El 9 de noviembre, un informe del Banco Mundial (Emergence d’un environnement des affaires plus équitable dans la région MENA) da la voz de alarma: cerca del 60% de los inversores consideran que la incertidumbre asociada a las políticas públicas, a la competencia desleal y a la corrupción preocupan cada vez más a los empresarios del norte de África. Esta declaración se ve confirmada por el informe anual de Transparencia Internacional (TI) sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2009). Publicado en 17 de noviembre en Berlín, el texto subraya el agravamiento de la corrupción, que afecta a sectores enteros de la administración y la economía del Magreb, por lo que reina un clima de sospecha generalizada y de incertidumbre en cuanto al futuro de la región.

El país magrebí mejor situado en la clasificación del IPC 2009, Túnez, con 4,2 puntos, ocupa tan sólo el séptimo lugar entre los árabes y el sexto en el continente africano. En el contexto mundial, le corresponde el lugar 65. En cinco años ha bajado 23 puestos, pues en 2004 ocupaba el 39. Marruecos se queda muy por detrás, el 89, con 3,2 puntos. Pierde nueve puestos en un año, 17 en dos y 44 en 10 (en 1999 ocupaba el puesto 45). Con ello, se acerca peligrosamente al umbral fatídico de los tres puntos, sinónimo de “alto nivel de corrupción en el seno de las instituciones del Estado”. Argelia, en posición 111 con 2,8 puntos, desciende también 20 puestos en un año y se aproxima a la nota mínima del 2,6 obtenida en 2005, al día siguiente de la quiebra del grupo de Abdelmumen Khalifa, cuyos donativos habían beneficiado a altos cargos.

Un estudio realizado por el programa Global Finance Integrity (GFI) del Center for International Policy (CIP), publicado el 23 de marzo en Washington, ensombrece aún más el panorama. Titulado Illicit Financial Flows from Africa: Hidden Resource for Development, señala que los flujos financieros ilícitos de África ascendieron, entre 1970 y 2008, a 854.000 dólares, la mitad entre 2000 y 2008. Los cinco países del norte de África representan el 30% del total (232.000 millones). El dinero generado por el narcotráfico, las extorsiones y la falsificación supone entre el 30% y el 35% de esas operaciones, frente a un 60-65%, que corresponde básicamente al fraude fiscal. El estudio, llevado a cabo por un equipo de investigadores encabezado por Dev Kar y Devon Cartwright-Smith, contó con el apoyo del BM y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Examinó a fondo las cuentas financieras (balanza de pagos y comercio exterior) de los 53 países africanos, para tratar de evaluar a cuánto ascendían las cantidades que han salido del continente desde 1970. La conclusión es que, en materia de flujos financieros ilícitos, los países del Magreb distan de ser irreprochables. Peor aún: ocupan dos de los cinco primeros lugares en África. Marruecos queda en cuarta posición (41.000 millones), por detrás de Nigeria (241.000), Egipto (131.300) y Suráfrica (76.400). Argelia es el quinto país, con una pérdida total estimada de 35.100 millones.

Naturalmente, estos análisis y clasificaciones no están exentos de críticas, al ser fruto del cotejo de informaciones dispersas e incluso a veces percepciones de operadores y expertos económicos y de financieros, necesariamente teñidos de subjetividad o faltos de precisión. Dibujan un panorama bastante cercano a la realidad de la corrupción en la región. Y constituyen, por ese motivo, instrumentos preciosos de ayuda para tomar decisiones de los políticos, proveedores de fondos y operadores privados preocupados por dotar sus inversiones de las mejores garantías de seguridad y transparencia.

Así, según un estudio de Anima Investment Network (Foreign direct investment in the Med countries in 2008: Facing the crisis), publicado en abril de 2009, la IED (inversión extranjera directa) en el Magreb no superó, en 2008, los 8.000 millones de euros. Se puede comparar con los 20.000 millones que atrajo sólo Turquía o hasta con los 3.200 millones invertidos en Israel, país 12 veces menos poblado. El hecho de que actualmente los países del Magreb no atraigan muchas inversiones extranjeras, a pesar de las reformas reglamentarias e institucionales puestas en marcha para atraerlas, podría también explicarse por la persistencia de métodos de gobernanza refractarios a las normas de transparencia. Para remediar este déficit de gobernanza que ponen de manifiesto los sondeos, informes y estudios, los gobiernos de la región promulgan leyes, crean instancias de control y multiplican las campañas de comunicación, aunque sin mucho éxito hasta la fecha.

