Marruecos: transición escalonada

El gobierno de alternancia no logró incluir en el Estado de Derecho al majzén, los servicios secretos o las fuerzas armadas.

Bernabé López, director en el Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM) de la Universidad Autónoma de Madrid

El 16 de mayo de 2003 pasará a la historia contemporánea de Marruecos como un punto de inflexión clave en su desarrollo político. Los atentados múltiples de Casablanca han supuesto un choque para la opinión pública ante la irrupción inesperada de las manifestaciones de un islamismo violento. Tampoco se ha hecho esperar la reacción del poder ante estos acontecimientos que ponen en cuestión un orden basado sobre bases demasiado precarias. Varias han sido las repercusiones inmediatas de estos atentados en el terreno de la legislación antiterrorista y en los límites a la libertad informativa, dos ámbitos que pueden hipotecar la lenta transición de Marruecos hacia la democracia. Pero para poder calibrar hasta qué punto puede verse afectado por todo ello el proceso de democratización, es necesario situar en la historia reciente las vicisitudes de una reforma a la deriva, carente de una orientación bien definida.

Alternancia y sucesión

La muerte de Hassan II en julio de 1999 mostró que la verdadera eficacia de la alternancia, el gobierno del socialista Abderraman Yussufi con una heterogénea coalición de partidos, estuvo en asegurar una sucesión tranquila. La entronización de Mohamed VI se inauguró con tintes reformistas en discursos que hablaban de los derechos de la mujer, de la modernización del país, de la desburocratización de la administración, de la separación de poderes, de derechos humanos. Los primeros meses de reinado crearon expectativas de un cambio real. Viajes de comunión con las poblaciones de diferentes rincones del país se celebraron en medio de demostraciones de adhesión popular.

El más significativo de todos fue el realizado en octubre de 1999 a las provincias del norte marroquí, región marginada particularmente en los años de gobierno de Hassan II e incluso con la que éste mantenía una conflictiva relación desde que participara, siendo príncipe heredero, en la represión de la revuelta rifeña de noviembre de 1958. El encuentro de Mohamed VI con un hijo del viejo líder rifeño Muhammad Ben Abdelkrim el-Jattabi, supuso un espaldarazo a la legitimación del nuevo soberano. El periodista Alí Lmrabet, protagonista en 2003 de un tenso pulso con el majzén que dio con él en la cárcel, escribía el 23 de octubre de 1999 acerca de este viaje: “Para demostrar que no había motivos para temer ni dejar de lado al Rif, el actual soberano, a menos de dos meses de su entronización, se decidió a tomar el bastón de peregrino para reforzar las relaciones con unos súbditos olvidados y asentar su legitimidad en una región que nunca ha sentido excesivas simpatías por Rabat, sus monarcas o su majzén” (“Mohamed VI contempla la miseria del Rif”, en Le Journal, 23-29 de octubre de 1999.

En esos primeros meses, en los que el nuevo rey recibió el apelativo de “el rey de los pobres” por la atención que prestaba en sus primeros discursos a los desfavorecidos y por la creación de un fondo de solidaridad para el desarrollo y la lucha contra el paro, supo granjearse la estima de los sectores más progresistas del país con la autorización a fines de septiembre de 1999 del retorno del más famoso de los exiliados, Abraham Serfaty, así como, poco más tarde, de la familia de Mehdi Ben Barka, el más famoso de los desaparecidos políticos del reinado de Hassan II.

Pero el gesto más apreciado sería la destitución en noviembre de 1999 de Driss Basri, ministro del Interior ininterrumpidamente desde marzo de 1979, en cuyas manos estuvo la seguridad del reino, la organización política y administrativa del país, los procesos electorales y asuntos tan sensibles como el del Sáhara. La deposición de quien fuera el valido de Hassan II, la persona por la que éste apostara hasta el punto de identificarlo con los “pilares sagrados del régimen” cuando los principales partidos de la oposición se negaban a sentarse con él en un gobierno de “alternancia”, tenía sobre todo una dimensión simbólica fuerte. Se pensó que era un punto de no retorno, el comienzo efectivo de una era de reforma.

