Argelia endurece su política de inmigración

Movido por el deseo de ayudar a la UE, el gobierno ha adoptado una nueva ley de inmigración que asesta el golpe de gracia a la leyenda de “Argelia, tierra de asilo”.

Yassine Temlali

Por mucho que la “cuestión de la libre circulación de personas” esté al orden del día de sus conversaciones con los miembros de la Unión Europea (sobre todo Francia), el gobierno argelino no ha reaccionado a la ratificación por parte de los ministros de Interior y Justicia de la UE, el 7 de julio de 2008 en Cannes, del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. A diferencia del gobierno senegalés, que, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, cheij Tidian Gadio, llamó a África a responder de forma conjunta a la adopción de dicho pacto, por ejemplo, Argelia no ha comentado el texto, que embarca a sus signatarios en una lucha sin tregua contra la inmigración ilegal y les prohíbe las regularizaciones masivas de inmigrantes en situación irregular.

Las organizaciones argelinas de defensa de los derechos humanos (la Liga Argelina de los Derechos Humanos, LADH, y la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, LADDH, escindidas desde hace casi un año en dos entidades rivales), aunque preocupadas por la multiplicación de los intentos de emigración clandestina de los jóvenes argelinos hacia los países del sur de Europa (Italia, España), tampoco han reaccionado frente a ese pacto. En cuanto a la prensa, tanto la “conservadora” como la “demócrata”, se ha conformado con informar de las principales disposiciones de los artículos, más bien lacónicas.

El trato minimalista que le ha dispensado contrastaba con la exhaustividad con que han tratado el tema otros medios de comunicación africanos (senegaleses, burkinabeses…). Esa indiferencia frente al endurecimiento de la política migratoria responde a varias razones: el debilitamiento de la diplomacia argelina, que carece de espíritu de iniciativa desde que la administra directamente la presidencia –esto es, desde la elección de Abdelaziz Buteflika, en 1999–; la debilidad de las ONG defensoras de los derechos humanos, que aún no han superado las disensiones en su seno, a raíz del contexto de violencia de los años noventa; la poca profesionalidad que demuestran muchos medios de comunicación a la hora de abordar los asuntos internacionales…

Sin embargo, hay otro factor que puede explicar esa indiferencia: en el terreno de la emigración, el gobierno le sigue los pasos asiduamente los talones a la UE. Contribuyen a ello el desinterés de los partidos y de la sociedad civil por los asuntos relacionados con la inmigración. Entre 2001 y 2006, Argelia expulsó a unos 5.000 “clandestinos” al año. Esas expulsiones –que en su mayoría se llevan a cabo en condiciones inaceptables– ocupan los titulares de los periódicos, pero no generan ningún verdadero debate nacional. Las asociaciones defensoras de los derechos humanos son partidarias de la regularización de los “ilegales”, pero no se esfuerzan especialmente por convencer a las autoridades y a la opinión pública de la idoneidad de esa solución.

El 2 de julio de 2008 –es decir, pocos días antes de la adopción del Pacto Europeo–, en una coincidencia de lo más simbólica, el Diario Oficial publicaba una nueva ley (la nº 28-11 del 25 de junio de 2008) “relativa a las condiciones de entrada, permanencia y circulación de extranjeros” en el país. El texto, que deroga una disposición de título similar con fecha del 21 de julio de 1966, convierte la “lucha contra la inmigración ilegal” (sobre todo la “subsahariana”) en uno de sus principales objetivos. Asesta el golpe de gracia a la leyenda de “Argelia, tierra de asilo”, así como a la “política africana” del régimen, que se estaba quedando anticuada. Además, permite al gobierno filtrar, de modo arbitrario, los “contactos” entre las organizaciones civiles argelinas y las extranjeras.

El inmigrante, un “sospechoso”

El carácter policial de esa ley ya se intuye en los primeros artículos. Sin ir más lejos, el artículo 5 otorga al ministro de Interior, así como a los walis (prefectos), el poder de denegar a un extranjero la entrada en Argelia, por razones “relativas al orden público y/o a la seguridad del Estado, o por razones que puedan atentar contra los intereses fundamentales y diplomáticos del Estado”. El decreto de 1966 sólo esgrimía como justificación de dicho rechazo “razones de orden público”. Es probable que se recurra al riesgo de “atentado contra los intereses del Estado” para limitar los contactos entre las ONG argelinas y los representantes de ONG extranjeras.

