Egipto – Estados Unidos – Israel

Aunque no es probable que Egipto altere sus alianzas con EE UU e Israel, el levantamiento ha desmantelado un orden regional considerado inmune al cambio.

Mara Revkin

Los expertos en Oriente Medio consideran desde hace mucho que el “déficit de democracia” de la región es un problema inabordable de un panorama político mayoritariamente autoritario. En septiembre de 2010 sin ir más lejos, Larry Diamond, especialista en ciencias políticas argumentaba que las perspectivas de la reforma política seguirán siendo sombrías mientras los regímenes autocráticos mantuviesen su capacidad de acabar con la disensión activando los sistemas de seguridad coercitivos y comprando el apoyo público con subvenciones. Durante décadas, estas tácticas habían acallado con éxito las peticiones de reforma política en todo Oriente Medio.

Pero a principios de 2011, la creciente frustración económica y la marginación política habían corroído las bases del sistema de gobierno autoritario y, en enero, los levantamientos populares en Túnez y Egipto demostraron con su fuerza explosiva la recién descubierta vulnerabilidad de los regímenes no democráticos. En un principio, algunos escépticos consideraron que el levantamiento de Túnez era una anomalía única imposible de repetir en otros países, pero cuando el descontento se propagó a Egipto y precipitó el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak, pocos pudieron negar que un cambio de paradigma regional estaba transformando irreversiblemente Oriente Medio.

Dado el papel histórico de Egipto como líder regional y la importancia estratégica de sus alianzas con Estados Unidos e Israel, las ramificaciones del levantamiento se extenderán mucho más allá de las fronteras egipcias. Aunque es imposible predecir las consecuencias de una transición política que todavía se está produciendo, analizaremos las posibles repercusiones del levantamiento para la estabilidad regional, la relación entre EE UU y Egipto y el proceso de paz palestino-israelí.

Consecuencias para la estabilidad regional

El levantamiento popular de Egipto ha demostrado que el autoritarismo como modelo político se ha vuelto insostenible a causa de las tendencias demográficas y económicas que son comunes a muchos de los países no democráticos de la región. Aunque es posible que un nuevo gobierno más representativo en Egipto conduzca a un replanteamiento de las alianzas y enemistades (y posiblemente allane el camino para un acercamiento a países como Turquía que se habían distanciado del gobierno de Mubarak), las principales consecuencias regionales del cambio político de Egipto se han producido en los ruedos políticos nacionales de los países vecinos.

El “aumento demográfico juvenil” que alimentó el malestar de Egipto es más o menos igual de pronunciado en otros países árabes, donde las enormes poblaciones jóvenes han emergido como un potente catalizador de la agitación política. Los países que muestran esta característica demográfica son especialmente vulnerables a la inestabilidad. Entre 1970 y 2007, el 80% de todos los conflictos se dieron en países donde el 60% o más de la población era menor de 30 años. En Oriente Medio, donde aproximadamente el 60% de la población está por debajo de los 30 años, la creación de empleo no ha sido capaz de seguir el ritmo de la creciente población de jóvenes que buscan oportunidades económicas. Pero, a diferencia de las revueltas del pan convencionales, el levantamiento del 25 de enero no estuvo motivado únicamente por problemas económicos. En los últimos años, los jóvenes de Egipto, y de toda la región, se han ido sintiendo cada vez más frustrados por la falta de oportunidades para una participación política significativa y las constantes campañas contra el activismo popular.

El levantamiento egipcio –documentado al milímetro por la cadena independiente Al Yazira, los usuarios de Facebook y los blogueros aficionados– ha cautivado a una generación de árabes económicamente marginados y políticamente privados de voto que están cada vez más decididos a imitarlo. Mientras los jóvenes egipcios ocupaban la Plaza Tahrir, sus homólogos en Siria, Túnez, Yemen, Jordania, Argelia y otros países árabes escenificaban manifestaciones paralelas. Los mismos factores que empujaron a los egipcios a echarse a las calles están presentes en muchos otros países de Oriente Medio, y los dirigentes regionales están desesperados por evitar que sus ciudadanos imiten los levantamientos populares que han hecho añicos el statu quo en Egipto y Túnez.