Sin embargo, pronto comenzó a verse que, aunque importante, el ex ministro del Interior no era más que una pieza de un sistema de gobierno, el majzén, definido por Pierre Vermeren como “el conjunto del aparato estatal y de los servicios y rentas que dispensa (…), un verdadero principio de autoridad que reposa sobre el sistema de la pleitesía y de la sumisión” (Pierre Vermeren, Marruecos en transición, Ediciones Almed, Granada 2002. Encuadrado sobre “El majzén”). Todo remite en el majzén a quien detenta el poder, la persona del rey quien, tras la destitución de Basri comenzará a instalar sus peones en puestos clave de los ministerios, llamados de soberanía, como son Interior y Asuntos Exteriores, o en el control de la información.

Depositará su confianza en un grupo de jóvenes que compartió con él sus años de formación en el Colegio Real: Fuad Alí Himma (nombrado secretario de Estado de Interior), Tayeb Fassi-Fihri (número dos en Asuntos Exteriores), Mohamed Yassin Mansuri (al frente de la Agencia oficial de prensa MAP) y Faisal Laaraichi (televisión).

‘Majzén’, búnker y poderes fácticos

Pero el sistema va más allá de las personas y aún de la personalidad que lo encarna. El majzén es también un sistema de poder económico y financiero que mantiene lazos muy estrechos con otro poder fáctico, los servicios de seguridad y las fuerzas armadas. Poco después de la llegada de Yussufi a la presidencia del gobierno de la alternancia, un correligionario suyo, el profesor Mohamed Guessous, advertía que en Marruecos coexisten al menos tres centros de poder y sólo uno, el más frágil y con menos control de la realidad, está en manos del gobierno.

Otra estructura de poder, más en la sombra, es el que integran “todos los servicios de autoridad, de seguridad”. Su principal característica es que carecen de control visible fuera de la cabeza de la pirámide y, como señala Guessous, “constituyen [a la vez] una necesidad y un peligro”, pues en un sistema no democrático están por encima de la ley y pueden llegar hasta controlar y convertir en rehén a quien debe controlarlos. Por último, la tercera estructura de poder es el económico y se funda “en redes de influencia tradicionales y modernas”, entre las que se encuentran el tráfico de drogas, el contrabando y la corrupción a diversa escala.

El gobierno de la alternancia, que concluyó su mandato con las elecciones de septiembre de 2002, no logró hacer entrar en el Estado de derecho a los dos últimos poderes que han resistido para no “situarse en la legalidad, en la visibilidad, en el campo de la ley”. Éste es un dato clave a la hora de hacer un balance de los primeros años de reinado de Mohamed VI. El majzén pervive con nuevos nombres y se tiene un poco la impresión de que paulatinamente la segunda de las estructuras, en perfecta armonía con la tercera, ha ido convirtiendo en rehén al propio soberano.

La importancia creciente de las cuestiones de seguridad a partir del 11 de septiembre de 2001 ha permitido una mayor autonomización del aparato de seguridad que ha sabido instrumentalizar las tensas relaciones con España y aún los atentados del 16 de mayo de 2003 en su beneficio para frenar más, si cabe, el proceso democratizador en Marruecos.

Fortuna real, patrimonialización del Estado y poder económico

Poco después de llegar al trono el nuevo soberano encargó una auditoría para evaluar el patrimonio de la familia real. Ello fue visto como signo de modernidad y transparencia. Pero coincidió, en el tiempo, con la publicación por el jeque islamista Abdesalam Yassin, por entonces –enero de 2000– aún en reclusión domiciliaria (sería liberado unos meses más tarde), de un largo “Memorándum” (puede consultarse en Internet: www.yassineonline.net/letters/spanish.htm, con el título “A quien corresponda) en el que denunciaba la fortuna acumulada por Hassan II y que estimaba en 40.000 millones de dólares.

Yassin invitaba al nuevo monarca a repartirla entre los desheredados para hacer así honor a su apelativo de “rey de los pobres”. En junio de 2002 la revista Economie & Entreprises realizaba un dossier titulado “Fortuna real: entre percepciones y realidades” en el que situaba el patrimonio real muy por debajo de la cifra avanzada por Yassin, en 5.600 millones de dirhams, unos 560 millones de euros. Este vasto patrimonio, integrado por dominios agrícolas (el 80% de las exportaciones de agrios de Marruecos corresponde a la empresa Maroc Fruit Board, perteneciente a los Domaines Royaux), holding como la ONA (Omnium Nord Africain, de la que la familia real detenta un 13,7%) y otras empresas, era gestionado a través de la Siger (denominada Ergis a partir de 2002), al frente de la cual estuvo entre 1999 y 2001 el actual primer ministro, Driss Jettu. El poder económico y el político han estado íntimamente vinculados en Marruecos desde siempre.