Peor aún: la lucha contra la corrupción, convertida en una apuesta política, ha sido fuente de fatalidades, sobre todo en Argelia, con el asesinato del coronel Ali Tunsi, responsable de la Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN). Lo derribó a balazos el 25 de febrero, en su despacho, el coronel retirado y al mando de la unidad helitransportada de la DGSN, Chaib Ueltache. Los primeros elementos de la investigación indican que, poco antes de morir, la víctima había ordenado abrir pesquisas sobre contratos de componentes de helicópteros y había descubierto transacciones fraudulentas por parte de su asesino.

Este homicidio y los posibles vínculos del autor con contratos ocultos sobre piezas de recambio no es el único escándalo relacionado con la corrupción que ha salido a la luz en Argelia en los últimos meses. Asimismo, los medios de comunicación han cubierto ampliamente el tema del proyecto de autopista Este-Oeste, que desembocó en la detención y encarcelamiento de varios altos cargos sospechosos de haber incurrido en prácticas fraudulentas con los responsables del consorcio chino CITIC-CRCC, encargado de la ejecución del proyecto. La justicia española fue quien desencadenó el proceso, al revelar la existencia de importantes transferencias a cuentas bancarias en España en beneficio de clientes argelinos. La investigación demostró que la empresa china entregaba sobornos a “facilitadores argelinos” por sus obras en el país.

El total de las transferencias asciende a 200 millones de euros. Resultado: el coste del equipamiento ha pasado de 7.000 a 11.000 millones de dólares. Otro caso es el de un alto responsable del Ministerio de Pesca, hallado culpable de haber maquinado contratos comerciales ilícitos con extranjeros. Asimismo, varios miembros destacados de Algérie Poste han sido condenados a penas de cárcel por prácticas ilícitas. Sin olvidar las pesquisas por corrupción, fraude y conspiración de las que han sido objeto el directo general y varios altos mandos de la primera empresa pública, Sonatrach. Aunque todo ello desprenda cierto tufillo a ajuste de cuentas políticas-financieras, con la guerra por la sucesión como telón de fondo, esta serie de escándalos ha obligado a la administración argelina a anunciar unas medidas destinadas a combatir la corrupción.

Así, el 9 de febrero se adoptaron varias medidas reglamentarias, con el fin de prevenir la utilización fraudulenta de los fondos públicos. Asimismo, se decidió someter a los ministros a la vigilancia de magistrados. La comisión anticorrupción puesta en marcha con este propósito está compuesta por magistrados. Estos últimos, vinculados a ciertos ministerios e instituciones económicos, tienen la misión de “garantizar que la concesión de contratos públicos tenga lugar respetando estrictamente la ley”. Cuentan con poderes extensos, en particular el de emprender acciones legales contra los responsables deshonestos.

Con la ley que castiga el enriquecimiento ilícito (artículo 37 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción, promulgada el 20 de febrero de 2006), hoy Argelia dispone, sin duda, como lo confirmó el presidente Abdelaziz Buteflika en una declaración pública el 24 de febrero, “del marco legal y los mecanismos de prevención para combatir las prácticas parasitarias y el fraude”. Sin embargo, la situación no se resuelve sólo con la introducción de leyes y procedimientos reglamentarios para luchar contra la corrupción. El problema reside más bien en la discordancia manifiesta entre los textos legales y la práctica política.

Marruecos

Hay un desfase entre el discurso político, resuelto a combatir la corrupción, y la realidad de la propagación de este flagelo que amenaza gravemente los intereses socioeconómicos de nuestro país”, subraya el marroquí Azedin Akesbi, en una rueda de prensa celebrada el 17 de noviembre en Rabat, dedicada a la presentación del informe de 2009 de TI. El vicesecretario general de la asociación marroquí de lucha contra la corrupción (Transparency Maroc, TM) cita dos ejemplos que corroboran su opinión: “La ley sobre la declaración del patrimonio se adoptó hace un año y sigue sin contar con decreto de aplicación. Asimismo, una investigación parlamentaria sobre la CNSS (Caisse nationale de sécurité sociale, institución de la seguridad social) concluyó sus trabajos hace más de seis años, y la justicia marroquí sigue siendo incapaz de instruir el caso”.