A medida que las sociedades árabes busquen inspiración en Egipto, los gobiernos autoritarios tratarán de aliviar el malestar poniendo en práctica una de estas dos estrategias: reforma o represión. En enero y febrero de 2011, los dirigentes árabes emplearon en su mayoría la primera táctica. Cuando las protestas se intensificaron en Egipto, el rey Abdulá de Jordania destituyó precipitadamente a su gabinete y se reunió con los ilegalizados grupos de la oposición islamista por primera vez en casi 10 años. Mientras, el gobierno del primer ministro palestino, Salam Fayad, accedía a programar unas elecciones locales aplazadas desde hacía tiempo, y Alí Abdulá Saleh, presidente yemení desde hace 33 años, anunciaba que no se presentaría a la reelección en 2013. Esta llamativa oleada de concesiones pone de manifiesto la mayor vulnerabilidad de los sistemas autoritarios en todo el mundo árabe.

Los dirigentes de la región, tratando de preservar sus sitiados regímenes, están repartiendo unas concesiones necesarias desde hace mucho en un esfuerzo por apaciguar a los defensores del cambio político. Mientras, un número más pequeño de regímenes ha recurrido a la estrategia alternativa de la represión como medio para calmar el descontento popular. Un día después de que los egipcios celebrasen el derrocamiento de- Mubarak, el gobierno de Argelia desplegó 30.000 policías antidisturbios para reprimir una manifestación pro democrática en Argel. Aunque el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad aplaudió a los egipcios por derrocar a su viejo rival regional, el gobierno de Teherán aplicó unas medidas enérgicas cuando sus ciudadanos empezaron a hacerse eco de las demandas provenientes de la Plaza Tahrir.

Anticipándose a las concentraciones previstas para el 14 de febrero, Irán movilizó su formidable sistema de seguridad estatal para detener a docenas de activistas y periodistas y bloqueó el acceso a cientos de páginas de noticias en Internet. En Libia, el régimen de Muamar el Gadafi reprimió brutalmente las protestas. Enfrentados a amenazas existenciales para su supervivencia, algunos regímenes siguen decididos a neutralizar la oposición mediante la fuerza bruta, mientras que otros intentan adelantarse a los movimientos reformistas acallando la disensión con concesiones políticas y económicas. En ambos casos, el levantamiento en Egipto ha condicionado el comportamiento de los regímenes autoritarios de manera que transformarán el paisaje político de la región durante las décadas venideras.

EE UU-Egipto

Durante décadas, EE UU contó con el régimen proamericano del presidente Mubarak para proteger sus intereses estratégicos en Oriente Medio. Ante la reconfiguración del gobierno de Egipto, los responsables políticos de EE UU están comprensiblemente preocupados por las consecuencias de la transición para esta importante alianza bilateral. EE UU y Egipto se han beneficiado, desde el punto de vista material y securitario, de su cooperación mutuamente beneficiosa en el marco comercial y de lucha antiterrorista. Como receptor de más de 35.000 millones de dólares en ayuda militar americana desde 1975, Egipto tiene un poderoso incentivo para seguir llevándose bien con su benefactor.

Es muy improbable que la cúpula militar de Egipto, encargada de supervisar un gobierno interino, muerda la mano que les proporciona las armas. Es posible que las elecciones de otoño de 2011 remodelen la cúpula de El Cairo, pero el imperecedero interés de Egipto por conservar los flujos de ayuda de EE UU garantizará que la cooperación bilateral continúe en el futuro inmediato.

