo de Ucrania y el 8% de Rusia. La guerra de Ucrania ha tenido un impacto devastador, provocando un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y otros bienes necesarios. Por ejemplo, el precio del trigo, la carne y el aceite es casi igual al de los países europeos con una economía sólida. Mientras todo esto ocurre, millones de trabajadores civiles no reciben salarios regulares desde prácticamente el comienzo del conflicto. Mientras los yemeníes carecen de cualquier medio de protección económica y la ayuda de los donantes internacionales disminuye, la fuerte depreciación del rial yemení ha exacerbado sus dificultades económicas y ha disminuido drásticamente el poder adquisitivo de millones de familias.

La asistencia humanitaria internacional se ha convertido en un salvavidas para los yemeníes, que no tienen para comer ni para llegar a fin de mes. Sin embargo, las partes en conflicto han llevado a cabo prácticas abusivas contra los civiles, como privaciones y hambruna. En septiembre de 2021, el grupo de derechos humanos yemení Mwatana for Human Rights y Global Rights Compliance concluyeron que la actuación de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como de las fuerzas hutíes, ha impedido el acceso de los civiles a los alimentos y el agua, utilizando efectivamente el hambre como arma de guerra y violando el Derecho Internacional Humanitario.

El grupo armado hutí ha utilizado la artillería indiscriminadamente y en repetidas ocasiones sobre zonas pobladas en ciudades yemeníes, principalmente en el Sur, con el objetivo de expandirse y apoderarse de más territorios. Los ataques hutíes en Adén, Marib, Taiz y Hodeida han provocado víctimas civiles. Los hutíes también han lanzado ataques indiscriminados con misiles balísticos en Arabia Saudí, matando a civiles y atacando las infraestructuras civiles. Y, desde 2017, han llevado a cabo centenares de ataques con misiles y drones contra instalaciones energéticas de Emiratos Árabes Unidos y, principalmente, de Arabia Saudí.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES

A principios de este año, los ataques de los hutíes contra las instalaciones de combustible en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí supusieron un punto de inflexión en el conflicto e influyeron en la reanudación de los esfuerzos de paz. El 17 de enero, el grupo armado hutí atacó tres depósitos de combustible cerca de Abu Dabi. El atentado provocó la muerte de un ciudadano paquistaní y dos indios e hirió a otros seis. El 25 de marzo, un día antes de que comenzara el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudí, los hutíes atacaron la estación de distribución de productos derivados del petróleo del gigante Aramco en Yeda, cerca del circuito, provocando un incendio en dos tanques de almacenamiento. El ataque a Aramco, que no produjo víctimas, disparó los precios del petróleo, un hecho alarmante que tuvo repercusión en todo el mundo, más allá de Arabia Saudí. El Ministerio de Energía de Arabia Saudí declaraba: “El Reino no asume la responsabilidad de la escasez de suministro de petróleo a los mercados mundiales, en vista de los continuos sabotajes a sus instalaciones petroleras por parte de la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán”. El Ministerio también advertía de que los atentados contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudí tendrían graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad de los suministros energéticos mundiales, ya que afectan a la capacidad de producción del Reino y a la posibilidad de cumplir con sus obligaciones con los mercados globales. Esos atentados no fueron los primeros en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, pero su importancia se debe a que se han producido en un momento de especial dificultad para asegurar el combustible a nivel mundial, a raíz del conflicto de Ucrania.

Yemen vive una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU, que calcula que casi 18 millones de personas –de 30 millones– necesitan ayuda alimentaria

Después de esos ataques hutíes, la coalición llevó a cabo una escalada mortal, donde los civiles pagaron un alto precio. A finales de enero, la coalición efectuó al menos tres ataques en Yemen, matando a 80 personas, incluidos tres niños, e hiriendo a 156 más, entre ellas dos niños. Parte de la escalada se debió a que la coalición aumentó las restricciones al acceso de los envíos de combustible a las zonas controladas por los hutíes, lo que empeoró la ya de por sí grave crisis humanitaria en esas zonas.

Todo indica que el aumento del precio de la energía y el combustible han marcado un hito en el curso de la contienda. Los hutíes, el gobierno yemení y la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos comenzaron a mostrar cierto deseo de emprender conversaciones serias para poner fin al conflicto. Del 29 de marzo al 7 de abril, el Consejo de Cooperación del Golfo organizó una ronda de consultas entre yemeníes en Riad, en la que no participó el grupo armado hutí por lo que no tuvo un gran impacto en las iniciativas de paz.

El 2 de abril de 2022, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, anunció que la ONU había negociado una tregua de ámbito nacional de dos meses entre las partes beligerantes de Yemen. La tregua también incluía a la coalición, lo que permitió la importación de combustible a las zonas controladas por los hutíes y la reapertura del aeropuerto internacional de Saná –cerrado por la coalición desde agosto de 2016–, para algunos vuelos hacia y desde Jordania y Egipto. La tregua también contemplaba un plan para que las partes en conflicto trataran sobre la apertura de carreteras esenciales desde y hacia la gobernación de Taiz, la tercera ciudad más grande de Yemen, situada en el corazón del país, que conecta el Norte y el Sur. Lo que el anuncio de la tregua no mencionaba, pero que al final terminaría sucediendo, fue que los hutíes pondrían fin a sus ataques con misiles y aviones no tripulados en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

NUEVO CONSEJO DE LIDERAZGO PRESIDENCIAL

Aunque algunos medios de comunicación han informado sobre violaciones de la tregua, esta se ha mantenido en gran medida. La disminución sustancial de las hostilidades ha dado lugar a algunos cambios. En abril, unos días después de que se iniciara la tregua, Abd Rabbuh Mansur Hadi, expresidente de Yemen, despidió a su vicepresidente y delegó su poder en un Consejo de Liderazgo Presidencial compuesto por un presidente, Rashad al Alimi, un destacado político yemení, y otros siete miembros.

