Argelia, clima social tenso en vísperas de elecciones

El inmovilismo político contrasta con los profundos cambios de la sociedad y el agotamiento del modelo económico rentista que ha permitido comprar paz social.

Laurence Thieux

La vida política argelina, lejos de la atención mediática, no ha sufrido ningún sobresalto importante desde finales de la década de los noventa. Después de haber vivido un conflicto brutal en el que hubo 200.000 muertos y 15.000 desaparecidos, el país ha vuelto a encontrar la estabilidad política.

Desde finales de los años noventa, la oligarquía político- militar en el poder, tras haber logrado erradicar a los grupos islamistas armados, se ha esforzado por crear una apariencia democrática para normalizar la situación política. Desde entonces, se han celebrado elecciones locales, legislativas y presidenciales en Argelia de manera regular para mantener esa falsa apariencia de multipartidismo y de gobierno democrático. Por tanto, al igual que los comicios anteriores, las próximas elecciones legislativas que se celebrarán en mayo de 2017 no tienen importancia desde el punto de vista político, y es poco probable que supongan el inicio de un cambio político sustancial en Argelia.

Además, la cita electoral solo suscita interés entre los propios candidatos en liza a los que les preocupa mantener las ventajas asociadas a su condición de parlamentarios. Sin embargo, la mayoría de los partidos de la oposición, con muy poco apoyo popular, han decidido entrar en el juego a pesar de las dudas que persisten en cuanto a la transparencia y la regularidad del proceso electoral.

Ni siquiera todos los partidos de la oposición, agrupados desde 2014 en el seno de la Instancia de Seguimiento y Coordinación de la Oposición (ISCO), han decidido boicotear las próximas elecciones. Solo Jil Jadid y el partido de Ali Benflis, Talai el Hurriyet, han anunciado que no participarán en los comicios, una estrategia de boicot aislada que tendrá poco efecto y que también muestra las divisiones que sufre una oposición debilitada y lastrada por los personalismos y el síndrome del “zaimismo” (de zaim, título otorgado por sus partidarios a un dirigente para reconocer su vocación de liderazgo nacional y la lealtad hacia su persona) que todavía existe en la mayoría de los partidos políticos argelinos.

Estos últimos carecen de credibilidad y de apoyo y están desconectados de las demandas y de las expectativas de la población. Las diferentes corrientes islamistas no son una excepción. Están divididas y cooptadas, y su arraigo en la sociedad no ha dejado de disminuir a lo largo de las últimas décadas. En 2012, y a pesar de la estrategia de las alianzas con diferentes fuerzas que se materializó con la creación de la Alianza Verde, los islamistas obtuvieron sus peores resultados. En vista de las nuevas elecciones, los partidos islamistas se plantean unir sus fuerzas otra vez.

Una vez más, por cierto, el verdadero desafío para los dirigentes argelinos en estos nuevos comicios será hacer que el nivel de participación sea aceptable para permitir dar una cierta credibilidad a los resultados. En 2012, y en un contexto económico y social mucho más favorable, el índice de participación oficial (siempre inflado con respecto a la realidad) solo fue del 42,36%, de los 21 millones de votantes censados.

Por otra parte, la baja participación electoral que ha caracterizado a las elecciones anteriores es un síntoma del desinterés que muestra la mayoría de los argelinos por unas elecciones que, sea cual sea su resultado, no cambiarán una situación política dominada por una oligarquía político-militar que no pasa por las urnas.

Solo se trata, de hecho, de una operación cosmética y de una representación de una democracia de fachada. Desde hace 25 años, después de haber interrumpido el proceso electoral en enero de 1992, el ejército controla los principales resortes del poder, y solo deja al presidente y al gobierno actual un margen de maniobra reducido y más o menos controlado.

Aunque el presidente Abdelaziz Buteflika ha logrado consolidar durante sus dos primeros mandatos su posición en el poder ocupando los espacios que los militares habían dejado vacantes, como la esfera diplomática, sus prerrogativas están sometidas a los jefes militares que actúan en la sombra.

Sin embargo, el inmovilismo del sistema político contrasta con las profundas transformaciones de la sociedad argelina y el agotamiento del modelo económico rentista que ha permitido que el régimen mantenga su poder a pesar de todos los cambios que se han producido en su entorno regional desde 2011.

