Las migraciones contemporáneas en todo el mundo están incorporando un nuevo factor de complejidad: el fenómeno de los menores de edad, normalmente chicos, que deciden por sí mismos, con o sin el consentimiento familiar, emprender el viaje hacia un país vecino que ofrezca mayores oportunidades de futuro. Se trata de una emigración precoz, de alto riesgo, tanto por la falta de madurez de los niños cuando dejan sus hogares como por las formas clandestinas utilizadas para cruzar la frontera y, sobre todo, por las múltiples posibilidades de marginación que tendrán que sortear a lo largo de su itinerario.

Por este motivo, por ser real y legalmente menores desamparados en un país extranjero, se trata de un fenómeno social que los gobiernos y organizaciones humanitarias de los países implicados tratan de prevenir y contener poniendo en marcha políticas de prevención específicas. El caso de los menores que emigran solos de Marruecos a Cataluña empezó a ser visible en 1999 cuando se detectaron hasta un centenar de niños viviendo en las calles de Barcelona, lo cual generó una gran alarma social y una fuerte presión sobre las administraciones competentes que, efectivamente, en este periodo se han movilizado para adaptarse a la nueva situación.

En seis años, la llegada de menores marroquíes ha sido sostenida, con una ligera tendencia al alza. Según datos recientes de la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), el número de entradas de menores de enero a noviembre de 2004 fue de 384 y en el mismo periodo de 2005 fue de 483, con un ingreso medio por mes al servicio de urgencias de 44 chicos. Un cambio de orientación en la forma de percibir el fenómeno se ha traducido en positivo en las políticas de atención: de un problema esporádico y coyuntural ha pasado a tratarse como algo estructural, que se contempla no solo en el presente sino también en la planificación futura de los servicios.

En este periodo se han realizado múltiples adaptaciones, tanto por el lado de los sujetos y sus familias como por parte de las administraciones española, catalana y marroquí. La situación actual, que se desprende del estudio transnacional realizado por la Fundación Jaume Bofill, la Junta de Andalucía y Unicef-Marruecos es la que se detalla a continuación, destacando los cambios fundamentales tanto en los perfiles de los menores como en los itinerarios.

El perfil de los menores

Se mantienen las tendencias que ya se habían apuntado con anterioridad: los niños y niñas que viven en la calle en las ciudades marroquíes, en situación grave de desamparo, no tienen capacidad de emprender el viaje, y raras veces consiguen emigrar; solo se encuentran menores con este perfil de exclusión en Ceuta y Melilla. La mayoría de los chicos siguen proviniendo de familias estables, con ingresos regulares, escolarizados hasta los últimos cursos de primaria, de las ciudades del norte de Marruecos, sobre todo de Tánger y Nador.

Sigue llegando un grupo de chicos de clase media- baja que se ha mantenido en la escuela hasta la secundaria. Como novedad, aparece un grupo cada vez más nutrido de menores procedentes de zonas rurales del Sur que ha emigrado con la ayuda de su familia. La presencia de estos chicos del Sur acentúa la tendencia al asentamiento, que ya se venía observando entre los originarios de las grandes urbes de la zona norte, y marca un cambio en el patrón de movilidad.

Se sustituye la errancia y el ir a la aventura “buscándose la vida” con el apoyo exclusivo del grupo de iguales, la pandilla, típicamente adolescente y marcada por la falta de oportunidades reales de arraigo (jeunes errants), por un patrón de movilidad adulta, marcado por los itinerarios de la red de parentesco y orientado claramente a la salida laboral con el apoyo de la protección de menores, en la que se confía como única palanca útil para conseguir la regularización. En este sentido, se estabilizan y alargan los periodos de residencia tutelada y se reducen las fugas de los centros. Si sigue habiendo descontento es a causa de la saturación de los servicios, que conlleva el empeoramiento de la atención, más que por la desconfianza característica de los primeros años. A partir de las entrevistas y de las historias de vida, se observan algunas tendencias que permiten relacionar los perfiles de los chicos con los itinerarios posteriores.

Además del peso del contexto social, económico y político-legal que proporcionará o negará oportunidades reales de inserción, existe un innegable factor de resiliencia, relacionado con el bagaje y las capacidades personales de cada uno. La estabilidad del núcleo familiar, independientemente de su nivel de pobreza o bienestar, será un factor evidente de resiliencia. Proporcionalmente, las familias del Sur, a pesar de su situación de pobreza extrema y de precariedad en la vivienda y los recursos del entorno (educación, sanidad, transporte), proporcionan una mayor estabilidad a sus hijos que las familias de los que llegan del Norte urbanizado. Otro factor importante es el nivel de estudios adquirido puesto que se relaciona directamente con el grado de madurez del menor.

El rol de las familias

Un cambio importante es que ahora se ve a estos chicos no como los menores aislados (enfants isolés) sino como menores en situación de desamparo en el país de destino, pero con unos lazos familiares fuertes y vigentes con su familia en origen. De hecho, ya con los primeros menores que llegaban y contaban haber partido de su casa sin el consentimiento familiar, se entraba en contacto con la familia para comunicarles su situación, para pedir ayuda y siempre con el objetivo último de contribuir económicamente al progreso familiar.