Las circunstancias en las que se constituyó el Consejo siguen siendo motivo de sospecha. Los yemeníes que participaron con el expresidente Hadi en su creación declararon que Arabia Saudí había presionado a Hadi para que renunciara. Es decir, que Hadi renunció a regañadientes y la creación del Consejo no fue el resultado de una decisión yemení.

El rol del Consejo sigue estando muy poco definido, aunque abarca un amplio espectro de grupos políticos y militantes contrarios a los hutíes y con el tiempo podría desempeñar un papel en la negociación de paz con el grupo armado. Estos grupos controlan por separado zonas geográficas dispersas. Entre los miembros se encuentran Al Alimi, ex ministro del Interior cercano al expresidente Ali Abdullah Saleh; Tarek Saleh, sobrino del expresidente Saleh y comandante militar yemení que controla la mayor parte de la costa occidental de Yemen; Sultan Ali al Arada, destacado político y gobernador de la ciudad petrolera de Marib; Abed al Rahman Abu Zara, líder militar salafista de las Brigadas de los Gigantes, un grupo armado del Sur apoyado y entrenado por EAU; Abdullah al Alimi Bawazeer, líder de los Hermanos Musulmanes cercano al expresidente Hadi; Othman Hussein Megali, destacado político de la gobernación de Sadá y aliado cercano de Arabia Saudí; Faraj Salmin al Bahsani, antiguo comandante militar y gobernador de Hadramout en el Este de Yemen; y Aidarus al Zoubaidi, presidente del Consejo de Transición del Sur en Adén, creado en 2017, que aspira a la creación de “un Estado federal independiente soberano” en el Sur de Yemen.

Dado que cada miembro tiene un programa diferente, es difícil imaginar un futuro en el que trabajen colectivamente en algunos de los temas más sensibles del país, como unificar sus diferentes brigadas militares o grupos que operan fuera de la autoridad del Ministerio de Defensa del gobierno yemení reconocido internacionalmente. Uno de los cometidos más desalentadores a los que se enfrenta el Consejo es mejorar las condiciones de vida extremadamente duras de todos los yemeníes y devolver todo el gabinete de gobierno a Yemen.

Las mayores diferencias en el Consejo surgen entre quienes piden mantener la unidad de Yemen y quienes instan a la secesión del Sur y el Norte. El hecho de que Aidarus al Zubaidi, presidente del Consejo de Transición del Sur, se haya unido al Consejo de Liderazgo Presidencial ha complicado la resolución de la cuestión del Sur. Los hechos muestran que el Consejo de Transición del Sur ha estado trabajando hacia un objetivo claro, que es su independencia, aunque se supone que el Consejo de Liderazgo Presidencial debe trabajar para mantener la unidad entre el Norte y el Sur. ¿Ayudará a Yemen a alcanzar la paz esta combinación? ¿Será capaz el Consejo de Liderazgo Presidencial de solucionar las diferencias entre las distintas facciones y, lo que es más importante, tendrá éxito en las conversaciones de paz con el grupo armado hutí? Es difícil predecir las respuestas y lo que sucederá en el futuro, pero la tregua, desde luego, está contribuyendo a que avancen los esfuerzos por alcanzar la paz, en particular por parte de la comunidad internacional, representada por el enviado especial de la ONU, Grundberg.

RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Los actores internacionales, como la ONU, la Unión Europea y varios países europeos tienen la responsabilidad de apoyar la tregua por todos los medios posibles y presionar a las partes en conflicto para que inicien negociaciones de paz. Produce gran inquietud que varios Estados miembros de la UE continúen proporcionando armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que existe un riesgo claro de que esas armas permitan que se cometan violaciones del Derecho Internacional Humanitario y posibles crímenes de guerra. El 27 de marzo, la organización Mwatana for Human Rights, declaró que desde 2015 “ha documentado al menos 800 ataques aéreos y 700 ofensivas terrestres que han causado la muerte de más de 3.000 civiles y heridas al menos a otros 4.000. Muchos de estos ataques aéreos no habrían sido posibles sin el armamento europeo”.

Ningún Estado, ya sea de la UE o de cualquier otro lugar, incluida la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ha llevado a cabo investigaciones sobre las acusaciones de crímenes de guerra cometidos en Yemen que sean creíbles y cumplan con los estándares internacionales. De hecho, bajo las presiones de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó en octubre de 2021 en contra de la renovación del único organismo de investigación independiente e imparcial, el Grupo de Expertos Eminentes. Dicho esto, los Estados europeos tiene la obligación moral de apoyar la extensión de la tregua, por no mencionar el fin de la venta de armas a las partes en conflicto. También deben presionar a las partes en conflicto para que alcancen un acuerdo de paz como resultado de la tregua y garanticen la participación de las mujeres y las organizaciones de la sociedad civil yemeníes como interlocutores políticos en cualquier posible negociación de paz. Al igual que Europa se compromete a apoyar y proteger los derechos humanos en Ucrania, también puede hacerlo con los yemeníes./

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