Argelia: ¿hasta cuándo durará la estabilidad?

Argelia, que tiene un desfase cronológico con respecto a sus vecinos, vivió su primavera democrática a finales de la década de los ochenta. Esta intensa, pero corta, experiencia democrática acabó en un conflicto sangriento que traumatizó a la población y cuyas heridas todavía no han cicatrizado. La Reconciliación Nacional, llevada a cabo por el presidente Buteflika para poner fin al conflicto, ha frustrado todos los intentos de poner en marcha un auténtico proceso de justicia y reconciliación.

Frente al posible efecto de contagio de las movilizaciones populares que se produjeron en Túnez y en Egipto a finales de 2010 y principios de 2011, el régimen argelino reprimió rápidamente las manifestaciones que en ese mismo momento empezaban a extenderse por el país utilizando en primer lugar sus conocimientos en materia de gestión de la seguridad y de los conflictos sociales.

A continuación, el régimen anunció algunas reformas, como el levantamiento del Estado de emergencia en 2011, pero no vinieron acompañadas de una liberalización real del sistema político. Por el contrario, incluso se aprobaron leyes que atentan contra la libertad, como la ley sobre las asociaciones, que restringe aún más la libertad de asociación. La nueva Constitución aprobada en febrero de 2011, que llevaban prometiendo desde 2011, dedica un largo capítulo a los derechos y a las libertades, pero si no se adoptan leyes orgánicas para desarrollar estas disposiciones constitucionales y si no hay voluntad política de aplicarlas, seguirán existiendo numerosos obstáculos que limitarán los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos argelinos.

Cuando los acontecimientos empezaron a adquirir un cariz trágico en Egipto, Libia y Siria, las autoridades argelinas agitaron el fantasma de la perspectiva de una vuelta a la década negra que había que evitar.

La redistribución social ha sido otro instrumento de contención que ha utilizado el régimen para frenar el impulso de las protestas en Argelia. Gracias a los ingresos generados por el sector de los hidrocarburos, el régimen ha podido comprar la paz social y responder a las principales reivindicaciones de la población. Las transferencias sociales del Estado pasaron de más de 2.000 millones de dólares a más de 15.000 millones de dólares en 2011. Sin embargo, esta redistribución no ha logrado apaciguar totalmente el clima social. Durante el primer semestre de 2015, se contabilizaron 6.200 manifestaciones, y algunas de ellas fueron duramente reprimidas. La paz social se ha comprado siguiendo un modelo de redistribución clientelista que margina a numerosas partes de la sociedad. Por eso, las desigualdades han aumentado y las regiones del Sur se han sentido especialmente abandonadas.

De hecho, desde 2013, el Sur se ha convertido en el epicentro de la protesta social. Las manifestaciones contra la explotación de gas de esquisto en In Salah movilizaron a la población local durante unos meses entre enero y abril de 2015. Esta amplia movilización ha logrado paralizar temporalmente la explotación del gas de esquisto y se ha organizado en torno a un colectivo ciudadano de lucha contra la explotación de este gas, que se ha extendido a otras localidades.

Los principales yacimientos de gas y los campos petrolíferos, como Uargla o Hassi Messaud, donde se han producido los movimientos de protesta más importantes a lo largo de los últimos años, se encuentran en las regiones más ricas de Argelia. Allí se considera que la falta de desarrollo y de infraestructuras es una gran injusticia social. Además, el problema del desempleo se ha agravado en las regiones del Sur a lo largo de los últimos años por la disminución de las ayudas del Estado y la liberalización del sector de los hidrocarburos, que es la principal fuente de empleo en la región, así como el descenso de los intercambios fronterizos por el empeoramiento de las condiciones de seguridad en los países vecinos y el cierre de las fronteras. En este contexto, el Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados (CNDDC por sus siglas en francés) empezó a organizar en 2012 una serie de actos de protesta en Uargla (sentada en la Plaza del 1º de Mayo el 5 de julio de 2012) para reivindicar el acceso a un trabajo digno, y para denunciar la hogra y el incumplimiento de las leyes en materia de contratación por parte de las multinacionales que operan en el sector de los hidrocarburos. Estas movilizaciones han conseguido ser algo más que unas manifestaciones espontáneas y se han convertido en un movimiento de reivindicación, pero, sin embargo, siguen estando regionalmente aisladas.