El control policial del movimiento de extranjeros se ve fortalecido y “modernizado”, en detrimento de los derechos individuales y del principio de la “presunción de inocencia”: en lo sucesivo, el fichar a los “visitantes dudosos”, adquiere fuerza legal. Según el artículo 15, “Al solicitar el visado o en los controles policiales […], en los puestos fronterizos o del territorio argelino, pueden tomarse huellas digitales y una fotografía de los residentes extranjeros, así como memorizarse e informatizarse”. La legislación anterior no incluía ninguna disposición similar.

El artículo 28 vuelve más estrictas las condiciones de declaración por parte de los empresarios del país de sus empleados no argelinos. El plazo para dicha declaración, de 30 días según el texto de 1966, pasa a ser de sólo 48 horas. En cuanto al artículo 29, obliga a “todo establecimiento profesional u ordinario que aloje a un extranjero, en el modo que sea, a declararlo” a las autoridades en un plazo de 24 horas. La legislación anterior tan sólo imponía esta obligación a los establecimientos profesionales (hoteles, albergues…). El término “establecimiento ordinario” es ambiguo, y es de temer que pueda referirse a todo particular que reciba en casa a amigos o parientes extranjeros.

El artículo 37 estipula que “pueden crearse […] centros de retención de los residentes extranjeros en situación irregular, a la espera de su traslado a las fronteras o a su país de origen”. Asimismo, precisa que “el internamiento de un extranjero en dichos centros puede ser dispuesto por orden del wali territorialmente competente, por un periodo máximo de 30 días renovable […]”. Las disposiciones penales de la ley del 25 de junio de 2008 constituyen la manifestación más impresionante de su naturaleza represiva.

El artículo 42 decreta penas de prisión de entre dos y cinco años para “todo extranjero que se sustraiga a una orden de expulsión o a una orden de traslado a las fronteras, o que, tras ser expulsado o trasladado a la frontera, vuelva a entrar sin autorización en territorio argelino”. El decreto del 22 de julio de 1966 castigaba ese mismo delito con entre seis meses y dos años de encarcelamiento. Por su parte, el artículo 44 impone entre seis meses y dos años de privación de libertad –y multas elevadas– por el incumplimiento de las formalidades de entrada en Argelia, la superación de la duración máxima de estancia por entrada, establecida en 90 días, y otras infracciones.

El texto de julio de 1966 castigaba al “extranjero que penetra de forma irregular” en el país con entre dos y seis meses de cárcel, así como una multa, o bien sólo una de las dos penas. Según el artículo 46, “toda persona que […] facilite la entrada, la circulación, la permanencia o la salida de modo irregular de un extranjero en situación irregular en territorio argelino será castigada con penas de cárcel de entre dos y cinco años”, además de una multa.

La pena de encarcelamiento aumenta hasta un periodo de reclusión de entre cinco y 10 años, en caso de que la infracción haya sido cometida por más de dos personas o en determinadas circunstancias, como el hecho de ir armado. Se amplía hasta entre 10 y 20 años si se ha cometido por lo menos con dos de las circunstancias agravantes. Sin duda, la legislación del 22 de julio de 1966 consideraba un delito la ayuda a la inmigración irregular (penado con entre 10 meses y un año de encarcelamiento), pero no mencionaba en ningún momento todas esas “circunstancias agravantes”.

Proteger el flanco sur de la ‘ciudadela-Europa’

Sin mayores dificultades, el gobierno ha logrado que los parlamentarios adoptaran la ley. Algunos diputados (del Partido de los Trabajadores, de la izquierda), trajeron a colación que las migraciones subsaharianas a Argelia tienen menos que ver con intenciones delictivas o terroristas que con el deseo de escapar de la miseria y la violencia armada. Los hubo que rechazaron la apertura de centros de internamiento administrativo para los “ilegales” en vías de expulsión. Sin embargo, en general, las críticas fueron escasas y poco definidas. La mayoría de los parlamentarios prefirieron subrayar, en vez de los aspectos represivos del texto que les entregaron, el “desinterés del gobierno por el drama de los harraga” (emigrantes ilegales argelinos).