El primer grupo económico durante muchos años fue el dirigido por Karim Lamrani, en varias ocasiones primer ministro y en los momentos más críticos. También un hijo de Abdellatif Filali, casado con la hija mayor de Hassan II, dirigió la ONA hasta su divorcio en 1998. A mediados de 1999 Fuad Filali fue interrogado por la policía francesa tratando de evadir dinero sospechoso. Se creyó entonces, con demasiado optimismo, que era el fin del Marruecos de la impunidad. Al gobierno de la alternancia deberá reconocérsele el haber creado las primeras comisiones de encuesta parlamentaria para investigar grandes escándalos financieros como el del Crédit Immobilier et Hotelier (CIH), la Caja Nacional de la Seguridad Social (CNSS) o el Crédit Agricole. Cuando alguno de los responsables fue interrogado y procesado se creyó igualmente que acababa el reino de la impunidad.

Y, sin embargo, dos años después, los procesos que derivaron de las encuestas se encuentran paralizados, los responsables en libertad e incluso el ministro de Justicia que impulsó estos procesos, Omar Azziman, fue sustituido en su cargo tras las últimas elecciones, acusado por algunos medios de prensa de falta de patriotismo por atreverse a inculpar a algunos de los responsables de estos asuntos de corrupción.

Elecciones, islamismo y el retorno de la represión

Las elecciones legislativas de septiembre de 2002 revelaron, junto a la desafección del electorado (56% del electorado se abstuvo o votó incorrectamente), la crisis del sistema de partidos. Un cierto voto de castigo hacia quienes habían dirigido el gobierno de la alternancia hizo perder 400.000 votos a los dos principales partidos, Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), e Istiqlal, un 23% de su electorado. La rivalidad por conseguir la primatura tras las elecciones movió al monarca a elegir un primer ministro fuera de los partidos, Driss Jettú, que formó un nuevo gobierno con las mismas componentes heterogéneas del anterior de Yussufi.

Pero la principal revelación de estas elecciones fue la emergencia con fuerza de un nuevo actor político, el partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), islamista. Durante la legislatura que terminaba, el PJD había sido con su pequeño grupo parlamentario uno de los más activos en la Cámara. Conseguía ahora convertirse en la segunda fuerza política del país y en una referencia obligada. De hecho, en los últimos años ha estado presente con su actividad caritativa en las barriadas de las ciudades, con sus acciones en pro de una moralización islámica de la vida pública, con su oposición al Plan de Acción para la integración de la mujer en el desarrollo, patente sobre todo en la organización de una manifestación masiva en Casablanca en marzo del año 2000, con la que logró detener el que pretendía ser uno de los proyectos de reforma punteros del gobierno Yussufi.

Aunque comenzó con un apoyo crítico a éste, el PJD pasó a la oposición convirtiéndose en blanco de ciertos partidos progresistas como la USFP. Este partido centraría buena parte de su campaña electoral en el combate político contra el integrismo, aunque debe señalarse que perdió una buena parte de su electorado a favor del partido islamista en los grandes núcleos urbanos. Desde el 11 de septiembre de 2001 el islamismo marroquí, tanto el legal del PJD como el tolerado de la asociación ilegal Al-Adl wa-l-Ihsán del jeque Yassin, se ha convertido en elemento bajo sospecha. Muchos de sus militantes y activistas han sido interrogados, detenidos y en algunos casos torturados con acusaciones de perturbación del orden público o de colaboración con el terrorismo.

Las denuncias de organizaciones de derechos humanos y de la prensa independiente han llamado la atención sobre la regresión en las libertades que supone el retorno de la tortura y de la arbitrariedad. La nueva ley antiterrorista aprobada con urgencia y por unanimidad en el Parlamento inmediatamente después de los atentados del 16 de mayo, amplía el plazo de detención preventiva hasta hacerlo casi ilimitado, califica con mucha ambigüedad las actividades que pueden convertirse en delitos de terrorismo, endureciendo el panorama legal, permite la injerencia sin control en la intimidad personal a través de las escuchas telefónicas o de la inspección policíaca de las cuentas bancarias.