Se han observado otras muestras de las tensiones latentes que siguen existiendo en Argelia en la región de M’zab, en la que a lo largo de los últimos años han vuelto a surgir diferencias sectarias que han provocado violentos enfrentamientos entre la minoría ibadí (o mozabita en esta región) y otras comunidades (shaabi) en Ghardaia.

El agotamiento del modelo económico rentista

Aunque se pudo comprar la paz social a partir de 2011 para evitar que las “revoluciones que estaban viviendo los países vecinos” estallasen también en Argelia, este nivel de redistribución de las rentas ya no es posible con la caída de los precios de los hidrocarburos. El presupuesto del Estado para 2017 asciende a 63.000 millones de dólares, un poco menos de la mitad que el de 2015 (110.000 millones de dólares).

La disminución de los ingresos petroleros ha obligado a los gobernantes argelinos a adoptar algunas medidas de austeridad a partir de los sucesivos presupuestos de 2016 y 2017 con consecuencias directas sobre la renta de los ciudadanos areglinos. El presupuesto de 2017 prevé, entre otras medidas, una subida de impuestos, entre los que se incluye el IVA, y unos recortes presupuestarios en la administración pública. Estas medidas no han tardado en provocar desórdenes sociales como los que, a principios de enero de 2017, se produjeron en las wilaya de Beyaia, Bouira y Bumerdes. En las redes sociales se inició un movimiento de huelga de los comerciantes para oponerse a la fiscalidad establecida en el marco de la ley presupuestaria de 2017 que, posteriormente, dio lugar a violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden.

El carácter violento de las protestas en Argelia, que adoptan la mayoría de las veces forma de disturbios, es, como recuerda Luisa Ait Hamaduche, “una consecuencia lógica de un sistema de gobierno que se basa en la regulación mediante la violencia”.

La adopción de medidas de austeridad tiene consecuencias directas para la sociedad, en forma de disturbios y desórdenes, también por la debilidad de los actores sociales, como la sociedad civil o los sindicatos, que podrían articular o canalizar estas manifestaciones espontáneas del descontento a través de unas plataformas más estructuradas para expresar las demandas sociales frente al poder.

La manera en que los ingresos de los recursos gasísticos y petroleros han sido dilapidados por las redes clientelares y por la corrupción generalizada a todos los niveles del Estado, incluidas las más altas esferas del poder, es la razón fundamental del divorcio entre la mayoría de los argelinos y la clase dirigente. Argelia ocupa el lugar 108, de entre 176 países, en el índice de percepción de la corrupción de 2016 de Transparencia Internacional.

Los disturbios también son una forma de expresar el profundo malestar social que reina especialmente entre la juventud argelina, muy afectada por las deficiencias del sistema educativo, el abandono escolar y el desempleo. Las estructuras tradicionales, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil conocen mal a esta nueva generación, atrapada entre la autoridad institucional y parental que limita su autonomía y su iniciativa y que, al mismo tiempo, está fragmentada y conectada con el mundo exterior a través de las redes sociales. Según el estudio realizado en el marco del Proyecto Sahwa, el 95,4% de los jóvenes (entre 15 y 29 años) no pertenece a ningún partido político, el 95,8% a ningún partido político o religioso y el 80% de los jóvenes que participaron en la encuesta no tiene ningún tipo de afiliación.

La falta de interés de la juventud por el ámbito de la participación política a través de las vías tradicionales, como los partidos o el tejido asociativo, también se debe a la falta de credibilidad y de legitimidad de estos últimos, que están especialmente expuestos a las estrategias insidiosas de cooptación y de división del poder, que han acabado finalmente por neutralizar su capacidad de movilización de la sociedad y de los jóvenes en particular.

La respuesta del poder

Frente a los problemas estructurales de Argelia, tanto en el plano económico como en el de la cohesión social, el poder parece incapaz de tomar la iniciativa y llevar a cabo unas reformas políticas profundas. La situación política está paralizada y el inmovilismo del sistema solo se ve alterado por las rivalidades internas que pueden surgir sobre la forma de mantener el sistema de poder y el reparto de los ingresos entre los diferentes clanes de la oligarquía políticomilitar y económica.