La reacción de la prensa no fue mucho más perspicaz. Las columnas de varios periódicos influyentes se mostraron ampliamente abiertas al ministro del Interior, Nuredin Yazid Zerhuni, que justificó la ley por la necesidad de proteger el país frente a las “nuevas plagas” procedentes del exterior. Los periodistas apenas comentaron sus declaraciones; tampoco se señalaron sus evidentes similitudes con el discurso de las derechas europeas que ocupan el poder. Cabe decir que, tradicionalmente, la prensa obtiene los datos sobre los problemas de la inmigración básicamente de las fuentes oficiales (como los comunicados de los servicios de seguridad) y que ella misma contribuye a avivar la “fobia de los subsaharianos” por razones tanto mercantiles como puramente xenófobas.

La severidad de la ley del 25 de junio de 2008 parece, cuando menos, desproporcionada. A pesar de las advertencias alarmistas lanzadas por los medios de comunicación y las autoridades, Argelia está lejos de ser un destino privilegiado para los emigrantes subsaharianos y de otras procedencias. Sigue siendo un país más exportador que importador de emigrantes. Según una encuesta coordinada en 2006-07 por el Comité para la Amistad entre los Pueblos (CISP, en sus siglas italianas), el número de “clandestinos” del África negra no supera los 20.000. De éstos, buena parte proceden de Mali y Níger y, al emigrar, no hacen sino reproducir un movimiento humano milenario. Según los resultados de esta misma encuesta, el 40% de esos “ilegales” se encuentran en Argelia de paso, en su periplo a otros países (Italia, España, Libia, Marruecos…), mientras que otro 40% desea fijar su residencia en el país magrebí por un periodo más o menos prolongado.

Desde el lanzamiento del “programa especial de desarrollo del Sur”, hay un gran número de ellos en las ciudades saharianas. En cuanto al 20 % restante, hay varios casos: los hay que confían en obtener el estatus de refugiados; otros desean volver a su país, sin contar con los medios materiales para hacerlo. En su discurso sobre la ley del 25 de junio de 2008 ante el Parlamento, el ministro del Interior afirmó que “el desarrollo de la delincuencia transnacional organizada y del fenómeno del terrorismo impone a los Estados nuevos retos que exigen un control perfecto de la circulación de extranjeros, sobre todo transfronteriza”. Y, retomando por su cuenta los tópicos universales “antiinmigrantes”, no dudó en declarar que “la inmigración clandestina es a menudo un vector privilegiado del crimen organizado”.

La connivencia entre las redes de inmigración ilegal y las “redes terroristas” no es tanto una realidad estadística como un motivo retórico del discurso oficial; el gobierno nunca ha logrado establecerla de forma clara e indiscutible. Claro que los grupos armados cuentan entre sus filas con elementos de otras nacionalidades, pero el número de esos míticos “combatientes extranjeros” sigue siendo irrisorio, a juzgar por la información aparecida en la prensa sobre las detenciones y las “eliminaciones” llevadas a cabo en el marco de la “lucha antiterrorista”.

Por lo que respecta a los vínculos entre las redes de inmigración irregular y las organizaciones delictivas, son de carácter anecdótico, y la detención de unos cuantos falsificadores subsaharianos no va a demostrarlo. Así que, probablemente, no ha sido la colusión entre las redes de “pasadores de fronteras” y esos “terroristas” o delincuentes lo que ha inspirado esa ley al gobierno. El endurecimiento de la política argelina de inmigración parece responder principalmente a la voluntad de ayudar a la UE a detener las oleadas de inmigrantes que la asaltan desde todas partes. A pesar de sus negativas, Argelia ha cedido a las presiones de la UE y ahora forma parte del dispositivo de protección de la “Ciudadela- Europa”. Ya no será ni la “Meca de los revolucionarios” ni el destino privilegiado para los refugiados de todas las condiciones.