Los juicios celebrados en el verano de 2003 contra varios centenares de islamistas en diversas ciudades como Casablanca, Kenitra, Tánger, Fez o Rabat, con condenas durísimas que llegan hasta la pena de muerte, dan testimonio del enrarecimiento del clima tras la aprobación de la nueva ley. No sólo los islamistas se encuentran en el punto de mira de los servicios de seguridad, sino que también lo están militantes de asociaciones de derechos humanos o del Foro Justicia y Verdad constituido hace unos años para defender la memoria y derechos de los desaparecidos en los años duros del régimen. Pero lo singular en esta difícil coyuntura es que la represión ha comenzado a caer sobre la prensa, convertida en el chivo expiatorio de la crisis.

Tanto el primer ministro Yettú como el soberano Mohamed VI han arremetido contra “ciertas organizaciones políticas y asociaciones de la sociedad civil, así como ciertos periódicos” que hacen “mal uso de la libertad de opinión”. La condena a cuatro años de cárcel, rebajada a tres más tarde, del periodista Alí Lmrabet y la suspensión de sus semanarios satíricos en francés y árabe Demain y Duman, es una advertencia contra quienes se “acantonan en una oposición sistemática a las orientaciones de los poderes públicos”. Otros cuatro periodistas se encuentran también con inculpaciones de colaboración con el terrorismo.

De los atentados de Casablanca a las municipales de septiembre de 2003

El momento político es difícil para Marruecos. Los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003 han reforzado el papel de los servicios de seguridad en el sistema. Alguna publicación independiente como Le Journal hebdomadaire ha calificado al general Hamido Laanigri, jefe de la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST), de “hombre fuerte del régimen”. Su nombramiento además como director de la Seguridad Nacional, al frente de la policía del país, tras la detención de una trama ligada al narcotráfico en Tetuán, que puso bajo sospecha a su antecesor, refuerza sus poderes.

Pero hay también quien ve en ello un intento de poner coto a ciertas mafias que se habían adueñado de ciertos resortes del Estado y a limitar también el peso político de algunos generales ligados al mundo de los negocios con influencia creciente en el entorno real desde su ascensión al trono. Hay que señalar la paulatina retirada de la escena de figuras como los generales Abdelhaq Kadiri y Hosni Bensliman que, según la revista Economie & Entreprises de julio-agosto de 2003, han vendido la sociedad de pesca que les pertenecía, Kaben Peche, a una sociedad mixta hispano-marroquí por cinco millones de euros. Algo que tal vez ayude a clarificar las tensas relaciones pesqueras entre España y Marruecos.

El aplazamiento de las elecciones municipales de mayo a septiembre fue adoptado con anterioridad a los atentados de Casablanca, con el pretexto de lograr una mayor preparación de los comicios. La verdadera razón estaba en el temor creciente de no pocos partidos a la casi anunciada victoria del partido islamista en los ámbitos urbanos en los que había obtenido un puesto preponderante en las legislativas de 2002. Los atentados y el clima de consternación pública que produjeron se volvieron en contra del PJD, convertido en chivo expiatorio de la crisis. Algunos sectores del gobierno llegaron a pedir la ilegalización del partido.

Un ministro tan influyente como Mohamed El Yazghi llegó a exigir en televisión que el PJD pidiera disculpas a la opinión. Todos los analistas señalaron que el nuevo contexto iba a contribuir a un repliegue del electorado islamista, temeroso de apostar por quienes eran señalados desde el gobierno como sospechosos. Un análisis a posteriori demuestra que no fue así. El PJD ha continuado su avance en los lugares en que se presentó, hasta el punto de que no han faltado voces expresando la queja por el aplazamiento electoral, convencidas de que de realizarse tras los atentados, el resultado hubiese sido otro.