Estamos hablando de familias de las periferias urbanas de las grandes ciudades que ven resignadas cómo la única salida de futuro mejor para los jóvenes está al otro lado de la frontera. Cuando se ha entrevistado a estos padres sobre su incapacidad de retener a unos hijos adolescentes que se van en contra de su voluntad, la respuesta mayoritaria es que allí tampoco tendrían nada mejor que ofrecerles. Actualmente todas las familias, tanto en las ciudades del Norte y del centro, como en las zonas rurales del Sur, cuentan con la información necesaria para conocer las condiciones de vida en destino.

Las familias del Sur, que abiertamente han contribuido a preparar el proceso migratorio del hijo, a menudo costeando el pasaje de la patera, apuestan por el hijo joven, emprendedor, como cabeza de cadena, conociendo que éste, por su condición de menor, tendrá que ser acogido en destino y, legalmente, no podrá ser repatriado. Observamos cómo, desgraciadamente, en la medida en que se endurecen las condiciones para la emigración adulta, la salida de los menores, que deberán ser protegidos en destino por imperativo legal, deviene la única alternativa posible. Respecto a la red de parientes residentes en Cataluña con la que cuentan muchos de los menores, se confirma que, en la práctica, no ejercen funciones de acogida por tratarse en muchos casos de primos o hermanos mayores que han llegado de forma similar, o bien de familiares que tampoco cuentan con la estabilidad necesaria.

En todo caso la tramitación de la documentación para la inserción laboral futura sobrepasa a estos familiares, que prefieren mantener al chico en el centro mientras “le arreglan los papeles”. Una recomendación en este sentido sería articular sistemas mixtos de acogida en familia extensa sin que la administración renunciara a la tutela legal del menor y, por tanto, a su obligación de documentarlo y proporcionarle recursos para la inserción.

El sistema de protección en Cataluña

El año 2002 supone un punto de inflexión en la política de la Generalitat respecto a este colectivo: se crearon 180 nuevas plazas en centros de acogida y se adaptaron recursos ya existentes a las nuevas necesidades. Tendencia que se ha mantenido de modo que en el periodo 2004-05 el incremento de plazas ha sido del 25%.

A pesar de estos esfuerzos, los servicios a menudo se colapsan, acumulando más usuarios de los previstos y por un tiempo muy superior en un centro de urgencias. De las entrevistas realizadas se desprende el efecto nocivo de los periodos pasados en la calle y la durabilidad de las secuelas de estas etapas de desamparo. La situación de exclusión social severa que padece un grupo de jóvenes llegado en los primeros años, que actualmente es mayor de edad, y con el que la administración fue negligente al no asegurar la protección adecuada, es una señal de alarma constante respecto a la celeridad con la que se debe asumir la tutela y la guarda efectiva de estos menores.

Actualmente la asunción de tutela es más ágil, pero no se ha universalizado, tal como denuncia el informe del Defensor de la Infancia al Parlamento de Cataluña (febrero 2006) que insiste en la necesidad de tutela automática que se debe traducir en el plano de la acción educativa en una figura de referencia para cada menor. Otra mejoría en el sistema de protección ha sido el intento de evitar la consolidación de una doble red de servicios para autóctonos separada de los servicios para extranjeros.

El incremento de chicos de origen marroquí que llega a los recursos normalizados de la DGAIA y deja los servicios de urgencias así lo demuestra, pero a pesar de esta mayor permeabilidad entre los dos servicios, la saturación de los centros educativos normalizados, por falta de plazas, provoca estancamiento en unos centros de urgencias en los que se encuentran exclusivamente chicos de origen marroquí durante periodos superiores a tres meses. Ellos mismos se quejan de estar perdiendo el tiempo en “estos centros para moros”.

Nuevamente el informe del Defensor de la Infancia alerta de la vulneración de derechos de la infancia que alguna de estas situaciones podría producir. Como punto fuerte hay que destacar la mejoría de los servicios para mayores de 16 años destinados a la inserción laboral y basados en la autonomía de los chicos, que están logrando niveles de éxito muy notables. Para terminar, un apunte sobre la polémica de las repatriaciones o retornos a la familia de estos menores. En primer lugar recordar que la ley española no permite repatriar a los menores extranjeros en situación de desamparo puesto que la ley de protección a la infancia prima sobre la condición de extranjería. Constatar también, tal como demuestran los relatos de los menores que han cruzado la frontera tantas veces como han sido retornados, que una política indiscriminada de repatriaciones, más que frenar la llegada agudiza el riesgo de marginación social.

Según fuentes de la Generalitat de Catalunya, no se han ejecutado más de 20 retornos al año y siempre se han hecho con garantías legales, es decir, con el consentimiento expreso del menor. A pesar de ello, y puesto que se siguen realizando retornos indiscriminados en frontera, las entrevistas registradas en Marruecos ponen de manifiesto muchas irregularidades en este sentido. Como conclusión, la tendencia al alza de llegadas de menores justifica que la recomendación principal sea la prevención en origen de una emigración prematura y de riesgo.

Prevención que no se consigue con políticas represivas en frontera ni con repatriaciones masivas: los chicos afirman que persistirán en el intento de venir a España una vez tras otra, y los hechos así lo confirman. Hace falta, por parte del gobierno marroquí, una política que garantice el derecho legítimo a aspirar a un futuro mejor que tienen todos los adolescentes, sea cuál sea el país en el que les haya tocado vivir.