De hecho, hasta el momento, los militares (el Estado Mayor y el Departamento de Información y Seguridad) y otros círculos próximos al poder han mantenido una cohesión interna cuyo objetivo unificador es preservar el sistema actual y el control sobre las principales riquezas del país según la forma de funcionamiento clásica del Estado depredador.

Con este trasfondo de corrupción, y ante la perspectiva de que los ingresos petroleros disminuyan progresivamente, las divergencias en el seno del poder han aumentado e incluso se hicieron públicas antes de las elecciones presidenciales de 2014 en cuanto a la candidatura de Buteflika y a la corrupción que afecta a las más altas esferas del Estado, entre las que se incluyen algunos allegados del presidente del ministro de Energía, Chakib Jelil. El antiguo miembro del Departamento de Información y Seguridad (DRS por sus siglas en francés) estaba en el centro de esta lucha contra la corrupción. También está en el centro de las remodelaciones que, desde 2013, afectan al sector de la seguridad en Argelia, lo que ha llevado finalmente a su desmembramiento, a la dimisión de su jefe, Mohamed Médiene, apodado Tufik, y a su sustitución por un nuevo organismo, la Dirección de los Servicios de Seguridad (DSS), dirigida por el general Bachir Tartag, bajo la autoridad del presidente de la República.

Aunque siempre es difícil interpretar el alcance político de estos cambios, nada indica que los militares ya no ejerzan el poder y que el presidente enfermo haya logrado imponer el poder de los civiles a los militares. El hecho de que quien dirigía Argelia en la sombra desde la década de los noventa haya sido apartado del poder y que la DRS se haya convertido en la DSS no indica necesariamente que se haya producido una inversión del equilibrio de poder entre el ejército y el poder civil.

El equilibrio inestable entre estos diferentes clanes del poder, con el trasfondo del bloqueo de la sucesión del presidente Buteflika, no favorece que se lleven a cabo unas reformas valientes y necesarias para sacar al sistema argelino de la espiral que podría llevarlo a estallar. El envejecimiento de la élite dirigente y la falta de nuevas élites independientes de este sistema de apropiación y de reparto de los recursos del Estado, la falta de visión política y económica para garantizar la transición económica de Argelia hacia un nuevo modelo y la opresión de las fuerzas vivas de la sociedad (el sector privado, la expresión artística, la juventud) tampoco propician la aparición de un nuevo sistema de gobierno democrático capaz de sacar al país de este inevitable proceso de deterioro.

Los nuevos desafíos que plantea su entorno regional, como la inestabilidad política y el empeoramiento de la seguridad en los países vecinos como Túnez, Libia y Mali, representan nuevos problemas para Argelia, que ha adoptado algunas costosas medidas de contención (construcción de muros y cierre y vigilancia de las fronteras), que también suponen un coste adicional para el presupuesto del Estado. Resulta significativo que las medidas de austeridad aprobadas por la Ley de Presupuestos de 2017 no hayan afectado al presupuesto de Defensa (aproximadamente 9.000 millones de euros previstos, la misma cantidad que en 2016).

Conclusión

La estabilidad de Argelia se ha convertido en un señuelo para los gobiernos occidentales que han cogido la mala costumbre de “navegar a la vista”. La conjunción de factores que han permitido a Argelia mantener el statu quo –su historia reciente, la disponibilidad de los ingresos petroleros para comprar la paz social y permitir las redes clientelares y el efecto de contagio negativo de las experiencias de las primaveras árabes en Siria y Libia– podría no tener ya la misma capacidad para contener el descontento y las frustraciones populares.

Los dirigentes europeos, a los que les preocupan sus intereses inmediatos, como el control de los flujos migratorios, la lucha contra las redes yihadistas y el aprovisionamiento de gas, apuestan por una estabilidad a corto plazo, aunque esta estrategia podría resultar perjudicial a más largo plazo en la medida en que refuerza un sistema inviable y no hace más que mitigar, sin eliminarlo, el riesgo de que el sistema político argelino estalle.