Lo paradójico es que esas voces hayan partido del campo democrático, mostrando el oportunismo de aprovechar la coyuntura para recuperarse de su relativo descalabro en las elecciones legislativas de septiembre de 2002. Tras los atentados de Casablanca, el ministerio del Interior aconsejó al PJD que mostrara un perfil bajo en las elecciones municipales. La consigna de “autorrestringir” su participación fue acogida con resignación por la dirección del partido y de manera airada por las bases en ciertas localidades como Agadir o Tánger. La decisión fue presentar sólo 4.268 candidatos para los 23.689 puestos de concejales a elegir. En las cinco mayores ciudades (Casablanca, Rabat, Salé, Fez y Marrakech) se presentó en el 51% de las circunscripciones, en Agadir y Tánger estuvo ausente por completo.

En las ciudades intermedias se presentó en el 74% de ellas y en el mundo rural, donde su representación era menor y a donde difícilmente iba a llegar, dado que no pudo disponer como los otros partidos de la televisión y la radio para hacer campaña, tan sólo en el 6% de las circunscripciones. Los resultados que obtuvo deben, por tanto, ser analizados a partir de su representación real. El ministerio del Interior minimizó el papel del PJD publicando la lista global de voto y número de concejales por partidos, lo que daba el triunfo al Istiqlal, seguido de la USFP, la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) y el Movimiento Popular (MP). El PJD quedaba en octavo lugar en número de voto y en undécimo en concejales.

La prensa manipuló a su antojo estos datos globales, como L’Economiste del 15 de septiembre que tituló en su portada “El PJD se hunde”. Ningún periódico se hizo eco de los 300.000 votos perdidos por el Istiqlal desde las anteriores elecciones municipales, aún cuando el censo electoral se hubiese incrementado en casi dos millones de inscripciones, entre ellos todos los jóvenes entre 18 y 20 años que por primera vez votaban. Sin duda lo más llamativo era la caída espectacular de los partidos de la administración, como la Unión Constitucional (UC) que reducía al tercio su electorado, perdiendo más de 600.000 votos o el Movimiento Democrático Social (MDS) que se reducía al sexto de sus votantes perdiendo más de medio millón de votos.

Para algunos analistas como Ali Sedjari, lo positivo de estas elecciones municipales es que serán el último eslabón del círculo vicioso electoral, cumpliendo un papel clarificador para la estabilización del juego democrático. Tiene razón, sin duda, en el hecho de que ha reducido a su verdadera expresión a la mayoría de los partidos, dejando claro, salvo en el caso del PJD que no ha podido mostrar su fuerza real, cuál es su techo de voto. Pero para que se abra una nueva etapa será necesario que la pléyade de formaciones minúsculas que dispersan el espectro político marroquí saquen la lección de su inutilidad y se decidan a abrir un proceso federador que clarifique de verdad el panorama atomizado.

Lección que no debería ser extraída sólo por las formaciones pequeñas sino incluso por los partidos intermedios y aún los importantes, necesitados de transparencia en su gestión y de un proceso de renovación. Para algunos de estos partidos, que deberían ser los impulsores del cambio, estas elecciones han mostrado que el electorado los percibe como piezas del sistema majzeniano. De ahí que se decidan a apostar más por la pervivencia del sistema y la preservación de sus privilegios que por el cambio.

Por paradójico que resulte, la reforma constitucional, que podría abrir perspectivas de futuro, habida cuenta que la mayoría de las fuerzas es consciente de su desfase, sólo es defendida por ciertos partidos de izquierda fuera del sistema y el PDJ. Un dirigente de este partido, Mustafá Ramid, declaraba recientemente que “la institución monárquica no debe implicarse en la gestión cotidiana de los asuntos del Estado (…) y deberá limitarse a un papel de árbitro, sin asumir la responsabilidad de los fracasos o éxitos de un gobierno”, anunciando que estaba en curso una propuesta de modificación constitucional de su partido (M. Ramid: “Les autorités veulent inhiber notre progression”, Le Journal hebdomadaire, 3-9 de mayo de 2003).

Pero no parece que éste sea el diseño de monarquía por el que se ha pronunciado públicamente Mohamed VI y el que defienden quienes se encuentran instalados en el sistema. Por otra parte, los acontecimientos del 16 de mayo no parecen que favorezcan la apertura de un debate de envergadura como el de la reforma de la Constitución. Antes bien y por un tiempo, parece que será el inmovilismo el que salga ganando.