Aunque es cierto que un gobierno más democrático y representativo tendrá que ser más receptivo a la opinión pública (lo que incluye el sentimiento antiamericano), estas presiones pesan menos que las inquietudes económicas y securitarias, que imponen una continuación de la cooperación con EE UU. Michele Dunne, del Carnegie Endowment for International Peace, cita el ejemplo de Turquía, un país musulmán democrático con el que EE UU coopera estrechamente en la lucha antiterrorista, y sostiene que la desaparición del régimen autoritario de Egipto no tiene por qué afectar a su alianza con EE UU. “La idea de que no podemos hacer negocios con países que sean receptivos a las opiniones de sus ciudadanos es falsa”, afirma Dunne.

Otro factor que incide de forma positiva en que se mantenga la cooperación bilateral es la necesidad de Egipto de ayuda extranjera tras las protestas que afectaron a prácticamente todos los sectores económicos. En febrero de 2011, los analistas financieros calculaban que las revueltas le estaban costando a Egipto 310 millones de dólares al día. Cuando los inversores, presos del pánico, iniciaron una frenética venta de activos el 27 de enero, la bolsa se desplomó más de un 10%, lo que empujó a las autoridades egipcias a suspender las operaciones bursátiles durante más de dos semanas en un intento desesperado por estabilizar el índice. Aunque bancos y establecimientos comerciales han ido reabriendo poco a poco hacia mediados de febrero, la parálisis temporal de la economía provocará, sin duda, desafíos económicos a largo plazo, entre ellos reducción de las tasas de crecimiento, subida de la inflación y pérdida de empleo.

Ante el temor de que el estancamiento económico pudiese desbaratar el proceso de reforma política, los responsables políticos de EE UU, respondieron rápidamente. El 17 de febrero, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, anunciaba que EE UU estaba preparando un paquete de ayuda de 150 millones de dólares. Aunque la estructura fundamental de la alianza entre EE UU y Egipto permanecerá inalterada en la era pos-Mubarak, la relación estará sujeta a revisiones en al menos un aspecto: la postura de la administración Obama respecto a la democratización. Durante los dos primeros años de su presidencia, la agenda de política exterior del presidente Obama no ha hecho demasiado hincapié en los derechos humanos y las reformas políticas en Oriente Medio. Obama, que sustituía a un presidente cuyas iniciativas de democratización fueron ampliamente criticadas, se mostró en un principio reacio a plantearles a viejos aliados autoritarios, como Egipto y Arabia Saudí, estas cuestiones.

Los detractores de la Agenda por la Libertad de la administración Bush le reprochaban lo que consideraban intentos paternalistas de imponer las normas democráticas liberales a Oriente Medio. Cuando la epidémica oleada de protestas de principios de 2011 obligó a la administración Obama a elegir entre respaldar el statu quo regional o ponerse del lado de las exigencias populares de cambio político, las autoridades americanas se inclinaron al principio por lo primero. Después de que los primeros manifestantes apareciesen en la Plaza Tahrir, Hillary Clinton, insistió en que “el gobierno egipcio es estable”.

Esta muestra de apoyo hacia el partido gobernante resultó ser un garrafal error táctico cuando el régimen de Mubarak empezó a tambalearse unos días después, lo que obligó a la administración americana a dar marcha atrás rápidamente. Para cuando los funcionarios de EE UU aceptaron la idea de que una transición política ordenada “debía empezar de inmediato”, muchos manifestantes ya se habían sentido abandonados por la inicial reticencia de la administración a admitir la legitimidad de sus exigencias. Un sondeo de opinión realizado en el momento álgido de las protestas mostraba que al menos la mitad de los egipcios desaprobaba la gestión que había hecho Washington de la crisis hasta ese momento. Después de muchos años apoyando el esclerótico e ilegítimo régimen de Mubarak, las autoridades americanas han reconocido finalmente la necesidad de replantear la política de EE UU hacia Egipto de un modo que reconozca las exigencias y aspiraciones de su pueblo.