Con afán de mostrar su determinación a combatir la corrupción, los responsables marroquíes citan los dahires sobre la declaración obligatoria de patrimonio. Asimismo, señalan que el Código Penal criminaliza a toda persona que aporte datos falsos y sanciona a los infractores, incluso en caso de retraso en la presentación de la declaración. También mencionan la obligación de publicar los contratos públicos en el portal consagrado a éstos desde hace tres años; la ley sobre partidos políticos, que impone la transparencia en cuanto a la financiación de campañas electorales, y las medidas tomadas para combatir el blanqueo de dinero.

El gobierno marroquí, habiendo ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), adoptó en 2006 un plan de lucha contra la corrupción y creó, en agosto de 2008, la Instancia Central de Prevención de la Corrupción (ICPC), un Diwan Al Madhalim (equivalente a la oficina del defensor del pueblo) y un Consejo de la Competencia. Con el propósito inequívoco de subrayar sus compromisos en este frente, Rabat expresó su deseo de acoger, en 2011, la cuarta conferencia de Estados signatarios de la Uncac. La anterior se celebró en Doha, Qatar, del 9 al 13 de noviembre de 2009. El reino alauí ha avanzado en cuanto a comunicación sobre la corrupción y sensibilización sobre las repercusiones de ésta en la sociedad y la economía, así como los medios para hacerle frente.

Sin embargo, no llega a “pasar de las declaraciones de intenciones a la acción concreta contra la corrupción”, explica Rachid Filali Meknasi, secretario general de TM. La organización llevó a cabo recientemente, con el apoyo de TI, un estudio sobre el Sistema Nacional de Integridad (SNI), presentado como una condición previa de la buena gobernanza y una base para elaborar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Este estudio, el primero de su género en el mundo árabe, pretende evaluar el funcionamiento de los sectores e instituciones clave del país en los planos normativo (leyes y disposiciones reglamentarias) y práctico (aplicación efectiva).

Tras haber pasado por la criba 16 sectores e instituciones esenciales, en particular el poder ejecutivo, la justicia, el Tribunal de Cuentas, el Parlamento, el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil, concluye que la corrupción se ha generalizado, además de trasladarse a todas las esferas (sistema judicial, servicios públicos administrativos y distintos sectores económicos y sociales). La justicia es demasiado dependiente del poder y su funcionamiento se ve limitado por “una insuficiencia de medios materiales, una formación del personal administrativo considerada insuficiente, una escasez de efectivos y, por último, un difícil acceso a la información, incluida la jurisprudencia”, dice también el informe. En cuanto a la ICPC, la instancia que en principio debería paliar este flagelo, carece de autonomía institucional y “poder directo de investigación, por lo que no puede emprender diligencias ni aplicar sanciones”, señala el informe.

Túnez

En Túnez, a diferencia de lo que sucede en Argelia y Marruecos, el tema de la corrupción está envuelto en una torpe y deliberada neblina. Y si en algún momento los medios de comunicación hablan de casos de malversación que implican a pequeños funcionarios deshonestos, rara vez se hacen eco de grandes escándalos. Hay que decir que siempre cuesta aportar prueba, y que el Código de la Prensa Local castiga con bastante severidad los actos de difamación. Así que los medios de comunicación se contentan con mencionar los privilegios, favores ilícitos y abusos de poder, siempre entre líneas, generalizando o localizando estos abusos en un nivel inferior de la administración o de la esfera política.

Por tanto, oficialmente, el fenómeno de la corrupción sigue circunscrito a los márgenes de la administración, sin haber alcanzado un nivel que permitiría dudar de su credibilidad. Así que, admitiendo implícitamente la existencia de la corrupción, el gobierno tunecino prefiere hacer hincapié en las medidas que ha puesto en marcha para combatir este fenómeno, con el fin de preservar el clima de las inversiones y el entorno del mundo de los negocios. Asimismo, la administración apuesta por consolidar, a ojos de los proveedores de fondos, socios económicos e inversores extranjeros, la imagen de un país relativamente bien gestionado, sobre todo comparado con sus vecinos.

Al considerar la corrupción un fenómeno más bien marginal y localizado, el propio gobierno no ve qué utilidad tendría la puesta en marcha de sistemas autónomos de observación de la corrupción. Resultado: todas las tentativas de crear organizaciones independientes encargadas de luchar contra este fenómeno –por ejemplo, Transparency Tunisie– han tropezado con la negativa de las autoridades a concederles los permisos necesarios. Léase: la lucha contra la corrupción es cosa del Estado.