Las afirmaciones de que las condiciones sociales en Oriente Medio son incompatibles con los principios democráticos han quedado desacreditadas por el masivo levantamiento de origen nacional concebido y coordinado exclusivamente por los egipcios. Los responsables políticos de EE UU ya no tienen excusa para justificar de forma racional el constante apoyo a unos regímenes autoritarios ilegítimos, propensos a autodestruirse bajo el peso de la oposición popular.

En los días siguientes a la dimisión de Mubarak, Obama pareció llegar a la conclusión de que la estabilidad regional a largo plazo no puede lograrse sin unas reformas políticas importantes y supuestamente expresó, en llamadas telefónicas a los dirigentes de Reino Unido, Turquía y Jordania, “su convicción de que la democracia traerá más estabilidad a la región, no menos”. En vista del nuevo compromiso de la administración Obama con la reforma, es probable que la futura colaboración americana con el gobierno egipcio se caracterice por un claro apoyo a los cambios institucionales que conduzcan a un proceso político más democrático e inclusivo.

Consecuencias para el proceso de paz árabeisraelí

Durante décadas, la ayuda americana militar y al desarrollo a Egipto había estado tácitamente supeditada al constante apoyo de Mubarak a los acuerdos de Camp David y a su disposición para hacer de mediador en las negociaciones entre israelíes y palestinos. La salida de Mubarak de la escena política plantea dudas sobre la alianza de Egipto con Israel. Algunos observadores diplomáticos han expresado sus temores a que un cambio de liderazgo ponga en peligro el tratado y desbarate el proceso de paz.

Respecto a la paz fría de Egipto con Israel, el Consejo Supremo Militar emitió una declaración formal el 12 de febrero en la que prometía respetar los tratados internacionales existentes y señalaba que los acuerdos de Camp David permanecerán intactos, al menos hasta que los militares transfieran la autoridad a un gobierno civil después de las elecciones previstas para septiembre de 2011. Aunque es imposible predecir la composición del próximo gobierno elegido democráticamente, los nuevos dirigentes de Egipto –sean quienes sean– estarán demasiado preocupados por los acuciantes problemas internos del país para arriesgarse a desestabilizar una alianza económicamente beneficiosa con Israel.

En anteriores protestas a gran escala catalizadas por acontecimientos regionales (la invasión de Irak en 2003, la guerra en Líbano de 2006 y el sitio de Gaza por parte de Israel), los manifestantes egipcios dirigieron su indignación contra los chivos expiatorios de EE UU e Israel. Sin embargo, el levantamiento del 25 de enero estuvo catalizado fundamentalmente por problemas internos derivados de la privación del derecho a la representación política y la desigualdad económica en la sociedad egipcia. En un futuro próximo, los dirigentes egipcios estarán ocupados con la monumental tarea de hacer realidad los cambios institucionales y legales exigidos por los manifestantes, y es improbable que se arriesguen a sufrir una mayor inestabilidad cortando sus lazos con un viejo aliado como Israel.

Algunos analistas han especulado que los Hermanos Musulmanes intentarían derogar el tratado de paz con Egipto si consiguen una representación importante en un Parlamento elegido democráticamente. Sin embargo, las predicciones alarmantes sobre una “conquista islamista del poder” son exageradas. Los años de represión por parte del sistema de seguridad estatal han debilitado la fortaleza de los Hermanos Musulmanes, y algunas encuestas recientes indican que solo el 15% de los egipcios aprueba la plataforma y las actividades del grupo. Sin un apoyo popular amplio ni un liderazgo carismático, la probabilidad de que los Hermanos Musulmanes dominen un gobierno pos Mubarak es muy baja.

Aun si tuviesen esa capacidad, los propios dirigentes del movimiento han manifestado que no tienen intención de presentar un candidato presidencial ni de hacerse con el control del gobierno de Egipto. Además, los principales miembros de los Hermanos Musulmanes, entre los que se encuentra el ex parlamentario Saad Al Katatni, han declarado que los acuerdos de Camp David “deben ser respetados”. Aunque el próximo gobierno de Egipto incluya representantes de los Hermanos Musulmanes, no hay razones para creer que vayan a tratar de derogar el tratado de Egipto con Israel. Independientemente de la composición del próximo gobierno, los intereses económicos básicos de Egipto imponen una continuación de la cooperación con Israel. Su economía es enormemente dependiente de los ingresos derivados del tráfico por el Canal de Suez, la producción de petróleo del Sinaí y el sector del turismo.

El comercio bilateral entre Egipto e Israel ha crecido a un ritmo constante en los últimos años y ha alcanzado un volumen neto de 502 millones de dólares en 2010. Egipto suministra casi el 40% de las importaciones de gas natural de Israel a través de un gaseoducto subacuático, símbolo material de la dependencia mutua de ambos países. Ningún dirigente egipcio racional se arriesgaría a poner en peligro estas entradas de capital fomentando el conflicto con Israel. Además de los beneficios económicos, la seguridad nacional de Egipto se ve mejorada por la cooperación con Israel. El gobierno de Mubarak desempeñaba una función importante en la contención del grupo palestino Hamás restringiendo el flujo de armas de contrabando y de militantes a Gaza, y respaldando el bloqueo de la franja por parte de Israel.

Además de ser beneficiosas para la seguridad de Israel, estas políticas reducían la vulnerabilidad de Egipto a atentados terroristas internos, al impedir que los militantes cruzasen hacia el Sinaí. Es improbable que el próximo gobierno de Egipto renuncie a una alianza que ha protegido con éxito al país de la inestabilidad y el extremismo. Las afirmaciones de que un cambio en el liderazgo de Egipto desestabilizará el proceso de paz son igualmente infundadas. La última ronda de negociaciones entre israelíes y palestinos se fue paralizando poco a poco unos meses antes de la dimisión de Mubarak, a causa de factores muy alejados del descontento nacional de Egipto. Aunque Egipto ha desempeñado históricamente una función constructiva en la mediación entre ambas partes, la actual parálisis del proceso de paz no tiene nada que ver con los mediadores extranjeros. Desde septiembre de 2010, varios factores se conjugaron para hacer descarrilar las negociaciones.

La catastrófica fractura entre los dirigentes palestinos y la negativa del gobierno israelí a detener la expansión de los asentamientos hicieron imposible que ambas partes se entendiesen sobre algunos puntos de fricción esenciales. La publicación de los llamados “papeles de Palestina” a finales de enero de 2011 dañó aún más la credibilidad de los negociadores palestinos al sacar a la luz las desesperadas concesiones que estaban dispuestos a hacer a cambio de obtener la categoría de Estado. Unas semanas después, la dimisión del jefe de los negociadores palestinos, Saeb Erekat, le asestó otro golpe al proceso. Mientras los dirigentes israelíes y palestinos no tengan la voluntad política necesaria para ponerse de acuerdo sobre las concesiones clave, la inestabilidad de Egipto tendrá poca influencia sobre el proceso de paz.

Conclusión

Un levantamiento que empezó en Facebook y culminó con la dimisión del presidente Mubarak ha desencadenado una cascada de movimientos de reforma en todo Oriente Medio, transformando irreversiblemente el panorama político de una región que durante mucho tiempo ha sido considerada inhóspita para la democracia. Aunque las consecuencias a largo plazo de esta transición transcendental todavía están saliendo a la luz, está claro que los acontecimientos en Egipto están teniendo eco en los ruedos políticos nacionales de sus vecinos, inspirando a los activistas desafectos a desafiar un statu quo insostenible y forzando a los regímenes autoritarios a la retirada. A pesar de que no es probable que el cambio político de Egipto altere sus viejas alianzas con EE UU e Israel, el levantamiento ha desmantelado por completo un orden regional considerado inmune al cambio.